En mayo de 2022, justo al año de la caída de la Línea 12, donde murieron 26 personas, la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descalificó el peritaje, solicitado por ella misma, donde se señalaba que una de las causas de la tragedia había sido falta de mantenimiento.
“No cumple con ningún criterio técnico”, dijo Sheinbaum el 4 de mayo de ese año, un día después del aniversario. “Es un informe deficiente, mal ejecutado, tendencioso”, agregó. Anunció que su equipo entregaría “un reporte muy minucioso de todos los errores que tiene el informe”.
El percance más grave en la historia del Metro mexicano ocurrió el 3 de mayo de 2021, en plena campaña electoral para renovar alcaldes y congreso capitalino. La imagen fue sobrecogedora a nivel nacional e internacional. Además de los muertos, hubo un centenar de heridos.
Sheinbaum se apersonó en el lugar de los hechos. Y en medio de una crisis política sin precedente —la línea la hizo el entonces secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard cuando fue jefe de Gobierno (2006-2012)—, para ganar credibilidad anunció un peritaje externo.
Esa auditoría fue encargada a DNV, empresa noruega de la que la propia autoridad capitalina presumía una experiencia centenaria en análisis de gestión de riesgos y estructuras. Meses después, al recibir el peritaje de la “causa raíz”, Sheinbaum tronó contra sus resultados.
“Convirtió un informe técnico en algo político”, dijo la gobernante al no aceptar el mantenimiento como una de las causas de la caída. “¿Cómo vamos a permitir nosotros eso? Imagínense, o sea, va totalmente contra nuestra moral, nuestra ética; hemos estado –en mi caso personal– visitando a las víctimas”.
Cuatro años después, resulta obligado analizar la forma en que la ahora presidenta de la República reacciona en coyunturas en las que su gestión, o su diagnóstico incluso, de una problemática choca con lo que otro colectivo plantea. Porque lo de DNV no es un caso aislado.
En marzo de 2024, para citar otro ejemplo y en otra campaña electoral, Sheinbaum no dudaría en condicionar su respaldo público a colaborar con el Episcopado mexicano en la búsqueda de la paz, a que el diagnóstico elaborado por la Iglesia católica incluyera seis páginas con sus reservas.
Esas reservas de la candidata oficial eran de forma y fondo.
Para empezar, no compartía, dijo, la “evaluación pesimista del momento actual”, que no era otro sino el cierre del sexenio con más asesinatos en la historia moderna; y luego llegaba a señalar detalles concretos como no coincidir “con algunas propuestas que suponen que no hay ‘datos confiables’ en el Sistema Nacional de Seguridad”.
Decir que es lógico que la candidata de Andrés Manuel López Obrador iba a poner peros a un documento de medio centenar de páginas que dibujaba el sombrío país donde, tras seis años de Morena en el poder, eran asesinados lo mismo sacerdotes que jóvenes y defensores de derechos, es quedarse corto.
Porque tanto en el caso de DNV como en el del Episcopado surgen pistas de la forma en que procede Sheinbaum ante cuestionamientos, trazos que ahora son muy consistentes con su abrasiva forma de rechazar el informe de la ONU sobre desaparición forzada en México.
Al obligar al Episcopado a aceptar su adenda, no defendió al entonces presidente, también dejó claro que asume la autoridad para definir cuanto ocurre como una prerrogativa gubernamental que ni ha de ser compartida, ni se expone a diagnósticos con los que discrepa.
Porque en uno de los párrafos de su documento, en el que además se colgó de la encíclica “Fratelli Tutti” del Papa Francisco, la candidata presidencial que siempre fue arriba en las encuestas de esa elección advirtió que “si bien la construcción de la paz requiere de la participación de toda la sociedad, hay responsabilidades que el Gobierno no puede, en tanto que depositario de la soberanía popular, compartir o delegar, empezando por las de la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional y la gobernabilidad”. En lo de gobernabilidad cabe prácticamente todo.
Así, no es sorpresa el actuar del Gobierno de Claudia Sheinbaum desde que el jueves 2 de abril ventiló su rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ese día reveló su intención de pedir a la Asamblea General de Naciones Unidas que considere apoyar a México, dado que encontró indicios de crímenes de lesa humanidad.
