La tributaria que el presidente Gustavo Petro ha intentado aprobar por una serie de decretos recibe un nuevo golpe. Este miércoles, la Corte Constitucional ha tumbado por unanimidad (8-0) un tributo a las empresas generadoras de energía y ha ordenado al Ejecutivo devolver lo recaudado. La sentencia C-115 de 2026, con ponencia de Vladimir Fernández Andrade, declara inexequible el Decreto 44 de enero pasado, que buscaba rescatar a la intervenida Air-e, encargada del suministro en cuatro departamentos de la Costa Caribe y que acumula deudas con el sistema eléctrico por 2,5 billones de pesos (671 millones de dólares). Amparado en la emergencia económica decembrina, que la Corte ya tumbó, el decreto gravó a las generadoras con una contribución del 2,5% sobre sus utilidades de 2025 y un aporte en energía del 12% para las hidroeléctricas que venden en bolsa. La decisión llega en medio de un año en el que el Ejecutivo camina con un hueco de 16 billones de pesos (unos 4.300 millones de dólares) en el Presupuesto General de la Nación.
La Superintendencia de Servicios Públicos —encargada de liquidar y cobrar la contribución, y de la intervención de la empresa privada— solo alcanzó a publicar para comentarios una resolución para hacer el cobro, pero nunca llegó a generar los recibos de pago, aclaran a EL PAÍS fuentes conocedoras. Aun así, la Corte ordenó que cualquier valor de la energía entregada bajo el decreto se reconozca en el impuesto de renta y, si supera los límites, el excedente podrá trasladarse a períodos futuros. El sector había calculado que los tributos habrían implicado un pago de 300.000 millones de pesos, unos 81 millones de dólares.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, dijo que la decisión “muestra la independencia de los poderes” y confirma que “el Gobierno actuó mal y no actuó en derecho”. Asimismo, destacó que la orden de devolución es “muy extraña” en la jurisprudencia de la Corte y refleja la gravedad de los vicios del decreto. El sector había rechazado el decreto desde su expedición porque obligaba a los generadores a financiar el pago de deudas que ellos mismos tienen pendientes por cobrar a Air-e.
Pocas horas después del anuncio, el presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión de la Corte. En X criticó que anulen los tributos a “los poderosos dueños de generadoras después que estafaron al pueblo de Colombia con tarifas diez veces más altas que lo que debían cobrar”. Defendió que la emergencia económica de diciembre “era necesaria y lo sigue siendo” para que los recursos “salgan de la bolsa de los grandes especuladores del país y no del bolsillo de los trabajadores”.
La emergencia económica fue una apuesta del presidente Petro para recaudar los 16,3 billones de pesos que buscaba con una reforma tributaria que el Congreso negó dos veces. La estrategia pasaba por declarar la emergencia dadas esas negativas y expedir decretos con fuerza de ley para crear tributos, algo que le corresponde a la rama legislativa. El 22 de diciembre, el presidente declaró la emergencia. Siete días después llegó el Decreto 1474, con un paquete tributario: IVA del 19% a licores, aumento al impuesto de renta para financieras, triple tributación al sector minero-energético. Ya el 21 de enero, vino el Decreto 44 para el sector eléctrico.
Pero la estrategia se estrelló contra la Corte, como lo han hecho otras medidas y otros entes de control. El 9 de abril, la Corte desechó el decreto madre. El tribunal consideró que los argumentos no cumplían los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad que exige la Constitución. “La posibilidad de que el Congreso niegue o archive proyectos de ley de financiamiento no es imprevisible, repentina ni extraordinaria”, dijo la ponencia del magistrado Carlos Camargo. Seis días después, el 15 de abril, y en consecuencia, la Corte anuló el Decreto 1474.
El intento de recaudar por decreto deja resultados mixtos para el Gobierno Petro. La emergencia económica decembrina recogió 1,6 billones de pesos mediante alivios tributarios a morosos, recursos que se mantienen en las arcas del Estado porque corresponden a situaciones jurídicas consolidadas que la Corte no puede revertir. Esa cifra representa apenas el 10% del hueco que el Gobierno buscaba llenar. Con la decisión de hoy, que ratifica la suspensión y declara inexequible el decreto, queda definitivamente sin efecto, aunque el faltante mantiene los aprietos financieros del Estado.
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