La Secretaría Turismo otorgó a la empresa Comunicación Segmentada Inteligente un contrato por 6.5 millones de pesos por el servicio de ampliación y operación del ecosistema Visit México en China, mediante acciones de promoción turística, participación en ferias internacionales y representación comercial de la marca MÉXICO y México está de moda.
La vigencia de los servicios es hasta el último día del presente año.
Dicha firma (que fue la única que entregó propuestas técnicas y económicas como parte del proceso de licitación a cargo de la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales) y no realizó preguntas en la etapa de junta de aclaraciones) ya ha ofrecido servicio de publicidad a la empresa Tren Maya y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Se declara como ganadora a la empresa Comunicación Segmentada Inteligente, mediante la modalidad de contrato cerrado, con una vigencia a partir de la notificación del fallo (14 de agosto) y hasta el 31 de diciembre de 2026, toda vez que cumple con todos los requisitos legales, técnicos económicos requeridos por la convocante, garantizando con ello el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que se deriven del contrato respectivo”, se precisa en el acta de fallo.
Con la contratación de estos servicios, la Secretaría de Turismo busca acelerar estrategias de promoción en China por el potencial que representa para México en la emisión de turistas que gusta, mayoritariamente de temas de cultura, gastronomía o arquitectura, como lo comentó en su reciente visita a ese país, en mayo pasado, de la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez.
Ele mercado asiático y Visit
Como parte de su estrategia de diversificación, la dependencia ha identificado al mercado chino como uno de los prioritarios para fortalecer la promoción turística de México, derivado del crecimiento sostenido del turismo emisor chino y su alto nivel de gasto.
“China representa actualmente uno de los principales mercados emisores de turistas a nivel mundial, con una proyección estimada de 175 millones de viajes internacionales para 2026 y más de 70 millones de hogares con capacidad de viaje internacional. Asimismo, el turista chino se caracteriza por registrar uno de los niveles de gasto promedio más altos dentro del turismo internacional, representando una importante oportunidad para incrementar la derrama económica hacia México”, detalló la dependencia.
Así, el objetivo es implementar acciones orientadas a fortalecer la presencia y representación turística de México, mediante reuniones de trabajo, presentaciones de destino, participación en congresos, actividades de vinculación y acciones de promoción dirigidas a actores estratégicos del sector turístico y empresarial de China.
De manera complementaria, se desarrollarán acciones de relaciones públicas, difusión y posicionamiento en plataformas digitales del ecosistema chino de las dos marcas referidas, con la finalidad de reforzar los esfuerzos presenciales, incrementar la intención de viaje hacia México, generar oportunidades de comercialización turística y consolidar el posicionamiento del país.
En relación a VisitMéxico, la firma elegida deberá realizar las siguientes acciones: Apertura y configuración de perfiles oficiales de Visit México en ecosistemas digitales chinos, la configuración gráfica y operativa de los perfiles, la operación continua de plataformas digitales, la generación y publicación de contenido turístico, la implementación de estrategia de comunicación digital y el monitoreo de métricas de desempeño.
Autoridades de México y de Perú acordaron impulsar una agenda de trabajo para retomar los principales temas de la relación bilateral y fortalecer la coordinación, tras el restablecimiento de las relaciones a inicios de este mes, informó la Cancillería peruana el jueves (20.08.2026).
La entidad señaló que la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur, se reunió en la capital mexicana el miércoles con el vicecanciller peruano Eric Anderson, quien reiteró la solicitud de Perú para que el gobierno mexicano reconsidere la exoneración del visado para los peruanos que visiten ese país.
Señaló que la exigencia de visa ha tenido un impacto en el flujo de turistas peruanos hacia México y que, en el marco de la Alianza del Pacífico, Perú es actualmente el único país socio cuyos ciudadanos enfrentan este requisito.
Serur se comprometió a coordinar con las instancias competentes mexicanas y evaluar la situación, informó la cancillería peruana en una nota de prensa.
También expresaron interés de fortalecer la cooperación en la gestión de riesgos de desastres, con especial atención al fenómeno climatológico de El Niño global y costero, que tendrá impacto en la región.
Ambos países rompieron relaciones en noviembre de 2025 por el asilo que le concedió el país norteamericano a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, sentenciada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La ex primera ministra fue posteriormente condenada a 11 años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión, por el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso.
