“Deportado o muerto”: HRW y ACLU denuncian graves abusos contra migrantes en Camp East Montana

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La política de detención migratoria en Estados Unidos volvió a quedar bajo escrutinio tras la publicación de un informe de Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que documenta presuntas violaciones a los derechos humanos en Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes del país, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas.

El documento, de 84 páginas, reúne testimonios de decenas de personas detenidas entre octubre de 2025 y junio de 2026, quienes denunciaron golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado, obstáculos para acceder a representación legal y condiciones de reclusión que, según las organizaciones, podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional.

Camp East Montana, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene capacidad para albergar hasta 5,000 personas en cinco estructuras tipo carpa instaladas dentro de Fort Bliss.

Denuncian uso excesivo de la fuerza y muertes bajo custodia

Uno de los casos que centra el informe es la muerte del ciudadano cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, ocurrida el 3 de enero de 2026 mientras permanecía en una unidad de aislamiento.

De acuerdo con testimonios recopilados por HRW, varios guardias lo inmovilizaron después de que solicitara sus medicamentos. Algunos detenidos aseguraron haber escuchado al migrante gritar repetidamente: “No puedo respirar” antes de que el lugar quedara en silencio. En su momento, ICE informó que el personal encontró al detenido con problemas médicos y que intentó reanimarlo. Sin embargo, la autopsia determinó que falleció por asfixia derivada de la compresión del cuello y el torso, además de clasificar la muerte como homicidio.

Deportado o muerto HRW y ACLU denuncian graves abusos contra migrantes en Camp East Montana
Migrantes con mascarillas y grilletes en manos y pies permanecen sentados en un avión militar en Fort Bliss, El Paso, Texas, el 30 de enero de 2025, a la espera de ser deportados a Guatemala.
Crédito: Christian Chavez/ Archivo | AP

El informe sostiene que Lunas Campos fue uno de los tres migrantes fallecidos en Camp East Montana durante los últimos seis meses y forma parte de las decenas de muertes registradas bajo custodia migratoria desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según cifras citadas por las organizaciones.

Además de este caso, 64 de las 71 personas entrevistadas afirmaron haber sufrido agresiones físicas o presenciado golpizas presuntamente cometidas por personal de seguridad del centro. Varios testimonios describen que los guardias portaban uniformes negros, máscaras y carecían de identificaciones visibles.

Javier C., entrevistado en Ft. Bliss, Texas, diciembre de 2025, señaló: “Nunca había sentido el racismo como lo he sentido aquí dentro de este centro de detención. Cuando llegué por primera vez, los guardias me dijeron: “Cuando llegues a El Paso, Texas, no hay vuelta atrás. Solo saldrás deportado o muerto”.

Hacinamiento, falta de atención médica y llamados al cierre

El reporte también describe condiciones sanitarias deficientes dentro del complejo. Los entrevistados denunciaron módulos hacinados con hasta 72 personas compartiendo seis baños y seis duchas, instalaciones cubiertas de desechos, inundaciones frecuentes y escasez de productos básicos de higiene como jabón, pasta dental y desinfectante.

Las organizaciones documentaron además retrasos de semanas o incluso meses para recibir atención médica, interrupciones en tratamientos previamente prescritos y respuestas insuficientes ante emergencias de salud física y mental.

Algunos migrantes aseguraron haber permanecido largos periodos sin acceso al exterior ni actividades recreativas, mientras que otros reportaron haber perdido peso debido a porciones insuficientes o alimentos en mal estado. El informe también recoge denuncias de presuntas presiones para que algunos detenidos renunciaran a sus procesos migratorios y aceptaran ser deportados a terceros países, incluso cuando sus casos continuaban abiertos.

Tras presentar sus hallazgos, Human Rights Watch y la ACLU solicitaron al gobierno estadounidense cerrar Camp East Montana, realizar investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, revisar las denuncias de uso excesivo de la fuerza y garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas para el personal involucrado.

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