La Embajada de China en Argentina acusó a Estados Unidos de utilizar la revocación de visas para obstaculizar la cooperación entre una empresa local y la china Huawei, según un comunicado publicado el miércoles en sus redes sociales.
“La Embajada de Estados Unidos en Argentina ha avivado deliberadamente la “teoría de la amenaza china”, generalizando el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”, indicó.
La Embajada de Estados Unidos en Argentina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, un estrecho aliado de su par argentino Javier Milei, ha expresado su preocupación por la influencia de China en América Latina, incluida Argentina, que tiene a Pekín como su socio comercial más importante.
A principios de esta semana, los bancos centrales de China y Argentina renovaron un acuerdo bilateral de intercambio de divisas por un total de 130,000 millones de yuanes (19,300 millones de dólares) por un período de cinco años.
Este 7 de agosto Abelardo De La Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia en la ciudad de Cali. Ese acto marcará el inicio de un cuatrienio de profunda polarización y tensiones institucionales.
Tras unos comicios presidenciales estrechos, donde la diferencia en el escrutinio oficial de la segunda vuelta el 21 de junio apenas superó los 250.000 votos, el país enfrenta el choque inevitable entre dos visiones ideológicas radicalmente opuestas: el modelo de una nueva derecha, que De La Espriella a ofrecido a sus electores bajo el slogan de la ‘Patria Milagro’, y la estrategia de oposición, impulsada por Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, quien perdió en el balotaje contra el ahora presidente electo.
“Después de haber acudido a todas las formas de lucha (los opositores) han optado, sin ninguna razón, por no reconocer el triunfo de la democracia en las urnas y declarar una tal desobediencia civil”, dijo este domingo en una publicación en sus redes sociales De La Espriella. “No podemos normalizar, queridos compatriotas, que quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha, y perdieron, estén preparando la desestabilización del país”, añadió.
El excandidato y ahora senador Iván Cepeda ha planteado un muro de contención pacífico frente a los anuncios de la nueva administración. Para eso, convocó a marchas y manifestaciones contra De La Espriella en varias ciudades del país para el día de la asunción. “No aceptamos que se nos impida el ejercicio democrático del derecho que tenemos a la oposición política. Nuestra presencia en varias manifestaciones en Cali, Barranquilla y Bogotá son una manifestación pacífica de desobediencia civil y soberanía popular”, dijo Cepeda en sus redes sociales. “Sobre el juramento de posesión de Abelardo De La Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimento que solo es subsanable con su renuncia a ella para ser reconocido como jefe de estado plenamente legítimo”, añadió.
Cepeda ha hecho varios llamados a sus seguidores y a las organizaciones sociales a movilizarse en las calles para defender los avances sociales, ambientales y laborales que, según él, logró el Gobierno del presidente Gustavo Petro en los últimos años.
El desafío que enfrenta De la Espriella
El escenario político de los próximos cuatro años estará determinado por la capacidad del Gobierno entrante para consolidar su mandato en medio del descontento de la izquierda, y por la disciplina con la que la oposición conduzca sus reclamos dentro del marco constitucional.
“Es un reto inmenso para De La Espriella, que deberá lograr mayorías en el Congreso de la República para sacar adelante sus proyectos ms importantes en materia económica, social y de seguridad, y al tiempo enfrentar a la oposición en las calles”, dijo a CNN el analista político y sociólogo Edwin Salcedo. “Y mucho más teniendo en cuenta el papel protagónico de Petro como expresidente y líder de esa oposición. Seguramente viviremos tiempos complejos de enfrentamientos sociales, especialmente el próximo año cuando se sienta el rigor de la crisis fiscal. Y también de cara a las elecciones regionales en las que se erigirán alcaldes y gobernadores, que se constituye en otro pulso político entre la izquierda y la derecha”.
El margen de maniobra del nuevo Poder Ejecutivo estará bajo constante escrutinio judicial y parlamentario para evitar transgresiones a los contrapesos democráticos, advierten algunos analistas.