Las nubes de polvo causadas por el terremoto. [Reuters]
Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento ocurrió a las 13:00 hora local con epicentro 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, provincia de Parinacochas, en el suroeste del país.
El temblor se originó a 108 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, según el IGP.
Esto significa que pudo sentirse claramente dentro de viviendas y edificios, aunque esa intensidad no supondría por sí sola daños graves.
Cuando el hipocentro es muy profundo también se reduce parte de la fuerza con la que las ondas sísmicas llegan a la superficie.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 6,7, y situó el epicentro a unos 67 kilómetros de profundidad.
Asignó al evento una alerta verde, que indica una baja probabilidad inicial de víctimas y pérdidas económicas importantes.
Por el momento las autoridades no han publicado un balance de víctimas ni daños, y evalúan el impacto en viviendas, carreteras y servicios de las comunidades cercanas al epicentro.
Vídeos difundidos en redes sociales, que la BBC aún no ha verificado de forma independiente, muestran cómo aparecen grandes nubes de polvo mientras tiemblan las montañas de la zona durante el sismo.
El sismo ocurrió en la región montañosa de Ayacucho. [Getty Images]
Se evalúan las consecuencias
El movimiento no generó una alerta de tsunami en el litoral peruano, de acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra.
Aunque el epicentro se localizó en Ayacucho, el sismo se percibió en una amplia zona del centro y el sur de Perú, incluidas las ciudades de Cusco e Ilo, según informó RPP Noticias.
El alcalde provincial de Parinacochas, Yony Reyes Anampa, pidió la intervención de las autoridades regionales y nacionales para evaluar los daños y atender a las comunidades afectadas, según el diario El Comercio.
El funcionario advirtió que muchas de las viviendas situadas al norte de Coracora, la zona más cercana al epicentro, están construidas con adobe y techos de calamina.
Estos materiales hacen que las edificaciones sean especialmente vulnerables ante movimientos sísmicos, por lo que solicitó que se activen los distintos niveles de ayuda y respuesta ante emergencias.
Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja con intensa actividad sísmica y volcánica que llega hasta el este de Asia.
Frente a las costas peruanas, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana, un proceso que acumula y libera enormes cantidades de energía.
La zona de Coracora ya ha registrado terremotos profundos similares.
En agosto de 2014 se produjo prácticamente en el mismo lugar un sismo de magnitud 6,6 y 108 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geofísico del Perú.
Las autoridades evalúan si hay daños en viviendas de la región, muchas de ellas de adobe. [Getty Images]
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Ciudad Nezahualcóyotl registró la mayor disminución en la percepción de inseguridad entre las ciudades mexiquenses evaluadas por el INEGI. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2026, reportó una reducción del 25.6% para el municipio.
La reducción también se presentó en otros municipios como Atizapán de Zaragoza, con -19.2%; Naucalpan, con -12.1%; Ecatepec, con -10.2%; Cuautitlán Izcalli, con -8.4%; Toluca, con -6%; Tlalnepantla, con -2%, y Chimalhuacán, con -1.2%. Las ocho ciudades mexiquenses consideradas en la encuesta registraron una reducción, y seis de ellas forman parte de la Zona Oriente.
En esta región opera el Mando Unificado, que ha sido puesto en marcha por más de 500 días y que concentra acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia en zonas prioritarias. La estrategia, coordinada por los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, coincide con una reducción de 30% en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025.
El Mando Unificado mantiene presencia en 15 municipios del Oriente mexiquense, con más de 14 mil policías bajo una sola línea de mando y participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Las acciones se coordinan y evalúan mediante las Mesas de Paz, que dan seguimiento a la estrategia de seguridad en la región.
Para Nezahualcóyotl, la cifra representa el mayor cambio registrado entre las ciudades mexiquenses medidas por el INEGI en los últimos años y coloca al municipio como el principal dato de la encuesta en el Estado de México durante este trimestre.
Bogotá, 20 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este jueves la nueva cúpula de las Fuerzas Militares del país, a la que encomendó la tarea de recuperar la seguridad en todo el territorio nacional y combatir el crimen con el respaldo del Estado y el uso de la fuerza.
