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Roberto Velasco será el nuevo canciller de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dejará su cargo por “motivos de salud”, según él mismo ha comunicado a su equipo de trabajo, de acuerdo a fuentes del Gobierno federal. El canciller se hace a un lado como jefe de la diplomacia mexicana después de asumir la cartera desde el arranque del Gobierno de Claudia Sheinbaum, en 2024. Velasco, un hombre de toda la confianza de la mandataria, se desempeñaba como subsecretario para América del Norte. Un puesto que le ha situado en la primera linea de las negociaciones con Estados Unidos y el Gabinete de Donald Trump.

Los casi dos años en el cargo de De la Fuente, de 74 años, han estado marcados por un pefil bajo en medio del vendaval de presiones desde el norte de la frontera. En noviembre, pidió licencia temporal para separarse del cargo debido a una operación de columna. El exrector de la UNAM (1999-2007), la principal universidad pública del país, reapareció en enero pasado durante la reunión anual de embajadores y cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Velasco tomó las riendas, como encargado de despacho, durante el periodo en el que se ausentó el canciller.

De la Fuente es uno de los funcionarios que Sheinbaum recuperó del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente, que le conoce desde que aquel era rector de la UNAM, lo designó al inicio de su sexenio embajador permanente de México ante las Naciones Unidas. Médico psiquiatra con ideas progresistas, renunció a ese cargo en 2023 para volver a México e integrarse a la campaña presidencial de Sheinbaum. Tras el triunfo en las urnas, la presidenta electa le encargó guiar el traspaso del gobierno entre el equipo entrante y los funcionarios salientes.

Reconocido por sus habilidades de negociador y su amplia trayectoria en organismos internacionales, una de sus últimas invervenciones públicas estuvo centrada en pedir mayor determinación a la ONU pocos días después del ataque estadounidense a Caracas que precipitó la captura del presidente Nicolás Maduro. “La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, es de la que mejor disponemos, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías”, defendió con enfasis en enero.

La agenda internacionald el Gobierno mexicano ha estado irremediablemente concentrada en contener las arremetidas de la Administración Trump. Las prioridades de la cancillería, cómo solía repetir el propio De la Fuente, pasaban por la protección consular a los mexicanos residentes en el extranjero, la defensa de la soberanía y de los principios de no intervención y solución pacífica de las controversias.

(Noticia en desarrollo)

Estados Unidos ha levantado este miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según figura en la página digital del Departamento del Tesoro, según adelanta Reuters. La Administración ha eliminado el nombre de Delcy Rodríguez de “la lista principal de sanciones de Estados Unidos, sección de nacionales especialmente designados”, en la que figuran aquellos mandatarios o personajes sometidos a sanciones financieras por parte de Estados Unidos.

La decisión se produce cuando aún no han cumplido tres meses desde la operación militar del ejército estadounidense para capturar al expresidente Nicolás Maduro en una espectacular misión en Caracas. El líder del régimen chavista fue arrestado y trasladado a una cárcel de Nueva York acusado de narcoterrorismo en menos de 24 horas.

Desde entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confío la dirección del país latinoamericano a la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, con quien ha estrechado las relaciones diplomáticas. Ambos países han alcanzado acuerdos para la reapertura del mercado petrolero venezolano a las compañías estadounidenses. Mientras tanto, el Tesoro ha levantado las sanciones para que las empresas inviertan en el país caribeño.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]

Expulsados de Estados Unidos y sin poder tampoco volver a su país, ahora vagan aturdidos y cansados por las calles de ciudades mexicanas como Tapachula o Villahermosa. Son mayores, algunos jubilados, pasaron casi toda su vida trabajando de pescadores, cocineros o electricistas en Florida. Tenían papeles en regla y algún roce con la ley décadas atrás, una sanción de tráfico o penas ya cumplidas. Dio igual, ICE los arrancó de sus casas o sus trabajos y los soltó en un limbo mexicano del que no saben muy bien ni cómo ni cuándo podrán salir.

