Cuernavaca, (México), 16 sep (EFE).- El fiscal genera de Morelos (centro), Fernando Blumenkron Escobar, informó este miércoles que ya se cuenta con la orden de detención del presunto responsable del feminicidio de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, identificado como Francisco Javier “N”, y que las autoridades estatales han iniciado el operativo de búsqueda para su captura.
“Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte en contra de un masculino (…) Esta persona responde al nombre de Francisco Javier “N”, se le atribuye responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, indicó Blumenkron en declaraciones a medios de comunicación en Cuernavaca, capital de Morelos.
“Tenemos ya varios domicilios que se han investigado y se han descartado algunos para dar ya con él, y cumplir la orden de aprehensión”, afirmó, al agregar que el presunto responsable, apodado como El Trompas, cuenta con antecedentes penales.
Sobre el operativo para su detención, el fiscal indicó que “particularmente en (el estado de) Morelos se concentra la búsqueda en estos momentos”.
Blumenkron agradeció, asimismo, la aportación ciudadana con videos que han ofrecido “indicios” que ahora tienen que “robustecerse con pruebas técnicas”.
Tacoronte, de 21 años, fue asesinada por arma blanca el pasado sábado en Cuautla, municipio a una hora de Cuernavaca, a donde se había desplazado para acudir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.
La joven había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y residía en Cuernavaca, a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.
El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.
Lima, 16 sep (EFE).- Las fuerzas navales de 24 países están participando en Perú entre el 10 y 24 de septiembre en la sexagésima séptima edición de Unitas, uno de los mayores encuentros internacionales de ejercicios y maniobras navales del mundo, que se desarrolla tanto en el océano Pacífico, como en lagos andinos y ríos amazónicos.
En esta ocasión participan más de 5.700 participantes, además de 26 buques, 2 submarino y 21 aeronaves, según detalló la Marina de Guerra del Perú.
Este martes, la Fuerza de Infantería de la Armada peruana inició ejercicios de planificación, coordinación y respuesta humanitaria para ensayar la interoperabilidad y respuesta ante emergencias, en una playa de Ancón, distrito del norte de la capital Lima.
En Iquitos, considerada la capital de la Amazonía peruana, fuerzas navales de Brasil, Ecuador, España, EE.UU., Paraguay y Perú desarrollarán durante una semana operaciones fluviales, terrestres y anfibias, fortaleciendo capacidades e interoperabilidad.
También habrá operaciones de buceo de altura a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, empleo de vehículos no tripulados y eventos de ciberdefensa.
Entre los países participantes en esta ocasión están Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Argentina y España.
Destacan el buque de combate litoral estadounidense Minneapolis-Saint Paul (LCS-21), la fragata española Álvaro de Bazán (F-101), la fragata colombiana Almirante Padilla (FM-51), el destructor argentino Almirante Brown, la corbeta ecuatoriana Manabí (CM-12), el remolcador ecuatoriano Imbabura (RA-72) y el patrullero chileno Cabo Odger (OPV-84).
También participará el P-8 Poseidon, la aeronave de patrulla marítima de Estados Unidos, que aportará capacidades de guerra antisubmarina, antisuperficie e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).
Bajo el lema ‘Unidos por el mar’, Unitas busca así fortalecer la cooperación y capacidad de respuesta conjunta de las fuerzas participantes frente a los desafíos del dominio naval en diversos escenarios.
Defensoría advierte que cultivos de hoja de coca aumentaron en 118.000 hectáreas entre 2020 y 2024. Foto: El Colombiano
La permanencia de Colombia en la lista de países que, según Estados Unidos han “fallado de manera demostrable” en la lucha contra las drogas, no es necesariamente indefinida.
La propia determinación de Washington, que anunció este miércoles que el país sigue con descertificación en lucha antidrogas, deja abierta la posibilidad de que el país sea retirado de esa categoría en la evaluación de 2027, pero condiciona esa decisión a resultados concretos durante los siguientes 12 meses.
El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien lleva más de un mes en el cargo, tendrá así dos objetivos centrales frente a Washington: avanzar en una erradicación agresiva de los cultivos de coca y conseguir el desmantelamiento efectivo de las estructuras narcoterroristas.
El mensaje de la Casa Blanca es que, si Colombia demuestra avances en esos dos frentes, el estatus podría ser reconsiderado el próximo año. La decisión estadounidense se produce por segundo año consecutivo.
