La frase fue lapidaria: “Ya sabrán ellos por qué”. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se refería así a la entrega elegida del general Gerardo Mérida a autoridades de Estados Unidos a mediados de mayo. En el plural incluía al excompañero de gabinete de Mérida en Sinaloa, Enrique Díaz, antiguo secretario de Finanzas, cuyo destino parecía idéntico al de Mérida, pero que todavía hoy resulta un misterio: no ha comparecido ante ningún juez y no está claro dónde está ni en calidad de qué. Con Mérida, jefe de la policía estatal entre 2023 y 2024, la cosa parecía clara desde el principio. Rendido ante la justicia de EE UU, Sheinbaum deslizaba una acusación difícil de verbalizar: él sabrá por qué lo hizo.
General de División, cuyo paso por el olimpo militar fue más bien mediocre, según personas que conocieron su desempeño, Mérida apareció en el radar de las autoridades del país vecino en sus años al frente de la policía estatal de Sinaloa. El Departamento de Justicia le acusa de recibir dinero de una de las facciones escindidas del desaparecido Cartel de Sinaloa, Los Chapitos; de evitar detenciones de personajes ligados a este grupo; de avisarles de operativos y, en general, de ser parte de su organización. La acusación incluye a Díaz y a otros ocho funcionarios sinaloenses, antiguos y en funciones, caso del mismo gobernador, Rubén Rocha. De los 10, el único que ha aparecido, encadenado, ante un juez, al otro lado de la frontera, ha sido Mérida. Y lo ha hecho por voluntad propia.
“Al principio pensé que le habían dicho que se fuera para allá”, cuenta una persona conocedora de la jerarquía militar, cuya identidad pide resguardar, para evitarse problemas. “Supongo que preguntó, pidió instrucciones [en la Secretaría de la Defensa Nacional] y le dijeron, ‘¿hiciste algo malo?’ y, por lo que fuera que contestara, le dijeron que se fuera”, añade. “Pero luego pensé que igual se vio solo”, concluye. Para esta fuente, las decisiones de Mérida le retratan, cosa que comparte con la misma Sheinbaum. En su caso, es más contundente. “Vi que se había amparado. Si te amparas, es que algo has hecho”, zanja.
El amparo de Mérida es una parada interesante en su itinerario legal. El Departamento de Justicia hizo públicas sus acusaciones el 29 de abril, un miércoles, decisión previa a una solicitud de extradición. Justo una semana después, sus abogados le habían tramitado una protección procesal, el famoso amparo, que impedía su detención para una posible extradición posterior. Eso ocurría el 6 de mayo y apenas cinco días más tarde, el 11, Mérida cruzaba la frontera por Nogales, en Arizona, y se entregaba a las autoridades del país vecino. ¿Qué pasó en esos 12 días, en que Mérida transitó de buscar un armazón legal contra la extradición, a renunciar a él y entregarse a sus perseguidores?
La pregunta anterior juguetea con otras, que apuntan a la diferencia entre su camino y el del resto de acusados, Díaz aparte, o al absoluto silencio del estamento militar sobre su caso, todo un general de división, el máximo grado castrense, un general de tres estrellas, solo superado por las cuatro que figuran en la solapa del secretario de la Defensa. El titular actual, Ricardo Trevilla, de visita este viernes en Sinaloa, no ha dicho una sola palabra sobre su colega, ni ahora ni antes. Al menos en público. El caso contrasta con la defensa que en su día hizo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa del Gobierno anterior, acusado igualmente de proteger al narco, detenido en 2020 en Los Ángeles.
Aquel caso abrió una grieta en los canales de comunicación entre las agencias de seguridad de ambos países, ruptura anclada a la postura de México, inamovible en la defensa de Cienfuegos. El Gobierno no paró hasta que el general volvió a su país para ser juzgado, cosa que ni siquiera ocurrió: a los dos meses, la Fiscalía General de la República lo exoneró. Ahora, los movimientos de unos y otros han impedido que se abra otra grieta, o que la anterior se ampliara. Las exigencias del Gobierno de Estados Unidos a Sheinbaum en materia de seguridad han dado nueva vida al instituto castrense, alumno aventajado, cabeza del operativo que acabó con uno de los criminales más buscados a ambos lados de la frontera, Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En ese sentido, el caso Mérida, candidato para bajar del pedestal al Ejército, se ha desinflado. Jefe de la sección II del Estado Mayor, aparato de inteligencia castrense, que no llegó a dirigir ni seis meses –hecho que muestra la escasa confianza que le tenían en el alto mando–, el general aguarda ahora una rendija por la que salir del enorme enredo en que anda metido. En México, la posibilidad de que Mérida se convierta en testigo de la Fiscalía estadounidense gana fuerza. Con 66 años, los cargos en su contra lo condenarían a prisión por el resto de su vida. Lo que diga a los fiscales en Nueva York podría evitarle una muerte entre rejas.
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