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El principal avance, explicó Homan en rueda de prensa desde Mineápolis, es una mayor colaboración para la detención de inmigrantes indocumentados peligrosos que estén en los sistemas de prisiones estatal o local. Por ejemplo, explicó que Ellison se comprometió a que las cárceles de los condados notifiquen a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) sobre la fecha de liberación de indocumentados que hayan supuesto un riesgo para la seguridad pública.

Este tipo de cooperación hace las detenciones «más seguras para la comunidad, más seguras para los agentes y más seguras para los indocumentados».

«Es el tipo de cooperación de sentido común que permite que se reduzca el número de agentes que tenemos aquí», defendió.

Homan llegó a Mineápolis este lunes por la noche, en medio de la convulsión por la muerte de un segundo vecino, Alex Pretti, por disparos de agentes federales durante uno de sus operativos. Homan, que estuvo al frente de ICE en el primer mandato de Trump, relevó a Gregory Bovino, un alto cargo de la Patrulla Fronteriza que se había convertido en la cara de la mano dura migratoria del presidente de EE.UU.

«Podemos hacer mejor las cosas», dijo Homan en su comparecencia, en la que no se refirió a las muertes de Pretti y de otra vecina, Renee Nicole Good, que desataron una crisis en Mineápolis con repercusiones nacionales. Pero el nuevo jefe de las operaciones en Minnesota aseguró que «no vamos a renunciar a nuestra misión, solo lo vamos a hacer de manera más inteligente». Y que la retirada de los agentes también dependerá de la colaboración de las autoridades locales en rebajar la tensión, en acabar con la «retórica de odio» que ha dificultado las labores de detección y detención de inmigrantes indocumentados.

«Vamos a recuperar la ley y el orden y vamos a trabajar juntos para eliminar amenazas a la comunidad», prometió.

Homan reconoció que la posición sobre política migratoria de los demócratas de Minnesota -como Walz, Ellison o el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey- está lejos de la de la Administración Trump. «Pero no he venido aquí a sacarme fotos o aparecer en titulares», dijo. «Hay cosas en las que estamos de acuerdo: la seguridad de la comunidad es primordial: y ICE es una fuerza de seguridad legítima encargada de hacer cumplir las leyes emanadas del Congreso y mantener la seguridad en las calles».

Redadas selectivas

El enviado de Trump aseguró que la cooperación de las autoridades locales y la bajada de la tensión es lo que facilitará una reducción progresiva del número de agentes de Mineápolis, donde se han desplegado alrededor de 3.000 efectivos desde diciembre. Defendió que el alto número de agentes tiene que ver con la retórica agresiva de los locales y la resistencia de los vecinos a las redadas.

Pero no ocultó un punto de autocrítica. «No estoy aquí porque el Gobierno federal haya llevado a cabo su misión de forma perfecta», reconoció Homan, en medio de alegaciones de detenciones indiscriminadas, uso de fuerza excesiva, arresto de ciudadanos estadounidenses y un clima generalizado de miedo y tensión, además de los episodios de violencia registrados.

Aseguró que las operaciones de detención de inmigrantes serán «focalizadas», «como ha sido de forma tradicional», priorizando la detención de inmigrantes con historial criminal violento. No negó, como ha hecho siempre la Administración Trump, que cualquiera que haya vulnerado la ley y haya entrado de forma ilegal en EE.UU. es susceptible de ser detenido. Pero aseguró que, si hay más cooperación y más seguridad en los operativos, «el resultado también será menos detenciones colaterales».

La sensación que han dejado las operaciones decretadas por Trump no es de redadas focalizadas, ordenadas, que, como dijo Homan, son «más seguras y menos violentas». Desde el año pasado, el presidente de EE.UU. ha optado por operaciones espectaculares, centradas en ciudades específicas -Los Ángeles, Chicago, Nueva Orleans, Mineápolis-, con despliegues masivos de agentes, que han desatado el temor en las comunidades de inmigrantes y han puesto a los vecinos en vilo.

Vídeo de Pretti

Homan no se quiso referir al vídeo de Pretti que apareció en la víspera. Se trata de otro altercado previo con agentes federales, once días antes de su muerte. En el documento se ve cómo se enfrenta, insulta y escupe a agentes en un operativo. Después, agrede su coche con dos patadas y rompe luces de la parte trasera. Los agentes le agarran, hay un forcejeo en medio de un tumulto y acaba escapando. «Dejemos que la investigación siga su curso», se limitó a decir Homan.

Trump, contra lo que es habitual en él, optó por el silencio. El presidente de EE.UU. celebró una de sus reuniones de Gabinete televisadas y no admitió preguntas de la prensa. Dio la palabra a varios de sus secretarios, en especial en asuntos relacionados con la economía. Pero no a Kristi Noem, la responsable del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, y una de las figuras que ha salido debilitada de la crisis en Mineápolis.