Colombia fue incluida nuevamente entre los países que, a juicio de Washington, incumplieron sus compromisos internacionales de lucha contra los narcóticos.
En la determinación anterior, emitida en septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump ya había utilizado por primera vez en casi tres décadas la categoría “fallado de manera demostrable” para Colombia y había atribuido buena parte de la responsabilidad política a la administración de Gustavo Petro.
Ahora, sin embargo, el escenario político es distinto. La Casa Blanca separa el desempeño del gobierno anterior de las expectativas que deposita en la nueva administración.
En su pronunciamiento este miércoles, el presidente Donald Trump así lo dejó ver: “El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo De la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”.
El mandatario agregó que Colombia “está preparada para retomar su posición como nuestro principal socio en materia de seguridad en el hemisferio, y las fuerzas armadas, la policía, la fiscalía y los tribunales del país finalmente cuentan con un digno defensor en el presidente de la Espriella”.
Trump, en lo afirmado, dejó entrever que si “Colombia logra avances en la erradicación de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de “fracaso demostrado” del país, que se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado”.
El mensaje de Washington, entonces, es que Colombia puede recuperar su lugar como socio de seguridad de Estados Unidos si el gobierno de De La Espriella convierte sus anuncios contra el narcotráfico en resultados verificables. La administración colombiana ya ha comenzado a presentar cifras en esa dirección.
La Presidencia reportó que, durante los primeros 36 días de gobierno, la Fuerza Pública había erradicado 1.506 hectáreas de coca, incautado 75.613 kilogramos de droga y firmado 73 extradiciones.
Esos datos hacen parte del balance entregado por el propio Gobierno y serán, entre otros indicadores, parte del contexto en el que se evaluará la evolución de la política antidrogas.
La diferencia entre el anuncio político y el resultado que espera Washington será determinante.
De acuerdo con fuentes consultadas, “no se trata únicamente de aumentar las operaciones militares o las hectáreas erradicadas, sino de demostrar una reducción sostenible de la producción de cocaína y una afectación efectiva de las organizaciones que controlan las economías ilegales”.
El Gobierno de De La Espriella ha planteado precisamente una ofensiva contra las estructuras armadas, sus cabecillas, corredores de movilidad, laboratorios y fuentes de financiación.
La permanencia de Colombia en la descertificación antidrogas tampoco implica, por sí sola, el corte inmediato de toda la cooperación estadounidense.
Al igual que ocurrió con la determinación de 2025, Washington aplicó una exención por interés nacional con la que mantiene la asistencia bilateral al considerar que la continuidad de la cooperación con Colombia es de interés para Estados Unidos.
Ese elemento resulta especialmente relevante porque evita que la descertificación se traduzca automáticamente en una ruptura de los programas de cooperación en seguridad y lucha contra las drogas.
El mecanismo, sin embargo, mantiene la presión política sobre Bogotá: la ayuda continúa, pero la Casa Blanca deja claro que espera un cambio verificable en los resultados antidrogas.
El nuevo gobierno colombiano, además, ha alineado públicamente su política de seguridad con esas prioridades.
Desde su llegada al poder, De La Espriella ha anunciado una ofensiva contra las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, mientras que el propio mandatario ha insistido en que su Fuerza Pública tiene la instrucción de recuperar territorio, perseguir a los cabecillas y golpear las economías criminales.
“Ese giro también ha encontrado eco en Washington. La nueva administración colombiana ha buscado profundizar la cooperación militar con Estados Unidos y ha planteado operaciones conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas o narcotraficantes”, afirma un experto consultado por EL COLOMBIANO.
Así, los próximos 12 meses se convierten en una especie de periodo de prueba para la nueva política antidrogas colombiana.
Washington mantendrá por ahora la cooperación, pero espera que el gobierno de De La Espriella muestre resultados suficientes en erradicación y desmantelamiento de estructuras criminales para que, en la siguiente evaluación, Colombia pueda dejar atrás la categoría de “fallado de manera demostrable”.
La decisión de 2027 dependerá, por tanto, de lo que ocurra en el terreno durante este año: cuánta hoja de coca sea erradicada, cuánto disminuya —si ocurre— la producción de cocaína y qué tan profundamente sean afectadas las organizaciones que sostienen el negocio. La descertificación actual no cierra la puerta a una revisión; la deja abierta, pero condicionada a resultados.
