Las organizaciones Public Citizen Litigation Group y Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) presentaron una demanda judicial en representación de una trabajadora inmigrante, donde se cuestiona la normativa de la administración de Donald Trump que eliminó de forma repentina las prórrogas automáticas para los permisos de trabajo.
La demandante, identificada bajo el pseudónimo de Jane Doe, se trata de una ciudadana de origen mexicano que ha residido en Estados Unidos durante casi una década, informó Public Citizen Litigation Group.
Actualmente, es el único sustento de su hija de ocho años, quien posee la ciudadanía estadounidense. En tal sentido, por a la nueva regla impuesta en octubre de 2025, la trabajadora enfrenta la posibilidad de perder su autorización legal para laborar en junio de 2026.
“Pronto podría perder mis empleos porque el gobierno terminó abruptamente las extensiones automáticas de los permisos de trabajo, en las cuales he confiado en el pasado para seguir trabajando”, declaró Jane Doe. “Estoy presentando esta demanda para desafiar esta política ilegal y, con suerte, restaurar la extensión automática del permiso de trabajo para todos nosotros los que la necesitamos para mantenernos legalmente a nosotros mismos y a nuestras familias”.
Papel previo del USCIS para otorgar las extenciones
Históricamente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) otorgaba estas extensiones automáticas para mitigar los retrasos en el procesamiento de solicitudes. La propia agencia había reconocido previamente que estas medidas eran indispensables para evitar que trabajadores legales perdieran su estatus por causas ajenas a su voluntad.
Irregularidades en el cambio de política
La demanda sostiene que el gobierno de Trump no siguió los procedimientos legales requeridos, omitiendo el periodo de consulta pública y fallando al no evaluar las consecuencias negativas de la medida.
“Durante décadas, los funcionarios federales de inmigración han entendido que los trabajadores inmigrantes no deberían ser obligados a abandonar la fuerza laboral solo porque el gobierno no procesó sus solicitudes de permiso de trabajo con la suficiente rapidez”, declaró Stephanie Garlock, abogada de Public Citizen.
Asimismo, Garlock señaló que con esta nueva regulación, la administración Trump eliminó de forma ilegal salvaguardias necesarias que protegían a trabajadores inmigrantes como en el caso de Jane Doe, y advirtó que tamo ella, mucho empleadores y comunidades en general resultarían afectados.
Consecuencias para las comunidades locales
Juan Bedoya, abogado de ASAP, expresó que su cliente es uno de los muchos trabajadores inmigrantes que viven con el temor de perder su empleo debido a la decisión del gobierno de eliminar las extensiones de los permisos de trabajo.
“Los inmigrantes que trabajan legalmente y contribuyen a sus comunidades locales en los EE.UU. ahora están sintiendo las consecuencias del movimiento apresurado e ilegal del gobierno para eliminar las extensiones de los permisos de trabajo”, acotó Bedoya a Public Citizen.
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