El Gobierno de Nayib Bukele ha escalado sus ataques contra la prensa independiente en El Salvador. El periódico digital El Faro, referente del periodismo de investigación en la región, anunció este jueves que las autoridades han congelado una cuenta bancaria y una propiedad de dos socios de Trípode S.A., la sociedad gestora del medio. El hostigamiento ocurre después de que el diario revelara los pactos secretos entre distintas administraciones salvadoreñas —incluida la de Bukele— con las pandillas. Carlos Dada, director de El Faro, explicó que la intervención de los bienes fue detectada de manera fortuita cuando uno de los socios revisaba su banca en línea. “No hemos sido notificados por ningún juez, nos enteramos por nuestra propia cuenta”, afirmó.
La ofensiva se remonta a 2020, cuando Bukele anunció en conferencia de prensa una investigación “grave” por presunto lavado de dinero contra el medio. A raíz de aquello, el Ministerio de Hacienda inició cuatro auditorías centradas en las donaciones recibidas mediante una campaña de suscriptores. Posteriormente, la acusación viró hacia la evasión de impuestos. “Ninguna de esas auditorías ha llegado a sentencia definitiva, todas están siendo litigadas. Nosotros no evadimos impuestos. Los impuestos están pagados y lo hemos demostrado”, defendió Dada en declaraciones a este diario. El secretario de Prensa del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, no respondió a la solicitud de comentarios de este periódico.
En la comparecencia ofrecida este jueves participó Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y actual directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Paz y Paz, quien representa al medio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que han solicitado acceso a los expedientes penales. “El Estado de El Salvador está usando estos procesos como un intento de disciplina para callar las voces de periodistas que informan a la población y un intento de silenciar las voces críticas”, advirtió.
Para El Faro, esta medida representa un peldaño más en una estrategia de acoso sistemático. Según el último informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), publicado este miércoles, más de 50 informadores se vieron obligados al exilio en 2025 por temor a ser encarcelados, incluyendo a toda la redacción de El Faro. El gremio contabilizó 426 agresiones contra la prensa el año pasado, la mayoría ejecutadas por agentes del Estado. El Salvador ha descendido 74 puestos en la calificación sobre la situación de la libertad de prensa desde la llegada de Bukele al poder en 2019 y se ubica en el número 143, según el último informe presentado la semana pasada por Reporteros Sin Fronteras.
La estructura administrativa del diario ya se había visto forzada a trasladarse a Costa Rica en abril de 2023, tras la intensificación del acoso administrativo y las amenazas de procesos penales. “Evidentemente, es un paso más en la escalada que venimos recibiendo desde 2020. No solo por la vía legal, sino por la asfixia económica, los ataques políticos, las falsas acusaciones, el espionaje o la intervención de nuestras comunicaciones”, enumeró Dada.
El periódico denunció en enero de 2022 que 22 de sus integrantes sufrieron 226 intervenciones con el software espía Pegasus. Según la organización The Citizen Lab, el programa —que solo se comercializa a gobiernos— también fue utilizado contra otros periodistas y activistas salvadoreños.
Esta última embestida coincide con la publicación de The Deal, un reportaje elaborado en conjunto con la cadena estadounidense PBS que reconstruye los acuerdos del Ejecutivo de Bukele con las maras MS-13 y Barrio 18. “Todos los ataques a El Faro han ocurrido tras una revelación periodística”, recordó Dada.
El director del medio sostiene, además, que la intervención es ilegal, porque según el Código de Comercio salvadoreño, las sociedades gozan de personalidad jurídica independiente y los accionistas no deben responder con sus bienes personales por las obligaciones de la empresa. Bukele sigue de esta manera la estela de persecución a la prensa de otros regímenes en Centroamérica, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha cumplido dos décadas de acoso a la prensa, ha encarcelado, obligado al exilio o arrebatado la nacionalidad a decenas de periodistas, además de cerrar medios de comunicación y expropiar sus redacciones.
Tras la publicación en mayo del año pasado de una entrevista con líderes del Barrio 18, que detallaron negociaciones con Bukele desde su etapa como alcalde de San Salvador, el exilio se convirtió en la única salida para la redacción. “Es una injusticia, pero no es sorpresivo. Todo ha sido ilegal desde el principio. Pero también sabemos que mientras nosotros no paremos, ellos no van a parar. Y nosotros no tenemos intención de detenernos”, concluyó Dada.
Leave a Reply