La historia de Annie Ramos tuvo, hasta ahora, un final feliz. El martes fue liberada por ICE tras cinco días de detención, reportó The New York Times.
La joven de 22 años, recién casada con el militar estadounidense Matthew Blank, de 23 años, acudió a Fort Polk, Louisiana, para inscribirse como esposa de un militar. Pero fue detenida por ICE pues tenía una orden de deportación girada cuando tenía apenas 22 meses de edad.
Ramos lleva 20 años viviendo en Estados Unidos. Es estudiante de bioquímica y no tiene historial delictivo. Va a iniciar su proceso de ajuste migratorio a través de su esposo.
La atención mediática del caso hizo que Mark Kelly, senador demócrata de Arizona, de donde procede la familia de Blank, interviniera con el Secretario del DHS, Markwayne Mullin.
“Esta experiencia ha sido increíblemente difícil, pero también me ha hecho recordar el poder de la fe, el amor y la comunidad. Tengo esperanza en lo que está por venir”, declaró Ramos al ser liberada.
Ramos no debió ser prioridad de detención y deportación si en realidad el gobierno quiere centrarse en remover criminales. Pero para la administración se trata de sumar otro número a su cuota de 3,000 arrestos diarios.
El caso de Ramos es esperanzador, pero es más la excepción que la regla. La mayoría culmina en la deportación de personas que no debieron ser prioridad de remoción.
Y es que cuando de inmigración se trata, los reveses de la administración Trump en los tribunales son múltiples y eso parece intensificar la saña con que la Casa Blanca, y en especial el asesor Stephen Miller, responden mostrando una crueldad reflejada en cómo deshumanizan a los afectados.
Las políticas migratorias de esta administración provocan muertes, separación familiar, y daños físicos y mentales que pueden ser irreparables y que pudieron evitarse por ser personas que no tenían que ser detenidas al no ser criminales.
Pero en su afán de llenar cuotas, personas sin historial delictivo se convierten en “daño colateral” de la campaña de deportaciones de Trump.
La prensa reportó sobre el horrendo caso de una niñita de tres años detenida junto a su madre cuando ésta cruzó la frontera por El Paso, Texas. Luego fue separada de su mamá quien fue acusada de hacer declaraciones falsas. Se siguen separando niños de sus madres y padres a pesar de la tragedia humana que provocó la inmoral práctica de cero tolerancia durante la primera presidencia de Trump. Lo hacen de otro modo, pero lo siguen haciendo pues las detenciones y deportaciones indiscriminadas suponen separación familiar.
Y las nuevas reglas impuestas por la administración para devolver esos menores a sus familiares autorizados en Estados Unidos hace que pasen meses antes de la reunificación.
En el caso de la niña, su padre, que es residente autorizado, indicó que las trabas burocráticas impidieron que le entregaran a su hija quien había sido colocada en un hogar temporal donde presuntamente fue abusada sexualmente por otro menor. La niña estaba bajo la custodia de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR) “quienes le dijeron al padre que se había producido un “accidente” y que iban a examinar a su hija”, reportó la AP.
La niña está con su padre y sus abuelos, pero ya acarrea traumas totalmente injustificados.
Como en tantos otros temas donde la administración Trump pretende gobernar por decreto pisoteando la Constitución y los derechos civiles, en inmigración la acción constante de la comunidad, activistas, legisladores, abogados de inmigración y en última instancia los tribunales han frenado muchas de esas políticas. Así lo prueba el caso de Ramos.
Lamentablemente, aunque muchos casos no progresen, el daño está hecho. Según el Instituto de Política Migratoria (MPI), “aunque el balance de victorias y derrotas de la agenda migratoria del gobierno aún se está decidiendo en los tribunales, estos cambios normativos han tenido repercusiones drásticas en innumerables personas, incluso en los litigios en los que el gobierno ha acabado perdiendo. Las detenciones prolongadas e injustificadas, la interrupción de la educación, la amenaza de deportación a un país lejano y la incertidumbre que se ha extendido incluso a los titulares de la tarjeta verde y a otros no ciudadanos que residen legalmente en el país han contribuido a crear un clima de miedo que se ha dejado sentir en los hogares y las comunidades de inmigrantes. Parece probable que avivar este miedo sea un objetivo de la administración en sí mismo, como un esfuerzo por animar a las personas a marcharse por su propia cuenta”.
Es la política migratoria Trump-Miller en su máxima expresión: ocasionar el mayor daño posible aunque al final los casos no progresen.
Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.
Leave a Reply