Por el momento, De La Espriella empezó a cumplir varias de sus promesas de campaña, como gobernar desde las regiones, y por eso eligió realizar la ceremonia de investidura en Cali, desafiando la tradición de hacerla en Bogotá, la capital de Colombia. También tendrá sedes alternas de la presidencia en Medellín y Barranquilla. Además, ha anunciado una serie de decretos que aseguró que serán presentados de manera inmediata para abordar la crisis en el sector de la salud, fortalecer la fuerza pública y reducir el tamaño burocrático del Estado.
El presidente electo ha manifestado en varias ocasiones que su Gobierno trabajará estrechamente en alianza con Washington y Tel Aviv, junto con el replanteamiento del papel de Colombia en organismos multilaterales.
De La Espriella ya anunció el cierre de 14 embajadas y misiones diplomáticas y el rompimiento de relaciones bilaterales con Cuba y Nicaragua. Así, puso en funcionamiento un modelo radicalmente distinto al de Petro, que buscó alianzas con el llamado sur global y que rompió relaciones diplomáticas con países como Israel. Resta ver cómo sorteará los obstáculos que se le presenten.
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En sólo 24 horas, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva vio agravarse sus crisis diplomáticas con Estados Unidos y Argentina, a dos meses de los comicios en los que el mandatario izquierdista buscará la reelección.
El gobierno de Donald Trump revocó el martes la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, tras haber aplicado en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, lo que Lula denunció como intentos de interferencia política.
Brasil rebajó el martes su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios, luego de que el ultraliberal presidente argentino Javier Milei llamara por segunda vez “ladrón” a Lula en pocos días.
Milei es un aliado de Trump, quien ha apoyado a varios candidatos de derecha victoriosos en recientes campañas electorales en países de América Latina, como Honduras o Colombia.
Para Brasilia, los dichos de Milei contra Lula son una tentativa de agradar a Washington, dijo a periodistas una fuente del gobierno.
“Que nadie piense que va a poder entrometerse desde afuera” en las elecciones de octubre, afirmó este miércoles Lula en una entrevista con el canal digital Meteoro Brasil. Al sancionar a la embajadora brasileña, el gobierno de Trump “tomó una actitud irresponsable, impensada, (…) totalmente innecesaria”, agregó.
La medida no implica la expulsión de la representante diplomática, aunque si sale de Estados Unidos no podrá regresar.
Lula arrastra tensiones con Washington desde 2025, cuando Trump impuso aranceles a Brasil —luego suspendidos en buena medida— en represalia por un juicio por golpismo que terminó con el expresidente Jair Bolsonaro preso.
Bolsonaro es el padre del principal rival de Lula en los comicios de octubre, Flávio Bolsonaro.
Urnas electrónicas
Brasilia negó en julio las visas a dos funcionarios estadounidenses “que vendrían para entrometerse y fiscalizar e investigar las urnas brasileñas”, dijo Lula este miércoles.
Una fuente diplomática brasileña dijo a la AFP que “llamó la atención” que esas visas se pidieran un día antes de que Flávio Bolsonaro cuestionara la fiabilidad del sistema electrónico de votación de Brasil, con planteamientos similares a los que llevaron a la inhabilitación política de su padre.
El Departamento de Estado ha desmentido intenciones de “socavar las elecciones” brasileñas y le reclama al gobierno de Lula que apruebe la nominación de un nuevo embajador estadounidense en Brasilia, argumento usado para revocar la visa de la representante brasileña en Washington.
Problemas de vecinos
Las relaciones también se tensaron con Argentina, cuyo primer socio comercial es Brasil.
El canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo el miércoles que tras “reiterados insultos y agresiones” de Milei al presidente Lula, el gobierno decidió rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina.