“Me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales para ganarle esta guerra a la criminalidad”, afirmó De la Espriella en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde reiteró que su Gobierno, que comenzó el pasado 7 de agosto, no dará “tregua” a los grupos criminales.
La nueva cúpula estará encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares; mientras que el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez ocupará la jefatura del Estado Mayor Conjunto.
El nuevo comandante de las Fuerzas Militares había sido apartado del cargo de subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares en junio pasado, durante el Gobierno de Gustavo Petro, por supuesta intervención en política.
El general Rodríguez Aparicio había denunciado supuestos controles e intimidaciones de las disidencias de las FARC a la población civil en los departamentos de Meta y Guaviare, en el este del país, para impedir que votaran libremente, y eso le costó el cargo y entró en proceso de retiro, pero le dio apoyos en la oposición de derecha, ahora en el poder, que lo llamó de vuelta.
“Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado. La paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, manifestó el jefe de Estado.
En el Ejército, el comandante será el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco, como segundo comandante. Ambos cuentan con más de tres décadas en el servicio militar, según un comunicado de la entidad castrense.
En la Armada, el cargo de comandante lo asumirá el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, con el mayor general Rafael Olaya Quintero, como segundo comandante.
Por su parte, el mayor general Juan Martínez Ossa estará al frente de la Fuerza Aeroespacial, que recuperará su denominación anterior de Fuerza Aérea Colombiana (FAC), acompañado por el mayor general Juan Mosquera Dueñas, como segundo comandante.
De la Espriella aseguró haber dado a los nuevos mandos una instrucción “clara, contundente e inequívoca”: proteger a los colombianos, defender la soberanía y garantizar la seguridad “en cada rincón de la patria”.
“Esta nueva cúpula tendrá la responsabilidad histórica de conducir unas Fuerzas Militares firmes, profesionales, respetuosas de la Constitución y la ley y decididas a enfrentar todas las amenazas contra la seguridad nacional”, afirmó el mandatario.
Una de las principales promesas de De la Espriella durante la campaña electoral fue recuperar la seguridad y acabar con el poder de los grupos armados y las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país, para lo que planteó una política de mano dura y descartó negociar con los grupos ilegales.
Bogotá, 20 ago (EFE).- Al menos trece personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, informaron este jueves las autoridades.
La explosión ocurrió el miércoles por la tarde en la aldea de Puerto Rico, una zona remota que hace parte del municipio de Policarpa, dijo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña.
“Desafortunadamente se presentó un colapso de un talud en una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa (…) que afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 personas fallecieron. Siete personas están heridas”, señaló el funcionario.
Ocaña añadió que la comunidad y bomberos de Pasto, la capital de Nariño, así como de Policarpa y de la vecina localidad de El Tambo ayudaron en las tareas de rescate, que se prolongaron durante toda la noche con ayuda de maquinaria pesada y concluyeron en la madrugada de este jueves.
“Se logró el rescate de las personas atrapadas, de los cuales, como les digo, son 13 fallecidos”, subrayó el director de la UNGRD en Nariño, quien agregó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona “para hacer su tratamiento”.
Entre los fallecidos hay cuatro indígenas de una misma familia del pueblo quillasinga, según vecinos de la zona.
El municipio de Policarpa está ubicado en el noreste de Nariño, a unos 95 kilómetros de Pasto, en una zona montañosa de difícil acceso en la que opera la columna Franco Benavides, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC.
Esta tragedia se produce diez días después de la del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto y causó al menos 319 muertos, principalmente en el centro y el suroeste del país, según cifras de la víspera del Instituto de Medicina Legal (IML).
Miami (EE.UU.), 20 ago (EFE).- El candidato demócrata a gobernador de Florida, David Jolly, expresó este jueves su “rechazo al socialismo” y a los Socialistas Democráticos de América (DSA), además de “esperar que Marco Rubio”, el secretario de Estado de Estados Unidos, tenga “éxito en ver una Cuba libre”.
Jolly respondió hoy a preguntas de EFE tras su primer evento en Miami después de ganar las elecciones primarias del martes en Florida, cuando también obtuvo la candidatura al Senado Angie Nixon, integrante de la organización DSA, algo que él “todavía no sabe cómo va a funcionar” al hacer campaña en el estado, donde los cubanos rechazan la palabra “socialismo”.