Colombia llega al nuevo gobierno con avances en algunos indicadores sociales, pero también con un mapa de derechos humanos marcado por el crecimiento de las economías ilegales, la expansión de los cultivos de uso ilícito y nuevas formas de violencia en los territorios.
Ese es uno de los principales diagnósticos que deja el informe presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo, que hace un balance de la situación humanitaria que recibe la administración de Abelardo De la Espriella.
Uno de los datos que más preocupa a la entidad está relacionado con la expansión de los cultivos de coca y otras plantaciones de uso ilícito.
Aunque el informe ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir’ no incorpora cifras posteriores a 2024, el comportamiento registrado durante esta década permite dimensionar el desafío: las hectáreas sembradas con coca pasaron de 142.783 en 2020 a 261.386 en 2024, un incremento de más de 118.000 hectáreas en apenas cuatro años.
Solo entre 2023 y 2024 se sumaron más de 7.815 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo con la última medición de Naciones Unidas citada por la Defensoría del Pueblo en su informe.
La expansión de estos cultivos ocurre en un contexto en el que las economías ilegales continúan teniendo una fuerte capacidad para controlar territorios, financiar estructuras armadas y profundizar la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
Para la Defensoría, este fenómeno debe leerse junto con otras expresiones de violencia que han adquirido fuerza en los últimos años, particularmente en zonas donde la presencia institucional sigue siendo limitada.
El balance también pone la lupa sobre los resultados de la política de sustitución. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) permanecen inscritas 99.097 familias campesinas y étnicas.
Sin embargo, solo el 11 % ha recibido la totalidad de los apoyos previstos para desarrollar proyectos productivos de ciclo largo.
El dato evidencia una de las principales dificultades de la política antidrogas: la reducción de los cultivos ilícitos no depende únicamente de la erradicación, sino de la capacidad del Estado para ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades que dependen de estas economías.
El bajo nivel de cumplimiento de los proyectos productivos deja a miles de familias en una situación de vulnerabilidad frente a los grupos armados y las rentas ilegales.
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La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, declaró el miércoles que el Departamento de Agricultura se está preparando para reabrir un puerto de Nuevo México al comercio de ganado la próxima semana, tras su cierre debido a la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo.
Rollins declaró durante su intervención en la conferencia de la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura, celebrada en Portland (Maine), que tiene previsto viajar a Nuevo México el miércoles por la noche.
“Nos estamos preparando para reabrir ese puerto de Nuevo México la próxima semana”, afirmó Rollins.
A finales de agosto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) reanudó el comercio transfronterizo de ganado con México en el marco de una reapertura gradual de los puertos que comenzó en Douglas (Arizona), tras meses de cierres debido a la preocupación por la propagación del parásito del gusano barrenador.
Según la agencia, actualmente hay dos casos activos de infestación por la larva, ambos en Texas: uno en un caballo y otro en un perro.
“Lo que todos ustedes han demostrado durante los últimos más de 20 días en Douglas es que esto es gestionable y factible, y en cuanto creamos que hay otra amenaza, lo cerraremos de nuevo”, afirmó Rollins.
El hard discount es un modelo enfocado en vender productos a precios bajos. Este modelo ha ganado popularidad en los últimos años en el país, impulsado por cambios en el comportamiento del consumidor, que busca una buena relación entre costo y valor.
Las tiendas que se encuentran en esta categoría en el país son Tiendas 3B y Neto. De acuerdo con Deloitte, en 2025 se registraron alrededor de 5,782 tiendas de hard discount y para 2030, se estima un incremento entre 10,000 y 13,000 tiendas en el país.
¿Cómo funciona el modelo?
A diferencia de las grandes cadenas de retail, que manejan variedad de productos, el hard discount o descuento duro, concentra su oferta en artículos esenciales y la mayoría de productos son de marcas propias.
En los últimos años, los consumidores han mostrado una mayor preferencia por realizar sus compras en un solo lugar y encontrar precios accesibles, de acuerdo con Kilometrics.
El hard discount es un canal que se caracteriza por:
Tener precios más accesibles para el consumidor.
Ofrecen calidad junto con precios bajos.
Ofrecer productos de marca propia y esenciales.
Agilización en las compras y con puntos de venta pequeños en comparación con un supermercado.