Quizá la intención de Trump era no restar protagonismo al estreno esa misma noche de ‘Melania’, el documental protagonizado por Melania Trump, la primera dama.

La decisión responde a la ola de represión que el régimen islámico ha desatado para contener las protestas multitudinarias de los ciudadanos que han salido a las calles pidiendo libertad y cambios en el país y que, según la mayoría de estimaciones, habría costado más de 5.000 vidas. Para Kallas, «cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando para su propia desaparición».

Los ministros han decidido también ampliar las medidas contra Irán y han añadido a 15 personas y seis entidades en la lista de sancionados como respuesta a la brutal represión y también por el apoyo a Rusia en su invasión de Ucrania. Entre los que aparecen en esta nueva lista figura Eskandar Momeni, ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, así como el fiscal general Mohammad Movahedi-Azad o Iman Afshari, juez del Tribunal Supremo. Además, se han incluido varios comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos mandos de la Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

250 personalidades sancionadas

Actualmente esa lista suma ya unas 250 personalidades, todas relacionadas con el régimen de los ayatolás. La decisión se ha tomado por unanimidad de todos los países, como es preceptivo cuando se trata de sanciones. Las medidas punitivas consisten en la congelación de activos, la prohibición de viajar a la UE y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas incluidas en la lista. También se prohíbe la exportación a Irán de equipos que puedan utilizarse para la represión interna, incluidos los equipos de vigilancia de las telecomunicaciones.

La Guardia Revolucionaria se considera una pieza esencial en la estructura del régimen y depende directamente del Líder Supremo Alí Jamenei. En realidad, esta unidad constituye el núcleo de la defensa ideológica de las fuerzas de seguridad del país. Fue creada tras la revolución de 1979 como una entidad dedicada a proteger a los líderes religiosos del país y para defender la ideología islamista del régimen y los principios de la revolución. Por ello es utilizada frecuentemente como herramienta para controlar a los disidentes y las protestas. Cuenta con una sección de voluntarios, la ‘Niruye Moqavemate Basij’ (Fuerza de Resistencia Basij), que es utilizada frecuentemente en tareas de represión directa a la población.

La anticipada decisión de la UE de incluir en la lista negra a la Guardia Revolucionaria se produce después de que Francia e Italia anunciaran su apoyo a la medida, tras haberse opuesto previamente con el argumento de que esta medida podría cerrar los canales diplomáticos con Teherán. Intentando dejar una puerta abierta, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, no ha sido incluido en la lista de sancionados.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo que consideraba esta decisión como un «llamamiento» a Teherán para que libere a los presos políticos, ponga fin a las ejecuciones, restablezca el acceso a internet a los 90 millones de iraníes y deje salir a los ciudadanos europeos que se encuentran refugiados en varias embajadas. «No puede haber impunidad para los crímenes cometidos». Por su parte, el ministro español, José Manuel Albares, afirmó que Madrid «condena la represión insensata del régimen iraní contra sus propios ciudadanos» y que, por ello, se ha sumado a la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria.

Preguntado en una entrevista con ABC News sobre qué implica ese relevo, Trump aseguró que «vamos a empezar a hacer las cosas de forma un poco más relajada». Es la misma persona que hace poco se quejaba porque los agentes federales «no han ido suficientemente lejos» y que ha defendido las actuaciones en Mineápolis, pese a la oposición en esta ciudad de mayoría demócrata.

«Buena parte del trabajo más duro ya se ha hecho», defendió Trump, que da señales de querer dejar atrás los problemas de opinión pública que le está causando esas muertes en Mineápolis.

Baja temporal para dos agentes

Este cambio de tono se percibe también en las decisiones sobre la última de esas tragedias, en la que murió Alex Pretti, un enfermero que trabajaba en un hospital para veteranos del ejército. La Administración Trump defendió en un momento que los agentes que le dispararon actuaron en defensa propia y que Pretti buscaba «masacrar» policías, contra lo que se ve en los vídeos grabados por testigos. También dijeron que esos agentes seguirían en sus funciones, aunque probablemente en otro lugar. Eso cambió este miércoles, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) anunció que los dos agentes han sido colocados en situación de baja administrativa, relevados de forma temporal.

Esto ocurre en un momento en el que crece la presión sobre la secretaria del DHS, Kristi Noem, que tiene a su cargo las agencias federales que han ejecutado la operación migratoria en Mineápolis. Como otros altos cargos de la Administración Trump, Noem reaccionó con una narrativa falsa sobre la muerte de Pretti. Por ejemplo, dijo que el vecino «blandía» un arma en su interacción con los agentes, lo que no se corresponde con la verdad.