“Rechazo el socialismo. Rechazo a los DSA. Soy capitalista y creo que la mayor cantidad de oportunidades económicas viene de la libertad. Y lo entiendo. Miren, soy alguien que fue republicano, y si Cuba es parte de tu herencia, creo que el régimen cubano debe caer”, declaró el legislador.
El excongresista (2014-2017), quien abandonó al Partido Republicano en 2018 por sus críticas al primer mandato de Donald Trump (2017-2021), expresó “preocupación por que el presidente no tenga una política exterior sensata” sobre Cuba, al citar lo que ocurrió en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.
El aspirante señaló que “teme que Trump se mueva tan rápido para alcanzar un cambio de régimen en Cuba sin un plan sobre lo que viene a continuación” porque, opinó, “en Cuba no hay una Delcy” Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela apoyada por Washington.
“Espero que Cuba caiga. No confío en la política exterior de este presidente. Si nos fijamos en lo que ocurrió en Venezuela, vimos el cambio de régimen, pero luego le dimos nuestro visto bueno a su sucesora, a Delcy, y simplemente empezamos a obtener ganancias del petróleo. No estoy seguro de que eso haya cambiado algo”, expresó.
En este contexto, Jolly indicó que “espera” que “el secretario de Estado Rubio sea capaz de asesorar” a Trump “de manera adecuada, y tal vez este sea el momento brillante de Rubio”.
“Espero, sinceramente, que Marco Rubio tenga éxito en la que podría ser su hora más gloriosa al ver a Cuba y al pueblo cubano ser libres. Me preocupa que este presidente no comprenda plenamente lo que está haciendo en este momento”, insistió.
¿Florida con gobernador demócrata?
Pese a su rechazo a los DSA, Jolly reconoció el esfuerzo de la campaña de Nixon y su enfoque en salud, vivienda y educación en el encuentro organizado por Miami’s Community News en el restaurante Casa Cuba.
El exlegislador, de 53 años, confió en el poder de derrotar a su contrincante republicano apoyado por Trump, el congresista afroamericano Byron Donalds, aunque la última vez que Florida tuvo un gobernador demócrata fue en 1999.
“Si las elecciones fueran esta noche, Florida elegiría a un gobernador demócrata. Da la casualidad de que yo soy el candidato, pero lo digo de esa manera porque el cambio ya está aquí. Los votantes nos han demostrado que están listos para elegir a un gobernador demócrata, y creo que vamos a ganar en noviembre”, dijo.
Jolly enunció como sus principales propuestas vivienda, salud y educación, una “prohibición inmediata” a los centros de datos de inteligencia artificial (IA), abogar por una vía legal para los inmigrantes y dejar de exigir que las policías locales cooperen con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
México lanzó una operación de búsqueda y rescate de una embarcación con 19 migrantes cubanos, incluidos siete menores de edad, de la cual no se tiene información desde la semana pasada, dijo este miércoles a la AFP una fuente de la Secretaría de Marina.
Según medios de prensa cubanos, el bote salió del área de Pinar del Río el 11 de agosto y se desconoce su paradero desde entonces.
La Marina ordenó el zarpe de un Defender, una embarcación ligera de alta velocidad utilizada en operaciones de búsqueda y rescate, informó la fuente
El Defender “está en medio de la operación de rescate”, dijo, sin dar más detalles.
Centenares de cubanos buscan irse de Cuba en embarcaciones pequeñas o precarias, muchas veces expuestos a naufragios, desapariciones o a ser interceptados por guardacostas cubanos o estadounidenses.
La comunidad salvadoreña que vive y trabaja en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) está a la espera de una decisión final sobre la designación de El Salvador para dicho programa humanitario, que ha sido objeto de la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
José Palma, beneficiario salvadoreño del TPS desde 2001 —primer año en que EE.UU. designó a El Salvador para este programa—, sabe que se trata de un tema sensible.
Por un lado, si el Gobierno estadounidense decide poner fin al TPS para su país, los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación peligrarían para miles de salvadoreños. Por el otro, si esto ocurre, no solo esos salvadoreños quedarían expuestos, sino que sus familias podrían vivir un proceso de ruptura. Muchos salvadoreños con TPS tuvieron hijos, se casaron y formaron una familia en EE.UU. durante las últimas décadas; si pierden sus beneficios, existe el riesgo de que algunos sean separados.
