El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzará a equipar a sus agentes con cámaras corporales a finales de septiembre, una medida que busca aumentar la supervisión durante los operativos migratorios, aunque la propia política de la agencia mantiene dudas sobre la transparencia de las grabaciones.
De acuerdo con AP, el ICE tendrá la facultad de decidir cuándo hacer públicos los videos obtenidos durante encuentros de alto impacto, incluidos aquellos relacionados con uso de fuerza, lesiones graves o muertes provocadas por agentes.
La política interna establece que las grabaciones podrán difundirse cuando la agencia determine que hacerlo responde a sus “mejores intereses”, una cláusula que ha generado cuestionamientos entre especialistas en vigilancia policial y derechos civiles.
ICE controlará la difusión de videos de incidentes graves
La nueva medida llega después de años de retrasos en la incorporación de cámaras corporales para los agentes de campo y en medio de una creciente presión para mejorar la rendición de cuentas en las operaciones migratorias.
Según la normativa del ICE emitida en febrero de 2025, los agentes deberán activar las cámaras durante acciones como detenciones, órdenes de registro, investigaciones y respuestas a emergencias.
Sin embargo, cuando ocurra un incidente donde un agente cause la muerte o lesiones graves, un comité integrado por funcionarios y abogados de la agencia revisará el material antes de recomendar si debe hacerse público.
Expertos advierten que este mecanismo podría permitir una publicación selectiva de imágenes.
Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y coautor del libro ‘Cámaras corporales policiales: los medios de comunicación y el nuevo discurso de la reforma policial’, señaló que esta práctica puede convertir las cámaras en herramientas de manejo de imagen.
“En cierto modo, el ICE está diciendo en voz alta lo que muchos piensan en silencio”, afirmó Schneider. “Las cámaras corporales se están utilizando como herramientas de imagen modernas para presentar a la policía al público de la manera más favorable posible”.
La transparencia, el punto de debate
El programa representa una inversión de decenas de millones de dólares provenientes de recursos públicos, por lo que organizaciones defensoras de derechos civiles han pedido reglas más estrictas para garantizar el acceso a las grabaciones.
La agencia sostiene que las cámaras ayudarán a documentar los procedimientos de sus agentes y fortalecerán la seguridad durante los operativos.
No obstante, el debate se centra en quién tendrá el control final de esas imágenes y si la ciudadanía podrá conocer con rapidez lo ocurrido en operativos donde existan acusaciones de abuso de autoridad.
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