Algunos republicanos han criticado su gestión. E incluso han llegado a pedir su dimisión, como el senador Tom Tillis, uno de los pocos congresistas que se atreve a enfrentarse a Trump, porque no se presenta a la reelección. Los demócratas, por su parte, aseguran que si Noem no dimite, iniciarán un ‘impeachment’ o juicio político contra ella. «Esto se puede hacer de la manera fácil o de la difícil», dijo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Rubio recurrió a una metáfora médica para describir el país como un paciente con una pierna rota y una lesión interna que amenaza la vida, insistiendo en que primero hay que evitar el colapso antes de corregir otros daños, y que la recuperación no puede acelerarse como «un plato congelado en el microondas». Afirmó que por primera vez en más de una década y media existe una posibilidad real de transformación, con comunidades venezolanas en Estados Unidos esperando regresar e invertir en la reconstrucción. Como ejemplo, citó transiciones como las de España y Paraguay, subrayando que el paso de la autocracia a la democracia no es lineal, con altibajos, aunque dijo que la tendencia hasta ahora va en la dirección correcta.

El secretario de Estado intentó ordenar la transición en tres objetivos. El final, insistió, es una Venezuela «amigable, estable, próspera y democrática», con elecciones libres y justas en las que todos los sectores estén representados. Subrayó que no basta con votar si la oposición no tiene acceso a medios o si los candidatos son inhabilitados. Pero reconoció que ese horizonte no se alcanza en semanas. «Va a llevar tiempo», admitió.

En ese punto entró el mecanismo central de esta fase: el petróleo y el dinero. Rubio explicó que Estados Unidos mantiene sanciones y una «cuarentena» sobre el crudo venezolano, que impide su libre salida al mercado. Washington, dijo, ha aceptado un arreglo temporal: permitir que parte del petróleo se venda a precio de mercado —no con el descuento que, según él, recibía China— a cambio de que los ingresos se depositen en una cuenta bajo supervisión estadounidense. Ese dinero, afirmó, debe gastarse «en beneficio del pueblo venezolano».

El segundo objetivo, explicó, es una fase de recuperación. Normalizar la industria petrolera, sacar al sector de la corrupción y del dominio criminal, y convertir los recursos naturales en motor de estabilidad futura. Rubio recordó que, aunque Venezuela tenga las mayores reservas del mundo, su petróleo es el salvavidas que permitirá sostener el país si se gestiona bajo reglas normales.

Apertura económica y política

En ese marco, dio crédito a las autoridades actuales por haber aprobado una nueva ley de hidrocarburos que elimina restricciones de la era Chávez a la inversión privada. Reconoció que puede no ser suficiente para atraer capital masivo, pero la presentó como un «gran paso» en apenas tres semanas.

La transición, añadió, también implica abrir espacio político. Rubio habló de presos políticos —hasta 2.000 según algunas estimaciones— y afirmó que están siendo liberados, aunque «más lento» de lo que él quisiera. Dijo que algunos liberados empiezan a hablar y a participar en la vida pública, pero admitió que queda una lista larga.

Rubio insistió en que nada de esto habría sido posible con Maduro en el poder. Recordó que se intentó durante años negociar su salida y que Maduro rompió todos los acuerdos. Citó como ejemplo un pacto con la Administración Biden que, según él, terminó en incumplimiento: liberaciones parciales seguidas de nuevas detenciones, promesas electorales rotas, inhabilitación de candidatos como María Corina Machado. Rubio describió a Maduro como alguien con quien «no se puede hacer un trato».

El secretario de Estado partió de un diagnóstico muy duro del chavismo como amenaza estratégica hemisférica. Describió el régimen de Maduro como un «régimen narcotraficante» dirigido por un «individuo acusado» que convirtió Venezuela en base operativa de adversarios globales. Aseguró que Irán tenía allí su principal plataforma en el hemisferio occidental, que Rusia utilizaba Caracas como eje de proyección regional y que Cuba y Nicaragua formaban parte de ese mismo entramado.

Cortar la influencia china

Añadió que China recibía petróleo venezolano con descuentos de hasta 20 dólares por barril, en ocasiones sin pagar en efectivo, sino como forma de amortizar deuda. Venezuela, dijo, no era un problema lejano, sino una amenaza instalada «en nuestro propio hemisferio», con efectos directos en Estados Unidos, Colombia y el Caribe.

Rubio justificó el sistema como respuesta a una urgencia de tipo material. Venezuela, sostuvo, se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento y se enfrentaba a un colapso fiscal inmediato. Necesitaban dinero para pagar servicios básicos: policías, trabajadores de saneamiento, funcionamiento mínimo del Estado. El mecanismo, dijo, no es permanente, pero permite evitar un desplome en el corto plazo mientras se administra la transición.

El esquema incluye, según Rubio, un control operativo del gasto. Las autoridades venezolanas deben presentar presupuestos con necesidades concretas. Estados Unidos define desde el inicio para qué no puede usarse el dinero. Rubio afirmó que las autoridades han sido «muy cooperativas». Incluso dijo que han prometido destinar una parte sustancial de esos fondos a comprar medicinas y equipos directamente a Estados Unidos.

