El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó este viernes que sostuvo una llamada de trabajo con el canciller del Perú, Carlos Espá, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Velasco Álvarez precisó que acordó que los equipos de las dos cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas.
El titular de la SRE agradeció su gestión para el otorgamiento del salvoconducto a la expresidenta Betssy Chávez, y confirmó que ya se encuentra en México.
Además de la disposición de las autoridades peruanas para concretar este paso, en beneficio de los dos pueblos y de los lazos históricos que los unen.
“Con el liderazgo de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori en cada país, y el respeto mutuo entre ambos gobiernos, se abre una nueva etapa entre México y Perú”, finalizó el canciller mexicano en un mensaje en redes sociales.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó más temprano que la exprimera ministra Betssy Chávez llegó a México tras el salvoconducto de Perú
Sheinbaum Pardo confirmó que Perú otorgó un salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien llegó a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana tras permanecer asilada en la Embajada de México en Lima.
“Fue otorgado el salvoconducto (…) Entiendo que ya aterrizó, a las 7:43 horas, ya está en México, acompañado de dos personas de la SRE”, indicó Sheinbaum en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo este viernes en un comunicado que acordó con México reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
la relaciones fueron interrumpidas desde fines del año pasado luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo a una exfuncionaria del destituido el mandatario Pedro Castillo.
En otro comunicado conjunto sobre el restablecimiento de las relaciones, ambos gobiernos anunciaron además que Lima otorgó a la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, salvoconducto para que viaje a México.
El Gobierno de Perú dijo que la entrega del salvoconducto se realiza “con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez”, conforme a los tratados aplicables a ambos Estados en caso de que las autoridades peruanas lo requieran, refirió el comunicado.
El canciller peruano, Carlos Espá, dijo a la radioemisora local RPP que Chávez partió del país casi a la medianoche del jueves rumbo a México en “buenas condiciones de salud”, luego de que la presidenta Keiko Fujimori firmara el salvoconducto.
Betssy Chávez está siendo procesada por la justicia local por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento fallido del expresidente Castillo de cerrar el Congreso a fines del 2022.
Ambos países no tenían respectivos embajadores desde inicios de 2023 tras una disputa por el apoyo del gobierno mexicano a Castillo, a quien consideran un preso político.
Antes de que tomara posesión como nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori había planteado su predisposición a normalizar las relaciones con México, una propuesta que su homóloga, Claudia Sheinbaum, recibió también de buen agrado.
A principios de noviembre de 2025, la Embajada mexicana en Lima concedió asilo político a Chávez tras ser condenada por su participación en el autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, lo que supuso el detonante de la ruptura de relaciones entre México y Perú, que venía fraguándose desde hace varios años.
Perú ya había expresado su malestar con México después de que hubieran estado criticando las medidas que se le impusieron a Castillo, cuya familia sí logró el asilo en el país.
Chávez, que había reclamado sin éxito una medida de gracia apelando a su mal estado de salud, ha estado refugiada durante todos estos meses en la Embajada mexicana en Lima, cuya seguridad ha estado a cargo de Brasil, después de que Perú decidiera cortar relaciones.
Los Gobiernos de Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, después de que el nuevo ejecutivo peruano, encabezado por la recién estrenada presidenta Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, aceptó dar el salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), entonces del partido Perú Libre.
Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, tras recibir asilo diplomático del Gobierno mexicano, podrá viajar ahora a territorio mexicano.
En un comunicado conjunto, ambos ministerios de Exteriores anunciaron que sus países retomarán las relaciones, rotas a todo nivel desde noviembre de 2025, cuando el Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, del partido Morena, dio asilo a Chávez, procesada y posteriormente condenada a 11 años y 5 meses de cárcel como el propio exmandatario Castillo, por un fallido intento de golpe de Estado de 2022.
El ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el viernes como presidente de Colombia decidido a combatir con mano dura a guerrilleros y narcos, en un giro que estrecha lazos con Washington y sepulta las negociaciones de paz.