“Lloro por la noche, lloro por la mañana. Mire alrededor, somos todos viejos, ¿qué vamos a hacer aquí?”, le contó a mi compañera Beatriz Guillen desde un parque en Tapachula un cubano de 53 años pasó 47 en Miami. Son más de un centenar de deportados cubanos atrapados en la ciudad sureña. No hay cifras oficiales por parte de México, solo el paraguas legal de un acuerdo vigente desde la época de Joe Biden, que establece que México acepta como “tercer país seguro” a extranjeros deportados de Estados Unidos. Y una resolución de un juez que, citando al Departamento de Seguridad Nacional, indica que en base a un “acuerdo no escrito” en el último año deportó a 6.000 cubanos a México.

El movimiento ha agarrado por sorpresa incluso al ayuntamiento de Tapachula, acostumbrado a lidiar con grandes flujos de migrantes durante los últimos años. “Es una situación completamente nueva para la que nadie estaba preparado. Nos preocupa”, le contó a mi compañera desde el ayuntamiento. Nadie les avisó de que ya mandaban a los cubanos, que llevan un par de meses llegando por decenas en camiones del Instituto Nacional de Migración de la frontera norte, en un viaje de tres días en carretera. Desde el ayuntamiento de Tapachula aseguran que todavía esperan indicaciones del Gobierno estatal o federal.

Por ahora, todo son preguntas sobre el futuro de los deportados en México. “¿Por qué los están mandando a Tapachula y Villahermosa? ¿Está recibiendo México financiación de Estados Unidos, cómo hace con otros países, para ejecutar sus políticas migratorias? ¿Qué protección están recibiendo los deportados en territorio mexicano?”, se pregunta retóricamente mi compañera. De momento, los cubanos están peleando por un amparo para conseguir una visa por razones humanitarias, que les permita residir y moverse libremente por México.

Su estatus es parecido al de un apátrida, una identidad vacía en medio de dos aguas. Para el Gobierno de Estados Unidos, “su deportación a Cuba ha sido considerada como impráctica, desaconsejable o imposible”. Los casos personales apuntan a esa indefinición. Jesús Gutierrez, de 63 años, asegura que “le dijeron en el centro de detención de Arizona: Cuba no te acepta”. Niorje Rodríguez intentó el camino a la isla incluso desde Tapachula: se presentó en la sede de Migración y pidió ser deportado a su país: “En cambio me mandaron para Guatemala. De ahí volví, crucé el río y aquí estoy, enfermo, durmiendo en la calle”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, considera que Venezuela está “en fase de recuperación”, pero que aún no ha llegado el momento de pensar en unas elecciones y la población debe pacientarse, según aseguró el martes en el programa del presentador Sean Hannity en la cadena de televisión Fox. El también consejero de Seguridad de la Casa Blanca está al cargo de la tutela que ejerce Washington sobre Venezuela y el Gobierno que preside Delcy Rodríguez tras la operación militar del pasado 3 de enero, cuando en un ataque Estados Unidos capturó y sacó del país a Nicolás Maduro y lo encarceló en Nueva York.

Rubio consideró que Venezuela se encuentra en la segunda fase del plan estadounidense para el país caribeño, que comenzó con la estabilización de las estructuras económicas venezolanas, muy especialmente del sector petrolero. “Estamos viendo una recuperación económica en Venezuela, una recuperación de una manera que es buena para Estados Unidos. Están transportando todo ese petróleo a nuestras refinerías, y ese dinero, los beneficios, se depositan en cuentas bancarias controladas por el Tesoro de Estados Unidos. El dinero va al beneficio del pueblo venezolano, no se roba”, aseguró.

El secretario de Estado calificó de “extraordinario” el cambio de situación en Venezuela en los últimos tres meses. “Parte de la recuperación es que hemos visto cientos de presos políticos liberados. La infame cárcel en la que estaban todos ellos [El Helicoide, en Caracas] se ha cerrado”, dijo en referencia a las salidas de opositores de las cárceles.

“Al final tendrá que haber una fase de transición”, admitió Rubio. “Tendrá que haber elecciones libres e imparciales en Venezuela. Y ese momento tendrá que llegar”, vaticinó. “Tenemos que ser pacientes, pero sin caer en la complacencia”, añadió.

