La junta directiva de Ecopetrol sesiona en la tarde de este lunes para intentar resolver, una vez más, lo que tres reuniones previas no han podido: decidir si Ricardo Roa sigue o no al frente de la empresa más grande de Colombia. Lo hace en medio de un nerviosismo creciente y evidente: cuatro de sus nueve miembros que ya han dejado constancia formal de su desacuerdo con la permanencia del presidente de la petrolera, un primer cambio de viento en contra del presidente a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial. El escándalo empieza a convertirse en un flanco incómodo para el oficialismo, que respalda la candidatura de Iván Cepeda.
La presión sobre el órgano corporativo es doble. Roa fue imputado en marzo por tráfico de influencias, en un caso que gira alrededor de la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá y sus vínculos con el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien tenía intereses directos en contratos con la empresa. El miércoles debe comparecer de nuevo ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. Según la Fiscalía, los aportes habrían superado los topes legales en más de 5.300 millones de pesos. Roa ha dicho que demostrará su inocencia ante los jueces y que nada ha cambiado en la matriz de riesgo de la empresa que justifique su salida.
La sesión de hoy llega, además, después de un episodio que, en palabras del exministro de Minas Amylkar Acosta, “no tiene antecedentes en la historia reciente de la compañía”. Estaba previsto que siete de los nueve miembros de la Junta se reunieran con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para consultarle sobre la permanencia de Roa. La reunión se canceló a última hora. Según fuentes consultadas por este diario, Petro optó por hablar a solas con dos de los miembros para transmitirle sus argumentos, que son los que llegan hoy al pleno.
Acosta explica que desde 2006, Ecopetrol dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una sociedad anónima por acciones, listada en la Bolsa de Nueva York. El Estado es el principal accionista, con el 85,5% de los títulos, pero ese cambio implicó someterse a estándares internacionales de gobierno corporativo. Entre ellos, uno central: la independencia frente al Gobierno. En 2017, durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, el ministro de Minas fue el primero en salir de la Junta. Luego siguió el director de Planeación Nacional, y el último en marcharse fue el ministro de Hacienda, en cumplimiento de una recomendación directa de la OCDE. “Ese proceso tomó años en consolidarse, pero lo que ha ocurrido últimamente lo pone en entredicho”, sostiene Acosta.
Mauricio Téllez, exgerente de comunicaciones de Ecopetrol durante 22 años, apunta en la misma dirección. “Esa reunión es la muestra de que el gobierno corporativo está muy golpeado. La Junta Directiva debe ser independiente y velar por el bienestar de la empresa. No tiene sentido que le consulten [a Petro] sobre la permanencia de Roa”, dice a EL PAÍS. Téllez señala un antecedente que considera clave: el proyecto Oslo, que era una operación para adquirir, junto a la petrolera estadounidense Oxy, una empresa de recursos no convencionales en Estados Unidos. La iniciativa había pasado todas las instancias de aprobación en la junta directiva y se cayó solo tras una reunión con el presidente Petro. “Fue un antecedente nefasto”, dice.
El daño acumulado es medible. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa ubicó a Ecopetrol en el segundo lugar entre las empresas con mejor reputación en Colombia en 2022. Para 2025, la empresa cayó al puesto 17, quince escaños menos en tres años. Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que la expone a la supervisión de la SEC, el regulador estadounidense. La USO, el sindicato de los trabajadores petroleros que por primera vez en la historia tiene asiento en la Junta, ha advertido que convocará una huelga nacional si se ratifica a Roa en el cargo. Hoy, a las 4 p.m., la Junta fijará su posición. Las opciones son tres: mantener a Roa, pedirle una licencia temporal, o exigirle la renuncia. Y el tiempo aprieta en dos frentes: el judicial y el electoral.
Leave a Reply