Luz María Múnera (Medellín, 59 años) ha sido una fiel militante de la causa del presidente Gustavo Petro para reformar el sistema de salud. Conoció al mandatario hace décadas en la militancia de izquierdas y han coincidido en criticar el rol preponderante de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las aseguradoras públicas o privadas a las que el Estado les gira recursos para contratar los servicios con las clínicas y hospitales. Por eso, Petro le encomendó en diciembre una misión clave para su política de salud. Además de ser consejera presidencial para las Regiones, pasó a desempeñarse como superintendenta ad hoc para la Nueva EPS. Vigiló durante cinco meses a la aseguradora que concentra al 20% de los afiliados y una gran cantidad de los reclamos por un sistema al borde del colapso.
“Esta experiencia me ha sacado lágrimas”, dice durante una entrevista en su oficina en la Casa de Nariño, a metros del despacho presidencial. Reconoce un sinnúmero de problemas en la EPS que el Gobierno intervino en abril de 2024, pero enfatiza que no se deben al desfinanciamiento estatal, como denuncian los gremios y señala la Corte Constitucional. Cree, al igual que el presidente, que las fallas vienen de una larga lista de funcionarios que no han podido frenar los malos manejos de los recursos públicos. Por eso, dice, echó hace unos días al tercer interventor de la Nueva EPS en dos años, y Petro hizo lo propio con su cuarto superintendente en lo que va del Gobierno. “Algunos no cumplen las instrucciones del presidente”, afirma.
La funcionaria se desmarca de ellos. Reivindica que es “una mujer de izquierda”, que hace caso a lo que pide el mandatario, y que nunca ha tenido una denuncia de corrupción. Quizá por eso el presidente la consideró el martes para asumir como superintendenta de todo el sistema. “Estuvimos hasta tarde viendo las posibilidades, pero no cumplo los requisitos legales”, cuenta. Horas después de esta entrevista, se supo que el elegido es Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín que está en juicio por corrupción, es resistido en el progresismo y al que Múnera cuestionó como concejal de esa ciudad.
Pregunta. ¿Por qué cree que el presidente la designó en diciembre como superintendenta ad-hoc para la Nueva EPS?
Respuesta. Es especulativo. Nunca le he preguntado: “Oiga, ¿usted por qué piensa en mí para estas cosas?”. Pero creo que tiene que ver con que mi vida pública ha sido impecable. No tengo ni una sola demanda, y creo que eso cuenta para él. En estos años, no ves que los medios de comunicación me ataquen duro, ni siquiera los de derecha. Me tratan con respeto, me lo he ganado. Y, finalmente, tengo muy claro que él es el presidente y hago caso, porque comparto su programa.
P. Su rol como superintendente ad hoc queda obsoleto porque el superintendente de todo el sistema, que estaba impedido para la Nueva EPS, renunció el martes…
R. Sí, terminó por eso. No es que el presidente me haya dicho: “Usted ya no me sirve más, se va”.
P. Bernardo Camacho fue el cuarto superintendente de este Gobierno y apenas duró seis meses. ¿No contribuye a la inestabilidad que ustedes dos salgan cuando apenas quedan cuatro meses de Gobierno?
R. El presidente necesita terminar de estabilizar el sistema y Bernardo demostró que no quiere hacerlo. No cumplió las orientaciones. El presidente no me lo ha dicho, pero es mi lectura.
P. ¿Qué directrices incumplió?
R. En primer lugar, que hay que acabar con el negocio de la salud. Para eso se necesita apretar a las EPS desde la Superintendencia, como yo venía apretando en la Nueva EPS. Hay que apretar duro, revisar las postulaciones [de prestadores de salud] mes a mes y preguntar por escrito: “¿Por qué le pagó el 100% a Pedro y solo el 10% a María y el 0% a José? Deme una razón válida”. Yo siempre pregunté eso a la Nueva EPS.
P. Caracol Radio señaló que Camacho estaba en desacuerdo con liquidar varias EPS y pasar a los afiliados a la Nueva…
R. No es verdad que se quiera traer a todos los afiliados para la Nueva EPS, es parte de la desinformación. Hay EPS que deben liquidarse, pero sus afiliados pueden ir a diferentes EPS, dependiendo de la presencia de cada una en cada región.