“Brasil y Argentina siempre han mantenido excelentes relaciones (…) que, lamentablemente, intentaron destruir en este momento”, dijo Vieira en una entrevista al medio argentino Perfil, de la que se publicaron extractos en la cuenta en Instagram de la cancillería.
Una fuente diplomática brasileña dijo a la AFP que la nueva situación se mantendrá “mientras persistan los ataques a las instituciones democráticas brasileñas”.
Brasil llamó en julio a consultas a su embajador en Argentina, luego de que Milei se refiriera a Lula como “ladrón” y “presidiario” durante el lanzamiento de la candidatura de su aliado Flávio Bolsonaro en Sao Paulo.
El presidente argentino reiteró el domingo esos calificativos en una entrevista con LN+, por lo que Brasilia decidió por ahora no volver a enviar a su embajador a Buenos Aires.
La cancillería argentina afirmó el martes que Brasil le pidió retirar a su embajador en Brasilia, aunque una fuente diplomática brasileña dijo a la AFP que esa decisión cabe al gobierno argentino.
Lula mantiene una fría relación con Milei desde que el ultraliberal asumió en Argentina en 2023. Al frente de dos países vecinos y socios estratégicos en el Mercosur, nunca han tenido una cita bilateral.
El incendio forestal desatado desde el último lunes en el santuario histórico de Machu Picchu, al sureste de Perú, ha afectado preliminarmente a 1,5 hectáreas de bosque primario (virgen o nativo), a la altura del kilómetro 107,4 de la vía de acceso al centro poblado, y es combatido por brigadas especializadas, informó este miércoles (05.08.2026) el ministerio peruano del Ambiente.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), dependiente del citado ministerio, precisó que las brigadas ejecutan las labores de combate directo en un escenario de alta dificultad, con pendientes cercanas al 70 %, caída de rocas y desprendimiento de troncos.
Una evaluación técnica del Sernanp determinó que se trata de un incendio de tipo mixto (superficial y subterráneo) en la base del cerro Poques, dentro del área del Santuario Histórico de Machu Picchu, un área natural protegida que conserva uno de los ecosistemas más importantes del país y forma parte del patrimonio mundial.
Además de las brigadas que integran 15 guardaparques, ocho trabajadores de la municipalidad y seis integrantes de la empresa de transporte hacia la ciudadela, el Ministerio del Ambiente anunció el apoyo de militares para reforzar las labores de control del incendio.
El martes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló en un comunicado que está “realizando un permanente monitoreo de la situación” y confirmó que “como consecuencia de esta emergencia, la circulación de trenes en dicho tramo ha sido suspendida temporalmente por razones de seguridad”.
El ministerio solicitó “la comprensión de los turistas nacionales y extranjeros ante las medidas adoptadas” por el concesionario de la vía férrea, Ferrocarril Trasandino (Fetransa).
Estas medidas “tienen como objetivo primordial salvaguardar la integridad de los pasajeros, del personal operativo y garantizar condiciones seguras y adecuadas para restablecer el funcionamiento de la vía férrea”, indicó.
La empresa Perú Rail, que opera los trenes hacia la ciudadela Inca, confirmó que el martes no salieron tres frecuencias desde la estación de Ollantaytambo, además de otras siete desde la estación de Machu Picchu.
El sitio arqueológico, que se ubica a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la zona selvática de Cusco, recibe desde junio pasado 5.600 visitantes diarios, tras el inicio de la temporada alta, que llevó a la ampliación del aforo establecido en principio en 4.600 personas.
El Canal de Panamá anunció el miércoles que endurecerá los límites sobre la carga máxima que pueden transportar los grandes buques en las próximas semanas, pues los niveles de agua y las condiciones meteorológicas siguen ejerciendo presión sobre esta importante ruta comercial.
La autoridad del canal indicó que los buques que utilicen sus esclusas Neopanamax más grandes tendrán un calado máximo de 14.63 metros a partir del 26 de agosto y de 14.48 metros a partir del 3 de septiembre hasta nuevo aviso. El calado es la profundidad de agua que necesita un buque para flotar con seguridad, por lo que un límite de calado más bajo significa que los buques podrían tener que transportar menos carga para poder atravesar el canal.
