Durante años, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que algunos inmigrantes liberados de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) eran obligados a pagar tarifas de taxi desproporcionadas para abandonar las instalaciones. Ahora, una investigación periodística apunta a un presunto esquema que podría involucrar a un conductor y a una funcionaria de una prisión privada en Mississippi.
De acuerdo con una investigación de The Mississippi Independent, complementada con información de El Molino Informativo, registros públicos, publicaciones en redes sociales y mensajes de texto vinculan al taxista Otis Anderson con Tameka Moore Anderson, teniente del Centro Correccional del Condado de Adams, administrado por la empresa CoreCivic. Aunque hasta ahora no existen cargos penales, las revelaciones reavivaron las denuncias de organizaciones que desde hace años alertan sobre posibles abusos durante el proceso de liberación de personas detenidas por motivos migratorios.
Cobros excesivos a inmigrantes recién liberados
Louisiana Advocates for Immigrants in Detention (LA-AID) sostiene que numerosos inmigrantes fueron obligados a pagar entre $200 y $600 por recorridos de apenas unos minutos hacia estaciones de autobús o puntos de transporte cercanos, pese a que las normas de ICE establecen que, cuando no existe transporte público accesible, los centros deben ofrecer traslados gratuitos.
“Es una amenaza que hemos escuchado muchas veces“, afirmó Frances Kelley, coordinadora de proyectos de LA-AID. Según explicó, algunos detenidos recibían advertencias de que, si no pagaban el taxi asignado, podrían enfrentar problemas para abandonar el centro.
Uno de los casos más recientes involucra a un menor de edad liberado del Centro Correccional del Condado de Adams. De acuerdo con mensajes obtenidos por la investigación, un conductor identificado como “Anderson Taxi” solicitó un pago de $300 antes de trasladarlo junto con otros pasajeros. El familiar del joven esperaba que fuera llevado a una estación de autobuses ubicada a unos 13 minutos del centro, pero el conductor aseguró que el destino sería el aeropuerto de Baton Rouge, a unas dos horas de distancia.
Investigación apunta a posibles vínculos con personal del centro
El reportaje también documenta que Otis Anderson comparte domicilio con Tameka Moore Anderson, quien ha trabajado durante 17 años en el centro de detención y aparece identificada en publicaciones de redes sociales como teniente del área encargada de la recepción y liberación de personas detenidas.
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, esta conexión resulta relevante porque el personal de esa unidad es responsable del proceso de salida de los detenidos, incluyendo la entrega de pertenencias y la coordinación del transporte.
Consultado por The Mississippi Independent, Otis Anderson rechazó responder preguntas sobre las acusaciones y únicamente señaló que no haría comentarios sobre el caso. Por su parte, Tameka Moore Anderson, el director del centro y CoreCivic tampoco respondieron a las solicitudes de información enviadas por el medio.
Organizaciones exigen una investigación
LA-AID asegura que presentó denuncias ante autoridades federales y miembros del Congreso desde hace aproximadamente cinco años, argumentando que varios centros de detención incumplían las normas sobre transporte para personas liberadas.
La organización afirma haber ayudado a cerca de 20,000 inmigrantes durante los últimos años, proporcionándoles traslados, alimentos, hospedaje temporal y apoyo para contactar a sus familias. Sin embargo, sus integrantes sostienen que muchos afectados evitan denunciar por miedo o porque desean alejarse lo antes posible del sistema de detención.
El caso también recuerda otros esquemas similares documentados en Estados Unidos. La investigación cita un proceso federal en Nueva York, donde varios hombres fueron condenados por extorsionar a solicitantes de asilo mediante cobros abusivos por servicios de taxi. Mientras tanto, organizaciones civiles piden que las autoridades revisen las denuncias en Mississippi y determinen si existió una red para aprovecharse de inmigrantes en uno de los momentos más vulnerables de su proceso migratorio.
Sigue leyendo:
Leave a Reply