Rubio se reunió el martes en el Departamento de Estado a puerta cerrada con la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, a la que recibía por segunda vez desde la caída de Maduro. Tras el encuentro, Machado afirmó en un mensaje en Instagram que “se acerca el día” para que las familias puedan reunirse de nuevo en Venezuela.

Próximo objetivo

El jefe de la diplomacia estadounidense también fue preguntado sobre Cuba en su intervención en Fox. La Administración de Donald Trump, no esconde, sino todo lo contrario, que piensa en La Habana como el siguiente objetivo para un posible cambio de régimen una vez que haya resuelto, del modo que sea, la guerra en Irán. Rubio vino a refrendarlo en el programa de Hannity, donde auguró que habrá “novedades bastante pronto” en torno a la isla y las negociaciones que desarrolla Washington con el régimen castrista.

Rubio, que encabeza las conversaciones por parte estadounidense, calificó el caso de Cuba de “trágico”. “Tienen un modelo económico que no funcionaría en ningún sitio del mundo. No tienen modelo económico. No tienen una economía. Y tristemente, la gente al frente del aparato del Gobierno son tanto incompetentes como incapaces de resolver esos problemas”, afirmó en la entrevista emitida la pasada noche y de la que el Departamento de Estado distribuyó una transcripción este miércoles.

La isla se encuentra sumida en su mayor crisis económica y humanitaria en décadas, agravada desde el 29 de enero por una orden ejecutiva de Trump que impone un bloqueo energético al país vecino y amenaza con aranceles a los países que intenten suministrarle combustible.

La crisis ha desencadenado apagones constantes y extendidos a buena parte de la isla, un grave problema humanitario debido a la escasez de todo tipo de productos, limitaciones en los hospitales y recortado drásticamente la movilidad dentro del país, dada la pésima situación del transporte público. La precariedad es tal que Trump dio su visto bueno este fin de semana a la llegada de un buque petrolero ruso cargado con unos 700.000 barriles al puerto de Matanzas, en el norte del país. La Casa Blanca ha apuntado a una cierta flexibilización, al asegurar que estudiará futuras entradas “caso por caso”.

Esta semana, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha empezado a repartir en Cuba un envío de ayuda humanitaria, formado por un millar de kits de alimentos y productos de higiene para unas 5.000 personas, enviado el 16 de marzo. Por su parte, Rusia ha reafirmado este miércoles su compromiso para seguir ayudando a Cuba, durante la Comisión Intergubernamental celebrada en San Petersburgo, en la que se debatieron iniciativas de apoyo a varios sectores de la economía de la isla como el energético, de transporte y farmacéutico, informó Efe.

En sus declaraciones, Rubio no hizo mención a estas circunstancias. Sí insistió en el mensaje que repite Estados Unidos una y otra vez desde la operación militar en Venezuela que capturó a Maduro y puso el foco en La Habana como nuevo objetivo. “Cuba necesita dos cosas: reformas económicas y reformas políticas. No puedes arreglar su economía si no arreglas su sistema de gobierno”, afirmó. “Tienen muchos problemas, sin duda, y tendremos novedades al respecto bastante pronto. Estamos trabajando también en eso”, anticipó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El mes de abril llega a Chile con el primer feriado y fin de semana largo del año laboral 2026. La Semana Santa aparece marcada en el calendario como una de las principales conmemoraciones de la iglesia católica del país sudamericano, que se mezcla con varias tradiciones como las recreaciones del vía crucis en los barrios; la emisión de películas o series religiosas en la televisión abierta; y el consumo de productos del mar (especialmente pescados) en reemplazo de las carnes rojas. Esta festividad no es parte del listado de jornadas que, según la legislación laboral vigente, son feriados irrenunciables, por lo que el impacto en el funcionamiento del comercio local será acotado.

Cuándo es el feriado de Semana Santa

Para el año 2026 el calendario de este festivo contempla el Viernes Santo, que es el 3 abril; el Sábado Santo, que es el 4 de abril; y la Pascua de Resurrección; que está fijada para el domingo 5 de abril. Es el primer puente festivo de este año, por lo que las autoridades esperan una masiva salida de personas desde las grandes ciudades hacia otras localidades para realizar actividades turísticas o de descanso.