La autoridad explicó que la decisión se basó en el nivel actual del lago Gatún —que suministra el agua necesaria para elevar y bajar los buques a través de las esclusas del canal— y en previsiones meteorológicas recientes.
La autoridad del canal también señaló que aún se dejan sentir los efectos de El Niño, un fenómeno climático que en Panamá puede contribuir a una menor pluviosidad y a condiciones más secas.
La autoridad señaló que la temporada de lluvias ya ha comenzado en Panamá, pero que las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica siguen exigiendo medidas adicionales de ahorro de agua para proteger la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones del canal.
La autoridad del canal ha señalado que, por el momento, no está reduciendo el número de buques autorizados a transitar por las esclusas Neopanamax o Panamax. No obstante, ha advertido de que las condiciones meteorológicas están cambiando más rápidamente de lo previsto inicialmente y ha indicado que podrían anunciarse nuevos cambios operativos.
El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles (05.08.2026) una investigación contra más de un centenar de policías, tras la filtración de un informe de inteligencia que los vincula con narcotraficantes.
Un documento interno de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública identificó a 116 policías que supuestamente estarían ligados a bandas de tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.
“No vamos a tolerar ninguna corrupción en los cuerpos policiales”, señaló la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en una rueda de prensa en la que se anunció la pesquisa.
El informe, divulgado el martes por el diario local La Nación, habría sido entregado el pasado 14 de abril a dos funcionarios del anterior presidente Rodrigo Chaves.
Fernández asumió el poder en mayo con el respaldo de Chaves, quien ahora es su ministro de Hacienda.
El titular de Seguridad, Gerald Campos, dijo que enviará el documento a la fiscalía para que proceda contra los agentes presuntamente implicados y las autoridades que recibieron en ese entonces el informe “y no lo tramitaron”.
No se ordenó investigación en gobierno anterior
“Hemos revisado todo y no se ordenó ninguna investigación”, se quejó Campos, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno de Chaves.
Según el informe, algunos de los agentes habrían desempeñado labores de escolta para los criminales, además de coordinar aterrizajes clandestinos de aeronaves presuntamente con droga.
“No vamos a dejar que ese puñado ensucie el honor de los policías valientes y honorables de Costa Rica”, afirmó la presidenta.
Fernández agregó que los agentes que resulten condenados irán a una prisión de máxima seguridad.
La mandataria derechista asumió el poder con la promesa de aplicar mano dura contra el narcotráfico, al que vincula con un aumento de la criminalidad en el país, considerado por décadas uno de los más seguros de la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México, China, Japón, Corea del Sur y Alemania se han aprovechado de su país por medio de la imposición de aranceles.
En un evento realizado este miércoles en las Vegas, Nevada, el mandatario también calificó a Canadá como “desagradable”, al advertir que la dinámica comercial de Estados Unidos ya no favorece a dichos países y destacó que su gobierno revirtió la situación.
“Nos han perjudicado durante años con aranceles impuestos por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos. Por Canadá, Canadá es repugnante. Sí, sí lo son. Son repugnantes. Me encanta su gente, pero son desagradables. Un liderazgo repugnante. Y México. Todos lo han hecho”, dijo Trump durante su visita al Red Rock Casino Resort and Spa para promover la reciente iniciativa de alivio fiscal de su administración.
El presidente estadounidense destacó el regreso de plantas manufactureras al país y la recuperación de la industria manufacturera, principalmente en el sector automotriz.