El secretario de Estado se detuvo también en un elemento técnico que considera estratégico: los diluyentes necesarios para mezclar el crudo pesado venezolano. Aseguró que Venezuela obtenía antes el 100% de esos diluyentes de Rusia y que ahora los obtiene completamente de Estados Unidos. En su relato, esa dependencia forma parte del nuevo sistema de control y estabilización.

Rubio añadió, además, un punto especialmente sensible: el trato con el entorno de Delcy Rodríguez en esta fase. Subrayó que no se trata de una apuesta permanente, sino de una estabilización transicional. Reconoció que están tratando con «individuos que han estado involucrados en cosas que en nuestro sistema no serían aceptables». Y describió el chavismo como un sistema sostenido por la corrupción: «El pegamento que mantenía unido al régimen no era la ideología».

Asimismo, el secretario de Estado expresó un respeto claro por María Corina Machado y subrayó que la conoce desde hace años, que ha tratado con ella de cerca y que incluso tenía previsto reunirse con ella de nuevo. En ese intercambio, explicó que los comentarios de Trump antes diciendo que no tiene «respeto» en Venezuela no iban dirigidos a cuestionar su legitimidad personal, sino a describir una realidad incómoda del momento actual: que, «nos guste o no», el control efectivo dentro de Venezuela sigue en manos de quienes dominan las armas, las instituciones y el aparato del Estado.

Rubio sostuvo que ese es el punto central que Trump quería señalar. Machado puede tener respaldo moral y reconocimiento internacional, pero hoy no controla las estructuras de poder interno. Por eso, dijo, la transición que Estados Unidos intenta activar busca precisamente abrir un proceso de estabilización y recuperación en el que ella y otros actores democráticos puedan «formar parte» de una salida política real, aunque el aparato siga todavía en manos del bloque chavista.

El dinero del petróleo

Para responder a quienes temen que el dinero termine en redes criminales, Rubio detalló un blindaje adicional. Dijo que los ingresos del petróleo sancionado se depositan en una cuenta bloqueada bajo control estadounidense y que «por adelantado diremos en qué puede gastarse este dinero». Caracas debe presentar solicitudes presupuestarias y, como parte del mecanismo, se financiará un proceso de auditoría para verificar el destino de los fondos. Confirmó que se ha hecho ya un primer pago, necesario para cubrir nóminas y mantener en funcionamiento servicios básicos, y explicó que ese desembolso será auditado retrospectivamente.

En ese contexto, Rubio introdujo otro elemento clave del «día después»: la apertura gradual de actividad económica bajo control estadounidense. Señaló que, para estabilizar el país, será necesario conceder licencias a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo del Tesoro que autoriza excepciones a las sanciones. Lo explicó de forma simple: cualquier empresa que quiera explorar oportunidades o realizar actividad económica en Venezuela necesitará una licencia del Tesoro para poder operar legalmente.

Sobre la operación que lo sacó del poder, aportó otro dato: Maduro tenía una recompensa de 50 millones de dólares, la mayor emitida por Estados Unidos, y varias administraciones, de ambos partidos, buscaban su arresto. Dijo que se hicieron intentos para que se fuera voluntariamente antes de ejecutar la opción de removerlo.

El resultado, según Rubio, es que por primera vez en veinte años Estados Unidos mantiene conversaciones serias con autoridades venezolanas sobre cooperación antidrogas, persecución de organizaciones criminales y reducción de la presencia iraní, rusa y china. Recordó que Venezuela fue en otro tiempo un aliado fuerte de Estados Unidos antes de Chávez, y que Washington aspira a reconstruir esa relación.

Finalmente, habló de la dimensión diplomática. Dijo que habrá un relevo al frente de la unidad de asuntos venezolanos y que ya hay un equipo estadounidense sobre el terreno evaluando una reapertura rápida de presencia diplomática. Eso permitiría contacto directo no solo con las autoridades interinas, sino con la oposición y la sociedad civil.

Rubio dijo que el país viene de décadas de sistema «gangsteril». Pero afirmó que, en menos de un mes, están más avanzados de lo esperado. Y dejó claro el mensaje central de su plan: estabilidad primero, control del dinero del petróleo bajo supervisión estadounidense, licencias económicas bajo OFAC, reformas iniciales, liberaciones graduales y una transición que, en su visión, debe culminar en una Venezuela democrática y alineada con Washington.

El movimiento quedó plasmado en un decreto ejecutivo firmado sin anunciarse o firma pública que blinda los fondos derivados de la venta de recursos venezolanos y los coloca bajo custodia de Estados Unidos. El texto, datado el 9 de enero, declara una emergencia nacional para impedir que ese dinero sea embargado, transferido o sometido a procesos judiciales, y establece que solo podrá utilizarse bajo instrucciones determinadas por el secretario de Estado.

