El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) avanza en un nuevo modelo de contratación que le permitiría diseñar, construir, renovar e incluso demoler instalaciones en todo el país con mayor rapidez y menor supervisión tradicional. La iniciativa, revelada a través de una solicitud de información publicada en el portal federal SAM.gov, plantea un cambio significativo en la forma en que la agencia gestiona su infraestructura.
De acuerdo con documentos oficiales, ICE busca establecer una red nacional de contratos de construcción altamente flexibles bajo el esquema conocido como SACC (Single Award Construction Contracts). Este modelo permitiría adjudicar contratos a un grupo reducido de empresas previamente seleccionadas, evitando procesos de licitación abiertos para cada proyecto.
El objetivo es claro: acelerar la ejecución de obras en centros de detención, oficinas y otras instalaciones clave. Entre los servicios contemplados se incluyen diseño arquitectónico, planificación ambiental, mantenimiento, renovaciones, análisis de ingeniería y demolición de estructuras existentes.
Aunque este tipo de contratos no es nuevo en el ámbito federal, el alcance propuesto por ICE ha llamado la atención de expertos en políticas públicas. Según el enfoque descrito, las empresas seleccionadas podrían gestionar múltiples órdenes de trabajo simultáneamente durante un periodo de hasta cinco años, lo que reduciría tiempos, pero también limitaría la competencia.
El plan se enmarca en la clasificación NAICS 236220, utilizada para grandes proyectos de construcción institucional, lo que sugiere que la agencia prevé obras de gran escala, no solo mantenimiento menor. Además, la convocatoria menciona que estos contratos podrían utilizarse en “respuestas de emergencia ante desastres naturales”, una función que tradicionalmente corresponde a la FEMA, lo que ha generado interrogantes sobre el alcance real del programa.
Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha utilizado mecanismos como WEXMAC TITUS —un programa logístico del Pentágono— para adaptar instalaciones en territorio estadounidense. Sin embargo, el nuevo esquema permitiría a ICE operar de forma más autónoma, sin depender de estructuras militares ni del mismo nivel de escrutinio.
Otro punto relevante es el perfil de las empresas que podrían participar. ICE exige que los contratistas cuenten con respaldo financiero suficiente para cubrir proyectos de hasta $300 millones, lo que, en la práctica, deja fuera a pequeñas y medianas empresas y concentra las oportunidades en grandes corporaciones del sector construcción.
Hasta ahora, la agencia se encuentra en fase de estudio de mercado. Las empresas interesadas tienen plazo para responder antes de que se publique una solicitud formal de propuestas, lo que podría ocurrir en los próximos meses.
Aunque ICE no ha emitido comentarios adicionales, el proyecto ya abre un debate sobre transparencia, supervisión y el futuro de la infraestructura migratoria.
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