El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans prohibió a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantener detenidos a inmigrantes por más de 90 días, aunque la determinación impacta a ciertos estados.
La decisión alcanza la jurisdicción del tribunal, es decir, los estados de Texas, Louisiana y Mississippi, pero en los primeros dos estados hay prisiones a donde se envían inmigrantes de prácticamente todo el país.
“Nuestro único requisito es que se celebre una audiencia dentro de los 90 días posteriores al inicio de la detención y que, en dicha audiencia, el Gobierno presente una justificación individualizada para prolongar la detención sin fianza”, escribió la jueza Leslie H. Southwick, nombrada por George W. Bush.
Esto echa para atrás, al menos en esa jurisdicción del país, parte de la política migratoria del presidente Donald Trump, a quienes se les impedía acceso a una audiencia para obtener una fianza, por lo que ICE las mantiene a las personas detenidas en forma indefinida y bajo proceso de deportación.
Otro panel de jueces del mismo tribunal había respaldadado la política de la administración Trump, pero no abordó el derecho a fianza, lo cual aclara la nueva decisión.
La jueza Southwick, en nombre de la mayoría en la opinión avalada el jueves, afirmó que en 2001 la Corte Suprema dejó claro en 2001 que la cláusula del debido proceso protege a todas las personas que viven en EE.UU.
“Esto es parte de la majestad histórica de esta antigua carta fundacional que no haga excepciones al garantizar los derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchados cuando se les priva de su libertad personal”, escribió Southwick.
El voto en contra fue del juez Cory Wilson, nombrado por Trump, quien considera que los inmigrantes no pueden impugnar una detención.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que supervisa el ICE, no respondió a la solicitud de comentarios.
La decisión fue sobre una nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que considera que los indocumentados están sujetos a detención obligatoria.
La Junta de Apelaciones de Inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia –es decir del mismo gobierno federal que impone la regla– emitió una decisión en septiembre que adoptó dicha interpretación.
Este caso llegó a tribunales tras el arresto de gnacio Sosnava Rodríguez, Miguel Ángel Gómez Alvarado y Alejandro Villegas Ángel en Texas por agentes estatales, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, durante controles de tráfico rutinarios.
Esas tres personas habían residido en el país durante al menos 14 años, trabajaron durante ese tiempo y tienen hijos ciudadanos estadounidenses, pero fueron entregados a ICE, que no les permitió audiencia con un juez.
Rodríguez, Gómez Alvarado y Villegas Ángel fueron liberados tras ganar en un tribunal sobre cómo ICE violaba su debido proceso, algo que fue impugnado por la administración Trump, que ahora pierde el caso nuevamente.
Las políticas de arresto de inmigrantes de ICE han sido desafiadas en tribunales, donde la administración Trump ha enfrentado derrotas, pero también avances, como la reciente determinación de la Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., acerca de las deportaciones aceleradas. A diferencia de la decisión en la corte de Quinto Circuito, la de jueces en D.C. es una decisión nacional, debido a que se trató de una demanda colectiva.
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