En la práctica, Rubio se convierte en el único árbitro sobre cómo se gastará cada dólar destinado a la transición. Es algo que deja a Rodríguez y el régimen sin control efectivo de las inversiones. El secretario de Estado acude al Capitolio el día 28 a explicar en el Senado su política hacia Venezuela, y se enfrentará a preguntas de ambos partidos.

La mencionada orden ejecutiva tiene un propósito doble. Por un lado, proteger esos fondos del asedio de acreedores internacionales que durante años han acumulado reclamaciones contra Venezuela. Por otro, impedir que el dinero termine absorbido por el mismo sistema de corrupción que definió al chavismo. La Casa Blanca insiste en que Delcy no tendrá ninguna capacidad de decisión sobre esos recursos. «En ningún caso», repiten funcionarios consultados. La frase funciona como garantía política en Washington, a los republicanos, y como advertencia hacia Caracas.

El decreto describe esos fondos como «propiedad soberana» de Venezuela, pero bajo una custodia estrictamente externa, de Rubio. No se trata de una operación comercial, sino de una herramienta de política exterior para control remoto de la dictadura. El Tesoro deberá designar las cuentas de forma que quede claro que el dinero no pertenece a Estados Unidos, pero tampoco puede ser usado sin autorización. La Administración lo presenta como una barrera técnica contra el desvío, una forma de mantener el control desde Washington mientras se administra una transición que sigue siendo frágil.

La decisión llega en un momento en que Trump intenta sostener un equilibrio incómodo. En el plano de lo visible, mantiene una relación de trabajo con Delcy para gestionar expedientes urgentes: coordinación migratoria, liberación de presos, marco mínimo para operaciones energéticas. En el carril interno, secreto, trata de blindar cada paso para que esa cooperación no se interprete como indulgencia. El dinero de crudo, en ese contexto, es la línea roja.

Escepticimo de los republicanos

En el Capitolio, la presión ha sido casi inmediata. Los republicanos de Florida —la delegación más influyente en la política hacia Venezuela y la más conectada con el exilio— han expresado un escepticismo abierto sobre el plan de vender petróleo venezolano mientras Delcy siga en el poder. Trump contempla vender hasta 50 millones de barriles de crudo. La primera operación, según fuentes citadas este mismo lunes por el medio Semafor, habría generado 500 millones de dólares, y Reuters informó de que una parte sustancial fue inyectada de vuelta en la economía venezolana.

Para los diputados de Florida, esa cifra no es un alivio: es una alarma. Mario Díaz-Balart lo resumió él mismo con crudeza, argumentando que Rodríguez no es solo una figura provisional, sino alguien con «un historial extensísimo de corrupción». «Ha hecho cosas horribles», añadió. La frase condensa el temor de una delegación que domina el ala dura republicana sobre Venezuela y que está estrechamente alineada con María Corina Machado.

María Elvira Salazar reclamó supervisión permanente. «Eso tiene que caer en manos americanas», dijo. «Sabemos lo que esa gente hace con el dinero. No lo van a dar a los hospitales de Caracas». Carlos Giménez lo planteó en términos directos: quizá haya que pagar salarios o comprar suministros para la población, pero «no es para meterlo en el bolsillo del régimen».

Detrás de esas advertencias hay una sospecha estructural: que el chavismo, incluso descabezado tras la captura de Maduro, conserve el control de la burocracia, de los puertos, de la cadena de mando y de los circuitos financieros informales. El temor no es solo que el dinero se pierda, sino que se convierta en combustible para una continuidad encubierta e indeseada. Es decir, un sistema que cambia de rostro, pero no de naturaleza.

El decreto ejecutivo que blinda los fondos petroleros contiene pasajes que explicitan el enfoque legal y práctico de la Casa Blanca. Define esos ingresos como propiedad de Venezuela que «será retenida en custodia por el gobierno de Estados Unidos… pendiente de disposición soberana para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos determinados por el secretario de Estado».

Control institucional

Ese lenguaje procesal y técnico contrasta con la retórica de Trump, que en varios encuentros con ejecutivos petroleros y en declaraciones públicas ha afirmado que su Administración está «entregando» o gestionando el crudo venezolano para abrir el país a las compañías estadounidenses y recuperar inversión nacional. En realidad, el decreto no remite a una cesión a un individuo, sino a un control institucional que busca evitar, según la Casa Blanca, que el dinero sea usado por acreedores o por redes vinculadas al antiguo régimen.