El abogado millonario de 48 años, de nacionalidad estadounidense y aliado de Donald Trump, tomará juramento en Cali (suroeste), en una ceremonia inusual cerca de territorios bajo dominio de los grupos armados que avivan la peor ola de violencia en una década.
De la Espriella reemplazará a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que ejerció en Colombia y quien desconoce la elección de su sucesor por un supuesto fraude electoral que ninguna autoridad ha denunciado.
En el evento previsto para las 15H00 locales (20H00 GMT), De la Espriella jurará para un mandato de cuatro años con la promesa de una “nueva era” en Colombia.
El showman, que se hace llamar El Tigre, se comprometió a poner fin a los frustrados planes de paz de Petro, con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.
De la Espriella asumirá en una zona conflictiva contrario a la costumbre bicentenaria de hacerlo en Bogotá.
Cali, afectada recientemente por atentados guerrilleros, está blindada con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones para proteger a los invitados.
Al evento asistirán una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca en cabeza del fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel.
“Por los anuncios que ha hecho se nota que va a ser como de una mano fuerte, ojalá que no vaya a haber una nueva violencia”, dijo a la AFP Óscar Obando, trabajador informal en Cali de 67 años.
Petro descartó participar, pero sus aliados llamaron a protestas en las principales ciudades luego de perder las elecciones por el margen más estrecho de la historia.
– Con Estados Unidos –
De la Espriella irrumpió en la campaña como un outsider sin partido, conocido por defender narcos y celebridades.
Sus actos fueron espectáculos con fuegos artificiales, discursos detrás de un cristal blindado y un característico saludo militar que adoptó como respaldo a la fuerza pública en la ofensiva contra el narco.
El gobierno saliente advirtió de posibles “actos de terrorismo” el día de la investidura.
La asunción de De la Espriella en Colombia inclina aún más la balanza hacia la derecha comprometida con la guerra antinarco liderada por Trump en Latinoamérica.
El mandatario estadounidense respaldó al abogado, quien le aseguró que Colombia se relacionará como “nunca antes” con Washington.
El nuevo gobierno marca un punto de quiebre en las relaciones de ambos países, tras los constantes choques entre Petro y Trump.
“Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo”, dijo De la Espriella el domingo en su más reciente alocución.
– Una ofensiva inquietante –
El nuevo mandatario prometió intensificar los bombardeos contra campamentos guerrilleros con apoyo de Israel y Estados Unidos, así como construir megacárceles similares a las de El Salvador.
Su estrategia evoca la estrecha cooperación militar entre Bogotá y Washington de comienzos de siglo, que fortaleció la ofensiva contra guerrillas como las FARC antes del acuerdo de paz de 2016.
Si bien las principales estructuras insurgentes se debilitaron, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian graves violaciones.
De la Espriella recibe unas fuerzas militares con “capacidad limitada” en número de uniformados y “falta de equipamento” tecnológico, explica a la AFP Renata Segura, de International Crisis Group.
A la experta le preocupa un posible “daño colateral” que afecte a civiles, si se ataca con mano dura a grupos “muy adentrados” en los territorios.
Colombia tiene unas 25.000 personas en armas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.
– “Cambio total” –
“Necesitamos un cambio total”, “para Colombia creo que va a ser bueno, hay que apoyarlo para que no haya tanto crimen”, dijo Germán Angulo, un contratista de 63 años.
Antes de asumir, el nuevo presidente anunció que cerrará la oficina presidencial de paz y la de derechos humanos como parte de su plan de reducir el tamaño del Estado en un 40%.
En un primer gesto hacia ese bloque de derecha, De la Espriella anunció el mes pasado que romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba.
La ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ya no se concentra únicamente contra sus líderes. El 5 de agosto, su Departamento de Justicia hizo públicas acusaciones penales contra cinco presuntos jefes del cártel, junto con recompensas por más de 100 millones de dólares. Días antes, su Departamento del Tesoro sancionó a 55 personas y empresas ligadas al CJNG, incluido Juan Carlos Valencia, el Pelón, actual líder de la organización. Ahora la DEA anuncia haber identificado a funcionarios mexicanos que brindan protección al cártel. Es una acusación grave que exige pruebas contundentes.
