Una niña migrante de apenas 3 años habría sufrido abusos sexuales mientras permanecía bajo custodia federal en Estados Unidos, según una demanda judicial que expone fallas en el sistema de protección infantil y prolongados retrasos en su reunificación familiar.
De acuerdo con información reportada inicialmente por la agencia AP, la menor estuvo cinco meses en un hogar de acogida tras ser separada de su madre luego de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en septiembre del año pasado. Durante ese periodo, su padre, un residente legal permanente, intentó sin éxito acelerar su liberación.
“Estuvo allí encerrada muchísimo tiempo. Creo que si hubieran actuado con más rapidez, nada de esto habría ocurrido”, declaró el padre, quien habló bajo condición de anonimato para proteger la identidad de la menor.
Según documentos judiciales, la niña denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte de otro menor mayor en el hogar de acogida donde se encontraba, en Harlingen, Texas. Una cuidadora detectó señales de alerta y, tras notar que la niña llevaba la ropa interior al revés, la menor relató agresiones repetidas que incluso le provocaron sangrado.
Sin embargo, el padre asegura que las autoridades minimizaron inicialmente lo ocurrido. “Les pregunté: ‘¿Qué pasó? Quiero saberlo. Soy su padre”, y simplemente me dijeron que no podían darme más información”, relató.
El caso fue turnado a la policía local y la menor sometida a un examen forense, mientras que el presunto agresor fue retirado del programa, según la demanda.
Este episodio ocurre en el contexto de cambios en las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump, que endurecieron los requisitos para la liberación de menores migrantes y extendieron los tiempos de detención.
Datos citados en la demanda indican que el tiempo promedio de permanencia de niños bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados pasó de 37 días a casi 200 días en poco más de un año.
Organizaciones defensoras han advertido que estos retrasos incrementan los riesgos para los menores. “Que un niño sea víctima de abusos mientras está bajo la tutela del gobierno… es inimaginable”, afirmó la abogada Lauren Fisher Flores, representante legal de la menor.
Por su parte, Neha Desai, del Centro Nacional de Derecho Juvenil, señaló que estas prácticas “representan otra forma más de separación familiar” y acusó al gobierno de incumplir su obligación de reunir rápidamente a los niños con sus familias.
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