Un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes acudió a la justicia federal para frenar un presunto plan del gobierno de Donald Trump que, según denuncia, podría derivar en la deportación acelerada de 108 niños migrantes no acompañados que actualmente permanecen bajo resguardo en Arizona.
La acción fue presentada por el Proyecto Florence para el Derecho de los Inmigrantes y los Refugiados, organización que solicitó a una corte federal impedir que los menores sean trasladados a centros ubicados en Texas y Luisiana, al considerar que esa medida los alejaría de sus representantes legales y pondría en riesgo sus derechos durante el proceso migratorio.
El recurso busca impedir el traslado de los menores
La organización informó que el lunes interpuso un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal de Tucson. El objetivo es mantener a los menores en Arizona mientras se determina la legalidad de cualquier intento del gobierno por reubicarlos.
Los 108 niños permanecen bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia encargada de atender a menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos.
Entre los casos incluidos en la petición destaca el de un bebé de apenas cinco meses, ciudadano estadounidense, que permanece bajo custodia junto a sus padres.
Denuncian un intento de acelerar las deportaciones
El Proyecto Florence explicó que decidió acudir a los tribunales después de recibir información que considera confiable, además de reportes publicados por distintos medios de comunicación, sobre un supuesto plan del gobierno federal para trasladar a los menores y agilizar sus procesos de expulsión del país.
La organización sostiene que mover a los niños fuera de Arizona podría dificultar el acceso a asesoría legal y limitar las garantías que les corresponden bajo la legislación estadounidense.
En su opinión, esta estrategia representa una nueva amenaza para la protección de los menores migrantes no acompañados y podría vulnerar el derecho al debido proceso.
“Los niños no pueden ser usados como herramienta migratoria”
La subdirectora del Proyecto Florence, Roxana Avila-Cimpeanu, criticó el presunto plan y aseguró que las autoridades buscan repetir prácticas que ya habían sido cuestionadas en los tribunales.
“Menos de un año después de intentar expulsar a niños hacia Guatemala en contra de su voluntad y violando sus derechos, la Administración Trump ataca nuevamente a los niños inmigrantes no acompañados mediante un plan ilegal para eludir el debido proceso y acelerar las deportaciones”, afirmó la abogada en un comunicado.
Avila-Cimpeanu agregó que la legislación federal otorga protecciones específicas a los menores bajo custodia migratoria y subrayó que estas deben cumplirse sin excepciones.
“La ley federal no permite que se trate a los niños como peones en un sistema de control migratorio. Lo único que pedimos al tribunal es que obligue al gobierno a respetar esas protecciones”, señaló.
Un antecedente que respalda la nueva demanda
El Proyecto Florence recordó que ya obtuvo un fallo favorable en un caso similar. En septiembre de 2025, un juez federal prohibió la deportación de 57 niños migrantes originarios de Guatemala y Honduras, luego de que la organización presentara una demanda para impedir su expulsión.
Con ese precedente, el grupo espera que la justicia vuelva a intervenir y ordene suspender cualquier traslado de los 108 menores, mientras se analiza si las acciones del gobierno cumplen con las garantías legales establecidas para proteger a los niños migrantes no acompañados.
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