Hasta ahora EU no ha identificado públicamente a un solo funcionario vinculado con esa acusación específica sobre el CJNG, ni ha presentado cargos formales ni evidencia alguna, algo que no es nuevo. El 29 de abril, el Departamento de Justicia solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador morenista con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. México pidió las pruebas por la vía diplomática y tres meses después, EU todavía no las ha entregado.
En años recientes, distintas agencias estadounidenses han investigado el lavado de dinero, el tráfico de fentanilo, el huachicol fiscal y las empresas fachada vinculadas con organizaciones criminales mexicanas, casos que terminaron en sanciones, decomisos relevantes y pocos procesos penales. Pero acusar a funcionarios de proteger a un cártel exige más que una declaración pública. Si EU dispone de pruebas sobre el CJNG, debería presentarlas ante los tribunales, no anunciarlas por adelantado, como sigue ocurriendo en el caso de Rocha Moya.
Existe además un riesgo de fondo. Convertir la cooperación bilateral en un intercambio permanente de señalamientos públicos sin procesos penales sólidos detrás podría erosionar más la credibilidad de ambos gobiernos.
Nada de esto minimiza el problema. Sería ingenuo suponer que organizaciones capaces de mover miles de millones de dólares, controlar territorios completos y operar durante décadas puedan hacerlo sin algún grado de protección institucional. La historia reciente confirma que esa infiltración existe. Lo que ahora falta es identificar con precisión quiénes han participado y acreditar judicialmente su responsabilidad.
Hay también un cambio de enfoque que merece atención. EU ya no limita su estrategia a perseguir cargamentos de droga: ahora designa como terroristas a las organizaciones criminales, investiga empresas, criptomonedas, fraudes electrónicos y presuntas redes de protección política, una visión mucho más amplia que la que ha predominado del lado mexicano.
Habrá que ver si México adoptará esa misma estrategia. Mientras EU construye expedientes financieros cada vez más complejos, las investigaciones mexicanas siguen concentrándose en capturar jefes, sicarios y operadores de bajo nivel, una estrategia que ha sido insuficiente para desmantelar organizaciones con la capacidad financiera del CJNG y otros grupos criminales.
La verdadera prueba llegará cuando EU identifique a los funcionarios. Y, sobre todo, cuando presente las pruebas contra ellos.
Para la mayoría de las y los mexicanos, “vivir bien” no depende principalmente del dinero. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana (Ibero) concluyó que el bienestar se construye a partir de condiciones materiales básicas, como una alimentación suficiente, y de la fortaleza de los vínculos comunitarios, por encima del nivel de ingresos o incluso del empleo.
Según los resultados muestran que el componente más importante del bienestar para las personas entrevistadas es el denominado bienestar objetivo, es decir, las condiciones materiales necesarias para vivir con dignidad. Dentro de esta categoría, la alimentación ocupa el primer lugar como elemento indispensable para considerar que una persona vive bien.
Posteriormente aparecen factores como la educación, la calidad de la vivienda y el acceso a actividades culturales. En contraste, variables que tradicionalmente utilizan gobiernos y organismos internacionales para medir el bienestar, como el ingreso económico o el empleo, tuvieron un peso menor en la percepción de los participantes.
Otro de los principales hallazgos del estudio es la relevancia del bienestar comunitario. La investigación encontró que aspectos como la confianza entre vecinos, la solidaridad, la organización comunitaria y las redes de apoyo tienen una mayor influencia en la percepción del bienestar que la satisfacción personal.
De acuerdo con los investigadores, las personas consideran más importante vivir en una comunidad donde exista colaboración y confianza para resolver problemas cotidianos que diversos indicadores individuales empleados habitualmente para evaluar la calidad de vida.
También se identificó que el bienestar subjetivo ocupa el tercer lugar dentro de la jerarquía de factores. En este ámbito, las personas hablaron con mayor frecuencia de la felicidad cotidiana que de la satisfacción general con su vida, lo que sugiere que las emociones diarias tienen mayor peso que las evaluaciones racionales sobre su trayectoria personal.
