El venezolano Rafael Rubio, empleado del Concejo Municipal de Nueva York, fue liberado tras permanecer más de cinco meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un caso que se convirtió en símbolo del debate sobre las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump y el alcance del debido proceso para los inmigrantes.
La presidenta del Concejo de Nueva York, Julie Menin, anunció este sábado la liberación de Rubio, quien permanecía recluido en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, desde el pasado 12 de enero, cuando fue arrestado durante una cita rutinaria relacionada con su proceso migratorio.
Según el Ayuntamiento, al momento de su detención contaba con un Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente para ciudadanos venezolanos, autorización que le permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta octubre de 2026.
“Pensé que todo había terminado para mí, que mi vida y mis sueños se habían acabado. Y lo que ha sucedido desde entonces es un milagro que aún me cuesta creer”, expresó Rubio tras recuperar su libertad, al agradecer el respaldo de sus abogados y del Concejo Municipal.
La liberación de Rubio fue el resultado de una prolongada ofensiva judicial encabezada por la organización The Bronx Defenders, junto con el respaldo institucional del Concejo de Nueva York y de la New York Legal Assistance Group (NYLAG).
Durante su detención, el venezolano enfrentó múltiples reveses. En marzo, un juez de inmigración emitió una orden de deportación basada en un problema técnico relacionado con su solicitud de asilo, decisión que fue ampliamente cuestionada por las autoridades municipales, que argumentaron que Rubio había cumplido con todos los requisitos legales y que una omisión administrativa no debía definir su permanencia en el país.
Tras cambiar de representación legal, sus nuevos abogados lograron reabrir el caso y, el 27 de mayo, un juez de inmigración le concedió el asilo político, decisión que le permite vivir y trabajar indefinidamente en Estados Unidos y eventualmente solicitar la residencia permanente. Sin embargo, ICE no procedió a liberarlo de inmediato.
Posteriormente, el 17 de junio, otro juez autorizó su libertad bajo una fianza de $5,000 dólares. Al no ejecutarse la orden, sus abogados presentaron un nuevo recurso judicial que obligó a las autoridades federales a liberarlo finalmente el 19 de junio, después de 158 días de detención.
Aunque Rubio ya abandonó el centro de detención, su situación migratoria aún no está resuelta.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló el 22 de junio la resolución que le concedió el asilo, por lo que el proceso continuará en tribunales federales y podría prolongarse durante meses o incluso años. Mientras tanto, Rubio permanecerá en libertad mientras se resuelve la apelación.
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