Una madre inmigrante asegura vivir bajo constante incertidumbre desde marzo, cuando recibió una notificación que, según relata, cambió por completo su vida cotidiana, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), le notificó sobre una deuda superior al millón de dólares vinculada a una antigua orden de deportación.
Desde entonces, afirma que sale a trabajar sin certeza de regresar a casa y con preocupación por sus bienes y por el futuro de sus dos hijos, quienes actualmente estudian.
“Lo que me preocupa son mis hijos. Tengo a ellos dos, verdad, los dos que están estudiando y pues no tienen un trabajo que diga yo, ok, que pueden trabajar tiempo completo”, declaró a Univision en forma anónima.
Origen del caso migratorio en 2008
De acuerdo con su testimonio, el caso se remonta a 2008, cuando buscó regularizar su situación migratoria en Estados Unidos con la intención de permanecer de forma legal.
“Pues vamos, verdad, según uno con la ilusión de que arreglaba uno papeles”, recordó.
La mujer relata que recibió asistencia legal en Los Ángeles y obtuvo un permiso de trabajo por un año. Posteriormente, su proceso fue llevado ante una corte en San Francisco, donde un juez negó su solicitud de asilo.
También señala que recibió una salida voluntaria, mecanismo que permite abandonar el país dentro de un plazo determinado para evitar una deportación formal. Sin embargo, afirma que no salió del país y que, con el tiempo, su situación derivó en una orden de deportación.
“Entonces pues ya no salimos y pasó el tiempo”, dijo lamentando su situación actual.
Durante años no recibió nuevas notificaciones sobre su expediente, hasta marzo pasado, cuando asegura haber sido informada nuevamente sobre la orden migratoria. Días después, recibió otra carta: una deuda que superaba el millón de dólares.
“Tienes 15 días para apelar. O sea, yo me quedé… digo, pues qué voy a apelar. O sea, es imposible pagar este dinero”, relató la mujer que ha preferido permanecer en el anonimato.
Multas migratorias y su crecimiento bajo la ley federal
Especialistas explican que este tipo de montos puede derivarse de sanciones civiles previstas en la legislación migratoria estadounidense por incumplir órdenes de salida.
En junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional informó que podía imponer multas de hasta $998 dólares por día a personas con órdenes finales de deportación que no abandonaran el país en el plazo establecido. Bajo ese esquema, las sanciones pueden acumularse rápidamente.
Por ejemplo, una multa diaria de $998 dólares equivale a $364,270 dólares en un año. Si se mantiene durante cinco años, el monto puede superar $1.8 millones de dólares.
El 9 de junio de 2025, el DHS reportó la emisión de más de 9,000 notificaciones de intención de multa por casi $3,000 millones de dólares. Semanas después, la cifra se elevó a cerca de 10,000 avisos, los cuales pueden ser impugnados o revisados antes de volverse definitivos.
Decisiones familiares y riesgos financieros
Ante la situación, la mujer afirma que transfirió su vivienda a nombre de su hija. Sin embargo, posteriormente recibió otra notificación indicando que la deuda había sido enviada a agencias de cobro.
“Y yo sé que el día que salgo a trabajar… digo, nombre sea de Dios me voy y no sé si regrese”, contó.
La abogada de inmigración Bethania María señaló a la cadena hispana que este tipo de movimientos sobre el patrimonio no siempre garantizan la protección de los bienes familiares.
Advirtió que las empresas de cobro pueden rastrear este tipo de transferencias y que, si se realizan de manera apresurada, un juez podría revertirlas y determinar que los bienes siguen perteneciendo a la persona.
Asimismo, explicó que los procesos de recuperación de deuda pueden derivar en consecuencias financieras como afectaciones al historial crediticio, embargos, gravámenes o la retención de devoluciones fiscales, según cada caso.
Deuda migratoria y orden de deportación: procesos distintos
La especialista también aclaró que el pago de una multa no elimina automáticamente una orden de deportación.
“El que pague la deuda no le quita la deportación”, afirmó.
Esto significa que los procesos financieros y migratorios funcionan de manera independiente, por lo que una persona puede seguir sujeta a remoción del país aun cuando la deuda sea saldada.
Posibles vías legales y recomendaciones
Según la abogada, aún podrían existir opciones legales dependiendo del historial de cada caso. Entre ellas, la reapertura del expediente si la persona califica para algún tipo de alivio migratorio, como visas por delitos (visa U), errores procesales o cambios familiares relevantes.
Otra alternativa sería salir del país y solicitar un perdón migratorio desde el extranjero, generalmente basado en el posible daño a familiares ciudadanos o residentes.
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