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La nueva crisis entre los presidentes de Colombia y Ecuador sigue escalando. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado en la noche del jueves que su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, regrese “de inmediato” a Colombia. Esto después de que su contraparte en Ecuador ordenara aumentar los aranceles en la frontera a un 100%. El presidente Daniel Noboa argumenta que el colombiano no está combatiendo el narcotráfico, una acusación que Petro rechaza de tajo.

“Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia”, dice en sus redes sociales. “Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo. Insulta el presidente Noboa al presidente colombiano que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia que no se lograba desde el año 2018”.

Además de la medida diplomática, Petro dice que el aumento de los aranceles son “simplemente una monstruosidad” y significan “el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza”.

El presidente Noboa ya había llamado a consultas a su embajador en Bogotá, un día antes, pero no argumentando el tema del narcotráfico sino como forma de protesta a que el colombiano volviera a defender al exvicepresidente condenado, Jorge Glas. Petro ha argumentado en redes sociales que Glas es un “preso político” en Ecuador, lo que generó la ira de Noboa. El presidente ecuatoriano envió entonces una carta de protesta, llamó a consultas a su embajador en Bogotá, y al día siguiente aumentó los aranceles pasando del tema de Glas al del narcotráfico.

“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, dijo Noboa sobre Petro. “En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, añadió, en referencia a las próximas elecciones presidenciales en Colombia y el fin del mandato de Petro en agosto.

El colombiano, por su parte, contraataca diciendo que el problema grave del narco está al sur de su frontera. “Que expliquen en Ecuador porque caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador porque se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo”, escribió.

También mencionó a Noboa en su mensaje un audio que escuchó en enero, publicado recientemente por EL PAÍS, en el que dos hombres —uno colombiano, otro ecuatoriano— hablan sobre un complot para frenar la extradición de capos del narcotráfico a cambio de declarar contra Petro ante autoridades estadounidenses.

“Sé por las grabaciones, que se dice son de su gobierno, que mandan ordenes extranjeras buscando capos para que me acusen en la frontera. Sé que he contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano a mi y a mi pueblo”, añade el colombiano.

El gremio empresarial es uno de los más afectados por la decisión arancelaria, y el director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, ha llamado a la calma al mismo tiempo que ha criticado la actitud del presidente colombiano. “Los productores y trabajadores colombianos ¿deben pagar por el extraño capricho de nuestro gobierno que lo ha llevado a interferir en los asuntos internos de otro país?”, dijo. ”A los presidentes de Colombia y Ecuador tenemos que pedirles serenidad y responsabilidad”, añadió.

Para Gustavo Petro toda derrota legal es una buena oportunidad política. El presidente de Colombia recibió un duro golpe este jueves cuando la Corte Constitucional tumbó la emergencia económica que el mandatario decretó a fines del año pasado después de que el legislativo le hundiera su cuarta reforma tributaria. Primero fue la rama del poder legislativa, y luego la judicial, quienes cerraron la puerta a la iniciativa que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, cobrando impuestos a los más ricos para enfrentar el déficit fiscal de la nación. Más que por un tema económico, los magistrados se opusieron a que la reforma tributaria se dicte así, por decreto, saltándose la decisión del poder constitucional del Congreso. Petro entonces, ante un público de víctimas de la guerra en el departamento del Chocó, no cedió un ápice ante la crítica legal. “Nos quieren ahorcar”, dijo el presidente sobre las dos instituciones que lo han frenado. “En Colombia no se está construyendo un estado social de derecho”, añadió. Pasó a afirmar entonces que sin dicha reforma tributaria sería imposible indemnizar a las víctimas de la guerra del país. “Y si Colombia no va a alcanzar la paz, entonces tengo que decirle que todo ese poco de funcionarios que hay en la Corte, en el Banco de la República, en el Congreso y hasta en este gobierno, pues tienen que renunciar“, añadió. ”Me dicen que no debo hablar de eso porque entonces me muestro como un dictador. No, el debate público tiene que abrirse”.

El debate público para el presidente es cada vez más lejano a la ortodoxia económica, ―para un mandatario que ya decidió romper la regla fiscal en junio del año pasado―, y también cada vez más desafiante de las lógicas constitucionales. Defendió de nuevo el aumento histórico que hizo del salario mínimo, del 23%, a pesar de que este haya aumentado dicho déficit en las arcas del Gobierno, y fue criticado también en las cortes por ignorar los criterios técnicos usuales. Luego Petro sugirió en su discurso que el Banco de la República emita dinero para darle directamente a las víctimas envés de a los bancos. “¿Por qué el Banco de la República emite dinero nuevo pero se lo entrega al banquero? ¿Por qué no lo entrega de una vez a las cuentas de ahorro del listado de indemnización de las víctimas de Colombia?“, preguntó. ”En vez de que el señoreaje lo haga el dueño del banco, el señoreaje lo haría, dada las circunstancias de Colombia, la víctima que necesita indemnización”.

