El gobernador Samuel García enfrenta el inicio de un juicio político impulsado por PAN, PRI y Morena desde el Congreso local por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. El tema lo llevará a comparecer el próximo 23 de junio en medio de la mayor vitrina internacional que ha tenido la entidad en décadas, el Mundial de fútbol de la FIFA. Monterrey es la tercera sede en México y allí se disputará el domingo el primer juego mientras su mandatario local es orillado a la picota.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León —de mayoría opositora— con seis votos de panistas, priistas y morenistas, aprobó este viernes, dar trámite al procedimiento en contra del mandatario emanado de Movimiento Ciudadano. Los diputados locales determinaron que existen elementos suficientes para dar luz verde a una investigación aupada por Morena, que acusa a García de participar en una presunta triangulación de cerca de 3.000 millones de pesos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador.
La decisión ha llegado en un momento particularmente incómodo para el mandatario. Mientras Monterrey, siendo sede mundialista, busca mostrarse ante el mundo como una ciudad capaz de organizar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, el nombre de su gobernador se encuentra en medio de una polémica
El resolutivo aprobado por la Comisión Anticorrupción aún debe superar varios filtros legislativos. Tras la comparecencia del gobernador, el expediente será turnado al pleno del Congreso, donde necesitará el respaldo de una mayoría calificada para prosperar. En números, eso significa al menos 28 de los 42 votos que integran la Legislatura local. El escenario luce cuesta arriba para García. Movimiento Ciudadano apenas cuenta con 10 escaños, mientras que la oposición suma una mayoría holgada repartida entre PAN (10), PRI (8), Morena, Partido Verde y PT, fuerzas que en los últimos meses han coincidido en el choque con el gobernador.
El argumento del bloque opositor en el Estado es que los hechos denunciados podrían constituir una afectación grave a los intereses públicos fundamentales. “Los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado”, señala el documento.
La Comisión ha puesto como fecha para que García acuda a comparecer, el próximo 23 de junio a las 16.00 horas. El gobernador podrá hacer acto de presencia, enviar una respuesta por escrito o presentar sus argumentos mediante un representante legal. Tendrá además un plazo de 15 días hábiles para ejercer su derecho de defensa.
La denuncia fue presentada formalmente por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien también promovió una acusación ante la Fiscalía General de la República por los mismos hechos. Según el partido, existe evidencia de que los recursos provenientes de distintas dependencias estatales habrían transitado a través de empresas privadas hasta llegar a un despacho jurídico donde participa el padre del gobernador.
La ofensiva de Morena ocurre después de semanas de presión política sobre el mandatario y se suma a una larga lista de enfrentamientos entre el Gobierno estatal y un Congreso dominado por fuerzas opositoras. Desde el inicio de su administración, García ha mantenido una relación conflictiva con el PRI y el PAN, partidos que han utilizado su mayoría legislativa para bloquear nombramientos, presupuestos e iniciativas clave. Sin embargo, aunque la denuncia fue impulsada por Morena, tres de los cuatro legisladores de la agrupación guinda se ausentaron durante la sesión. Solo la diputada Grecia Benavides participó y dio su voto para dar luz verde al procedimiento.
Desde Movimiento Ciudadano, la respuesta fue inmediata. La coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes, calificó el procedimiento como un acto de persecución política y aseguró que la denuncia carece de sustento jurídico suficiente. Según la legisladora, buena parte de las acusaciones tienen como única base investigaciones periodísticas y no pruebas concluyentes. “Están tercos en querer mantener esta crispación”, reprochó Pámanes, quien solicitó que la petición fuera desechada por considerar que más de la mitad de los señalamientos carecen de fundamento. Su propuesta fue rechazada.
Por ahora, el juicio político no implica una destitución automática. La propia comisión ha reconocido en su resolución que una eventual separación del cargo solo podría ser determinada por el Tribunal Superior de Justicia al término del procedimiento. Aun así, el golpe político está dado.
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