Hay una contradicción que resume buena parte del legado del gobierno de Gustavo Petro: convirtió el activismo ambientalista en bandera de su proyecto político, mientras otra gran bandera, la de la Paz Total, fomentaba el crecimiento de los grupos terroristas y el fortalecimiento de sus economías ilícitas —narcotráfico y minería ilegal— responsables de buena parte de la destrucción ambiental del país.
Las cifras oficiales muestran como el compromiso ambiental fue solo retórico. Según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno colombiano, los cultivos de coca pasaron de 230.028 hectáreas en 2022 a más de 261,000 en 2024, el nivel más alto registrado por ese sistema de monitoreo. El mismo informe advierte que la expansión de la coca converge cada vez más con la minería ilegal, la deforestación y el control territorial de organizaciones armadas.
La minería ilegal refleja la misma tendencia. El monitoreo de la UNODC y el Ministerio de Minas muestra que la explotación de oro de aluvión aumentó de 94.700 hectáreas en 2022 a 105.060 en 2023, y que cerca del 76 % corresponde a explotación ilícita o no autorizada. Detrás de esas cifras hay bosques arrasados, ríos contaminados con mercurio, comunidades sometidas y mayores ingresos para las estructuras criminales.
La Defensoría del Pueblo, la Fundación Ideas para la Paz y diversos organismos internacionales coinciden en que el Clan del Golfo, el ELN y las distintas disidencias de las FARC obtienen una parte importante de sus recursos del narcotráfico y la minería ilegal. Esos mismos informes documentan que, durante este período, ampliaron su presencia territorial y consolidaron corredores donde convergen coca, minería ilegal, deforestación y violencia.
La Paz Total prometía reducir la violencia y crear condiciones para la desmovilización de los grupos armados, pero al concluir el gobierno es claro que fracasó: siguen el desplazamiento forzado, la extorsión, el confinamiento de comunidades y la consolidación de las economías ilícitas. Solo el reclutamiento infantil, que ya parecía en trance de superarse, se disparó de 151 casos en 2022 a 386 en 2025 según la JEP, mientras la Defensoría del Pueblo reportó 409 niños y adolescentes reclutados en 2024, frente a 342 en 2023.
El caso del Catatumbo resume el costo humano de ese fracaso. En 2025, la región registró 102.857 personas desplazadas, la mayor crisis de desplazamiento interno en Colombia en décadas, según la Unidad para las Víctimas y el Norwegian Refugee Council. A su vez, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que el conflicto afectó a cerca de 200.000 personas, más de la mitad de la población del Catatumbo.
En un país en que los indicadores de violencia y fenómenos asociados mejoraron en el último cuarto de siglo, la falta de liderazgo, el desorden y la improvisación de un gobierno laxo los empeoraron dramáticamente. Las cifras de presencia territorial, capacidad económica y control de corredores ilegales muestran que las principales estructuras criminales terminaron la administración Petro en mucha mejor posición de la que empezaron. Según Human Rights Watch, entre 2022 y 2024, el Clan del Golfo creció el 55%, el ELN el 23% y las “disidencias” un 30%. Según la Defensoría del Pueblo, más del 71% de los municipios de Colombia tienen presencia de estos grupos criminales.
La contradicción ambiental también queda en evidencia al observar la deforestación. Aunque pasó de 123.000 hectáreas en 2022 a cerca de 79.000 en 2023, en 2024 volvió a aumentar hasta 113.608 hectáreas. El propio Gobierno, a través del IDEAM, atribuyó ese repunte a la apropiación ilegal de tierras, la apertura de vías clandestinas, la expansión de los cultivos ilícitos, la tala ilegal, la ganadería extensiva y la extracción ilícita de minerales. Es decir, el mismo Estado reconoce que las economías ilegales —controladas en buena medida por los grupos armados con los que negoció bajo la Paz Total— siguen siendo uno de los principales motores de la destrucción ambiental.
En ese contexto, el gobierno Petro concentró buena parte de su esfuerzo en confrontar la industria formal de los hidrocarburos, restringir la exploración y convertir a Ecopetrol en el símbolo de una transición energética que nunca llegó. Mientras el debate nacional giraba alrededor del impacto ambiental del petróleo y el gas legales —cuyos ingresos Petro prometía reemplazar con el turismo—, el mercurio seguía contaminando los ríos, la minería ilegal devastando los bosques y la coca avanzando sobre ecosistemas estratégicos de la mano de la violencia.
Ese manejo, en manos de activistas sin la experiencia necesaria, terminó debilitando a Ecopetrol en los frentes financiero, corporativo y reputacional. Entre 2022 y 2025, sus utilidades cayeron 73,1 %, la empresa sufrió rebajas en su calificación crediticia y enfrentó reiterados cuestionamientos por su gobierno corporativo y escándalos de corrupción que deterioraron la confianza de los mercados.
La mayor debilidad del discurso ambiental del Gobierno fue no enfrentar con decisión a quienes más destruyen la naturaleza —las organizaciones criminales financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal— en nombre de una política de paz sin resultados, ni impulsar una transición energética seria y realista.
El nuevo gobierno hereda una tarea monumental: recuperar el control del territorio, desmantelar las economías ilícitas, restablecer la seguridad, reparar el daño ambiental y reconstruir la confianza en Ecopetrol.
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