Trump ha defendido públicamente su estrategia energética como una forma de atraer a las grandes petroleras de Estados Unidos para invertir en la reconstrucción de Venezuela, ofreciendo seguridad y garantías de gobierno para que compañías como Chevron, Exxon o Conoco gastaran miles de millones de dólares en infraestructura petrolera. El objetivo, según la administración, es generar estabilidad política y económica que haga posible negocios sostenibles para esas empresas en un país con las mayores reservas de crudo del mundo, pese a los riesgos e incertidumbres iniciales del entorno.

Unas horas antes, se ha conocido que Bovino abandonaría este martes Mineápolis, después de liderar una turbulenta operación de redadas masivas contra inmigrantes indocumentados. Deja alegaciones de redadas indiscriminadas, de uso abusivo de fuerza. Y dos muertos en el camino, dos ciudadanos estadounidenses, vecinos de Mineápolis, por disparos de sus agentes con explicaciones turbadoras de la Administración -entre ellas, del propio Bovino- sobre esa tragedia, que no se compadecen con lo que se ve en los vídeos de los testigos y que solo exaltan más los ánimos.

Algunas cuentas en redes sociales han difundido que en este hotel suburbano, entre centros comerciales y cadenas de restaurantes, se aloja Bovino en su última noche antes de dejar esta tundra de Minnesota. Por eso vienen aquí dos centenares de manifestantes, a gritarle e insultarle hasta la última hora en la que esté en Mineápolis. Traen cacerolas, tambores, trompetas y, por supuesto, silbatos, uno de los símbolos de la oposición de los vecinos de Mineápolis al despliegue masivo de agentes federales.

Esos silbatos son los que se utilizan para advertir a los vecinos de la presencia de las fuerzas de la policía de inmigración y fronteras (ICE, en sus siglas en inglés, ‘la migra’ para la comunidad hispana) en sus calles. Una línea de agentes locales y estatales, con material antidisturbios, protegen el hotel. Los manifestantes les gritan a la cara, les insultan, les llaman «traidores».

Es imposible saber si Bovino está o no en el hotel. Lo que parece seguro es que es la primera consecuencia del intento de Donald Trump por bajar el tono de la crisis en Mineápolis. La muerte el pasado sábado del segundo vecino, Alex Pretti, pesa cada vez más. Era un ciudadano estadounidense, de 37 años, con licencia de armas, amante de la bicicleta de montaña y enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos del ejército.

Trump, intentando reconducir la situación

Empiezan a acumularse las voces republicanas que cuestionan el despliegue masivo de agentes en Mineápolis, sus consecuencias y la narrativa falseadora de la Administración Trump. La política migratoria, que fue un puntal para Trump, que logró cerrar la frontera tras regresar al poder, se vuelve en su contra. El objetivo de detener y deportar a inmigrantes indocumentados peligrosos se difumina entre el caos y las muertes de ciudadanos estadounidenses.

«A Trump solo le importan dos cosas: la opinión pública y la bolsa», dice Cameron, un joven embutido en un abrigo marrón gigante. «Y le está fallando la opinión pública. Él y los republicanos están aterrados con lo que está pasando aquí». La salida de Bovino, hasta ahora la cara de la mano dura de Trump en inmigración, tiene que ver con su intento de reconducir la situación.

En su lugar, ha despachado a Tom Homan, el llamado ‘zar de la frontera‘, que toma a partir ahora el control de las fuerzas federales y de la operación migratoria. También ha hablado con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, a los que hasta ahora solo ha insultado. Se ha abierto a trabajar con ellos, y a rebajar el número de efectivos federales.

Algunos se irán con Bovino este martes. Los ánimos se tensan entre policías y manifestantes delante del supuesto hotel de Bovino. En una de las escaramuzas, detienen a dos o tres de los que protestan y se encaran con los agentes. En un lateral del hotel, en el cuarto piso, se ve a un grupo de hombres mirando el espectáculo desde una ventana. El gentío está convencido de que son agentes federales. Les gritan, les insultan, les muestran su dedo corazón desafiante, les graban con sus móviles.

Empieza a nevar con fuerza. A las nueve y media de la noche, el lugarteniente que dirige la operación policial advierte a los presentes de que se ha decretado la concentración como una «asamblea ilegal» y que serán expulsados con el uso de fuerza y material lacrimógeno si es necesario. Empiezan las cargas, las carreras. Los agentes detienen a un puñado de manifestantes.

Algún descontrolado les lanza trozos de hielo y amenaza con complicar la situación, después de semanas de protestas en Mineápolis en su gran mayoría pacíficas. «Ya han perdido», celebra Luke, otro de los manifestantes, sobre Trump, Bovino y sus agentes federales. «El impacto de la muerte de Pretti y la reacción en las calles en Mineápolis ha podido con ellos».

La única defenestración segura por ahora es la de Bovino, que sabe aquí a victoria. «La gente de Minnesota ya ha tenido suficiente de Bovino. Estoy feliz de que se vaya», reacciona en CNN el fiscal general del estado, el demócrata Keith Ellison. «La gente está muy, muy enfadada y la salida de Bovino es un buen paso. Pero vamos a seguir presionando con independencia de quién tome el puesto».

