La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, endureció su postura contra la empresa Flock Safety y pidió públicamente que el LAPD deje de utilizar su sistema de lectores inteligentes de placas vehiculares, al considerar que la compañía perdió la confianza de la ciudadanía por el riesgo de que la información pueda ser utilizada en operativos migratorios.
De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, la alcaldesa dejó claro que respalda el uso de tecnología para combatir el crimen, pero considera que el proveedor actual ya no ofrece garantías suficientes para proteger la privacidad de los residentes, especialmente de las comunidades inmigrantes.
“El Departamento de Policía de Los Ángeles necesita encontrar otra empresa que no comparta datos”, afirmó Bass.
LAPD defiende su tecnología
El LAPD sostiene que los lectores automáticos de matrículas han permitido localizar vehículos robados e identificar automóviles relacionados con investigaciones criminales. Sin embargo, la preocupación aumentó después de que diversas ciudades del país cancelaran sus contratos con Flock Safety por el temor de que la información termine siendo utilizada por autoridades federales para facilitar deportaciones.
La controversia también se intensificó tras un reporte de The Washington Post, que documentó al menos 50 casos en los que agentes del orden fueron acusados de utilizar de forma indebida sistemas de vigilancia para acosar a exparejas o seguir a ciudadanos sin una justificación oficial.
Mientras tanto, un informe de la oficina del Inspector General del LAPD detectó deficiencias en los contratos del departamento con proveedores de lectores de placas, entre ellas la falta de claridad sobre cuánto tiempo se almacenan los datos y cómo pueden compartirse con otras agencias.
Flock niega colaborar con ICE y promete reforzar controles
Ante las críticas, Flock Safety aseguró que no mantiene contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y afirmó que son sus clientes quienes deciden quién puede consultar la información recopilada por las cámaras.
Su director ejecutivo, Garrett Langley, explicó en una entrevista con ABC7 que la empresa conserva los registros únicamente durante 30 días y rechazó que sus dispositivos empleen tecnología de reconocimiento facial.
Aun así, organizaciones civiles y activistas consideran que los riesgos para la privacidad siguen siendo elevados. Durante una consulta pública organizada por el Inspector General del LAPD, vecinos y especialistas advirtieron que estos sistemas podrían facilitar una vigilancia masiva si no existen reglas claras sobre el acceso y uso de la información.
La petición de Karen Bass coloca nuevamente al LAPD bajo la lupa sobre el equilibrio entre la seguridad pública, la privacidad y la protección de las comunidades inmigrantes frente a las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump.
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