La batalla legal por el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” regresó a los tribunales federales. Un panel de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito escuchó los argumentos de grupos ambientalistas que exigen el cierre inmediato de la instalación, ubicada en el corazón de la Reserva Nacional Big Cypress, en los Everglades de Florida.
Las organizaciones, encabezadas por Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica, solicitaron a los magistrados que levanten la suspensión de una orden judicial previa que obligaba a desmantelar el sitio. El centro, convertido en un símbolo de las estrictas políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, permanece operativo tras un bloqueo legal emitido en septiembre pasado.
Los grupos conservacionistas solicitaron a un tribunal federal de apelaciones que restituya una orden previa que obligaba a las autoridades estatales a clausurar la instalación, argumentando que su operación viola leyes ambientales federales y causa daños a uno de los ecosistemas más sensibles de Estados Unidos.
El centro permanece en funcionamiento y continúa albergando a migrantes detenidos, luego de que la corte suspendiera en septiembre la orden de cierre emitida por un tribunal inferior.
La instalación fue impulsada por el gobierno estatal de Florida como parte de las políticas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump, lo que ha generado una fuerte controversia tanto legal como ambiental.
Debate legal sobre control federal y daño ambiental
Durante la audiencia, los jueces centraron sus cuestionamientos en determinar si el gobierno federal ejerce suficiente control sobre la instalación como para obligar al cumplimiento de la Ley Nacional de Política Ambiental.
El abogado del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, Jesse Panuccio, sostuvo que la normativa federal solo aplica cuando existe tanto financiamiento como control directo por parte de agencias federales, algo que, según afirmó, no ocurre en este caso.
Aunque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aprobó más de 600 millones de dólares para apoyar la construcción y operación del centro, la defensa estatal insiste en que eso no implica supervisión federal.
Por su parte, los grupos ambientalistas argumentan que el proyecto debió someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción, algo que, aseguran, nunca ocurrió. También señalan que la instalación amenaza la vida silvestre de la zona, donde habitan especies en peligro como caimanes, panteras y cocodrilos.
Representantes de organizaciones como Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica afirmaron ante la corte que el daño ecológico es evidente y continuo desde la apertura del centro en 2025.
Otras demandas y denuncias por condiciones de detención
El litigio ambiental es solo uno de varios frentes legales abiertos contra “Alligator Alcatraz”. Otras demandas han cuestionado la legalidad de su operación y las condiciones en las que se encuentran los migrantes detenidos.
En uno de esos casos, un tribunal federal ordenó mejorar el acceso de los detenidos a asesoría legal, incluyendo la garantía de llamadas confidenciales no monitoreadas con sus abogados.
Asimismo, organizaciones defensoras de derechos civiles han denunciado posibles violaciones al debido proceso dentro de la instalación, lo que ha incrementado la presión política sobre las autoridades estatales y federales.
Pese a estas controversias, el centro sigue operando mientras el proceso judicial avanza. La corte de apelaciones deberá decidir en las próximas semanas si restablece la orden de cierre o permite que la instalación continúe en funcionamiento durante el desarrollo del juicio.
El caso se ha convertido en un símbolo del choque entre las políticas migratorias restrictivas y la protección ambiental en Estados Unidos, con implicaciones que podrían sentar precedentes sobre el uso de territorios ecológicamente sensibles para fines de detención migratoria.
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