“La comunidad salvadoreña que tiene TPS ha vivido en los Estados Unidos por lo menos 25 años, porque el TPS se dio por primera vez en el 2001”, después de los terremotos de ese año, dijo a CNN Palma, quien es coordinador nacional de la Alianza Nacional del TPS, un grupo en defensa de los derechos de los inmigrantes que ha estado en la primera línea de defensa del TPS.
Es el caso de Palma. En los 25 años que han pasado desde que se convirtió en beneficiario en 2001, se casó con una salvadoreña que es residente permanente de EE.UU., con quien tuvo cuatro hijos nacidos en Estados Unidos. Si se queda sin TPS, Palma sería el único de la familia en riesgo, pues el estatus de su esposa y la edad de sus hijos aún no le ofrecen un camino hacia la residencia o la ciudadanía.
“Estas familias no son nuevas en Estados Unidos, sino que hemos estado aquí por décadas”, comentó Palma.
César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), dijo que, por el tiempo que llevan estos inmigrantes en Estados Unidos, se trata de personas y familias integradas a sus comunidades y con fuertes vínculos económicos y sociales.
“Estamos hablando de población muy integrada en Estados Unidos con 25 años, lo cual les ha permitido (…) acumular experiencia laboral, acumular cultura norteamericana, acumular familia”, declaró Ríos a CNN.
¿Cuál es el estatus del TPS para El Salvador?
Hasta marzo del año pasado, en EE.UU. se tenía registro de más de 1 millón de beneficiarios del TPS, provenientes de 17 países diferentes, entre ellos El Salvador.
Desde que Trump retomó la presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado el fin del TPS para 13 países, enfrascándose en batallas judiciales de larga duración que, en algunos casos, siguen activas.
Sin embargo, el Gobierno estadounidense todavía no anuncia la terminación del programa humanitario para El Salvador, que protege contra la deportación y da permisos de trabajo a un estimado de 170.125 salvadoreños en EE.UU., según los datos de marzo de 2025.
Los más de 170.000 salvadoreños con este programa humanitario viven en Estados Unidos desde hace 25 años, ya que, para ser elegible al TPS, es requisito la residencia continua o la presencia física continua en EE.UU. a partir de inicios de 2001.
Desde que El Salvador fue designado al TPS por primera vez en 2001, el país ha sido renovado para el programa cada 18 meses. La última vez que El Salvador recibió un nuevo periodo de protecciones bajo el TPS fue en marzo de 2025. La vigencia de esas protecciones llega a su fin el 9 de septiembre de este año.
Por tanto, los salvadoreños con TPS siguen teniendo protecciones hasta, al menos,esa fecha, a la espera de la decisión final del DHS sobre el programa para El Salvador.
En una manifestación en Boston, Massachusetts, el 23 de julio de 2026, varias personas portaban pancartas pidiendo al Congreso que restableciera el TPS para los haitianos. – JOSEPH PREZIOSO/AFP/AFP vía Getty Images
Aclarando la confusión
Palma dijo que en los últimos días un anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sobre el TPS de El Salvador generó “confusión”.
En un aviso del 12 de agosto, titulado “Actualización sobre la Cancelación del Estatus de Protección Temporal para El Salvador ”, USCIS informó sobre una actualización respecto a los permisos de trabajo de los beneficiarios salvadoreños con TPS.
La agencia estadounidense indicó en su aviso que los salvadoreños con TPS que siguen siendo elegibles al programa tendrán extensiones automáticas de sus permisos de trabajo, en caso de no haberlas recibido antes. Además, USCIS reiteró que “la designación del TPS para El Salvador y los beneficios relacionados están programados para finalizar el 9 de septiembre de 2026”.
Palma explicó que, aunque el anuncio de USCIS recalca la fecha límite (9 de septiembre) del TPS para El Salvador, no se trata de la decisión final del Gobierno de EE.UU. sobre el programa dirigido a los salvadoreños. Más bien, agregó, el anuncio de USCIS está relacionado con las extensiones de los permisos de trabajo ligados al TPS para salvadoreños, lo cual es resultado de una demanda contra la administración estadounidense interpuesta, entre otros grupos, por la Alianza Nacional del TPS.