¿El feriado es irrenunciable?

La Semana Santa no está considerada como un feriado irrenunciable en la ley, por lo que el comercio y los servicios básicos deben abrir sus puertas. En 2024 se empujó la idea de decretar el Viernes Santo como un festivo irrenunciables, para que los trabajadores católicos se sumen a sus actividades religiosas y el resto obtenga un día adicional de descanso. La idea, que era rechazada por los gremios del comercio chileno, no prosperó. Este año tampoco se ha considerado cambiar el estatus de esta jornada, aunque la iglesia ha insistido en que los empleadores deben considerarla para sus trabajadores. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha llamado a sus feligreses a participar de las actividades que tienen programadas las parroquias de todo el país y ha emplazado al empresariado a que asegure la entrega del tiempo necesario a sus empleados. “Hacemos un llamado a garantizar los tiempos necesarios, para que las trabajadoras y trabajadores puedan participar en las celebraciones de estos días, en particular Viernes y Sábado Santo, favoreciendo un clima de recogimiento y descanso familiar”, ha expresado la organización en un comunicado.

La normativa contempla los días 1 de mayo (Día del Trabajador), 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias y las Glorias del Ejército), 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo) de cada año. Estas jornadas son libres para gran parte de los trabajadores del país, incluyendo a quienes trabajan en comercios esenciales como supermercados y farmacias. Quienes necesiten adquirir productos básicos durante esos días deben ir a negocios atendidos por sus propios dueños o boticas que abren sus puertas de acuerdo a un turno.

Otros fines de semana largo de 2026

La Semana Santa es el primero de los seis fines de semana largo que considera el calendario de 2026. El resto de los puentes festivos son el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador); el lunes 29 de junio (San Pedro y San Pablo); el viernes 18 de septiembre (Fiestas Patrias); el lunes 12 de octubre (Encuentro de Dos Mundos); y el viernes 25 de diciembre (Navidad). A ellos se suman algunos días que los trabajadores pueden gestionar de manera particular con su empleador para fijar un puente libre —conocido también como día sándwich— cuando, por ejemplo, un día feriado religioso cae un jueves o un martes.

Se presenta alguien fuera de “la casta”, habla de convertir a Colombia en “país milagro”, de “no vivir de la teta del Estado”, anuncia que “destripará a la izquierda”, cantó en el Movistar Arena, se autodenomina tigre y termina cada frase con un grito de batalla: “Firmes por la patria” poniéndose la mano en la frente como un soldado. Quizá esta descripción les suene familiar a los argentinos.

‌Conforme avanza la campaña presidencial en Colombia, el ultra Abelardo de la Espriella muestra más facetas similares al libertario argentino Javier Milei que, a su vez, imita a Donald Trump, o por lo menos reproduce la forma de hacer campaña que los llevó a la presidencia. En el libro El Arca de Milei, la escritora Valeria Di Croce cuenta cómo y con quién construyó el argentino su poder, y recuerda la forma en que utilizó los dispositivos mediáticos. “A la versión académica de sus primeras apariciones televisivas, Milei sumó histrionismo. El formato de los programas de América TV habilitaba la polémica, y vaya, si supo aprovecharlo”, dice. De la Espriella, acostumbrado a los medios por su faceta de abogado de casos reconocidos como el de DMG, el de Natalia Ponce de León, o el de Alex Saab,el testaferro de Nicolás Maduro, por mencionar algunos, también se crece en la polémica y en sus choques con los periodistas.

‌Recientemente, tuvo un roce en una entrevista con Melquisedec Torres, pero no ha sido el único. El abogado tiene historial de demandas a periodistas. Según la FLIP, entre 2008 y 2019, puso 109 denuncias por injuria y calumnia contra ellos. En el caso de Milei es memorable una rueda de prensa en la que le dijo burra y gritó a una reportera. “Allí había algo más que violencia de género”, escribe Di Croce. “Había una muestra del goce en el destrato. El placer de exponer al otro ante una multitud que se mantenía pasiva ante la agresión”. Lo que ocurrió después, durante la presidencia de Milei, fue un aumento de los ataques y acoso judicial a periodistas. “Las mujeres periodistas han sido objeto del 22% de los 278 ataques contra la prensa en Argentina el año pasado, según FOPEA”.