Luego vinieron los ricos, los enemigos de siempre del presidente, los que han sido llamados “vampiros”. Petro le pidió a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, que ”le toca tomar decisiones audaces” frente a ellos, el mismo que ha dicho que su función no es contradecir al presidente. “Germán, yo sí creo que hay que recortar el gasto, pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia, así nos intenten coger presos o matar”, sugirió. “Yo quiero un recorte, si no es capaz el Congreso de aprobar la reforma tributaria, un recorte billonario de los gastos que se transfieren anualmente del presupuesto nacional vía tasas de interés que tenemos que pagar, vía contratos de 4G y 5G que tienen guardada la plata en los bancos y no están haciendo las obras. El recorte va ahí, hermano”. Los ricos, repitió varias veces, son los banqueros. Los de los bancos privados y los del Banco de la República, con quien está de pelea desde que no bajaron las tasas de interés como el presidente pedía, y entonces decidió que Ávila saliera de la junta de la institución. “Los miembros del Banco de la República no tienen ni idea qué es eso”, dijo Petro. ‘Eso’ siendo el Estado Social de Derecho.

Los críticos a las formas del presidente celebran hoy que en Colombia los contrapoderes reaccionen al enorme poder de un Estado presidencialista: la Corte Constitucional tumba el decreto de emergencia económica, el Consejo de Estado suspende el aumento del 23%, y más recientemente el Banco de la República decide subir las tasas de interés para frenar la inflación a pesar de la voz de protesta del Presidente. Incluso la empresa de energía Ecopetrol, la más grande del país donde Petro tiene mayorías, decidió retirar esta semana a su presidente, Ricardo Roa, por escándalos de corrupción, a pesar de la protesta desde Casa de Nariño.

“El estado de emergencia económica es una herramienta absolutamente excepcional, sujeta a estrictos límites materiales y formales”, celebra Juan David Velasco, socio de Impuestos de Baker McKenzie, sobre la decisión de la Corte Constitucional. “No puede convertirse en un mecanismo alterno de legislación cuando, en un escenario democrático, el Congreso niega o modifica las propuestas del Gobierno. La decisión marca un precedente clave en la defensa del equilibrio de poderes públicos. La Constitución no es un instrumento maleable al vaivén de las coyunturas políticas”.

La parte más amarga de la historia es que, con un sistema de contrapesos que funciona, pero con un mandatario que no está dispuesto a ceder ante esas críticas legales, o a la concertación legislativa, es que Colombia sigue paralizada ante la posibilidad de encontrar soluciones a la grave crisis fiscal que vive el país: el presupuesto del Gobierno sigue desfinanciado, la deuda de la nación ha aumentado a récords históricos, el recaudo tributario sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos. El problema de caja sigue siendo el elefante en el cuarto, ahora con la inflación al alza, las calificadoras de riesgo como Standard & Poors rebajando la calificación de riesgo de Colombia. Para Petro la crisis es culpa de las instituciones, y para las instituciones Petro no está buscando de forma responsable resolver la crisis.

Gustavo Petro no llamó esta vez a una Asamblea Constituyente para resolver lo que ha definido como un bloqueo institucional para hacer cambios. Anunció que volverá a presentar la reforma tributaria ante el legislativo, a pesar de que este está ya en el final de su periodo y el Gobierno no tiene mayorías en el Congreso. Ver hundir la reforma (por quinta vez) no tiene el objetivo de salir de la crisis, sino uno más electoral. “Benedetti dirá ‘también la hundir’. No importa que, el pueblo sepa con nombre propio quién está cometiendo un suicidio nacional”, dijo el presidente. El pueblo que debe votar el próximo 31 de mayo por un nuevo presidente.

Sergio Fajardo sigue intentando remontar en su campaña a la presidencia pese a los malos resultados de las encuestas. Su estrategia de los últimos días ha tenido un objetivo más claro: señalar los principales problemas del Gobierno del presidente Gustavo Petro y cuestionar así al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien lidera las encuestas y es el candidato del oficialismo. En contraste, el exalcalde de Medellín ha guardado silencio frente a Paloma Valencia y a los escándalos de corrupción del uribismo, salvo en una breve alocución en la que su esposa, María Ángela Holguín, criticó a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, al asegurar que no representaba el centro político. Fajardo parece más enfocado en recuperar el votante del centro que se ha ido hacia la izquierda y está decepcionado del Gobierno actual.

En la tarde de este jueves, Fajardo publicó una serie de mensajes en los que cuestiona la fallida paz total, la crisis del sistema de salud y los escándalos de corrupción en el Gobierno. “Los mismos criminales que el presidente Petro sacó a la tarima en Medellín hoy están de rumba en la cárcel”, escribió el exgobernador de Antioquia ante la denuncia de una concejal paisa sobre la parranda vallenata que tuvieron criminales en la cárcel de Itagüí mientras están en una mesa de diálogos de paz. “Primero la tarima en La Alpujarra. Luego los beneficios de la paz total. Y ahora fiestas con licor, artistas y decenas de invitados desde una cárcel de máxima seguridad. 500 millones de pesos para celebrar mientras el país vive con miedo”, continuó. “Están dándoles legitimidad política y poder. El 7 de agosto se les acaba la fiesta. Retomamos el control de las cárceles y le devolvemos el orden al país. Chao, Paz Total”. La Paz Total es una política de la que Iván Cepeda fue uno de los principales arquitectos.

