La jueza federal Beryl A. Howell ordenó a la Administración de Donald Trump facilitar el regreso al país del hondureño José Eliezer Martínez Andino, al considerar que su deportación estuvo marcada por presuntas violaciones a sus derechos constitucionales y que no tuvo una oportunidad real de presentar su caso ante un tribunal migratorio.
La resolución concluyó que la expulsión del joven de 20 años fue consecuencia directa de irregularidades que vulneraron las garantías de debido proceso protegidas por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Según el fallo, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para permitir su retorno a Estados Unidos mientras continúa el litigio migratorio.
Martínez Andino fue deportado a Honduras el 13 de abril de 2026, pese a haber manifestado temor de regresar a su país, de acuerdo con la demanda presentada por sus abogados.
El joven, padre de una niña de tres años que dependía económicamente de él, había sido detenido el 18 de marzo en Montana por agentes migratorios. Posteriormente fue trasladado por al menos seis centros de detención distintos, mientras sus familiares y representantes legales denunciaban desconocer su ubicación durante varios días.
La querella sostiene que ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informaron oportunamente sobre su paradero, pese a múltiples solicitudes realizadas por sus abogados.
Tras una orden judicial, el Gobierno reveló que Martínez Andino había sido expulsado bajo la figura de salida voluntaria. Sin embargo, el migrante sostiene que los documentos que firmó no le fueron explicados adecuadamente y que funcionarios le indicaron que firmar era su única alternativa.
En su decisión, Howell señaló que el demandante presentó evidencia suficiente para demostrar que sufriría un daño irreparable si permanecía en Honduras, país del que huyó cuando tenía 14 años debido a presuntos abusos de su padre.
El caso se ha convertido en un nuevo frente judicial para la política migratoria de la Administración Trump. Diversos fallos de la Corte Suprema han sostenido que los inmigrantes tienen derecho a procedimientos justos antes de ser removidos del país, especialmente cuando pueden solicitar protección humanitaria o expresar temor de persecución en sus lugares de origen.
La orden a favor de Martínez Andino se suma a una serie de decisiones judiciales que han obligado al Gobierno estadounidense a revertir deportaciones consideradas indebidas.
En febrero de este año, un juez federal en Boston ordenó a la Administración Trump facilitar el regreso de Any Lucía López Belloza, una estudiante universitaria hondureña deportada pese a existir una orden judicial que impedía su expulsión.
Sigue leyendo:
Leave a Reply