Hace 36 años, la dictadura de Augusto Pinochet llegaba a su fin en Chile. Una parte importante de la población actual no vivió ese periodo ni apenas lo conoce de oídas. Desde hace 16 años, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos trabaja precisamente contra ese olvido y por ello ha sido reconocido este miércoles con el Premio Rey de España de Derechos Humanos. Su directora, María Fernanda García Iribarren, subraya en una entrevista el martes en la Universidad de Alcalá de Henares que el museo no mira solo hacia atrás. La memoria, explica, es una herramienta activa: “No solo cuenta el pasado, sino que dialoga con el presente y el futuro”. El espacio se plantea como un lugar de encuentro y, en sus palabras, como una forma de “reparación simbólica de las fracturas sociales del país”.
Pese a las tensiones políticas que existen en el país, la directora confía en la continuidad institucional. “El museo tiene 16 años y ha pasado por ocho gobiernos de distintas señales políticas. Con todos hemos trabajado bien”, afirma. A su juicio, esto se debe a que su labor no responde a ideologías, sino que “es una obra del Estado en materia de reparación”.
Este centro para la memoria colectiva no ha estado exento de resistencias. “Hay una parte de la sociedad a la que no le gusta que la muestra principal sea la del día del golpe de Estado contra Salvador Allende”, explica Iribarren. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de La Moneda fue bombardeado por tropas bajo el mando de Pinochet. Las grabaciones de ese ataque forman parte del recorrido expositivo. “El Gobierno de Allende, que puede generar distintas interpretaciones, fue elegido democráticamente”, insiste la directora. “El mandato del museo es poner a disposición los archivos de violaciones de los derechos humanos desde el quiebre de la democracia en Chile”.
Para ello, la institución se apoya en las informaciones y datos recabados por las comisiones de la verdad Rettig y Valech. La primera presentó sus conclusiones en 1991, cuando la dictadura, que terminó oficialmente en 1990, aún estaba muy presente. En conjunto, ambas comisiones documentaron más de 40.000 víctimas —entre detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos—, de las cuales 3.065 fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.
Ese pasado es el punto de partida, pero no el único eje. Para García Iribarren, el desafío es interpelar a un público cada vez más joven y distante con los acontecimientos ocurridos medio siglo atrás. El museo, señala, convoca a distintas comunidades a “participar activamente en la construcción de la memoria”. Esa mirada a futuro también marcó el final de la dictadura. En 1988, la mayoría de los chilenos votó no a la continuidad de Pinochet en un plebiscito. La campaña por este voto apeló a la esperanza con el lema “Chile, la alegría ya viene”.
Uno de los proyectos actuales del museo se llama “Mala memoria” e invita a jóvenes artistas a reinterpretar los archivos históricos a través de distintas disciplinas —danza, fotografía, música electrónica o estilo libre—. “Muchos jóvenes crean sus propias canciones en torno a las memorias de la dictadura”, acota la directora. Pero también amplía el enfoque hacia problemáticas contemporáneas como “la migración forzada” o la vulnerabilidad de las personas refugiadas. El diálogo con el presente también se refleja en exposiciones recientes “sobre el genocidio en Gaza o sobre los niños desaparecidos en la guerra en Ucrania”, relata Irribaren. Asimismo, la institución busca consolidarse como “un espacio seguro” para diversas comunidades, como el colectivo LGBTIQ+ o las mujeres con cáncer de mama.
Este trabajo se desarrolla en un contexto político cambiante. Bajo la actual Administración de José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo, Chile se ha abstenido, por ejemplo, de adherir a una declaración de la OEA sobre derechos LGBTIQ+ y ha anulado el proyecto para convertir el antiguo asentamiento de inmigrantes alemanes Colonia Dignidad en un lugar de memoria.
García Iribarren defiende la importancia de espacios de memoria histórica. Recuerda que Colonia Dignidad fue escenario de abusos sistemáticos y funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura. “Se merece un espacio de reparación para las miles de víctimas”, sostiene. Aun así, destaca que en Chile se ha logrado recuperar muchos de estos centros, algo que no ha pasado todavía en muchos lugares del mundo.
El museo tiene uno de los mayores mandatos. Más allá de su función expositiva, es también “el mayor archivo de derechos humanos del país”. Según la directora, recibe solicitudes de tribunales “varias veces por semana” para aportar documentación en causas aún abiertas. Su acervo sigue creciendo gracias a las donaciones que llegan de distintos países, de universidades, medios y organismos internacionales.
Chile, sostiene, ha avanzado en justicia transicional más que otros países. Ha condenado a responsables de violaciones de derechos humanos y mantiene una cooperación internacional en la materia. Como ejemplo, menciona el caso de Miguel Krasnoff, exoficial del ejército con más de mil años de condenas acumuladas.
El Premio Rey de España de Derechos Humanos tiene carácter bienal, con una dotación de 25.000 euros, y ha sido entregado por Felipe VI durante una ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares.
Para García Iribarren, el reconocimiento llega en un momento en que los riesgos para la democracia siguen presentes. “Los problemas de la democracia se enfrentan con más democracia”, afirma. Desde su trabajo como gestora cultural, reivindica el papel de las artes y la cultura para generar conciencia en las nuevas generaciones. El mensaje del museo, insiste, sigue vigente: “No puede volver a ocurrir. Por muy polarizados que estemos, no podemos ver en el otro a un enemigo. No podemos volver atrás”.
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