Los especialistas señalaron además que los resultados cuestionan la forma en que actualmente se construyen diversos indicadores internacionales de bienestar, ya que éstos suelen otorgar el mismo peso a variables como ingreso, salud o satisfacción con la vida.
En el caso de México, sostienen, las prioridades cambian debido al contexto de desigualdad y vulnerabilidad, donde las necesidades materiales y las relaciones comunitarias adquieren un papel central.
La crisis hídrica que enfrenta México no puede entenderse únicamente por la disminución de los caudales o la falta de infraestructura, sino por las relaciones de poder que determinan quién accede al agua y bajo qué condiciones, advirtieron especialistas durante el coloquio “Los retos sobre el agua en México”, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante el encuentro, realizado en el Centro Cultural Casa Rafael Galván, académicos coincidieron en que el cambio climático agrava la disponibilidad del recurso, pero señalaron que la desigualdad en su distribución y los modelos de gestión han intensificado los conflictos sociales y ambientales en diversas regiones del país.
Pablo Castro Domingo, investigador del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa de la UAM, sostuvo que los sectores con mayor poder económico y político suelen obtener concesiones para el uso del agua, mientras comunidades, agricultores y poblaciones enfrentan restricciones en el acceso al recurso.
Detalló que, aunque el Estado mantiene la rectoría sobre las aguas nacionales conforme al Artículo 27 Constitucional, en la práctica existe una disputa permanente entre industrias, empresas agrícolas, autoridades locales y organizaciones comunitarias por el control de manantiales, ríos, pozos y sistemas de abastecimiento.
Por su parte, Francisco Javier Peña de la Paz, académico de El Colegio de San Luis, planteó la necesidad de concebir el agua como un territorio habitado y no únicamente como una mercancía o un insumo para la producción.
Desde esa perspectiva, advirtió que las transferencias de agua entre cuencas alteran ecosistemas, economías locales y relaciones sociales, además de concentrar los caudales en zonas industriales.
El especialista también cuestionó que las grandes obras hidráulicas sean presentadas como la única solución frente a las sequías, pues consideró que favorecen modelos centralizados de gestión y desplazan alternativas locales como la recuperación de humedales, el saneamiento de ríos, la protección de manantiales y el fortalecimiento de sistemas de abastecimiento comunitario.
Mientras que, Diana Birrichaga Gardida, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), vinculó la actual escasez con desequilibrios institucionales, los esquemas de concesiones, los mecanismos de financiamiento para infraestructura hidráulica y la pérdida de facultades de las comunidades en la gestión del recurso.
Asimismo, Jacinta Palerm Viqueira, del Colegio de Postgraduados, abordó la evolución histórica de los comités rurales y el papel que desempeñaron las políticas sanitarias en el desarrollo de los sistemas comunitarios de agua potable.
Durante el coloquio también participó Víctor Daniel Ávila Akerberg, director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, quien presentó proyectos de investigación orientados a la conservación del Bosque de Agua y a la restauración de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
San José, 6 ago (EFE).- Miles de personas se concentraron este jueves en la Plaza de la Democracia para expresar su apoyo al Poder Judicial y a la democracia en Costa Rica, en medio de un conflicto abierto en el que el Gobierno ha tildado a algunos magistrados como “golpistas” y ha lanzado constantes críticas a jueces y fiscales.
Con pancartas a favor de la democracia y el estado de derecho, y con cánticos en contra del Gobierno, estudiantes universitarios, sindicalistas, líderes políticos y ciudadanos en general, se concentraron en un plantón que tuvo como objetivo expresar el apoyo al Poder Judicial frente a los constantes señalamientos del Gobierno de la presidenta, Laura Fernández, y de su antecesor (periodo 2022-2026) Rodrigo Chaves, ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia.
“Vine a defender a Costa Rica y a nuestra democracia. No queremos que se quiebre la división de poderes y rechazamos la concentración de poder y el autoritarismo”, dijo a EFE José Mario Gutiérrez, un estudiante universitario que portaba una pancarta en favor de al democracia.