P. La justicia tumbó un decreto que cambiaba las reglas de operación de las EPS y que hubiera implicado que alrededor de tres millones de personas fueran trasladadas a la Nueva EPS…
R. Sí, pero eso es porque la Nueva EPS está en todo el país. No quiere decir que fuera absorber a todos los afiliados ni que fuera a ser de un momento a otro.
P. En todo caso, ¿Camacho estaba en desacuerdo?
R. No sé, nunca me lo dijo. Pero nadie quiso remover a los funcionarios principales de la Superintendencia. Seguimos queriendo aplicar una política del Gobierno de Gustavo Petro con hombres y mujeres que vienen de Cambio Radical y el Centro Democrático [partidos opositores].
P. El Gobierno suele desligarse de sus responsabilidades con el argumento de que la culpa es de funcionarios de segunda línea que son corruptos y traicionan al presidente…
R. Yo no he dicho que son corruptos. Es más, no acuso a nadie.
P. ¿Pero sí incumplen las instrucciones de Petro?
R. Ah, eso sí. Cuando yo llegué a este cargo, lo primero que me pidió el presidente fue trabajar para que el Estado fuera mayoritario [en la composición accionaria de la Nueva EPS]. La orden tenía ocho meses y no se había cumplido. Yo lo logré en 15 días, así que no es cierto que no se podía. El día que no esté dispuesta a cumplir las orientaciones del presidente, pues me voy. No me voy a quedar como una piedra en el zapato, no es ético.
P. Usted desplazó hace unos días a Luis Óscar Gálvez, el tercer interventor que tuvo la Nueva EPS desde que comenzó la intervención en abril de 2024. ¿En qué le incumplió él?
R. Le recomendé 20.000 veces que pusiera en marcha el giro directo para que la Adres [la entidad estatal que gestiona los recursos de salud] le pague el mismo porcentaje, mes a mes, a todos los prestadores de salud. El interventor dejaría de postular a quién se le debe pagar: ya no diría que se le pague 20 a uno, 100 a otro, y 0 a un tercero. Es la primera herramienta para romper con algunos asuntos de corrupción. Se acaba el negocio de postular para los amigos.
P. ¿Y el interventor no siguió su recomendación?
R. Siempre me dijo que sí, pero nunca lo hizo. Ni siquiera abrió el debate ni hizo las denuncias de que a unos se les daba más que a otros. Además, tuvimos una pelea constante porque a los que menos se les paga es a los prestadores públicos. Eso lo cambiamos, es parte de mis logros.
P. ¿En eso cumplió?
R. Le tocó, pero no de buena forma.
P. ¿Qué autocrítica hacen de que ya hayan designado tres interventores que no funcionaron?
R. Esa pregunta no es conmigo, sino con él [Petro]. Cuando yo llegué, ya había un interventor. Le dí todas las posibilidades, pero los resultados fueron bajos. Solo tuve una mamadera de gallo.
P. Más allá de la falta de cumplimiento de estas instrucciones, ¿qué rol juega el desfinanciamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que denuncian los gremios y reconoce la Corte Constitucional?
R. El cuento de que la plata no alcanza está por revisarse. Yo quiero saber dónde está. Por ejemplo, nos deberíamos preguntar por qué la mayoría de los prestadores trabajan por evento y no por contrato. Eso les permite cobrar cada procedimiento al precio que les dé la gana. Vemos que una apendicitis vale dos millones para un paciente, cuatro para otro, y siete para otro. ¿Cómo puede ser? Eso hay que acabarlo. Y en eso he trabajado: en algunas cosas logré avances, en otras no.
