En lugar de aprobar mayores recursos para la persecución de inmigrantes indocumentados, los congresistas deberían enfocarse en aprobar reformas que permitan a estas personas acceder a su regularización, consideran decenas de organizaciones que defienden derechos civiles, humanos y de inmigrantes.
“La solución en que los legisladores deberían centrarse es crear una oportunidad para que los inmigrantes se presenten, superen una verificación de antecedentes y soliciten la residencia permanente legal, convirtiéndose finalmente en ciudadanos naturalizados”, indica una carta firmada por decenas de organizaciones, adelantada a este diario.
La misiva destaca que las actuales políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump son “costosas y peligrosas”, al tiempo que argumenta los aportes económicos de los inmigrantes para los Estados Unidos.
El texto insta a contemplar tales aportes y coloca como ejemplo que en 2023 casi la mitad de la población indocumentada en EE.UU. había vivido en el país más de 20 años, formando familias, creando empresas y pagando impuestos.
“Los trabajadores agrícolas indocumentados, por ejemplo, han dedicado un promedio de 8 años a realizar un trabajo extenuante para que los alimentos cultivados en Estados Unidos lleguen a nuestros supermercados”, se expone.
La carta está firmada por varias de las organizaciones más importants a nivel nacional en defensa de derechos civiles, humanos y de inmigrantes, como la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), United We Dream (UWD), We Are CASA, American Civil Liberties Union (ACLU), Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition, Florida Immigrant Coalition (FLIC), entre otras.
La gente con DACA y TPS
La carta destaca cómo programas de protección provisional y autorización de empleo ha permitido a inmigrantes convertirse en pilares de la economía estadounidense, como la gente de con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que labora en sectores como la construcción, la atención médica domiciliaria y la hostelería.
“Lamentablemente, la administración Trump intentó poner fin al TPS para millones de personas, quienes ahora enfrentan la deportación y la detención”, se indica.
También se menciona que los ‘Dreamers’ benefiados con el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) “han alcanzado la mayoría de edad en Estados Unidos”, integrados a un país que reconocen como suyo.
“Una encuesta realizada en 2024 a beneficiarios de DACA reveló que la edad promedio de llegada era de 6 años y que han residido en Estados Unidos un promedio de más de 25 años”, recuerdan las organizaciones.
Presión en medio de debate para más recursos para ICE
La petición de las organizaciones llega en medio del debate del Congreso, donde los republicanos buscan asignar mayores recursos a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los demócratas presionan para evitar operativos migratorios violentos.
Las organizaciones consideran que los legisladores deberían enfocarse en aprobar una reforma de protección para millones de indocumentados, estancada durante años.
“El Congreso ha dedicado décadas a debatir, pero no ha logrado aprobar, un nuevo camino importante hacia la ciudadanía, lo que ha convertido el statu quo en un enfoque cada vez más centrado exclusivamente en el control migratorio”, exponen.
Los grupos citan que el 72% de los estadounidenses apoya un camino a la ciudadanía para indocumentados, según una encuesta de febrero de 2026 realizada por Morris Predictive Insights.
El mensaje hace énfasis en que proteger a los inmigrantes no solamente es menos costoso para el erario público, sino que incrementaría el PIB nacional “en más de un billón de dólares”.
De inmigrante a inmigrante
Un argumento agrega que el 4% de los congresistas son, de hecho, ciudadanos estadounidenses naturalizados.
“La ciudadanía ofrece mayor seguridad que un estatus permanente de segunda clase, el cual puede ser revocado, perdido o aparentemente ignorado, como se ha observado bajo esta administración”, se indica.
Por ello, ofrecer un camino a la ciudadanía facilita la movilidad económica de las personas, además de su participación en la democracia y “mantiene a las familias unidas”.
Aunque no mencionan una legislación específica, las organizaciones rechazan reformas que limiten la protección de las personas, obligándolas a contribuir a programas sociales, sin beneficio alguno. También rechazan la regla de carga pública en procesos de inmigración y el programa del Departamento de Vivienda (HUD) que impedirá a miles de personas a tener una ayuda esencial.
Leave a Reply