Entre los participantes en la manifestación se encontraba el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quien dijo a EFE que en el país existe un intento de concentrar el poder, que ello es “muy peligroso” para la democracia y puso como ejemplo lo ocurrido en Venezuela.
Rodríguez afirmó que Costa Rica debe buscar soluciones a sus conflictos por medio de “propuestas, diálogo y acuerdos”.
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial escaló el pasado viernes cuando la presidenta Fernández calificó como “golpistas” a cuatro magistrados de la Sala Constitucional que votaron a favor de prorrogar los nombramientos de los suplentes de ese Tribunal para que no se paralizaran sus funciones ni se atrase la resolución de casos.
Los nombramientos vencieron en diciembre pasado pero los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano, que son mayoría en el Congreso, se han negado a elegir a los nuevos suplentes de una lista enviada por la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que los candidatos no son de su agrado.
Después de siete meses de paralizado el proceso, el pasado jueves la Sala Constitucional, en una votación de 4 a 3, aprobó prorrogar temporalmente los nombramientos vencidos hasta que el Congreso elije a los nuevos suplentes.
Esto provocó que la presidenta Fernández denunciara que existe “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa” y el lunes, el oficialismo presentó ante el Poder Judicial una querella por prevaricato (toma de decisiones contrarias a la ley) contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que aprobaron las prórrogas.
Este es un nuevo episodio de los conflictos que ha sostenido el Gobierno de la presidenta Fernández (2026-2030) y el de su mentor y antecesor Rodrigo Chaves (2022-2026), con el Poder Judicial, que mantiene abiertas investigaciones contra numerosos miembros del Gobierno, incluido Chaves.
Constantemente Fernández y Chaves lanzan críticas al Poder Judicial y han acusado a su cúpula de defender a grupos de poder, y además han anunciado un recorte del 5 % en el presupuesto judicial para 2027.
Miles de personas protestaron el jueves en Costa Rica contra lo que consideran una amenaza de la presidenta Laura Fernández al poder judicial de este país reconocido como una de las democracias más estables del continente.
La mandataria de derecha, en el poder desde mayo, impulsa una reforma del sistema de justicia, al que acusa de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado.
El conflicto se agudizó la semana pasada tras la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de prorrogar el período de sus magistrados suplentes, luego de que el bloque oficialista, mayoritario en la Asamblea legislativa, devolviera dos veces la nómina de aspirantes propuesta por el tribunal.
Fernández tachó a los magistrados de “golpistas”, mientras uno de ellos denunció una deriva autoritaria del gobierno, cuya propuesta de reforma es criticada porque supuestamente afectaría la imparcialidad de la justicia.
Con proclamas en defensa de la división de poderes, miles de personas se manifestaron pacíficamente el jueves en la Plaza de la Democracia, en en centro de la capital, San José.
“Todos debemos defender nuestra democracia (…). Estamos aquí para que (el gobierno) no tome el poder judicial”, declaró a la AFP April Rodríguez, tatuadora de 28 años, quien participó en el llamado plantón en defensa de la democracia y la justicia.
“El pueblo al fin despertó al sentir amenazada su democracia”, señaló por su parte Allen Solera, publicista de 56 años.
Los manifestantes también exhibieron carteles con mensajes como “las resoluciones judiciales no son golpe de Estado” y “la justicia debe responder a la ley, no a las presiones”. La protesta se replicó en otras provincias.
Además, exigieron la salida del expresidente Rodrigo Chaves, mentor de Fernández y actual ministro de Hacienda, con cánticos de “¡fuera Chaves!”. El exmandatario también mantuvo un duro enfrentamiento con el poder judicial.
A la protesta se sumaron altos funcionarios como el fiscal general, Carlo Díaz, y el jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, blanco de los ataques de la presidenta, así como el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018).
