La administración de Donald Trump presentó una demanda contra el estado de Nueva Jersey, en un nuevo episodio de tensiones entre el gobierno federal y autoridades estatales en torno a la aplicación de leyes migratorias.
El recurso legal, interpuesto por el Departamento de Justicia (DOJ) ante un tribunal federal, busca invalidar una legislación firmada en marzo por la gobernadora Mikie Sherrill. La norma exige que los agentes del orden, incluidos federales, mantengan el rostro descubierto y se identifiquen al interactuar con la ciudadanía.
Según la demanda, esta ley constituye un intento inconstitucional de regular las funciones del gobierno federal, lo que violaría la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece sobre la estatal en áreas de competencia exclusiva.
Choque por autoridad federal
El gobierno federal sostiene que Nueva Jersey no tiene autoridad para dictar cómo deben operar agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Buró Federal de Investigaciones o la Administración de Control de Drogas. En particular, cuestiona que se intente regular aspectos como el uso de mascarillas o la obligación de identificarse en operativos.
En su argumento, el Departamento de Justicia advierte que la normativa estatal podría poner en riesgo a los agentes, quienes, según señala, han enfrentado un aumento en casos de “doxing”, es decir, la divulgación de información personal sin consentimiento. De acuerdo con la demanda, estas prácticas han derivado en amenazas, violencia y dificultades operativas.
El documento judicial también menciona incidentes recientes en los que agentes federales realizaron detenciones en Nueva Jersey utilizando mascarillas. Tras esos operativos, la gobernadora Sherrill indicó que su administración estaba preparada para tomar medidas legales si se continuaba violando la ley estatal.
Nueva Jersey defiende su legislación
Por su parte, la fiscal general del estado, Jennifer Davenport, defendió la constitucionalidad de la ley y aseguró que su objetivo es proteger tanto a los ciudadanos como a los propios agentes del orden.
En un comunicado, la oficina estatal cuestionó la postura del gobierno federal, señalando que no ha explicado de manera convincente cuándo es necesario que los agentes oculten su identidad o prescindan de identificarse durante operativos.
La legislación incluye excepciones específicas, como operaciones encubiertas, situaciones de riesgo comprobado para los agentes o el uso de equipo de protección por razones sanitarias o ambientales. Sin embargo, limita el anonimato en intervenciones regulares, en parte como respuesta a preocupaciones sobre redadas migratorias realizadas sin identificación visible.
El conflicto legal representa el más reciente enfrentamiento entre la administración Trump y gobiernos estatales liderados por demócratas. En los últimos meses, ambas partes han intercambiado demandas sobre temas relacionados con inmigración, privacidad de datos y jurisdicción.
Se espera que el caso avance en tribunales federales, donde se definirá si la ley estatal puede aplicarse a agentes federales o si, como sostiene Washington, invade competencias exclusivas del gobierno central.
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