Hay diferencias esenciales entre un proceso de deportación regular y una deportación acelerada, destacando la posibilidad de que en la primera un inmigrante puede tener una audiencia con un juez y en la segunda no tendría esa oportunidad de defensa, según las reglas del gobierno del presidente Donald Trump.
“Cuando pensamos de la deportación, usualmente nos imaginamos que alguien va a ir a corte, primero le dan como un documento, le explican por qué el gobierno cree que la persona debería de ser deportada; le dan una fecha [de audiencia], un tiempo para ir a ver a un juez, tiempo para obtener un abogado muchas veces y tiempo como para pensar en cuál defensa tal vez van a usar para prevenir la deportación”, indicó el abogado Harold Solís, co-director Legal de Make the Road New York, en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede reiniciar las deportaciones aceleradas a nivel nacional en cualquier momento, luego de la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C.
La principal preocupación de los expertos es que los inmigrantes no tendrán derecho de defenderse, incluso si llevan más de dos años viviendo en Estados Unidos, pero no pueden demostrarlo de inmediato.
Solís explicó que en un proceso de deportación regular, además de defenderse legalmente, el abogado de un inmigrante puede explorar opciones de estancia de esa persona en EE.UU., como una petición de asilo, incluso algún tipo de visa especial o ser parte de un programa humanitario o ‘parole’.
“En algunos casos la persona tal vez ya tiene estatus aquí en los Estados Unidos y en sí es como un error que la persona ni debería de estar en el proceso de la deportación”, agregó el experto. “En el proceso normal [de deportación] por lo menos provee ciertas oportunidades para que la persona pueda ser escuchada y tenga una oportunidad para defenderse, y muchas veces toma tiempo”.
¿Y qué pasa con la deportación acelerada?
La deportación acelerada fue integrada por el Congreso en 1996 como parte de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, enfocada a los inmigrantes detenidos por ingreso irregular a EE.UU., y con menos de dos años en el país.
Aunque parecen claras las condiciones para procesar a inmigrantes bajo la deportación acelerada, desde su creación ha habido distintas interpretaciones que se integran en las reglas operativas de ICE.
Durante el gobierno de Joe Biden, los lineamientos de deportaciones aceleradas contemplaban dos aspectos: se implementó para menos de 160 millas de la frontera y las personas debían tener menos de dos años viviendo en el país.
Con el gobierno del presidente Trump la política se expandió a nivel nacional y no existe posibilidad de que un inmigrante se defienda ante un juez.
“El proceso de la deportación acelerada es totalmente diferente a todo eso. […] Ahí es un oficial de ICE muchas veces, el mismo que inicialmente arrestó al individuo, que va a decidir si la persona va a ser deportada. […] No hay alguien neutral, como quien dice, que está involucrado en el caso que va a decidir si la persona puede ser deportada”, advierte Solís.
Un inmigrante detenido bajo esta política puede ser procesado en forma expedita, en menos de 14 días, para ser sacado de EE.UU.
“Como el nombre implica, es rápido, ya bien rápido muchas veces. La deportación acelerada puede tomar unos cuantos días, tal vez hasta el mismo día que la persona es detenida y arrestada, y la persona puede ser deportada casi inmediatamente, ya no hay muchos chances de poder como buscar otras avenidas de alivio en el caso”, lamentó Solís. “Encima de eso no hay una forma como de apelar técnicamente una decisión de la deportación acelerada”.
Debido a los riesgos de deportación acelerada, Solís recomendó a los inmigrantes indocumentados tener asesoría con un abogado.
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