Al prorrogar el mandato de sus colegas, los magistrados constitucionales aseguraron que la medida buscaba evitar una parálisis, pero el pasado lunes la presidenta acompañó a su bancada a interponer una demanda en su contra por supuesta usurpación de poderes ante la Corte Suprema.
El presidente electo Abelardo De la Espriella junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca FOTO Cortesía
Abelardo De la Espriella asumirá hoy la Presidencia en una ceremonia que, por primera vez, será en Cali.
Abogado penalista y empresario, ciudadano de Colombia, Estados Unidos e Italia, alcanzó el poder con un discurso inspirado en modelos de ultraderecha como los de Javier Milei, en Argentina, y Nayib Bukele, en El Salvador, con propuestas centradas en la reducción del Estado y el fortalecimiento de la seguridad.
Nació en Bogotá, pero creció en el Caribe y se identifica como cordobés; llega a la Casa de Nariño (y las que serían sus tres sedes en Cali, Medellín y Barranquilla) con un perfil que combina su experiencia como abogado, su conversión al catolicismo y su afición al boxeo.
Junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, sus hijos y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, impulsará lo que llama la “Patria Milagro”. Ese relato, marcado por lo que su padre define como una “predestinación” mística, tiene sus raíces en un naufragio ocurrido meses antes de su nacimiento, cuando su progenitor y tocayo rescató a su madre embarazada de las aguas en Sucre; entonces, la familia cuenta que consideró llamarlo Moisés o Sinué.
De la Espriella ha cultivado la imagen de un hombre que no admite segundos lugares, forjando un carácter competitivo que traslada del boxeo a la arena pública, donde suele tocar su bíceps derecho como símbolo de la “mano dura” que promete aplicar.
Hoy, el presidente electo viaja con amuletos religiosos como la medalla de San Miguel Arcángel y el Milagroso de Buga, diciendo que su administración librará una “guerra espiritual” contra las mafias y la izquierda radical.
Pese a su imagen de “outsider”, su trayectoria como litigante es flanco de críticas por defender clientes de alto perfil y cuestionados, desde paramilitares hasta Álex Saab.
Aunque Abelardo De la Espriella se define como un caribe de pura cepa, su nacimiento el 31 de julio de 1978 ocurrió en la Clínica del Country, en Bogotá.
Este hecho, que él califica como un “mero golpe de azar”, respondía a una práctica común de finales de los setenta, cuando muchas familias pudientes del Caribe colombiano viajaban a Medellín o Bogotá para dar a luz.
El nuevo presidente ha sostenido, a modo de analogía, que “si una gata entra en un horno y pare allí, lo que nacen son gatos y no panes (sic)”, reafirmando que sus raíces y crianza están profundamente ligadas a Sahagún y Montería, en Córdoba.
Uno de los relatos “místicos” sobre su vida ocurrió el 2 de enero de 1978, cuando su madre, María Eugenia Otero, tenía 4 meses de embarazo.
Según narra su padre, Abelardo De la Espriella Juris, la lancha en la que viajaban desde San Marcos hacia La Mojana, Sucre, se hundió un kilómetro después de haber zarpado.
En medio del caos, su padre se sumergió para rescatar a su esposa y al futuro presidente, logrando sacarlos del agua antes de que él mismo fuera salvado por un barquero. Por este episodio, casi que es bautizado Moisés, dijo su padre.
Desde muy niño, De la Espriella demostró una ambición inusual por generar riqueza, alejándose de los juegos convencionales de cualquier ‘pelao’.
De la Espriella ha dicho que, cuando sus padres le regalaron una consola, solo jugó media hora antes de decidir que era una “pérdida de tiempo”; en su lugar, prefirió alquilarla por horas a otros niños.
El éxito fue tal que, dice, llegó a tener largas filas de interesados. A los 11 años manejaba dos kioscos de comida rápida en un lote de Montería, logrando ingresos que hoy equivaldrían a cuatro millones de pesos mensuales.
Antes de ser un abogado mediático o un político naciente, De la Espriella ya era figura pública en el Caribe. A los 11 años comenzó a hacer radio y a los 12 saltó a la televisión de Telecaribe con un programa llamado “Inquietudes Juveniles”.