El mensaje en su cuenta de X concluyó con una escoba, el símbolo con el que el candidato busca renovar su discurso anticorrupción. Cuando se presentó con decenas de escobas, hizo un mensaje mucho más directo a Cepeda, a quien criticó por su silencio ante una denuncia de Noticias Caracol en la que se afirma que un funcionario del servicio de inteligencia del Gobierno le ofreció al zar del contrabando, alias Papá Pitufo, entrar a la Paz Total para evitar la extradición. “El que calla otorga”, le dijo Fajardo a Cepeda ante los medios. “Está siendo cómplice, por omisión, de la corrupción que se está dando en este gobierno”.

Fajardo luego cuestionó el nombramiento como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del polémico Wilmar Mejía, funcionario cercano a Petro y acusado de tener vínculos con las disidencias de las FARC. “Pretenden combatir la corrupción y nombran a Mejía en la entidad que rastrea el lavado de activos, el dinero del narcotráfico y la plata robada a los colombianos. Un perfil sin experiencia en inteligencia financiera, mencionado en investigaciones por reuniones con alias Calarcá y con relaciones con figuras hoy cuestionadas por corrupción como Olmedo López”, escribió el candidato de Dignidad y Compromiso. El exgobernador también criticó la crisis del sistema de salud que vive hoy el país. “Colombia ve filas, inquietudes y malestares de personas que tendrían que recibir el servicio de salud y no lo están recibiendo”, dijo desde la sede la la Nueva EPS, en la que miles de pacientes hacen cola para recibir sus medicinas.

En paralelo con los cuestionamientos a esos tres asuntos críticos del Gobierno ―Salud, paz total y escándalos de corrupción―, la campaña de Fajardo desplegó dos iniciativas con las que busca recuperar terreno en votantes del centro que se han ido hacia las toldas de Iván Cepeda. En la mañana del jueves, el exalcalde y su fórmula a la vicepresidencia, la exsecretaria de Educación Edna Bonilla, lanzaron una recolección de firmas para promover un referendo que proteja la Constitución de 1991 ante la amenaza del Gobierno de Petro de hacer una Asamblea Nacional Constituyente.

“Anunciamos la radicación ante la Registraduría Nacional del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional 2026-2034″, se lee en un comunicado de prensa de la campaña. “Colombia necesita un cambio serio y seguro. Y ese cambio solo es posible si protegemos primero las reglas que nos permiten construir nación. La Constitución de 1991 es uno de los acuerdos más importantes que hemos hecho como país. En ella están consagrados nuestros derechos, nuestras libertades, los límites al poder y las garantías de todos los colombianos. Treinta y cinco años de tutelas, de derechos conquistados, de instituciones construidas con esfuerzo. Hoy la sentimos amenazada: por quienes pretenden reemplazarla con una asamblea hecha a la medida”.

El referendo que comienza a promover Fajardo es una respuesta clara ante los deseos del presidente Petro de aprobar en el próximo Congreso la constituyente y ante el silencio del candidato Cepeda, que no ha dicho si está o no de acuerdo con esa idea. Por un lado, su nuevo aliado, el exministro Juan Fernando Cristo, asegura que para la campaña de Cepeda la constituyente no es una prioridad, pero por otro, varias personas cercanas han recogido firmas en los eventos de Cepeda para apoyar ese proyecto de ley. “Colombia sí necesita reformas: en salud, en educación, en justicia, en empleo. Pero esas reformas se hacen con las instituciones, no destruyéndolas”. dijo Edna Bonilla en la presentación de la iniciativa de Fajardo contra la Constituyente que presiona a Cepeda. Es un mensaje claro para el votante de centro que se inclina hacia la izquierda pero no quiere ver reformada la Constitución del 91.

Días antes, en la tarde del lunes, cuando Fajardo y su equipo presentaron el símbolo de la escoba para “barrer la corrupción”, firmaron un decálogo de prácticas de transparencia en el Gobierno. La lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos serán el eje central de campaña. El exalcalde, su fórmula a la vicepresidencia y su aliado Jorge Enrique Robledo, que no salió elegido al Senado, llegaron hasta la sede de Ecopetrol en Bogotá con escobas para cuestionar la continuidad del presidente de la compañía, Ricardo Roa. “Vamos a recorrer el país, mostrar los elefantes blancos que hay, porque en Colombia se están robando las necesidades de la gente. Llegó la escoba hasta el final de esta campaña”, dijo Fajardo. Lo que más quieren limpiar, por ahora, apunta más hacia la izquierda que hacia la derecha.