Un tribunal federal de apelaciones dio un nuevo revés a la política migratoria del presidente Donald Trump al determinar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrá mantener detenidos a inmigrantes por más de 90 días sin brindarles la oportunidad de comparecer ante un juez para solicitar una audiencia de fianza.
La decisión, emitida por un panel dividido 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, representa un cambio importante para miles de personas sujetas a procesos de deportación, especialmente en Texas, Luisiana y Mississippi, donde se concentra buena parte de los centros de detención migratoria del país.
De acuerdo con información oficial, el fallo responde a una demanda presentada por dos ciudadanos mexicanos y un ciudadano hondureño, quienes permanecían detenidos bajo la interpretación adoptada por la administración Trump de una ley federal de inmigración que permite la detención obligatoria de ciertos extranjeros mientras se resuelven sus casos.
El tribunal invoca el debido proceso constitucional
Aunque el mismo tribunal había respaldado en febrero la interpretación del gobierno sobre la detención obligatoria, ahora aclaró que esa facultad no elimina las garantías constitucionales.
El juez Leslie Southwick, autor de la opinión mayoritaria y nombrado por el expresidente George W. Bush, sostuvo que la Quinta Enmienda protege el derecho al debido proceso de todas las personas dentro del territorio estadounidense, independientemente de su nacionalidad.
“Forma parte de la majestuosidad histórica de esta antigua carta fundacional el hecho de que no haga excepciones a la hora de garantizar los derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchado cuando se vulnera la libertad personal”, escribió Southwick.
En contraste, el juez Cory Wilson, designado por Trump, emitió un voto disidente al considerar que la mayoría limita la autoridad que la Constitución concede al Congreso para legislar en materia migratoria.
La administración Trump anticipa una nueva batalla judicial
La resolución podría beneficiar a miles de inmigrantes detenidos por ICE, no solo en los tres estados antes mencionados, sino también a miles de inmigrantes de otros estados que son trasladados a prisiones en estos estados desde otras entidades, ya que establece que, una vez transcurridos 90 días de detención, el gobierno deberá ofrecer una audiencia para que un juez determine si la persona puede enfrentar su proceso migratorio en libertad.
La decisión también representa un respaldo para organizaciones de defensa de los inmigrantes. Rebecca Cassler, abogada del American Immigration Council, celebró el fallo.
“Estamos encantados de que el panel haya reconocido el principio constitucional fundamental de que la cláusula del debido proceso no permite que el gobierno los encierre indefinidamente”, afirmó.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó su desacuerdo con la resolución y aseguró que la administración mantiene confianza en su postura jurídica. Además, recordó que la semana pasada el gobierno solicitó a la Corte Suprema revisar un caso similar derivado de otro tribunal federal.
La decisión llega en un momento en que distintos tribunales de apelaciones mantienen criterios encontrados sobre el alcance de la detención obligatoria de inmigrantes, lo que aumenta la posibilidad de que el máximo tribunal del país termine resolviendo el tema en los próximos meses.
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