En esta etapa, el hoy presidente ya gestionaba sus propias cuñas y patrocinaba sus emprendimientos. Con apenas 15 años se mudó solo a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y, tras meses de apoyo familiar, se independizó con diversos negocios, entre ellos un bar y un almacén de ropa.
Abelardo concibe a su familia como el “núcleo fundamental de la sociedad” y su refugio absoluto tras sus extenuantes jornadas. Su esposa, Ana Lucía Pineda, es una administradora de empresas nacida en Montería, con quien conforma una unión sólida de 18 años que el presidente describe como su “desmovilización sentimental” definitiva.
El matrimonio tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, la consentida de papá. Su vida privada transita entre canciones de Diomedes Díaz, el pop lírico italiano y salsa del Grupo Niche, Guayacán y el Joe Arroyo.
Estas reuniones suelen estar maridadas con whisky premium o vinos de alta gama. Por ese gusto nace Ron Defensor, su marca premium de licores creada en sociedad con Silvestre Dangond y comercializada en dos presentaciones: Style 12 Años y Premium Style 18 Años.
A menudo criticado por sus opositores por tener una visión globalizada que parece chocar con su nacionalismo, De la Espriella posee triple ciudadanía: colombiana, estadounidense e italiana.
Él se autodefine como un “renacentista moderno”, argumentando que los seres humanos están diseñados para explorar múltiples facetas y habilidades sin limitaciones.
Sus críticos, como Iván Cepeda, cuestionan su lealtad al país debido a que debió jurar fidelidad a Estados Unidos para obtener su ciudadanía. Sin embargo, él ignora estas burlas y defiende su estilo de vida cosmopolita.
La personalidad de De la Espriella está imbuida de una estética de confrontación que se traslada incluso a sus gestos públicos. Es un apasionado del boxeo, deporte que practica y admira por la disciplina y la fuerza que requiere.
En sus discursos presidenciales, es habitual verlo realizar un gesto característico: levantar el brazo con el puño cerrado en una postura que recuerda la preparación para un golpe.
Esta competitividad extrema la reconoce él mismo al declarar que no tolera quedar en segundo o tercer lugar en nada de lo que emprende.
Inspirado explícitamente en figuras de la ultraderecha regional, De la Espriella adoptó la imagen del tigre como símbolo de su campaña, estableciendo un paralelismo directo con el león utilizado por el presidente argentino Javier Milei.
Esta elección no es solo estética, ha explicado su estratega Carlos Suárez, sino que busca proyectar una imagen de depredador político frente a lo que él denomina “mafias” e “izquierda radical”. Su lema “Firme por la Patria” y su saludo militar en tarima refuerzan esta identidad de guerrero incansable.
Hay historias que el tiempo convierte en anécdotas. Una de ellas fue reconstruida recientemente por el diario cesarense El Pilón, que rescató los ecos de una parranda vallenata en París en 2001.
Aquella noche, el juglar Rafael Escalona, en medio del fragor de la música, improvisó unos versos dirigidos a un joven de 23 años y entonces desconocido abogado que apenas comenzaba a litigar, pero que hoy asumirá la Presidencia de la República:
“Tú serás el dirigente de macondiana nación, gobernando pa’ tu gente con justicia y con razón”. En ese entonces, el abogado era parte de Valdupari Music, la editora musical de Iván Villazón.
Durante gran parte de su vida adulta, De la Espriella fue un ateo declarado que negaba cualquier presencia divina que la razón no pudiera explicar, como él mismo lo ha reconocido.
Sin embargo, su postura cambió drásticamente tras la muerte de su tía Beatriz, víctima de Covid-19 en 2020, a quien consideraba como una hermana por la similitud en edades.
Este suceso, sumado a una grave enfermedad de su padre sobre la que coordinó su traslado médico vital, lo llevó a un proceso de conversión.
Hoy, recita el Padre Nuestro en latín durante sus eventos y viaja rodeado de amuletos religiosos como la medalla de San Miguel Arcángel.
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