“Lo que el anuncio de USCIS clarifica es que todas las personas protegidas por TPS de El Salvador, aunque no hayan recibido su nuevo permiso de trabajo, están autorizados a trabajar hasta el 9 de septiembre de este año”, comentó Palma a CNN.
En un comunicado previo, Palma definió que esto se trata de una “importante victoria para nuestra comunidad”, pues los permisos de trabajo son el sustento de miles de familias salvadoreñas en EE.UU.
“Durante semanas, a muchos titulares salvadoreños del TPS que aún esperaban la renovación de sus permisos de trabajo se les había comunicado que ya no podían trabajar. La actualización de USCIS aporta una aclaración fundamental y supone una importante victoria para nuestra comunidad. Aunque la agencia no lo dice abiertamente, esta medida es consecuencia de nuestra continua labor de defensa y de los procedimientos judiciales emprendidos para garantizar que no se impida indebidamente a los titulares del TPS trabajar”, declaró Palma en el comunicado.
Miembros de la Alianza Nacional del TPS se manifiestan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en la ciudad de Washington el 29 de abril de 2026. – ALEX WROBLEWSKI/AFP/AFP vía Getty Images
Tres escenarios posibles que pueden esperar los salvadoreños con TPS
A pesar de esta victoria, el tiempo sigue corriendo y, con ello, se acerca la fecha límite del 9 de septiembre.
Según Palma, los salvadoreños con TPS pueden esperar tres escenarios rumbo a esa fecha:
1. Terminación del TPS
El coordinador de la Alianza Nacional del TPS dijo que el “peor escenario” es que el Gobierno de Estados Unidos decida terminar la designación de El Salvador para el TPS, que se encuentra vigente desde 2001, lo que la convierte en la designación vigente más antigua de este programa. (Antes era Honduras, cuya designación estuvo activa desde 1998, pero la administración Trump la terminó en julio de 2025, con batallas judiciales en medio que extendieron el caso hasta febrero de este año). El Salvador fue originalmente designado a este programa luego de los fatales terremotos ocurridos en ese país entre enero y febrero de 2001. Cabe recordar que el TPS está dirigido a personas originarias de países que atraviesan guerras o desastres naturales y no pueden regresar a sus países debido a esas circunstancias.
La terminación sería el escenario más probable para Palma, “porque a todos los países que han llegado a la fecha de terminación se los han terminado”.
“Algunos países todavía tienen un poquito de esperanza por las litigaciones. Pero aún en la litigación, después de la decisión de la Corte Suprema, se está complicando para poder defender el programa por medio de los tribunales. Hoy por hoy, todos los países que han llegado a su fecha se les ha cancelado”, añadió Palma.
La administración de Trump ya terminó la designación al TPS de 13 países; solo El Salvador, Ucrania y Sudán (de estos últimos dos, su fecha límite es el 19 de octubre) se mantienen como los tres países sin un anuncio oficial de terminación del TPS. En tanto, Etiopía sigue en la batalla judicial, aunque la terminación de su designación fue anunciada en diciembre de 2025.
En junio de este año, la Corte Suprema de EE.UU. se puso del lado de Trump y por mayoría determinó que el DHS tenía amplia discreción para decidir cuándo extender o terminar una designación al TPS. Las batallas judiciales se han mantenido pese a la decisión del máximo tribunal, pero se han tenido que adoptar nuevas estrategias para poder sacar adelante los litigios.
Palma afirmó que el Gobierno estadounidense tiene hasta el 9 de septiembre para anunciar si decide terminar el TPS para El Salvador o redesignar al país para otro periodo con protecciones.
Si el Gobierno de EE.UU. decide terminar el TPS para El Salvador, “a partir del día que salga el anuncio, por ley vamos a tener 60 días más de protección”, mencionó Palma.
Es por ello que Ríos, director de la AAMES, señaló que, aun en este escenario, no habría deportaciones masivas de manera automática, sino que sería un proceso paulatino que no amenazaría a ciertos grupos que hoy tienen TPS.
Entre los varios grupos poblacionales que hay dentro de los más de 170.000 salvadoreños con TPS, César Ríos identificó cuatro de ellos:
1. Inmigrantes salvadoreños con hijos estadounidenses mayores de 21 años, lo que abre la posibilidad de tramitar una residencia permanente en caso de que los beneficios del TPS llegaran a su fin.