P. El nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, dijo esta semana que la UPC es insuficiente…
R. Esa pregunta es para él.
P. Usted lo nombró…
R. Sí, pero eso no significa que yo sepa exactamente todo lo que piensa.
P. ¿Por qué lo nombró?
R. Era la recomendación del presidente y la Superintendencia, constitucionalmente, depende de él.
P. ¿Y por qué el presidente nombró a alguien con causas de corrupción en curso?
R. En curso. En un Estado Social de Derecho, una persona es inocente hasta que la Fiscalía demuestre lo contrario. Y no digo que sea inocente o culpable, pero en un país como Colombia te demanda todo el mundo por motivos políticos.
P. Pero este cargo en particular necesita mucha transparencia si se quiere combatir la corrupción…
R. Pues sí, pero fue la recomendación del presidente. Y Ospina no es el hombre con más cargos aquí, habrá otros peores que seguramente yo no hubiera nombrado. Me voy del Gobierno antes que nombrarlos. Pero no puedo decir quién es culpable y quién inocente. El día que tenga pruebas, denuncio de manera inmediata.
P. Los problemas que usted señala ya existían, pero durante este Gobierno han aumentado las denuncias por la falta de medicamentos, las dificultades para agendar citas con especialistas o el cancelamiento de cirugías. ¿Cómo explica este deterioro si no se debe al desfinanciamiento de la UPC?
R. Ese es el debate. Insisto, después de todo lo que he visto dentro, que el problema no es la UPC. El Gobierno paga mes a mes a las EPS, pero estas no giran a los prestadores. Quieren más plata para robar más plata.
P. ¿Cómo explica que la Nueva EPS también se haya deteriorado en este Gobierno?
R. No es que la situación sea peor, sino que es más denunciada. Hay una intencionalidad política de sacar los problemas más al aire, para joder lo público. Cuando revisas los PQRs [peticiones, quejas, reclamos] per cápita, la Nueva no es la primera, sino la tercera, luego de Sura y Sanitas [privadas]. Pero es la que está en el centro de un debate electoral porque atacarla es atacar a Gustavo Petro. Nadie ha querido decir que en los últimos cuatro meses hemos bajado un 40% las PQRs.
P. La prórroga de la intervención, firmada hace unos días, señala entre los argumentos que las reclamaciones registran un incremento anual del 14,3%…
R. En el último año. Pero en los últimos cuatro meses bajamos 40%.
P. ¿Cómo explica que, pese a la intervención, la Nueva EPS sea la única EPS que no ha presentado sus balances financieros de 2023 y 2024?
R. Tenemos un montón de facturas y no sabemos cuáles tienen sustento ni por qué las cobraron. Necesitaríamos un batallón de gente para revisarlas. Y también debe hacerse una gran inversión de desarrollo tecnológico, algo que no han hecho los interventores y que recomiendo desde que entré.
P. ¿El Gobierno tiene responsabilidad en la inacción de los interventores?
R. La Superintendencia es un órgano de control. No puedo responder por el Gobierno.
P. Pero la Superintendencia eligió a los interventores…
R. Sí, pero yo no. Y ahora que salgo, dejo mis recomendaciones: giro directo, contratación [en vez de eventos], actualización tecnológica.
P. Mientras se resuelven los problemas de eficiencia que usted menciona, ¿no debería robustecerse el financiamiento para no afectar a los pacientes?
R. No podemos seguir entregando plata para que se pierda. Cuando llegué, me senté con los gestores farmacéuticos. El interventor no quiso ir, pero hicimos acuerdos y cumplimos. Se pueden hacer acuerdos y eso lo demuestra. Lo que molesta con mi presencia es que no hay interlocutor para el negocio, sino para arreglar problemas. Dejaré mis recomendaciones, que espero que sean una carta de navegación para pensar la salud como un derecho. Hubiera querido hacer más, pero no me dio tiempo.
P. Como mujer de izquierda, ¿cree que hubo autosabotaje en la Superintendencia y la Nueva EPS?
R. Esta experiencia me ha sacado lágrimas, pero no sé si hubo autosabotaje. Hay que tener en cuenta que no llegamos solos al Gobierno, sino con acuerdos con sectores diferentes a la izquierda. Aunque también hay gente de izquierda que se olvidó de que estos eran cuatro años para trabajar por el pueblo colombiano. A mí no se me olvida.
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