Colombia revive en este comienzo de año algunos de los episodios más oscuros de su conflicto armado. Entre enero y abril se han registrado 48 masacres, que dejan al menos 229 víctimas mortales, en lo que ya constituye el arranque de año más violento con esa medición desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La ola de violencia, en medio de un clima electoral cada vez más tenso, se extiende de norte a sur del país: desde La Guajira, en el extremo norte caribeño, donde se han documentado dos casos, hasta Nariño, con tres masacres, y el amazónico Putumayo, que también suma un episodio reciente. El repunte de la violencia reabre heridas en un país que aún no logra dejar atrás la sombra de la guerra.
La masacre más grave de los últimos años, que representa este fenómeno en crecimiento, ocurrió este sábado cuando una bomba estalló en la vía Panamericana en el departamento del Cauca, acabando con un bus intermunicipal que pasaba por allí. Es una de las zonas del país que más ha sufrido la violencia en los últimos días, semanas y años. Hasta ahora, el hecho deja 20 víctimas fatales y unos 36 heridos. Es la masacre de civiles más sangrienta del país en más de una década, desde que en 2016 las oenegés expertas y el Estado identifican como tal los episodios de muertes simultáneas de tres o más personas. No es posible comparar con datos anteriores porque el criterio era otro, explica Leonardo González, director de la organización especializada Indepaz.
El crimen del sábado mereció el repudio de todos los candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo y reforzó la importancia de la inseguridad entre los temas centrales de la campaña. El presidente de izquierda Gustavo Petro calificó el ataque de terrorismo, en un mensaje en el que acusó a “la extrema derecha” de querer gobernar para “hacer sus negocios de cocaína y oro ilícito”. Es una respuesta al evidente deterioro.
A fines de abril de 2025, Indepaz contabilizaba 20 masacres, que dejaban 61 víctimas. La mayoría se concentraron en el Catatumbo, al noroccidente del país y en frontera con Venezuela, en el departamento nororiental de Antioquia, y en el Valle del Cauca, vecino al norte del Cauca. Hasta ese momento, era el año con menos masacres en lo que iba del Gobierno de Gustavo Petro: en 2024, la cifra para este momento era de 24 sucesos, con 80 víctimas; en 2023, cuando las negociaciones simultáneas de la política de paz total parecían avanzar, el dato era de 34 masacres.
En 2022, en pleno año electoral y en la transición entre el Gobierno de derecha de Iván Duque y Gustavo Petro, entre enero y abril se registraron 38 masacres, con 122 víctimas mortales. Uno de los casos más atroces ocurrió el 28 de marzo de ese año, cuando un operativo del Ejército contra una supuesta estructura armada terminó en una matanza de 11 personas, al menos ocho de ellas civiles. Fue uno de los más graves escándalos del Gobierno de Duque, en una agitada campaña electoral en la que la izquierda encabezada por el hoy presidente Petro enarbolaba las banderas de los derechos humanos y prometía cesar las masacres y los asesinatos de llegar al poder.
Para González, de Indepaz, el pico de este año no se debe al contexto electoral, sino a la crisis de la política de paz total. “Entre más dificultades se presenten en las mesas de negociación, más se va aumentar la violencia. Cuando había ceses al fuego, al menos había una presión política para exigirles un buen comportamiento”, argumenta. También explica que la violencia contra la población civil se debe a que los grupos armados consideran que son una forma de atacar al Estado. “Es la misma lógica que tenía Pablo Escobar. Ellos son los pequeños Pablo Escobar actuando sin consideración moral ni humana”, señala.
Una masacre sin antecedentes cercanos
El ataque del sábado, una bomba que estalló al paso de vehículos civiles sobre la carretera que conecta a Venezuela y Colombia con el resto de Suramérica, ocurrió en el Cauca. Se trata de un departamento empobrecido y convulso, con presencia de varios grupos ilegales, tensiones étnicas y cultivos de coca y marihuana. De allí es oriunda Aída Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, el aspirante del continuismo; y también la candidata presidencial uribista Paloma Valencia, quien encarna las banderas de la derecha. La senadora viajó hasta la región, donde prometió mano dura. “Aquí tienen a una mujer con carácter que no le va a temblar la mano para doblegar a los violentas”, dijo, acompañada de su padrino político, Álvaro Uribe Vélez. Cepeda, por su parte, escribió en sus redes sociales que los atentados podrían buscar “un clima de miedo que favorezca los intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país”.
Esas preguntas reflejan la creciente inseguridad que no solo se nota en las masacres. A inicios de 2025, el foco estuvo en el Catatumbo, subregión fronteriza con Venezuela y enclave cocalero, donde la guerra entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las extintas FARC se ensañó contra la población civil, en hechos que dejaron más de 80 víctimas mortales y 100.000 desplazados, en el episodio de desplazamiento forzado colectivo más grande en la historia de un país que ha sido por décadas uno de los de mayor incidencia de ese fenómeno en todo el mundo.
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