La revista ‘The Atlantic’ revela que Bovino dejará de ostentar el puesto de ‘comandante’ de los agentes federales en todo el país. Volverá a su puesto como responsable de la Patrulla Fronteriza en el distrito en El Centro, en California, en la frontera con México. Es la principal señal de que Trump carga menos la mano en Mineápolis. Pero nada indica que las tensiones vayan a irse con Bovino.

La lógica que guía esas discusiones es pragmática y, para algunos diplomáticos, incómoda. La prioridad inmediata de Estados Unidos no es un relevo limpio y ejemplar, sino evitar que Venezuela caiga en una espiral de violencia, ajustes internos y fragmentación de mandos. En privado, asesores y funcionarios describen a ABC un escenario en el que la caída súbita del régimen —o su fractura por luchas internas— podría activar un efecto dominó: quiebre de la cadena de mando en seguridad, disputas por puertos y aeropuertos, sabotajes en el sistema eléctrico, descontrol en zonas mineras y hasta una nueva ola migratoria. «Lo único peor que una continuidad autoritaria es el caos», resume una persona al corriente de estas conversaciones.

En esa ecuación encaja el trato cuidadoso que Trump dispensa a Delcy Rodríguez. Sus elogios públicos —la ha retratado como una interlocutora válida, incluso «tremenda», según sus propias palabras— no responden, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, a una conversión ideológica ni a una absolución del chavismo, sino a la necesidad de mantener un peón en Caracas que permita gestionar el aterrizaje de esta fase. El propio Trump aseguró al ‘New York Post’, el 3 de enero, que habían hablado «abundantes veces» con Rodríguez y que ella «entiende qué hacer». En Washington, esa frase se interpreta como reconocimiento de un canal de comunicación que no nace tras la captura, sino antes.

Según reveló Salvador Sostres en ABC, Delcy mantuvo desde septiembre una serie de reuniones discretas en Doha con agentes de la CIA y con altos representantes rusos como Serguéi Lavrov e Ígor Sechin, en un canal paralelo de contactos que se prolongó hasta Navidad. El periodista sitúa esos encuentros entre edificios oficiales del Gobierno de Qatar y el hotel Four Seasons, donde, en un formato más informal, se habrían intentado desbloquear negociaciones sobre el futuro inmediato del poder en Caracas. La incógnita, según su relato, es si Rodríguez actuaba en nombre del régimen para pactar una salida que garantizara su supervivencia o si, bajo supervisión rusa, estaba explorando con Washington una transición liderada por ella misma antes de la captura de Maduro.

El ‘Guardian’ informó el 22 de enero de que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habían asegurado por intermediarios a funcionarios de EE.UU. y de Qatar que cooperarían una vez Maduro estuviera fuera, aunque sin participar activamente en su derrocamiento. El periódico sitúa esos contactos en otoño y los vincula a una conversación telefónica de finales de noviembre entre Trump y Maduro, en la que el presidente estadounidense habría exigido la salida del líder chavista. El ‘Miami Herald’ recogió después la respuesta de Miraflores, que calificó ese relato de «falso» sin entrar al fondo.

Que exista un canal no significa que haya confianza. Y ahí entra el otro elemento de esta estrategia. La Casa Blanca no quiere depender de una sola figura, por muy funcional que sea en el corto plazo. Las fuentes consultadas describen un doble carril. En el visible, se preserva una relación de trabajo con Delcy para gestionar expedientes urgentes: coordinación migratoria, situación de presos y el marco mínimo para operaciones económicas. En el más discreto, se estudian mecanismos alternativos para el caso de que ese puente se rompa por presión interna, por una huida de la propia Delcy o por un golpe que la deje sin capacidad de mando.

El precedente de Gaza

Ese segundo carril toma como referencia un modelo que Trump ha elevado a doctrina internacional: el precedente de Gaza. La Casa Blanca lo presentó como una arquitectura ejecutiva con miembros responsables de carteras definidas —gobernanza, reconstrucción, atracción de inversión, financiación— orientadas a estabilizar y levantar estructuras en un territorio devastado. La iniciativa ha provocado recelos entre aliados europeos por su ambición de sustituir funciones multilaterales, pero en el entorno de Trump se mira menos la resistencia externa y más la utilidad interna del concepto: un órgano pequeño, técnico, con reparto de tareas, que reduzca la improvisación y, sobre todo, el riesgo de que la política lo devore todo.