Los comentarios de Trump se dan poco más de una semana después de que una delegación estadounidense se reunió con autoridades mexicanas en la Ciudad de México para la tercera ronda de negociaciones para la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tras tres días de reuniones en la Ciudad de México, ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones a principios de septiembre en Washington, con el objetivo de seguir acercando posiciones antes de que termine el año.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, quien además sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
El presidente chileno José Antonio Kast anunció el miércoles en un mensaje al país que impulsará un paquete de reformas en el Congreso para combatir el crimen organizado, una de sus principales promesas durante la campaña electoral.
Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, asumió el poder en marzo con el compromiso de poner en marcha un gobierno de “emergencia” que combatiera con mano dura la delincuencia y la migración irregular.
Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.
Su tasa de homicidios fue de 5.4 por cada 100,000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.
“Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (…) y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”, dijo Kast en un mensaje televisado.
El presidente anunció que enviará una reforma para agregar en la Constitución que el Estado tiene “el deber” de resguardar la seguridad de las personas.
Eso “nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas”, aseguró el mandatario.
Además, reiteró su intención de ampliar el periodo de retención de migrantes irregulares, cuyo plazo actual es de cinco días, y aumentar “la capacidad de expulsión efectiva” de indocumentados, sin entregar más detalles.
Dijo que endurecería las penas para quienes capten menores para integrar sus organizaciones criminales y que ampliaría el plazo de flagrancia de delitos de 12 a 24 horas para facilitar las detenciones.
Criticado por la falta de resultados rápidos en su política de “mano dura” contra el crimen, Kast pidió la renuncia de su primera ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, tras solo 69 días en el poder.
En julio, el Congreso de Chile aprobó casi la totalidad de una megarreforma legislativa que le otorga beneficios tributarios a grandes empresas y con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país. El martes pasó el último punto de la norma.
Ciudad de México, 5 ago (EFE).- La Secretaría de Salud de México confirmó este miércoles 33 casos de ciclosporiasis en diferentes estados del país y afirmó que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.
En un comunicado, la autoridad sanitaria detalló que los casos permanecen bajo seguimiento epidemiológico y que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los reportes de Estados Unidos y de viajeros británicos que visitaron el Caribe mexicano.
La institución aseguró que las autoridades de México y Estados Unidos no detectaron el parásito en las muestras tomadas en una empacadora de Guanajuato (centro de México), identificada por el gobierno estadounidense como posible fuente del brote, tras los señalamientos contra una empacadora de lechugas que distribuye la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell.
“Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas”, afirmó la Secretaría.
Por otro lado, la dependencia informó que inspeccionó 16 hoteles de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo (sur), donde se hospedaron viajeros británicos que contrajeron la infección.
Durante las visitas, concluidas el 4 de agosto, explicó, se realizaron entrevistas epidemiológicas, se revisaron los procesos y la trazabilidad de los alimentos, y se tomaron muestras de frutas, verduras y agua, cuyos resultados serán difundidos una vez concluyan los análisis correspondientes.
La ciclosporiasis es una infección intestinal que provoca principalmente diarrea intensa y frecuente, además de pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.
La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele proceder de frutas y verduras contaminadas.
En medio de una ardua batalla política en el Congreso, el gobierno de Javier Milei anunció la retirada, al menos de forma temporal, de su reforma de la norma que regula la venta de tierras en Argentina a extranjeros.
Este jueves el Senado argentino debe votar un proyecto llamado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluía una controvertida reforma de las normas que regulan la venta de tierras en el campo argentino a extranjeros.
Según el gobierno, la iniciativa tiene el objetivo favorecer nuevas inversiones, fortalecer la propiedad privada y eliminar restricciones que considera arbitrarias e ineficientes.
Sin embargo, algunos aliados parlamentarios del oficialismo, gobernadores de provincias, organizaciones sociales y opositores habían mostrado su rechazo a la reforma al considerar que favorecía a los grandes capitales extranjeros con graves consecuencias sociales y ambientales.
En un principio, para evitar una derrota en el Senado, el gobierno ofreció subir del 15% al 25% el límite máximo de tierras que pueden ser propiedad de extranjeros, luego que fracasara su intento de una liberalización total de las reglas.
