La cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde permanecen recluidos grandes capos de la mafia o líderes de bandas criminales, no tiene ni una sola cámara de seguridad funcionando dentro del penal desde hace tres años. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la entidad encargada de administrarla, le confirmó a EL PAÍS que el sistema de videovigilancia de una de las prisiones más importantes de Colombia no está operando. Con un proceso de contratación en curso, el Instituto quedó sin los ojos que le permitirían reconstruir los pormenores del ingreso irregular del cantante vallenato Nelson Velásquez a la prisión y de lo que ocurrió durante la llamada “megaparranda” del 8 de abril: una celebración con música en vivo, licor y la participación de varios cabecillas criminales recluidos allí.
De acuerdo con la oficina de comunicaciones del INPEC, desde 2023 se envió un oficio a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) —la entidad encargada de gestionar la infraestructura, salud y suministros logísticos de la población privada de la libertad—, solicitando el cambio del sistema de videovigilancia. Dos altos funcionarios de la prisión de Itagüí explican que varias cámaras se habían ido dañando y que, aunque había solicitudes en curso para su mantenimiento o renovación, la prisión operaba sin un sistema de monitoreo activo.
Eso afecta las investigaciones que han anunciado la Fiscalía y la Procuraduría. Las imágenes difundidas por la concejal de Medellín y exfiscal Claudia Carrasquilla —que muestran al cantante Velásquez entrar al penal por la puerta vehicular sin pasar por la oficina de registro o la recepción— vienen de cámaras de seguridad callejeras instaladas por la Alcaldía y de videos ciudadanos grabados desde afuera. Pero el Instituto no tiene forma de revisar cómo se organizó el agasajo en el patio de máxima seguridad, qué dragoneantes hicieron parte de la logística de la reunión, o cuál fue la ruta de ingreso de equipos, personal y licor, los controles que se omitieron o las personas que autorizaron o permitieron la actividad dentro del pabellón. Nada quedó grabado.
Tras el escándalo, el director del INPEC, Daniel Gutiérrez, firmó una resolución para suspender por tres meses a nueve dragoneantes y dos oficiales encargados de la vigilancia y el personal. Uno de ellos, quien habla pidiendo reserva de su identidad por el proceso en su contra, advierte que la vigilancia estaba a cargo únicamente los dragoneantes, el nombre que tienen los agentes de nivel operativo. La entidad depende de sus reportes. Sin cámaras que los respalden o contradigan, es más difícil fijar las responsabilidades. “Apenas este mes que viene comenzaban a instalar las cámaras de adentro”, explica un alto directivo de la cárcel. “La única cámara que hay es la que está afuera, en la calle, que es de la Alcaldía”, comenta.
Este diario buscó una respuesta oficial de USPEC sobre la contratación de las cámaras de seguridad, pero hasta la publicación de este artículo no había recibido respuesta oficial. Sin embargo, fuentes de esa entidad explican que los procesos de instalación del sistema de vigilancia se ejecutan “según el esquema de priorización que entregue el INPEC”. Las dos entidades se encargan de 124 centros penitenciarios.
Este diario consultó al Ministerio de Justicia sobre estas posibles irregularidades, y aunque no se refirieron al caso puntual, aseguraron que requerirán a las dos entidades para que rindan “un informe sobre el estado de los sistemas de vigilancia, las condiciones de manejo de seguridad en los establecimientos de reclusión, especialmente en pabellones de alta seguridad, así como la trazabilidad de las solicitudes o gestiones realizadas frente a esta situación”.
La denuncia no es menor, teniendo en cuenta que en la prisión de Itagüí, un municipio conurbado con Medellín, se han desarrollado, durante tres años, negociaciones de paz con los líderes de las bandas criminales más poderosas del Valle de Aburrá, la región en la que se encuentra la segunda ciudad de Colombia. La cabeza de los diálogos, la senadora Isabel Zuleta, dijo a la revista Semana que el Ejecutivo no tiene ninguna competencia en la política carcelaria, pese a que tanto el INPEC como la USPEC dependen del Ministerio de Justicia. “Fue un comportamiento rechazable porque las cárceles del país necesitan control y vigilancia”. La legisladora pidió investigar a los funcionarios de esa prisión, pero fue más cautelosa en contra de los presuntos involucrados. “Aunque no conocemos cuáles de esas vocerías están presuntamente implicadas en esta situación, interrumpimos los diálogos”, dijo sobre la orden presidencial de suspender la mesa hasta que se aclare lo ocurrido.
De hecho, el escándalo del parrando vallenato no solo hizo que el presidente Gustavo Petro ordenara ese congelamiento inmediato, sino que en la noche de este lunes anunció el traslado de varios presos a distintos penales en Bogotá. Uno de los que será trasladado es Paulo Andrés Torrez Flórez, alias Pocho y jefe de la banda criminal La Agonía, una organización urbana que opera sobre todo en la icónica Comuna 13 de Medellín. Es escolta de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, el líder de La Oficina de Envigado, y también integrante de la mesa de paz.
Según autoridades de la cárcel de Itagüí y reclusos invitados a la fiesta, Pocho fue uno de los organizadores de la celebración privada. Uno de los reclusos cuenta, a través de WhatsApp, quién hizo la convocatoria. “Desde hacía unos cinco días nos habló de una parranda con un cantante importante”, escribe, y segundos después borra el mensaje.
Los más de 170 reclusos del pabellón de alta seguridad de la cárcel sabían con anticipación del evento. La logística estaba organizada y pensada. El cantante entró al penal entre las 2.30 y las 2.40 de la tarde del miércoles pasado, día de visitas en la prisión. En ese momento, los dos oficiales coordinadores de la cárcel estaban en su hora de almuerzo. Uno de los funcionarios suspendidos le dijo a este diario que los oficiales supieron que había una fiesta por otros dragoneantes. Pero la música se oía hasta afuera de la cárcel. Adentro había parlantes, personal del artista, mujeres, licor, ruido. “Lo primero que hicimos fue bajar los breakers de energía para frenar el concierto y empezar a contar los PPL [presos]”. Hasta ese momento, la dirección de la prisión no descartaba que se tratara de una distracción para una fuga, pero no faltaba ninguno.
El mayor Édgar Pérez, director de la cárcel de Itagüí desde hace apenas tres meses, fue relevado de su cargo. La Dirección contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía ha anunciado que investiga a Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito. Y la dirección seccional de Medellín indagará posibles delitos como prevaricato por omisión entre los 11 funcionarios que, ese día y a esa hora, tuvieron guardia en el penal. Pero sin cámaras que dejen una evidencia, es imposible hacer una reconstrucción audiovisual sobre los filtros que se violaron para permitir la fiesta privada. Las únicas evidencias, por ahora, serán los testimonios.
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