Las estafas migratorias han registrado un aumento alarmante durante el segundo mandato de Donald Trump, impulsadas por el endurecimiento de las políticas migratorias y el clima de miedo que enfrentan millones de inmigrantes. Una investigación de ProPublica revela que estas redes de fraude no solo se han multiplicado, sino que también se han vuelto más sofisticadas, utilizando inteligencia artificial, redes sociales y suplantación de identidad para engañar a sus víctimas.
Datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) muestran que las denuncias por estafas relacionadas con inmigración prácticamente se duplicaron: pasaron de un promedio anual de 960 entre 2021 y 2024 a cerca de 2,000 en 2025. En ese mismo periodo, las pérdidas reportadas superan los $94 millones, aunque expertos advierten que la cifra real podría ser mucho mayor debido a que muchas víctimas no denuncian por temor a ser deportadas.
El medio antes citado dio a conocer el caso de Jasmir Urbina, que refleja con crudeza esta problemática. La mujer, originaria de Nicaragua y solicitante de asilo, buscaba asesoría legal en medio de operativos migratorios cuando encontró en Facebook un anuncio que supuestamente pertenecía a Catholic Charities. A través de WhatsApp, fue contactada por una mujer que se presentó como abogada. Durante semanas, Urbina confió en el proceso, pagó casi 10,000 dólares y creyó haber obtenido la residencia legal tras una supuesta audiencia virtual.
La realidad fue distinta. La “abogada” desapareció, los documentos nunca llegaron y Urbina terminó detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras no presentarse a su audiencia oficial. Posteriormente fue deportada a Nicaragua. “Lo más importante es la desesperación; eso es realmente lo que impulsa todo esto”, explicó Chris Ross, directivo de Catholic Charities.
Este tipo de fraude, conocido como estafa de “notarios”, se basa en una confusión cultural: en muchos países latinoamericanos, un notario tiene funciones similares a las de un abogado, lo que facilita que los delincuentes falsifiquen credenciales y prometan soluciones rápidas. Hoy, sin embargo, el esquema ha evolucionado. Los estafadores utilizan perfiles con fotografías generadas por inteligencia artificial, crean páginas falsas con apariencia institucional e incluso simulan audiencias virtuales con supuestos funcionarios.
“Han diseñado una máquina perfectamente engrasada”, advirtió Charity Anastasio, asesora de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Según la experta, muchos de estos anuncios están dirigidos específicamente a comunidades hispanohablantes en plataformas como Facebook y TikTok.
Las autoridades han emitido alertas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) insiste en que no utiliza aplicaciones como WhatsApp para trámites oficiales y recomienda verificar siempre las fuentes. “Cualquier persona que se haga pasar por un agente federal será procesada con todo el peso de la ley”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional.
Pese a ello, el fenómeno continúa en expansión. Para miles de inmigrantes, la urgencia por regularizar su situación, combinada con el miedo a la deportación, los convierte en blanco fácil. En este escenario, las estafas migratorias no solo representan un delito económico, sino también una crisis humanitaria silenciosa.
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