Desde ese mismo día, tanto Gobernación como Relaciones Exteriores rechazaron el contenido del informe, al que calificaron de “tendencioso”.
Y si el término es el mismo al utilizado por Sheinbaum en 2022 con respecto al de DNV, ¿quién puede sorprenderse de que en el tema de la Línea 12 una de las cosas que entonces dijo el Gobierno capitalino fue que los técnicos que hicieron la tercera y más importante conclusión del peritaje eran mexicanos y no extranjeros, es decir, poniendo en duda su imparcialidad e incluso autoridad? El mismo argumento ha usado la presidenta, y otros voceros de su partido, con respecto a que el Comité contra la Desaparición Forzada son unos expertos independientes que en realidad no son la ONU.
La presidencia lleva toda la semana en plan de guerra con ese reporte, que llegó días después de que su Gobierno activara otra polémica sobre la misma tragedia de las desapariciones, esta por un nuevo esquema de conteo de los desaparecidos que ha sido acusado de pretender reducir a solo un tercio de los que desde hace años se conocen, los registros de desapariciones en los que se va a trabajar.
En todo caso, Sheinbaum está decidida a no dejar que la ONU diga qué son o qué no son las desapariciones en México. Por su contenido y tono, vale mucho la pena ver la mañanera del martes 7, cuando en más de veinte ocasiones hizo preguntas al aire sobre el documento:
“La manera en que estructuran el informe tiene muchas debilidades”, dijo en un momento la presidenta.
“No se niega el delito, y se atiende, y claro que queremos erradicar el delito de desaparición en nuestro país, por supuesto; y estamos trabajando con los colectivos y estamos haciendo las búsquedas y dando recursos”.
“Pero la orientación de este documento es otra”.
“De que rechazamos el documento, lo rechazamos”.
“¿Por qué no hay un reconocimiento de este comité de expertos de lo que ha venido haciendo el Gobierno de México?”
“¿Por qué no hay un reconocimiento de que, por primera vez, se instaló una Comisión de Búsqueda, cuando en los gobiernos, hasta el 2017, no lo había?
“¿Por qué no dice que algunos de esos gobernadores de esos estados incluso están detenidos? Uno de ellos acusado de desaparición forzada, ya en la Fiscalía actual”.
“¿Por qué no dice las sanciones, que haya elementos, por alguna prueba, vinculada con algún delito?”
“O sea, ¿por qué no reconoce todo eso que ha hecho el Gobierno de México y un compromiso firme para seguir avanzando en este tema?”
“¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere hacer? ¿Por qué no hay un reconocimiento? ¿Por qué no se tomaron en cuenta las observaciones?”
“¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas? ¿Por qué no se reconoce la diferencia entre uno y otra forma de desaparición?”
“¿Por qué? ¿Por qué?”.
Además de esa retahíla de preguntas, de las que aquí solo se citan algunas, Sheinbaum no se guardó una acusación: “En particular, este comité de expertos —que no es precisamente una de las organizaciones de Naciones Unidas—, emite un documento que, cuando uno lo lee, es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al Gobierno de México, esencialmente; y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida”.
El episodio ilustra de cuerpo entero la forma de pensar de la presidenta y lo que vendrá no solo con respecto a su relación con la ONU, sino con cualquier entidad —política, ciudadana, local o internacional— ajena a su movimiento.
Contrató a un perito internacional en medio del peor percance del Metro en su medio siglo de historia, y no dudó en descalificarlo tanto por sus credenciales técnicas como por la nacionalidad de algunos de sus integrantes, cuando no le agradaron sus resultados.
Forzó al Episcopado a incluir seis páginas con puntos de vista que no solo eran distintos, sino que descalificaban o cuestionaban los de la Iglesia católica porque negaba que en 2024 prevalecieran “el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre”.
Y ahora le dice a la ONU que su comité no es suyo y que en una rueda de prensa su Gobierno, la semana próxima, enmendará todas las fallas e insuficiencias, “jurídicas, académicas y técnicas”, y que por eso “lo estamos rechazando”.
Lo que hace con la ONU es consistente con lo que ha hecho antes, y con lo que hará después. Nadie, ni técnicos en Noruega, ni pastores en iglesia alguna, sabe más que ella y su gobierno. Nadie.
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