‌De acuerdo con La Silla Vacía, De la Espriella tiene una gran red empresarial que abarca varios negocios. Su sustento principal son las ganancias de su firma de abogados De la Espriella Lawyers, aunque también está en otras industrias como la venta de ron y vino, así como moda masculina. Hace unos días, dijo que de llegar a la Casa de Nariño tampoco aceptaría el sueldo. “Se va a una obra benéfica, a alguna fundación o vemos qué hacer. Pero no voy a recibir un peso”.

‌Tal vez los argentinos vean la similitud y sobre todo la ironía en el anuncio, precisamente ahora que se ha destapado el escándalo de la criptoestafa de Libra. En su momento, el diputado Javier Milei anunció que no recibiría el sueldo e incluso lo rifaba una vez al mes. Pero el reputado periodista Hugo Alconada Mon encontró que el lobista Mauricio Novelli, investigado en esa causa, era quien pagaba un “sueldo” mensual de 2.000 dólares al entonces diputado. Recientemente, la Justicia argentina halló un presunto acuerdo por cinco millones de dólares en el celular de Novelli para que Milei promocionara la supuesta criptomoneda Libra.

‌Hay similitudes también en la revisión que pretenden de la memoria. Milei negó que durante la dictadura “hubiera existido un plan para desaparecer personas”; Abelardo habla de la JEP como una farsa cuando aparece el tema de las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares. Y, como Milei, propone utilizar la vía de los decretos para situaciones de emergencia y militarizar el país si, como él dice, ocurre un estallido social el 7 de agosto. “Si los bandidos de la extrema izquierda salen a incendiar el país voy a sacar el Ejército a las calles. Les mostraré lo duro que muerde el tigre”.

‌Finalmente, la aparición de De la Espriella supuso un sacudón en el partido tradicional de derecha, igual que la de Milei: el argentino hablaba de una “derecha cobarde”; el colombiano, de “falsa derecha”. Milei puso en jaque a Juntos por el Cambio, la coalición del expresidente Mauricio Macri, que terminó subsumido por los libertarios. Su candidata, Patricia Bullrich, pasó de ser insultada por Milei unos días antes de las elecciones a convertirse en su fiel ministra de seguridad. El colombiano parece tener divididos a los usuales votantes del Centro Democrático. En sus palabras, “al diablo no se le puede enfrentar con una paloma; hay que derrotarlo con un tigre”. El diablo que para él es Iván Cepeda, heredero del petrismo; como para Milei el demonio era el kirchnerismo. Falta ver si De La Espriella logra en las urnas lo que puso Milei.

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El retiro de dos presentadores de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, por un acoso sexual a jóvenes periodistas del mismo medio, ha desatado una ola de denuncias e indignación que podría marcar un punto de quiebre en la cultura patriarcal colombiana. Se estaba demorando, digo yo. Colombia es uno de los países más machistas de este lado del mundo, a pesar de tener, paradójicamente, uno de los marcos constitucionales más garantistas de la región en materia de género.

Esa contradicción entre lo jurídico y la realidad no es accidental. Se inscribe en esa vieja fractura colombiana entre el país legal y el país real, que pocas veces coinciden. La Constitución de 1991 consagró la igualdad formal entre hombres y mujeres; abrió sin restricción legal las puertas del mercado laboral, la educación, la vida pública. La cuestión es que el patriarcado colombiano no opera por decreto, como en el pasado o en otros países; opera desde la dimensión cultural y la complicidad institucional. Sus mecanismos son silenciosos, difusos y, precisamente por eso, altamente eficaces. Se ha reproducido durante años, no necesita de leyes para sobrevivir, le basta con la costumbre, el miedo y la impunidad. Ahora las cosas están cambiando, aunque con mayor lentitud de la que deberían. Ojalá este episodio acelere ese proceso y quiebre esa subcultura en la que el hombre es sujeto y la mujer es objeto.