Pero esa concesión no fue suficiente y este miércoles la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, anunció la retirada del capítulo de extranjerización de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el objetivo de que esta última sea aprobada en la sesión del jueves.
Este proyecto legislativo lleva meses empantanado en la Cámara Alta y su votación ya fue pospuesta en julio por falta de acuerdo.
Bullrich dijo en un comunicado que la eliminación del capítulo III de la norma que modificaba la Ley de Tierras vigente desde 2011, “fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”.
“La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”, señala el comunicado.
1- Qué proponía la reforma
El plan del gobierno de facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros era la parte más controvertida de un proyecto mucho más amplio, bautizado por el Gobierno como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Esta ley, enviada al Congreso en marzo, contempla acelerar los desalojos de personas, obstaculizar la expropiación de tierras y reducir la protección de áreas afectadas por incendios, entre otros aspectos.
El proyecto busca eliminar distintas normas relacionadas con la regulación de la propiedad de los suelos que el gobierno de Milei considera un obstáculo para la inversión y a la seguridad jurídica.
En su tercer capítulo, ahora retirado, la iniciativa proponía derogar el corazón de la Ley 26.737 de Tierras Rurales que está vigente en el país desde 2011 y que fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández.
La última versión de la ley impulsada por Milei proponía que los extranjeros pudieran ser propietarios de hasta un 25% del territorio. [Getty Images]
Esa ley establece, entre otras cosas, que los extranjeros no pueden ser dueños de más de un 15% de las tierras del país, de cada provincia y de cada municipio.
Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas por cada propietario extranjero y regula la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, zonas de frontera y áreas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.
El límite de propiedad individual de hectáreas se refiere a aquellos terrenos que están en “zonas núcleo”, es decir, las tierras agrícolas de mayor productividad.
Por otro lado, la ley actual también señala que los extranjeros no pueden adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de grandes cuerpos de agua permanentes ni, en principio, inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Lo que buscaba el gobierno era eliminar todas esas restricciones. Sin embargo, por falta de votos, tuvo que frenar la iniciativa.
Nada más llegar a la Casa Rosada, Milei intentó derogar la Ley de Tierras vigente a través de un decreto en diciembre de 2023, pero tuvo que dar marchas atrás por falta de respaldo.
Y en esta ocasión, el oficialismo hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurar los votos, aunque finalmente no lo consiguió.
2- Por qué defiende la reforma el gobierno de Milei
El Gobierno sostiene que su proyecto permitirá atraer inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario rural y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios. Por eso, plantea, es necesario eliminar las trabas que impone la ley vigente.
“En su estado actual, es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”, dijo en mayo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, frente a las Confederaciones Rurales Argentinas.
Sturzenegger agregó que si se derogaba la ley de 2011, Argentina podría obtener inversiones cercanas a los US$15.000 millones, sin dar detalles sobre el origen de esos capitales.
El objetivo del oficialismo es eliminar las regulaciones que, bajo su prisma, limitan el desarrollo económico de zonas que, con grandes inversiones extranjeras, podrían transformarse en tierras productivas.
El gobierno defiende que la reforma busca dinamizar el mercado inmobiliario rural y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios. [Getty Images]
Roberto Frenkel, presidente de la empresa inmobiliaria rural Bullrich Campos y partidario del proyecto oficialista, asegura que las regulaciones han profundizado el atraso en zonas que prosperarían si los capitales ingresaran libremente.
“Hay una demonización del extranjero, pero las provincias necesitan inversión”, le dijo a BBC Mundo antes de conocerse la retirada de la reforma sobre la extranjerización de la tierra.
La inversión extranjera, agregó, no va a generar pobreza ni va a afectar los recursos naturales.
Al contrario, afirmó, “la tierra no da nada si no la trabajas” y lo que se necesita es producir riqueza, generar empleos y desarrollo, independientemente de que sea un argentino o un extranjero el que invierte.