El diseño de las tiendas es simple.
No cuentan con gastos operativos, como el acomodo de productos.
Cuenta con poco personal en la tienda.
Además, las tiendas de hard discount se caracterizan por tener menos variedad de productos. Por ejemplo, un supermercado grande puede tener aproximadamente 100,000 SKU (Stock Keeping Unit o unidad de mantenimiento de existencias), mientras que el hard discount puede tener cerca de 2,000 SKU, de acuerdo con Deloitte.
El origen del hard discount
El origen del hard discount moderno ocurrió en Alemania, donde surgieron modelos de comercio enfocados en operar con bajos costos y ofrecer productos a precios competitivos.
Ante la necesidad, los hermanos Karl y Theo Albrecht, quienes administraban una tienda de abarrotes familiar, desarrollaron posteriormente el concepto que daría el origen de ALDI, (acrónimo de Albrecht Diskont).
Por otra parte, el perfeccionamiento del hard discount tuvo influencia por la empresa de alimentos mayorista Lidl & Schwarz, el cual fue adquirida por el padre de Dieter Schwarz, Josef Schwarz, y posteriormente con la expansión del formato hard discount impulsada por Dieter Schwarz.
Como resultado, el modelo se expandió a otros países como una alternativa para adquirir productos a precios bajos.
Al menos 124 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados en todo el mundo el año pasado, y América Latina concentró el 85% de las muertes, mientras los conflictos por la tierra y los recursos naturales continuaron poniendo en riesgo a los pueblos indígenas y a los pequeños agricultores, según un informe publicado el miércoles.
El informe anual del grupo de defensa del medioambiente y los derechos humanos Global Witness documentó 105 asesinatos en América Latina en 2025. Colombia fue el país más mortífero por cuarto año consecutivo, con 39 asesinatos, seguido de Brasil, con 26. Honduras y Filipinas registraron 12 cada uno.
Los defensores de la tierra y el medioambiente son personas que trabajan para proteger sus tierras, recursos naturales y comunidades de amenazas como la minería, la tala, la agroindustria y otros proyectos de desarrollo, a menudo documentando daños ambientales, organizando a las comunidades o patrullando el territorio.
Entre los asesinados se encontraba Vicente Fernandes Vilhalva, miembro de 36 años del pueblo indígena guaraní kaiowá de Brasil, quien recibió disparos durante un ataque armado contra su comunidad en Mato Grosso do Sul en noviembre. Su comunidad lleva mucho tiempo luchando por recuperar su territorio ancestral.
En conjunto, Colombia y Brasil concentraron el 52% de todos los asesinatos documentados a escala mundial.
La cifra mundial disminuyó por segundo año consecutivo, pero el informe advirtió que este descenso no significa necesariamente que los defensores ambientales estén más seguros. El grupo afirma que sigue existiendo un importante subregistro de asesinatos, mientras que las disputas por la tierra, el crimen organizado y la competencia por los recursos convergen cada vez más en regiones donde las comunidades intentan proteger bosques, ríos y territorios ancestrales.
El grupo documentó 142 asesinatos y cuatro desapariciones en 2024, y 196 asesinatos en 2023. Sin embargo, las tendencias variaron considerablemente a nivel nacional.
Los asesinatos disminuyeron en Colombia, de 48 en 2024 a 39 el año pasado, y en México, de 19 a 10. En Brasil, aumentaron más del doble, de 12 a 26, mientras que Honduras también registró el doble de asesinatos, con 12.
El informe documentó 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra y el medioambiente desde que la organización comenzó a hacerles seguimiento en 2012, en uno de los pocos esfuerzos por recopilar sistemáticamente estos casos en todo el mundo. Global Witness trabaja con más de 30 organizaciones en más de 20 países y contrasta los casos con fuentes que incluyen informes de prensa y registros judiciales.
Los pueblos indígenas y los agricultores se llevan la peor parte Más de tres cuartas partes de las personas asesinadas en 2025 eran indígenas, pequeños agricultores o afrodescendientes, según el informe. Cuarenta y siete víctimas eran pequeños agricultores y 44 eran indígenas. Siete de las víctimas indígenas pertenecían a sistemas de guardias comunitarias establecidos para proteger sus territorios.