Un problema cultural, el patriarcado

El acoso sexual en las salas de redacción no es la enfermedad: es apenas el síntoma de una arraigada patología social. Es la punta visible de un iceberg que se extiende por todos los ámbitos y sectores de la sociedad colombiana. Este caso llegó a la superficie porque las víctimas pertenecen a los medios de comunicación, y eso les da una voz y visibilidad que no tienen las miles de mujeres que sufren en silencio —con resignación aprendida— el asedio machista de baja, media o alta intensidad. No es, pues, un hecho aislado.

En los pasillos universitarios, por ejemplo, muchas estudiantes lidian a diario con profesores que aprovechan el poder de calificar para proponer el infame intercambio de sexo por notas. De esto se habla en voz baja y pocas estudiantes se atreven a denunciar, atrapadas entre el miedo a las represalias y la actitud cómplice de las directivas. En varias universidades prefieren el tapen, tapen, por temor al daño reputacional de la institución, sobre la dignidad de la víctima, en lugar de coger el toro por los cachos y sentar precedentes, como lo acaba de hacer Noticias Caracol. Me sorprende que no exista todavía una ola de estudiantes —hombres y mujeres— acorralando a quienes así proceden. Incluyo a los hombres deliberadamente. Esta causa no puede ser solo de mujeres. Como principales responsables del problema, los hombres tenemos la obligación de ser parte activa de la solución.

En mis tiempos de ejerciente del Derecho, se hablaba de magistrados, jueces y fiscales que abusaban de su investidura para darle rienda suelta a sus impulsos de macho alfa. No hay parcela de la vida social que se salve de este patrón conductual. En el sector rural, la mujer vive formas de opresión aún más brutales, reforzadas a veces por la propia familia y entornos altamente vulnerables sin protección institucional. Hubo un tiempo en que el asedio de los señores a las empleadas domésticas era considerado algo ‘normal’, casi parte del paisaje. La precariedad de las normas laborales de entonces no solo permitía esa patología: la estimulaba y normalizaba. Y seamos honestos: no eran la excepción. Eran casi la regla. Entre las parejas se naturaliza el acoso y el abuso, como si la relación concediese al macho el poder de disponer del cuerpo femenino a cualquier hora y según los caprichos del momento. Todo esto hace parte de nuestras realidades culturales.

Poner fin al patriarcado

Para combatir el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género de manera sostenida, el campo principal no son el Congreso ni los juzgados: es la cultura. Los cambios que perduran son los que ocurren en el ámbito del comportamiento colectivo, en los imaginarios que una sociedad tiene sobre el poder, el cuerpo y el género. El endurecimiento de las penas puede contribuir, pero su efecto es limitado cuando la norma social sigue siendo la impunidad. Mientras el patriarcado no sea desmantelado desde sus cimientos culturales, seguiremos viendo acoso, violencia de género y violencia intrafamiliar con la misma regularidad escandalosa de siempre. La semana pasada, según datos de la Policía, en Bogotá se registraron 8.999 casos de violencia intrafamiliar entre enero y febrero, el 70% con mujeres como víctimas. Ciento cincuenta y dos casos al día. Más de seis cada hora. Cifras que no deberían poder leerse sin que alguien responda por ellas. Esto no puede quedarse en un informe frío y en una nota de prensa. Haría bien el Sr. Alcalde en abrir y liderar el debate.

El patriarcado es un sistema de organización social, política y cultural —no una actitud, ni un mal hábito— en el que los hombres detentan el poder de manera estructural y las mujeres quedan sistemáticamente subordinadas. Atraviesa las instituciones, las normas jurídicas, las prácticas económicas y los imaginarios simbólicos. Se expresa en la cultura machista cotidiana, en el control territorial de los cuerpos femeninos y en la carga desproporcionada del trabajo doméstico y del cuidado que recae sobre las mujeres como si fuera su destino natural. Hace que las mujeres vivan formas de subordinación que el derecho formal, con toda su buena voluntad igualitaria, no alcanza a corregir.

