Abelardo de la Espriella designa al general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado este lunes al general en retiro Jorge Eduardo Mora como el próximo ministro de Defensa, una cartera particularmente sensible para el abogado de ultraderecha. De la Espriella, que convirtió el saludo castrense en su marca personal y se propone posesionarse en una instalación militar el próximo 7 de agosto, prometió en campaña una política de seguridad de mano dura y cerró la puerta a cualquier diálogo con los grupos armados ilegales. Incluso llegó a calificar la marchitada política de paz total, con la que el Gobierno saliente de Gustavo Petro buscó negociar en simultáneo con todos los grupos armados, como una “traición a la patria”.

Oriundo de Cúcuta, la principal ciudad colombiana sobre la frontera con Venezuela, Mora fue uno de los líderes de la campaña del ahora presidente en su región, el convulso departamento de Norte de Santander. De allí pasó a coordinar el apoyo de los reservistas después de que otro militar en retiro, Eduardo Enrique Zapateiro, tuvo que dar un paso al costado tras una imputación por acoso sexual. Tras el triunfo de De la Espriella en el balotaje, fue designado para encabezar el equipo de empalme en el sector de seguridad. Militar de carrera, llegó a comandar la División de Fuerzas Especiales del Ejército. Su hermano, Jorge Enrique Mora Rangel, fue comandante de las Fuerzas Militares y, como militar en retiro, participó en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. En 2023, Mora López fue candidato a la gobernación de su departamento por dos partidos de derecha, el uribista Centro Democrático y el ultraderechista Salvación Nacional. Este año estuvo en la lista de este último al Senado, pero no salió electo.

“Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad”, declaró De la Espriella en sus redes sociales al anunciar la designación de Mora. “Representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”, añadió.

El presidente electo había anunciado la víspera en una “alocución” en sus redes sociales que este miércoles tendrá su primer “empalme territorial”, justamente en Cúcuta. En esa reunión abordará la situación del Catatumbo, la región con mayor concentración de cultivos de hoja de coca en el mundo, donde desde hace año y medio combaten la guerrilla del ELN y una facción disidente de las extintas FARC. En ese mensaje, De la Espriella también anunció la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, que operaría en las principales ciudades de Colombia.

La expectativa frente a quien ocuparía el Ministerio de Defensa con la llegada del ultra al poder era total. Con su designación, De la Espriella opta por mantenerlo en cabeza de un militar, pues Mora será el relevo del general en retiro Pedro Sánchez, el segundo encargado de la cartera en el cuatrienio de Petro. Ese nombramiento, en febrero de 2025, puso fin a una tradición que se remontaba hasta la Constitución de 1991, la de tener a un civil en cabeza del sector Defensa.

El Gobierno saliente ha impartido instrucciones para un proceso de empalme “transparente, profesional y responsable”, aseguraba recientemente el Ministerio de Defensa. En ese comunicado, replicado por el ministro Sánchez, reafirmaba “su vocación democrática, su carácter no deliberante, su absoluta neutralidad política y su compromiso inquebrantable con la defensa y seguridad nacional, la convivencia ciudadana y la estabilidad del país”.

En una etapa más fragmentada del conflicto armado, la violencia recrudecida azota regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander, o Arauca, ambas sobre la frontera con Venezuela; Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el andén del Pacífico; Putumayo, limítrofe con Ecuador; o el selvático departamento de Guaviare. De la Espriella, que se posesiona el 7 de agosto, recibirá un país con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados y al menos 14 zonas de disputa activa entre actores ilegales, de acuerdo con las estimaciones de la Fuerza Pública recogidas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Como candidato, insistió en fortalecer la Fuerza Pública y endurecer el sistema penal, con la promesa de construir una decena de megacárceles a semejanza de lo hecho por Nayib Bukele en El Salvador. De la Espriella postula una versión renovada de la política de seguridad democrática, un sello fundamental de los dos gobiernos del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), con bombardeos, una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel y la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca.

El próximo presidente de Colombia ha dicho en varias ocasiones que erradicará 330.000 hectáreas de hoja de coca, aunque esa cifra no aparece en ningún documento oficial. Para el cierre de 2024, había un récord de 261.000 hectáreas, de acuerdo con el informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), considerada la cifra oficial. También ha insistido en que su Gobierno se unirá desde el mismo día de su posesión al Escudo de las Américas, como se conoce la alianza de Donald Trump con líderes políticos del continente afines a su ideología, montada con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

El ultraderechista, además, propone crear una “primera línea de seguridad” conformada por veteranos y reservistas de la Fuerza Pública –en lo que sus críticos han detectado ecos del paramilitarismo–. Su página web, Defensores de la Patria, enunciaba la promesa de recuperar los “territorios perdidos” en 90 días. Después matizó ese planteamiento y señaló que solo se refería a un plan de choque para capturar a diez cabecillas importantes del “narcoterrorismo y del crimen organizado” en ese plazo.

“La experiencia de América Latina muestra que estrategias altamente punitivas pueden producir reducciones rápidas de violencia, pero también riesgos institucionales y humanitarios importantes”, advierte un análisis de la FIP sobre la propuesta de seguridad del presidente electo. “La discusión no es si el Estado de derecho debe actuar con firmeza, sino cómo hacerlo sin erosionar las reglas democráticas”.