Ante las críticas sobre el peligro para la soberanía nacional de la venta de extensas áreas de tierra en zonas fronterizas, los defensores de la reforma sostienen que el suelo siempre seguirá siendo parte del territorio argentino, aunque el propietario tenga otra nacionalidad.
Uno de los argumentos centrales de esta postura es que no existe una justificación económica para restringir la compra de tierras, como tampoco una geopolítica vinculada a las fronteras del país.
También defienden que el proyecto del gobierno no tendría un impacto negativo en las comunidades locales, ni en los pequeños agricultores o los recursos naturales.
“Son tierras abandonadas”, dijo Frenkel.
El gobierno también ha señalado que imponer límites únicamente por la nacionalidad del comprador viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho de cualquier inversor que desee adquirir tierras para desarrollarlas.
Y señala que Argentina debe competir con naciones vecinas como Uruguay y Brasil, que imponen menos restricciones a los capitales extranjeros.
3- Qué dicen sus detractores
Los que se oponen a la reforma del gobierno Milei -organizaciones sociales, rurales, ambientales, grupos de científicos y legisladores de oposición- han articulado una serie de argumentos para defender la Ley de Tierras vigente desde 2011.
Las voces críticas aseguran que la tierra es un recurso estratégico que no se puede comparar con una inversión privada en cualquier otro tipo de activo.
“Es una extranjerización de tierras que favorece a las grandes corporaciones multinacionales”, dice Matías Oberlin. [Getty Images]
“Es una extranjerización de tierras que favorece a las grandes corporaciones multinacionales”, dijo Matías Oberlin, historiador y miembro del Observatorio de Tierras, en diálogo con BBC Mundo.
Oberlin defiende que no es una posición contraria a personas extranjeras que quieran mudarse a Argentina, sino un rechazo a que los grandes fondos de inversión o los magnates hagan negocios sin ninguna regulación.
“Querían vender Argentina”, dice Oberlin.
A los opositores les preocupa que la reforma del gobierno aumente la concentración de la propiedad de la tierra, en detrimento de los pequeños y medianos productores y de las comunidades locales.
El Observatorio de Tierras publicó un estudio en el que señala que cerca de un 5% del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros. Una de las claves de la discusión no se centraba en la cantidad de tierras, sino en las zonas estratégicas donde estas se encuentran.
El análisis señala que, si bien actualmente son 13 millones de hectáreas las que se encuentran en manos de extranjeros, su distribución no es homogénea.
Mientras en algunas partes del país las propiedades extranjeras son escasas, en otras superan los límites de la legislación actual.
Organizaciones que se oponen a al reforma argumentan que podía tener efectos ambientales y sociales negativos. [Getty Images]
Aquellas zonas que generan especial interés comercial, agrega el informe, contienen recursos estratégicos como agua dulce, minerales, bosques, puertos y pasos fronterizos. “Son puntos críticos”, advierte Oberlin.
El investigador afirma que han detectado 36 departamentos (unidades territoriales dentro de las provincias) en los que las tierras compradas por empresas o indivíduos extranjeros superan el límite de 15% establecido por la ley vigente.
Esos departamentos, explica, están ubicados en zonas cercanas a límites territoriales y son ricas en recursos naturales.
La reforma impulsada por el gobierno Milei, argumentaban sus detractores, podía causar graves perjuicios en la Patagonia y otras zonas del país, poniendo en riesgo acuíferos, lagos, humedales o reservas de agua dulce.
También argumentaban que la venta de tierra a extranjeros en zonas fronterizas podría favorecer las actividades del crimen organizado y poner en riego la soberanía nacional.
Ahora que el proyecto ya no incluye la extranjerización de tierras, los críticos continúan oponiéndose al resto de la ley que debe votar el Senado este jueves por sus efectos en expropiaciones, desalojos y las normas que regulan el uso de las tierras quemadas.
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