Cambiar la ortodoxia judicial

Existe, además, un obstáculo dentro del propio sistema de justicia. La visión ortodoxa del derecho penal —garantista con el victimario en un grado mayor que con la víctima— contribuye a silenciar las denuncias. No son pocos los casos en que quienes denuncian terminan denunciadas, atrapadas en la imposibilidad de probar más allá de toda duda razonable que sí hubo acoso o vejamen. La mayoría de esas conductas ocurren en espacios privados, donde la intimidad garantiza la impunidad: es la palabra de la víctima contra la del victimario, sin testigos, sin rastros documentales. El estándar de la plena prueba —diseñado para delitos con evidencia material— resulta inadecuado para estas situaciones. No se trata de invertir la carga de la prueba de manera irreflexiva; se busca reconocer que cuando estas conductas se dan en espacios privados, el proceso penal convencional puede producir impunidad, y es otra forma de revictimización que induce al silencio.

El actual episodio podría abrir una grieta en el casco de la sociedad patriarcal por donde drene, por fin, ese acumulado histórico de silencios y permisividad. No es una tarea de meses: se requieren años, quizás décadas, para que el cambio sea irreversible. Lo importante es que ya empezó. Gracias a que las mujeres ya no lloran en silencio y en soledad. Ahora denuncian. Y eso lo cambia todo.

Pocos asuntos en la vida pública son tan penosos y, por tanto, susceptibles de instrumentalización, como la crisis de desaparecidos.

Nadie en cabal veredicto lo negará. Los testimonios se reiteran y nos dan cuenta: ante la tragedia, la respuesta siempre es la insuficiencia estatal.

Quien aspire a comprender la magnitud del problema deberá empezar por un hecho: no estamos frente a una sola crisis. Lo que llamamos “desaparecidos” contiene realidades distintas. Solo al separarlas empieza a verse algo con claridad.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —creado en 2018, aunque nutrido con datos que se remontan a 1952— creció durante el sexenio pasado hasta volverse imposible. Dosis iguales de buena voluntad y de falta de método construyeron una base de datos sin orden, incapaz de servir como fuente de información o herramienta para la búsqueda.

Como dice el refranero, el camino al infierno se pavimentó con buenas intenciones. Quien intentaba alumbrarlo todo terminó oscureciéndolo. El resultado fue una base desbordada, confusa, incapaz de distinguir lo esencial.

Con los años, los detalles han comenzado a delatar el desorden heredado.

Es en el intento por corregirlo donde empieza a delinearse una imagen más precisa: la que el viernes presentó la Presidenta en su conferencia mañanera.

El total de personas que permanecen en el registro es de 132,534.

Ese universo se divide en tres partes casi equivalentes.

Un primer tercio —46,742 casos— corresponde a registros definidos por la insuficiencia o el absurdo de sus datos. Ahí están los “Menor NN”, las “Niña”, los “Wicho”, los “Juanito”.

¿Cómo buscar a alguien así? ¿Por dónde empezar? ¿En qué lugar fue vista por última vez “Muebles Gaby”? No hay que ir muy lejos para entender el problema: en la base llegó a figurar la propia Claudia Sheinbaum. ¿Es posible tomarse en serio un registro donde aparece su nombre y apellido? Así no se busca a nadie.

Un segundo tercio —40,308 personas— agrupa a quienes, pese a figurar como ausentes, han dejado rastros de vida. El hombre que se casó años después de su desaparición. El contribuyente que se dio de alta ante el SAT. El ciudadano que cambió su domicilio ante el INE. El burócrata que lleva diez años catalogado como “desaparecido”, pero que cobra cada quince días su salario.

¿Cómo es posible que una persona desaparecida reciba la vacuna contra la covid? ¿Cómo puede ser que alguien ausente haya seguido viviendo en los registros del Estado? La respuesta está en la fragmentación estatal: cada base de datos cuenta una historia distinta.

Hay un último tercio compuesto por 43,128 personas. Tenemos datos para su búsqueda, pero permanecen sin rastro alguno. No hay pistas ni huellas administrativas que permitan seguirlas.

Ahí está el núcleo del problema. En ese vacío. Las personas que, pudiendo buscarlas, no hemos intentado encontrar.

