Un jurado federal impuso severas condenas a ocho personas vinculadas al ataque armado contra el Centro de Detención Prairieland del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrido el 4 de julio de 2025 en Alvarado, Texas. La sentencia más dura recayó sobre Benjamin Hanil Song, señalado por los fiscales como el principal organizador de la operación, quien fue condenado a 100 años de prisión por intentar asesinar a un agente de policía durante el incidente.
Las sentencias, dictadas por los jueces federales Mark T. Pittman y Reed O’Connor en Fort Worth, representan uno de los castigos más severos impuestos en un caso de violencia política reciente y llegan a pocos días del primer aniversario del ataque. De acuerdo con las autoridades federales, Song fue declarado culpable de intento de asesinato, uso de arma de fuego durante un delito violento y otros cargos relacionados con terrorismo doméstico.
Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que Song disparó contra un agente de policía de Alvarado, hiriéndolo en el cuello mientras respondía a una llamada de emergencia en el centro de detención. En conjunto, los ocho acusados sentenciados recibieron penas que suman 450 años de prisión federal.
Fiscalía describe un ataque planificado durante meses
Según las pruebas presentadas en el juicio, el grupo habría organizado durante meses la operación contra las instalaciones migratorias. Los investigadores señalaron que los involucrados adquirieron decenas de armas de fuego, equipo táctico, material explosivo y utilizaron aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar sus movimientos.
La fiscalía afirmó que los participantes llegaron al centro de detención vestidos de negro y con el rostro cubierto para ocultar su identidad. Durante la incursión, presuntamente lanzaron fuegos artificiales y otros artefactos explosivos contra las instalaciones, dañaron vehículos oficiales, realizaron actos de vandalismo y abrieron fuego cuando llegaron las fuerzas del orden.
Además de Song, Maricela Rueda fue condenada a 70 años de prisión, mientras que Cameron Arnold, Savanna Batten, Zachary Evetts, Bradford Morris y Elizabeth Soto recibieron sentencias de 50 años cada uno. Daniel Rolando Sánchez-Estrada fue condenado a 30 años por cargos relacionados con conspiración y ocultamiento de documentos vinculados a la investigación.
Otros siete acusados que previamente se declararon culpables serán sentenciados por separado en las próximas semanas.
Caso se convierte en referencia nacional
El proceso judicial atrajo atención nacional debido a que el Departamento de Justicia presentó el caso como un ejemplo de persecución contra actos de violencia dirigidos a instalaciones federales y agentes del orden. Funcionarios federales señalaron que la evidencia incluyó registros de comunicaciones, pruebas de ADN, huellas dactilares y testimonios de participantes que cooperaron con la investigación.
También se presentaron documentos y mensajes que, según la fiscalía, demostraban la existencia de una planificación detallada antes del ataque. La defensa de varios acusados sostuvo durante el proceso que las autoridades estaban utilizando el caso para criminalizar actividades de protesta y activismo político. Sin embargo, los fiscales argumentaron que los hechos excedieron cualquier manifestación protegida por la Constitución y constituyeron actos criminales violentos.
Las autoridades informaron que, hasta ahora, 16 personas han sido condenadas en relación con el ataque al Centro de Detención Prairieland. La investigación fue encabezada por el FBI, ICE, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y agencias policiales locales.
El caso podría seguir generando repercusiones legales y políticas debido al debate nacional sobre la clasificación de grupos extremistas, la violencia contra instalaciones federales y los límites entre la protesta política y los actos criminales.
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