2. Inmigrantes casados con personas estadounidenses. Dependiendo el caso, aquí se abre la posibilidad de tener documentos en EE.UU. gracias al cónyuge estadounidense.
3. Empresarios con TPS que generan derrama económica y empleos en sus comunidades, lo que podría dar paso a una visa especial.
4. Y, por último, el grupo de los salvadoreños con TPS que tienen infracciones civiles, cargos penales o migratorios en su tiempo vivido en EE.UU.
“Si en dado caso se da un fin del TPS, (los salvadoreños de) este cuarto grupo son los más deportables inmediatamente. Lo que no sabemos es cuánto es el número de cada uno de estos grupos”, dijo Ríos a CNN.
Las banderas de El Salvador y Estados Unidos sobre una mesa en el Pentágono, el 16 de abril de 2025. – OLIVER CONTRERAS/AFP/AFP vía Getty Images
Ante esta diversidad de escenarios, Palma instó a que los beneficiarios salvadoreños no esperen plazos y tomen decisiones desde ahora para prepararse en caso de que termine el TPS.
“Desde ya debemos de estar tomando acciones proactivas para poder ir teniendo claridad de qué es lo que vamos a hacer (…) Pensar en lo peor y luchar para que eso no suceda, pero que no nos agarren distraídos”, indicó el coordinador de la Alianza Nacional del TPS.
Palma explicó que las familias pueden comenzar a delinear planes familiares de acción, como el cuidado de los hijos si los padres llegan a faltar, así como revisar con expertos legales (ya sean privados u organizaciones que otorgan estos servicios gratis o a bajo costo) las opciones que cada inmigrante tiene para poder seguir en EE.UU. de manera legal.
También mencionó que los beneficiarios tienen que organizar planes respecto a sus bienes y cuentas por pagar, con el fin de que en el futuro no conviertan en un problema.
“Son cosas mínimas, pero yo creo que vale la pena tener esas pláticas: ¿qué va a pasar con su casa?, ¿qué va a pasar con su vehículo? Lo que tenemos es tener un plan de cómo no vamos a dejar que eso quede abandonado o que nadie sepa qué hacer”, agregó Palma.
A pesar del “miedo generalizado” que hay en la comunidad salvadoreña con TPS en EE.UU., Ríos aconsejó asesorarse de manera individual con expertos confiables en materia de inmigración, tomando en cuenta que cada caso es diferente.
“Aquí no hay recetas únicas y generalizadas. Cada persona, cada familia beneficiaria (del TPS) conoce su realidad y la primera invitación es hacer un examen de su historial” con el objetivo de “encontrar una ruta administrativa migratoria que le va a dar mayor seguridad”, señaló Ríos.
Asimismo, el director de la AAMES no solo hizo un llamado a los inmigrantes de su país con TPS, sino también a las autoridades salvadoreñas para que ofrezcan opciones que posibiliten un retorno más seguro, sobre todo desde el ámbito financiero.
“Necesitamos urgentemente un acuerdo de país que garantice la portabilidad universal de pensiones y de seguridad social. ¿Por qué estoy diciendo eso? Tenemos trabajadores deportados que trabajaron 15 años en Estados Unidos y cotizaron, pero antes de irse a EE.UU. trabajaron 10 años en El Salvador. Pasan de 60 años y no pueden retirarse ni en Estados Unidos ni pueden retirarse en El Salvador porque no les acumula. La portabilidad universal de pensiones implica sumar los años acumulados de dos países, lo cual requiere un acuerdo de país a país para que el trabajador se vea beneficiado con la suma de los años de trabajo en los dos países y merecerse su retiro y su reconocimiento”, urgió Ríos.
Debido a las buenas relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos —cuyos presidentes, Nayib Bukele y Donald Trump, respectivamente, han colaborado de cerca en la agenda migratoria de EE.UU., en especial en recibir a deportados en El Salvador—, Ríos consideró que es posible que ambos países alcancen este tipo de acuerdos.
“Este tipo de medidas especiales van de acuerdo a las características de esta población. El Salvador lo puede hacer, El Salvador tiene capacidad, El Salvador tiene buena relación con las autoridades de Estados Unidos, lo que le hace falta es acompañarse de expertos que identifiquen estos panoramas y pongan sobre la mesa la necesidad de ejecutarlas”, agregó.
