El rechazo que el Gobierno de la República ha dado al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y el manejo político que ha seguido a su postura, provoca malestar, desacuerdo, también desesperanza. Me incluyo indefectiblemente en ese desánimo.
Intentaré, primero, delinear la razón del extravío.
La razón por la cual México apretó los puños ante la decisión del Comité es engorrosa de explicar. Para facilitar la tarea —si tal cosa es posible— prescindiré de normas técnicas, disposiciones competenciales y de los elementos jurídicos que la claridad no exige.
Comenzaré con un ejercicio de exclusión: con aquello que no pudo haber provocado el disgusto de la administración de Claudia Sheinbaum.
El Gobierno mexicano no puede disentir del diagnóstico formulado por el Comité respecto de la crisis de desapariciones en México; no sin negarse a sí mismo. La evaluación no difiere, en lo esencial, de la que el propio país ha comprendido: impunidad casi absoluta; judicialización de entre el dos y el seis por ciento de los casos; cifras elevadas e indeterminadas de personas desaparecidas; 4.500 fosas clandestinas; 72.000 restos humanos sin identificar.
El informe del Comité de la ONU no rajó la realidad; lleva tiempo siendo clara y conocida.
No pudo ser otra valoración la que llevó a la administración pasada —y, con mayor énfasis, a la presente— a intervenir en el asunto. Fue Andrés Manuel López Obrador quien institucionalizó la búsqueda de personas mediante la Comisión Nacional de Búsqueda y comenzó a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas —con todos sus problemas—, mientras que Claudia Sheinbaum ha procurado perfeccionar las disposiciones y los procesos en la materia.
Tan justo es reconocer la insuficiencia del esfuerzo como admitir que fue entonces cuando comenzó.
Tan cabal es reconocer el ánimo de la Cuarta Transformación por robustecer el andamiaje institucional y normativo destinado a atender la crisis como admitir que, cuando hablamos de derechos humanos, las leyes solo pesan con la gravedad de los resultados. Cabe en boca de todos aceptar que, mientras las cifras de impunidad no desciendan, los mecanismos de búsqueda no merezcan el calificativo de eficaces y la crisis forense permanezca intacta, las buenas intenciones quedarán ensombrecidas por la desolación de las historias y la terca realidad del terreno.
El Gobierno mexicano —en particular uno que insiste en prolongar el enfoque de Andrés Manuel López Obrador— no puede disentir con la actuación del Comité en sí misma.
Fue en el sexenio de López Obrador cuando el país se abrió a la supervisión internacional. Durante su mandato, México aceptó la competencia del Comité para examinar quejas individuales y autorizó, finalmente, la visita a su territorio. Las administraciones anteriores se habían negado.
El Gobierno mexicano no puede disentir del reconocimiento que el Comité formula: que el Estado ha erigido un sólido marco jurídico, acompañado de fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda. Ese entramado ha sido señalado por el propio Comité como ejemplo posible para otros países.
El Gobierno mexicano no puede disentir del reconocimiento que hace el Comité en torno al Registro Nacional de Personas Desaparecidas: que es imposible emplear sus cifras como prueba de desapariciones forzadas. En ese registro —el propio Comité advierte— concurren ausencias voluntarias y fenómenos de migración. No es —dicen ellos, no lo digo yo— un registro fiable ni uniforme.
El Comité comprende lo mismo que el Estado mexicano ha entendido: el Registro no es una herramienta estadística, sino una destinada a la búsqueda.
El Gobierno mexicano no puede disentir del señalamiento que hace el Comité sobre la estrecha relación entre el aumento de las desapariciones a partir de 2006 y el inicio de la guerra contra el narcotráfico de Calderón.
El Gobierno mexicano no puede disentir de que los casos paradigmáticos en los que el Comité se apoyó corresponden, mayormente, al tramo final del sexenio de Calderón y a casi la totalidad del de Enrique Peña Nieto: Coahuila (2009-2016), Veracruz (entre 2010-2017), Nayarit (2011-2017).
Aquí conviene sincerarse y admitir que, aunque el Comité reconoce que el pico de desapariciones se concentró en periodos anteriores, las administraciones obradoristas no quedan por completo al margen del diagnóstico. El informe menciona Tala y Teuchitlán. El diagnóstico del Comité no es solo rumor lejano.
Ante tal cúmulo de coincidencias, el Estado mexicano bien pudo haber reconocido lo innegable, precisado la naturaleza del Comité, así como delimitado los alcances temporales y materiales de su indagación. Sin embargo, eligió otro camino. Contrario a lo que la mesura manda, optó por hacer el regusto más amargo.
La reacción de Claudia Sheinbaum proviene de la inquietud. El problema —el verdadero problema— que el Estado mexicano encontró en el informe se concentra en una palabra: aquiescencia. Una palabra que, para entenderla, obliga a acudir al diccionario. Una palabra que introduce penumbra adicional. Una palabra que enturbia lo que ya era denso.
Voy despacio. Voy por partes. Solemos pensar que una desaparición forzada ocurre solo cuando una autoridad oficial priva a alguien de la libertad. Sin embargo, el derecho internacional establece que también es desaparición forzada cuando el hecho es cometido por personas o grupos criminales con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
En palabras simples, la aquiescencia significa “dejar hacer”. Hacerse de la vista gorda. Ese sentido confunde de inmediato la desaparición forzada con desaparición estatal. Como si de la Guerra Sucia siguiéramos hablando.
El Gobierno mexicano entiende bien que hablar de desaparición forzada de forma sistemática y generalizada, mientras se ve obligado a explicar las implicaciones de la palabra aquiescencia, es una bomba política. La defensa es tan larga como enredada.
Y es que nadie dispone del tiempo para llegar al punto 118 de la conclusión del informe del Comité, donde se reconoce que “no hay indicios fundados de que exista a nivel federal una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión”.
Por eso, ante el Comité, México intentó defenderse argumentando que no se debe confundir la ineficacia institucional, la torpeza o la negligencia con aquiescencia. Una cosa es que el Estado sea ineficaz, otra —muy otra— que sea cómplice.
Termino como inicié: discrepo con el manejo político del Gobierno mexicano ante el informe del Comité.
Al atrincherarse y calificar el informe de parcial y sesgado, la administración de Claudia Sheinbaum ha enturbiado el panorama; sin proponérselo, ha oscurecido sus propias acciones.
La respuesta del Estado mexicano ha fallado en calibrar el inmenso dolor de las víctimas y su legítimo enojo. Para las familias que buscan a los suyos en la tierra, la ineficacia del Estado se vive como un continuo sin cortes sexenales. En ese tiempo prolongado se inscriben, inevitablemente, también las fallas de la Cuarta Transformación.
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