Las disputas por la tierra estuvieron relacionadas con 84 asesinatos, más de la mitad del total mundial. La minería y las industrias extractivas estuvieron asociadas con 11 muertes, la tala con ocho y la agroindustria con seis.
Según Global Witness, se sospecha que el crimen organizado y los sicarios estuvieron implicados en más de un tercio de los asesinatos, lo que refleja lo que la organización describió como una creciente convergencia entre la actividad delictiva y la explotación de la tierra y los recursos naturales.
Casi la mitad de los 39 defensores asesinados en Colombia eran indígenas y otros 15 eran pequeños agricultores. Treinta y cinco muertes estuvieron relacionadas con conflictos por la tierra. El grupo de defensa identificó presuntos vínculos con el crimen organizado en 17 asesinatos y con sicarios en otros cinco.
Trece de los asesinatos ocurrieron en el departamento suroccidental del Cauca, incluidas las muertes de cuatro miembros de la Guardia Indígena, grupos dirigidos por las comunidades que patrullan y protegen los territorios indígenas. El informe documentó 171 asesinatos de defensores en el Cauca desde 2012, más que en cualquier otro departamento colombiano. Astrid Torres, coordinadora del grupo colombiano de defensa de derechos Somos Defensores, dijo que las autoridades indígenas pueden entrar en conflicto con grupos armados que buscan controlar el territorio para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
“Quieren imponer su orden en contra de los intereses de las comunidades y de sus propias autoridades”, dijo Torres.
La ubicación de la región cerca de la frontera con Ecuador y de las rutas de tráfico del Pacífico la ha convertido en un lugar estratégico para los grupos armados involucrados en el comercio de cocaína.
Brasil registra un fuerte aumento de los asesinatos
Los 26 asesinatos documentados en Brasil fueron más del doble de los 12 registrados un año antes.
Once de las personas asesinadas eran pequeños agricultores y siete eran indígenas. La mayoría de los casos estaban relacionados con demandas de reconocimiento de territorios ancestrales o de reforma agraria, y la mitad se concentraba en los estados amazónicos de Rondonia y Pará, donde la tala y la minería ilegales, la ganadería y la expansión agrícola han contribuido a prolongados conflictos por la tierra.
El aumento se produjo pese a la mayor participación indígena y a los compromisos sobre los derechos territoriales asumidos en la cumbre climática COP30 del año pasado, celebrada en la ciudad amazónica de Belém. Brasil anunció la titulación de 10 territorios indígenas durante la cumbre, aunque cientos de solicitudes siguen pendientes.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil dijo a The Associated Press en una respuesta escrita que reducir la violencia contra las comunidades indígenas requiere garantizar la seguridad de sus territorios, combatir las invasiones y las actividades ilegales y responsabilizar a quienes cometen delitos. Señaló que el gobierno ha reanudado la demarcación de tierras indígenas y ha llevado a cabo operaciones para expulsar a personas ajenas de 12 territorios, beneficiando a más de 67.000 indígenas.
Las amenazas se extienden más allá de América Latina En 2025 se documentaron asesinatos en 15 países.
Asia representó el 12 % del total mundial. Filipinas registró 12 asesinatos, la cifra más alta fuera de América Latina, y el informe señaló que en cinco de ellos se sospechaba de la participación de militares en el marco de operaciones de contrainsurgencia. También se documentaron asesinatos en India, Indonesia, Turquía, Guatemala, Ecuador, Nicaragua y Francia.
En África se verificaron tres asesinatos: dos en Tanzania y uno en la República Democrática del Congo. El informe advirtió que los conflictos armados, las restricciones a la sociedad civil y la inseguridad hacen que sea especialmente difícil documentar los ataques allí.
En el Congo, el periodista Fiston Wilondja Mazambi fue hallado muerto en Bukavu después de investigar la presunta extracción ilegal de oro por parte del grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. Global Witness ha registrado 79 asesinatos de defensores en el Congo desde 2012, la cifra más alta que ha documentado en África.
El informe también se centra en las estrategias de protección lideradas por las comunidades que se están adoptando a medida que los grupos indígenas responden a amenazas que los gobiernos a menudo no han logrado contener. Estas incluyen patrullas territoriales, sistemas de alerta temprana y redes comunitarias de vigilancia.
En Perú, donde cuatro defensores fueron asesinados el año pasado, el informe destaca a la Guardia Indígena Kakataibo, cuyos miembros patrullan el territorio amazónico amenazado por el cultivo ilegal de coca y el crimen organizado.
