La revisión de los programas de protección migratoria en Estados Unidos mantiene en alerta a cientos de miles de personas, especialmente a la comunidad salvadoreña que ha vivido por décadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Y es que la próxima discusión en la Corte Suprema sobre la eliminación de este beneficio para ciudadanos de Haití y Siria también genera preocupación entre migrantes de otros países que dependen de este mecanismo, de acuerdo con lo publicado por ABC.
Qué es el TPS y a quiénes afecta
El TPS permite a extranjeros permanecer legalmente en territorio estadounidense con permisos de trabajo renovables, siempre que las condiciones en sus países de origen sean consideradas inseguras. Este estatus fue otorgado a salvadoreños desde 2001, tras los terremotos que afectaron al país centroamericano. Desde entonces, muchos han construido su vida en Estados Unidos, formando familias y desarrollando negocios.
Durante el gobierno del presidente Donald Trump, se decidió poner fin al TPS para varios países cuyos permisos estaban en proceso de renovación. La medida impactó a unas 350,000 personas de Haití y 6,000 de Siria, y también forma parte de una política más amplia que ha afectado a cerca de un millón de migrantes de distintas nacionalidades.
Salvadoreños, entre los más afectados
Entre los más atentos a la resolución judicial se encuentran alrededor de 200,000 salvadoreños. Muchos de ellos llevan más de dos décadas residiendo en Estados Unidos y tienen hijos nacidos en ese país. La posibilidad de perder la protección migratoria implica riesgos como la pérdida de empleo, la separación familiar y la deportación.
El futuro del programa tiene además un punto clave en el calendario: el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños tiene como fecha límite el 9 de septiembre de 2026, momento en el que el gobierno de Estados Unidos deberá determinar si extiende, modifica o pone fin a la protección migratoria. Este plazo es seguido de cerca por miles de beneficiarios que dependen de una decisión oficial para mantener su residencia y permisos de trabajo en el país.
El impacto del TPS también se refleja en la economía salvadoreña. Según datos del banco central, las remesas enviadas desde Estados Unidos alcanzaron los $9,900 millones de dólares el año pasado, lo que representa el 24% del producto interno bruto del país.
Relación bilateral y contexto político
En el ámbito político, la relación entre Estados Unidos y El Salvador ha cobrado relevancia, ya que ambos gobiernos han coincidido en estrategias de seguridad y cooperación en temas migratorios. Incluso se ha alcanzado un acuerdo para que El Salvador reciba deportados de distintas nacionalidades.
A pesar de estos vínculos, no existe certeza sobre una posible extensión del TPS. Expertos y representantes de organizaciones migrantes coinciden en que no hay garantías de que se mantenga el programa una vez que expire el plazo establecido.
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