Un juez federal en California propinó un nuevo revés a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump al bloquear a nivel nacional varias medidas que permitían al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos dentro de los tribunales de inmigración y ampliar los tiempos de detención de inmigrantes bajo custodia.
La decisión fue emitida por el juez federal P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, quien concluyó que las políticas implementadas por el gobierno federal fueron adoptadas de manera arbitraria y violan la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos.
En una opinión de 71 páginas, el magistrado señaló que los abogados del ICE y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración no ofrecieron una justificación suficiente para respaldar los cambios aplicados por la administración republicana.
Fallo cuestiona detenciones en cortes migratorias
La práctica de detener a inmigrantes dentro de los tribunales comenzó durante el gobierno de Trump y permitió que agentes federales arrestaran a personas que acudían a sus propias audiencias migratorias.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas denunciaron durante años que estas acciones generaban miedo entre las comunidades migrantes y desalentaban la asistencia a procesos judiciales obligatorios.
Según Pitts, el ICE estaba arrestando a personas por las mismas presuntas infracciones migratorias que eran analizadas por los jueces en esas audiencias, una situación que, a su juicio, carecía de una base legal sólida.
“El ICE no está arrestando a personas por delitos no relacionados, sino por los mismos asuntos migratorios que están siendo revisados en la corte”, escribió el juez en su resolución.
Las detenciones prolongadas quedan sin efecto
El fallo también anuló una política que permitía al ICE mantener detenidos a inmigrantes durante más de 12 horas, e incluso por varios días, mientras se resolvían cuestiones logísticas relacionadas con espacio y capacidad en los centros de detención.
Pitts determinó que esta práctica podía vulnerar los derechos protegidos por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, al someter a los detenidos a condiciones de confinamiento consideradas punitivas.
La respuesta de la administración Trump no se hizo esperar. James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó la decisión como un acto de “activismo judicial” y defendió la facultad del gobierno para ejecutar órdenes migratorias.
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