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2. Extensión
El segundo escenario, que no ha ocurrido en todo el segundo mandato de Trump como presidente de Estados Unidos, es que la administración decida extender la designación de El Salvador por otros 18 meses (o menos, según lo que decida el Gobierno), lo que daría protecciones para vivir y trabajar en el país a los más de 170.000 salvadoreños con TPS.
Sería el mayor alivio para esta comunidad, que representa a 1 de cada 10 personas nacidas en El Salvador que viven en Estados Unidos, según datos del Censo de EE.UU.
“Entre hoy y el 9 de septiembre, tenemos que escuchar del Departamento de Seguridad Nacional cuál es el futuro de la comunidad con TPS de El Salvador (…) La noticia no ha salido, saldrá pronto, entonces todavía podemos influenciar esa decisión” exigiendo a las autoridades que renueve el programa, pidiendo al Congreso que abra caminos hacia una residencia o ciudadanía, y preparando planes para cualquier decisión que se tome.
“Es importante que seamos proactivos, no esperar que alguien nos va a resolver el problema, sino que nosotros (seamos) parte de la solución, y comienza con nosotros mismos estar informados de la mejor manera posible”, finalizó Palma.
Si bien para Palma la cancelación del TPS es el escenario más probable, para Ríos una extensión del programa para El Salvador tiene más posibilidades de ocurrir si se toma en cuenta que Bukele y Trump tienen una relación sólida desde hace tiempo, que incluye colaboración en la campaña contra la migración del presidente de EE.UU.
Por tanto, si Estados Unidos extiende el TPS de El Salvador (que representaría el primero con prórroga en el segundo mandato de Trump), será una señal de que “el TPS dejó de ser un proyecto humanitario y se ha convertido en un proyecto político”, dijo Ríos.
“Si fuera humanitario, Haití sería de los que estuvieran con TPS porque sigue siendo el país más pobre de América Latina, pero se lo quitaron. Y si revisamos cada uno de estos países (a los que han cancelado el TPS) y revisamos sus relaciones con Estados Unidos, nos damos cuenta que tampoco son óptimas” indicó el director de la AAMES.
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3. Sin anuncio
Palma indicó que un tercer escenario sería que llegue la fecha del 9 de septiembre y el DHS no haya anunciado la terminación del TPS para El Salvador.
Si esto ocurriera, dijo Palma, “se extendería por seis meses automáticamente la protección de los salvadoreños” con TPS.
Es menos probable porque, como señaló antes, todos los países con designación que llegaron a su fecha límite han recibido el anuncio de la terminación del programa en el actual Gobierno de Trump.
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Bangkok, 20 ago (EFE).- Indonesia y Uruguay apostaron este jueves por aumentar la cooperación bilateral en áreas como la agricultura y las energías renovables durante una visita a Yakarta de la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, según informó el país asiático.
En una nota de prensa, Indonesia explicó que el viceministro de Relaciones Exteriores, Arrmanatha Christiawan Nasir, sostuvo una reunión en Yakarta con su par uruguaya, en la que acordaron aumentar “la cooperación en comercio e inversión”, sin anunciar de momento ningún pacto específico.
“Ambas partes enfatizaron la importancia de incrementar la interacción y el contacto entre las comunidades empresariales para impulsar el comercio y la inversión bilateral”, dice el escrito, en el que se mencionan conversaciones en búsqueda de “colaboraciones concretas”.
Indonesia -la principal economía del Sudeste Asiático, con una población de unos 285 millones de personas- manifestó su deseo de “comenzar pronto” una primera ronda de negociaciones de cooperación comercial con el bloque de economías sudamericanas Mercosur, en el que Uruguay ostenta actualmente la presidencia.
El Mercosur agrupa las economías de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y un mercado cercano a los 300 millones consumidores, a la vez que representa una de las mayores reservas de agua y alimentos del planeta.
Uruguay, con cerca de 3,5 millones de habitantes, “es visto como un socio potencial para Indonesia en el desarrollo (de agricultura, energías renovables, seguridad alimentaria), particularmente para apoyar la transformación económica y reforzar la seguridad alimentaria y energética de ambas naciones”, prosigue la nota.
Ambos países celebran 60 años de relaciones con el lanzamiento de sellos postales que muestran artesanías de las dos naciones.
