El proceso de designación de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral se ha enrarecido. La ejecución de una sentencia para favorecer las candidaturas de personas pertenecientes a grupos vulnerables ha levantado sospechas y el rechazo de la oposición, pues entre sus beneficiarios figuran personas afines al oficialismo y funcionarios ligados a la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y al magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata.
El proceso para el nombramiento de los tres consejeros del INE convocó este lunes a 369 aspirantes en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde un comité técnico de evaluación creado exprofeso les aplicó un examen de conocimientos. Durante dos horas, el recinto legislativo se convirtió en un aula escolar y las curules, en los pupitres donde 128 mujeres y 241 hombres respondieron ante una prueba de opción múltiple con 100 reactivos. De los aspirantes que se presentaron al examen, los 184 con mejores calificaciones pasarán a la siguiente fase, 92 hombres y 92 mujeres. En una tercera fase, el comité evaluador entrevistará la próxima semana a los 100 con más altos puntajes y, finalmente, entregará a la Junta de Coordinación Política tres listas con cinco finalistas, las llamadas “quintetas” de las que saldrán los nuevos consejeros del INE.
Este lunes, antes y después de la prueba, en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro las miradas se concentraban en las 21 personas que se adscribieron como pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad, pues llevarán cierta ventaja en el largo y complejo proceso de evaluación. Y es que una sentencia del Tribunal Electoral emitida el pasado 27 de marzo obligó a la Cámara de Diputados a modificar la convocatoria original, para establecer que se incluya a personas adscritas a grupos vulnerables y se garantice que estén entre los finalistas del proceso. Esto quiere decir que cuando el Comité de Evaluación elabore las “quintetas” (una por cada una de las tres vacantes), deberá incluir una persona en situación de vulnerabilidad en cada lista.
Entre las 21 personas auto adscritas a grupos en vulnerabilidad figura Alejandra Tello Mendoza, una funcionaria del Tribunal Electoral cercana al magistrado Felipe de la Mata, uno de los autores de la sentencia que beneficia a los grupos vulnerables. Tello Mendoza, quien se adscribió como persona con discapacidad, es actualmente jefa de la unidad de investigación de la Escuela Judicial Electoral y es coautora del libro Entre la Constitución y la campaña mediática, en el que ella y el magistrado De la Mata defienden la legalidad de la polémica elección judicial de 2025.
Otros dos aspirantes que podrían ser beneficiados con la resolución sobre grupos vulnerables son cercanos a la actual presidenta el INE, Guadalupe Taddei, y forman parte de su equipo de trabajo en la Junta General Ejecutiva del instituto: Roberto Carlos Félix López, actual encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, y Juan Manuel Vázquez Barajas, director jurídico del instituto. Ambos se adscriben como pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.
Guadalupe Taddei también impulsa las candidaturas de otros integrantes de su equipo actual en el INE. Entre ellos, Jesús Octavio García González, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración; Pedro Pablo Chirinos Benítez, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Vinculación con Organismos Públicos Locales; Marisa Arlene Cabral, coordinadora de Asuntos Internacionales del INE; Iulisca Zircey Bauista, asesora en dicha coordinación, y dos de sus asesoras en la presidencia del Consejo General, Sara Pérez Rojas y Anahí Benítez Sánchez. En la lista de aspirantes también figura Flavio Cienfuegos Valencia, exjefe de oficina de Taddei y dos veces candidato a la Secretaría Ejecutiva del INE, cuyo nombramiento fue rechazado por la mayoría de los consejeros en 2023.
Un cuarto beneficiario de la acción afirmativa promovida por el Tribunal Electoral es el actual consejero electoral de la Ciudad de México, César Ernesto Ramos Mega, adscrito como persona migrante.
En la pugna por las tres sillas que quedaron vacías el pasado 4 de abril en el Consejo General del INE, al concluir los periodos de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, la oposición ha denunciado dados cargados en favor de los aspirantes ligados a Guadalupe Taddei y Felipe de la Mata, pero también se ha quejado por la integración de un comité de evaluación con cinco perfiles vinculados al Gobierno federal y cercanos a Morena. “Este proceso no puede generar confianza, cuando está en manos de un partido y del gobierno”, ha declarado el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira. Mientras que el PAN y MC se han mantenido al margen, votando en abstención los acuerdos relativos al proceso de designación.
El partido gobernante lleva mano en este proceso de designación, pues controla la Junta de Coordinación Política y el comité de evaluación. Sin embargo, depende de sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, dado que el nombramiento en el pleno debe aprobarse con mayoría calificada. Como ocurrió con la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el futuro del INE depende de un acuerdo al interior de la coalición oficialista.
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