“Defender nuestro territorio es importante para nosotros como comunidad y como pueblo, y nos enorgullece contribuir a la protección del clima del que todos dependemos”, dijo en un comunicado Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo. “Pero para esta próxima generación, el trabajo es más peligroso que nunca”.
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Los Guardianes del río Atrato fueron galardonados este miércoles con el Premio Rafto 2026 de derechos humanos por su lucha contra la minería ilegal y la destrucción del medio ambiente en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia.
El Cuerpo Colegiado de Guardianes del Río Atrato (CCGA) fue distinguido por su “valiente lucha contra la destrucción del medio ambiente en Colombia”, anunció la Fundación Rafto, con sede en Bergen, Noruega.
La cuenca del río Atrato, en el noroeste de Colombia, está expuesta a altos niveles de violencia debido a la presencia de grupos armados y redes de delincuencia organizada implicados en actividades generalizadas de minería ilegal, indicó la organización en un comunicado.
Desde hace una década, los Guardianes monitorean y documentan zonas afectadas por la minería ilegal y la degradación ambiental, sensibilizan a las comunidades sobre los riesgos de la contaminación y presionan a las autoridades para que cumplan las decisiones judiciales destinadas a proteger el río.
El colectivo surgió después de que la Corte Constitucional de Colombia reconociera en 2016 al río Atrato como sujeto de derechos, en una decisión considerada pionera a nivel mundial en materia de protección de la naturaleza.
Este cuerpo “ha desarrollado un modelo único, impulsado desde las propias comunidades, para proteger el medio ambiente y los derechos humanos, que ha servido de inspiración para iniciativas similares tanto en Colombia como en otros lugares del mundo”, destacó la fundación Rafto.
El Atrato nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar Caribe, atravesando una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, pero también una de las más afectadas por el conflicto armado colombiano.
La riqueza en recursos naturales de la zona ha atraído durante años a grupos armados, cárteles y redes criminales implicadas en el tráfico de drogas, armas y la explotación ilegal de recursos.
La minería aurífera ilegal ha generado una grave contaminación por mercurio, que afecta los suelos, el agua y la fauna acuática, además de representar una amenaza para la salud de las comunidades ribereñas.
“En estas difíciles circunstancias, y riesgos personales importantes, los Guardianes del río Atrato resisten en la primera línea”, afirmó la Fundación Rafto.
Creado en 1986, la Fundación Rafto y su premio dotado de 20.000 dólares llevan el nombre del historiador y militante de los derechos humanos noruego Thorolf Rafto, fallecido un año antes.
Cuatro antiguos laureados, entre ellos Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae-Jung y Shirin Ebadi, recibieron posteriormente el Premio Nobel de la Paz.
El Nobel de la Paz de este año será anunciado el 9 de octubre en Oslo.
Durante julio de 2026, ingresaron a México 8 millones 651 mil 372 viajeros internacionales, lo que representó un incremento de 2.9 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Del total de visitantes que ingresaron al país, 4 millones 407 mil 264 fueron turistas internacionales, es decir, personas residentes en el extranjero que permanecieron al menos una noche en territorio nacional. Esta cifra fue 3.8 por ciento superior a la registrada en julio de 2025.
En tanto, 4 millones 244 mil 107 personas fueron excursionistas internacionales, quienes no pernoctaron durante su visita.
Dentro del grupo de turistas internacionales, los visitantes fronterizos registraron un crecimiento importante, al contabilizar 2 millones 57 mil 51 entradas, cifra 13.2 por ciento mayor a la observada un año antes. Por el contrario, los turistas no fronterizos sumaron 2 millones 350 mil 213 entradas, una disminución anual de 3.2 por ciento.
Turismo internacional genera 2 mil 961 millones de dólares
Pese al aumento en el número de visitantes, el gasto total realizado por los viajeros internacionales en México presentó una disminución anual de 1.3 por ciento, al ubicarse en 2 mil 961.3 millones de dólares durante julio.
Los turistas internacionales concentraron 2 mil 710.3 millones de dólares, mientras que los excursionistas aportaron 251 millones de dólares.
Asimismo, el gasto promedio de los viajeros internacionales fue de 342.3 dólares, una reducción de 4.1 por ciento frente a julio de 2025.
