La política migratoria de la administración de Donald Trump volvió a quedar bajo escrutinio tras la publicación de un informe de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York (NYU Immigrant Rights Clinic), que documenta la imposición de $84 mil millones en multas civiles contra más de 103,000 inmigrantes en poco más de un año.
El reporte, titulado ‘Debt and the Deportation Agenda: Immigration Fines Under the Second Trump Administration’, sostiene que las sanciones económicas no solo alcanzan a personas con órdenes de deportación, sino también a quienes cuentan con algún tipo de protección legal o mantienen abiertos procesos para regularizar su situación migratoria.
Multas imposibles de pagar
La investigación, basada en encuestas a personas sancionadas y a sus abogados, concluye que la mayoría de los afectados son trabajadores con ingresos insuficientes para cubrir las cantidades exigidas.
Según el informe, el 71% de los inmigrantes con órdenes de deportación ya cuenta o busca obtener un estatus migratorio legal. En los casos de salida voluntaria, la cifra asciende al 82%.
El reporte, titulado ‘Debt and the Deportation Agenda: Immigration Fines Under the Second Trump Administration’, sostiene que las sanciones económicas no solo alcanzan a personas con órdenes de deportación, sino también a quienes cuentan con algún tipo de protección legal o mantienen abiertos procesos para regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.
Multas imposibles de pagar
La investigación, basada en encuestas a personas sancionadas y a sus abogados, concluye que la mayoría de los afectados son trabajadores con ingresos insuficientes para cubrir las cantidades exigidas.
Según el informe, el 71% de los inmigrantes con órdenes de deportación ya cuenta o busca obtener un estatus migratorio legal. En los casos de salida voluntaria, la cifra asciende al 82%.
“La magnitud del programa de multas migratorias de la segunda administración Trump resulta inimaginable. Pero detrás de cada una de estas multas hay una persona o una familia sumida en una crisis”, afirmó Ajay Singh, uno de los autores del informe.
Los investigadores también encontraron que más de la mitad de las familias encuestadas vive por debajo del umbral federal de pobreza, aunque la mayoría trabaja y paga impuestos.
Advierten una estrategia para impulsar deportaciones
El informe sostiene que el programa representa una expansión sin precedentes de las facultades del ICE y la CBP, que ahora pueden recurrir a embargos salariales, gravámenes sobre propiedades, retención de devoluciones de impuestos y agencias privadas de cobranza para recuperar las multas.
Además, organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan que el gobierno haya reducido las garantías de debido proceso para impugnar estas sanciones.
“La administración Trump está instrumentalizando el programa de multas civiles, ignorando incluso el debido proceso para infligir el máximo daño posible”, aseguró Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de inmigración de The Legal Aid Society.
Por su parte, Charles Moore, abogado de Public Justice, afirmó que el estudio evidencia el daño económico y humano provocado por una política que, a su juicio, castiga incluso a personas que intentan regularizar su permanencia en el país.
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