De ese tercio depende el sentido de la política de búsqueda. Sin embargo, incluso ahí aparece otra señal vergonzante: solo una fracción mínima —poco menos de tres mil— cuenta con carpeta de investigación. Es decir, ni siquiera estos —cuyos datos conocemos— están siendo activamente buscados. De ese tamaño la irresponsabilidad estatal.

Es precisamente la magnitud del desastre —y también la alerta que encendieron episodios recientes como el del Rancho Izaguirre— la que hizo necesario un ejercicio riguroso de orden y categorización.

¿El objetivo? No fue disminuir la gravedad de la tragedia, sino poder nombrarla con precisión.

Hoy sabemos algo que antes no era evidente: el fenómeno de las desapariciones no es exactamente el que creíamos. No es menos grave. Pero es distinto.

Exige lo más difícil de toda política pública: tomárselo en serio.

Tomarse en serio los datos, aunque perturben. Tomarse en serio las diferencias, aunque desordenen las narrativas oficiales y las opositoras. Tomarse en serio las críticas, aunque duelan a funcionarios del gobierno anterior. Tomarse en serio la búsqueda, aunque obligue a empezar de nuevo.

Por todo eso conviene matizar la reacción de una parte de la opinión pública que, en medio de la indignación, ha señalado al Estado por “rasurar”, “borrar” o “desaparecer” personas para ajustar cifras. Una imputación de ese calibre exige sustento y claridad técnica.

Las interpretaciones que circulan —muchas veces apresuradas o francamente de mala fe— merecen ser explicadas con mayor precisión. Con seriedad. Quien formula una acusación de este tipo debería poder sostenerla con evidencia.

Tomarse en serio el fenómeno de la desaparición implica eso: cuidar lo que se dice frente a una tragedia de esta magnitud.

Tomárselo en serio —esta vez— es el punto de partida.

Al menos dos personas han muerto y 19 han resultado heridas en un accidente de tránsito ocurrido este miércoles en la vía que comunica a los municipios de Zipaquirá y Ubaté, a unos 40 minutos al norte de Bogotá. La información preliminar, proporcionada por el gobernador de Cundinamarca, da cuenta de que un vehículo que transportaba leche se quedó sin frenos y colisionó con seis vehículos y una motocicleta. Varios testigos señalan que el choque produjo una fuerte explosión.

“Estamos en permanente coordinación con los organismos de emergencia, que ya hacen presencia en la zona, atendiendo a los heridos y adelantando las acciones correspondientes. La vía se encuentra cerrada. Se recomienda tomar vías alternas y estar atentos a los comunicados oficiales”, ha indicado el gobernador Jorge Emilio Rey, quien también ha lanzado un “mensaje de solidaridad” a las familias de los fallecidos.

Rey ha señalado en una entrevista con Noticias Caracol que los heridos han sido trasladados a varios hospitales en la zona, mientras que ha confirmado que los muertos “fueron incinerados”. “Hay 11 ambulancias que están atendiendo a los heridos y que están siendo trasladados a las clínicas más cercanas”, ha agregado. Mientras, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, ha informado al mismo medio que el hecho ocurrió poco antes de las 6.00 y que en las próximas horas identificarán a las víctimas.

Varios videos en redes sociales muestran los momentos posteriores al accidente. El fuego abrasa a los vehículos envueltos en el choque—algunos están completamente calcinados— mientras las personas intentan apagar las llamas y rescatar a los heridos. “La tractomula se está quemando, parece que el señor está quemándose y muchos carros también”, asegura un testigo. Las llamas también han alcanzado el peaje de Casablanca. El tractocamión que transportaba leche se movilizaba desde Ubaté, uno de los grandes municipios lecheros de Colombia.

El accidente sucede en plena Semana Santa, cuando aumenta exponencialmente el número de viajeros en todo el país. 1 de cada 5 habitantes se traslada durante estas fechas. Según proyecciones del Ministerio de Industria y Comercio, al menos 10,8 millones de pasajeros se movilizan estos días por vía terrestre, un 7% más que el año anterior.

Noticia de última hora. Habrá actualización en breve