Miles de familias se reunieron en Plaza Patria para celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una noche llena de música, tradición y orgullo mexicano, refirió Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Desde temprana hora, las y los asistentes disfrutaron gratuitamente de una gran variedad de antojitos mexicanos, en un ambiente de alegría y convivencia familiar.
A las 4:30 de la tarde, la música, el color y las tradiciones tomaron la Plaza Patria con el Festival Artístico, que reunió mariachi, música mexicana, danzas folclóricas y diversos espectáculos culturales.
Más tarde, a partir de las 6:00 de la tarde, el Palacio de Gobierno abrió sus puertas para recibir a las familias con una gran verbena mexicana. Aguas frescas, tacos de canasta, tacos dorados, tamales y otros antojitos dieron sabor a una celebración que reunió a personas de todas las edades.
En punto de las 10:00 de la noche llegó uno de los momentos más esperados. Con la Bandera de México ondeando en lo alto, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, en la que recordó a las mujeres y hombres que dieron patria y libertad a México, mientras miles de voces se unieron a una sola para celebrar.
“¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva el general Ignacio Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva la educación, la prosperidad y la familia! ¡Viva la paz y la seguridad de nuestro pueblo! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Gigante de México! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó la gobernadora.
El repique de las campanas y las voces de miles de personas entonando el Himno Nacional dieron paso a un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo del Centro Histórico.
La fiesta continuó con Yuri y su espectáculo “Icónica Recargado”, con canciones como Maldita Primavera, Detrás de mi ventana y El apagón, que pusieron a cantar y bailar al público en una noche de música, recuerdos y grandes éxitos.
Gracias al operativo especial de seguridad y al trabajo coordinado de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, cuerpos de emergencia y protección civil, las familias pudieron disfrutar de los festejos en un ambiente de orden y tranquilidad.
Así, Aguascalientes celebró a lo grande el orgullo de ser mexicanos, en una fiesta que reunió a miles de familias para compartir nuestras raíces, mantener vivas las tradiciones y conmemorar juntos la Independencia de México.
La Administración Trump está redirigiendo 52 millones de dólares (unos 45 millones de euros) en ayuda militar desde países de Europa y Oriente Medio para respaldar a gobiernos alineados con Estados Unidos en el continente americano.
El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó el martes al Congreso que desviaría esos fondos de Irak, Túnez, Eslovaquia y Macedonia del Nortehacia Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.
El Departamento de Estado estadounidense señala que la financiación se destinará a combatir “el narcoterrorismo en nuestra propia región” y a “seguir garantizando la seguridad del canal de Panamá”, y añade que permitirá “evitar que adversarios establezcan posiciones estratégicas en nuestro hemisferio”.
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Trump ha ido centrando cada vez más su atención en el continente sudamericano desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, llevando a cabo ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico y poniendo en marcha una operación para capturar al exdirigente venezolano, Nicolás Maduro. También logrado acceso a la industria petrolera de Venezuela a cambio de mantener al statu quo del régimen, pactando un acuerdo económico con Delcy Rodríguez.
Pero Trump también ha trabajado para profundizar las relaciones con gobiernos que considera alineados con sus objetivos ideológicos, mientras busca reforzar la presencia de Estados Unidos en la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó la semana pasada un viaje a Sudamérica como parte de este esfuerzo, en el que se reunió con los dirigentes ultraconservadores de Perú, Colombia y Ecuador.
El presidente colombiano Abelardo De La Espriella, a la izquierda, y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se abrazan durante la ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia – AP
En Europa, sin embargo, Trump no ha ocultado su deseo de reducir el papel de Estados Unidos, arremetiendo de forma reiterada contra los aliados europeos de la OTAN por su gasto en Defensa y amenazando con retirar las fuerzas estadounidenses del continente.
En agosto, el Departamento de Estado indicó que también planeaba anunciar un paquete de seguridad de 1.000 millones de dólares (864,5 millones de euros) para el nuevo Gobierno de derechas del presidente colombiano Abelardo de la Espriella.
Según la oficina del portavoz del Departamento, el paquete pretende ayudar a Washington y Bogotá a alcanzar “nuestros objetivos compartidos”. Trump lleva tiempo elogiando a De la Espriella, a quien ha calificado de “dirigente inteligente, fuerte y duro” y al que ha prometido “el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos detrás de él”.