Traducido al caso venezolano, el esquema en discusión pasa por un consejo tecnocrático temporal que se active solo si el régimen «flaquea». Una de las fuentes lo describe como «un paracaídas institucional». No sustituye a una transición democrática, pero evita el golpe contra el suelo. Se habla de perfiles con experiencia en gestión macroeconómica, energía, sanidad, logística alimentaria e infraestructura crítica; gente capaz de firmar decretos, reordenar ministerios y garantizar continuidad de servicios básicos. No se busca un «gobierno de unidad» con cuotas partidistas, sino un gabinete de emergencia. «No es un gobierno perfecto, es un gobierno posible», dice otra persona con acceso a conversaciones.

María Corina, al margen

En esa discusión aparece un nombre inevitable, el de María Corina Machado. Trump ha hablado con ella al menos dos veces, según fuentes en contacto con la Casa Blanca, y han conversado sobre el futuro. Pero, según esas mismas fuentes, no entraría en ningún periodo transicional de estabilización porque lidera un movimiento político y su figura no puede quedar para ellos demasiado expuesta. «A María Corina no la puedes poner en un sitio donde cargue con el coste de una estabilización», dice a este diario un diplomático estadounidense al tanto de estas conversaciones. La idea, explican, es evitar que la dirigente opositora quede asociada a decisiones impopulares —ajustes, pactos de seguridad, acuerdos económicos— necesarias para evitar el colapso, y que luego se use ese desgaste para bloquear un eventual proceso electoral. «Me gustaría que esté implicada», dijo Trump de ella en sus ruedas de prensa, pero la Casa Blanca la mantiene, por ahora, al margen del engranaje inmediato.

El debate no se limita a quién entra o sale, sino a quién queda descartado. En los últimos días ha vuelto a circular, según varias fuentes, el nombre de Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y antiguo jefe del Sebin. Sus defensores lo presentan como un hombre con experiencia en control de seguridad y con vínculos con sectores que han abogado por un entendimiento con el chavismo para evitar una ruptura violenta. Pero en Washington ese pasado lo hace inviable. No es solo una cuestión moral o de reputación: es un problema operativo. Cualquier figura con historial de represión arrastra, de salida, el rechazo de una parte de la población y podría encender protestas en el momento más frágil.

La Casa Blanca también mira con atención el mapa de poder real en Caracas. Reuters informó de que funcionarios estadounidenses habían mantenido conversaciones, meses antes de la operación, con Diosdado Cabello, ministro del Interior y hombre fuerte en el control de fuerzas de seguridad, y que el contacto continuó después. En este momento, la pregunta no es quién tiene mejor currículo democrático, sino quién puede garantizar que no haya una guerra de facciones dentro del chavismo y que no se incendie la calle.

Al mismo tiempo, la Administración es consciente de la fragilidad del arreglo con Delcy Rodríguez. Su cooperación sirve para gestionar el después, pero sin «traicionar» activamente a Maduro. Y en Caracas, la narrativa oficial intenta conjugar dos cosas incompatibles: denunciar a EE.UU. en público y mantener canales en privado. Ese equilibrio, advierten fuentes consultadas, puede romperse por un error de cálculo o por un golpe palaciego, con todas las miradas puestas en Cabello.

Petróleo y fronteras

El consejo tecnocrático no reemplaza el contacto con Delcy, lo complementa. Y se piensa, además, como un instrumento para proteger dos activos que en Washington se mencionan sin rodeos: petróleo y fronteras. En el círculo de Trump se repite que Venezuela es, a la vez, un problema de seguridad y una oportunidad económica. La Casa Blanca quiere evitar que un vacío de poder convierta el país en un tablero para redes criminales y rutas irregulares, y al mismo tiempo busca un marco que haga operable la reconstrucción de la industria energética, hoy atrapada entre sanciones, licencias y negociaciones.

La paradoja es que el mismo razonamiento que explica los halagos a Delcy alimenta la necesidad de no depender de ella. Se la considera funcional para sostener el día a día y evitar una revuelta inmediata tras la captura de Maduro, pero también se asume que está en una posición límite: presionada por el aparato, vigilada por los suyos y observada por quienes la detestan. Por eso, según esas fuentes, la Casa Blanca dibuja salidas de emergencia, no porque espere usarlas mañana, sino porque teme no tener tiempo de improvisarlas.

«Era alguien que parecía uno de los suyos», añade desde Mall of America, un centro comercial descomunal al sur de Mineápolis, que alardea de ser el mayor de EE.UU., lleno de gente que no va a las protestas, que no tiene mucha significación política, pero que también está conmocionada con los acontecimientos. «Aquí nunca pasa nada. Y mira como estamos», señala.

Renee Nicole Good también era blanca, también era vecina de Mineápolis, también era ciudadana estadounidense. Además de madre de tres hijos. También murió por disparos de la policía en circunstancias, como mínimo, altamente cuestionables. Dos muertes de ciudadanos que, a la luz de los vídeos grabados por testigos, parecen innecesarias. Y que han desatado la tensión en Mineápolis y agitado a todo el país.

La principal figura detrás de las turbulencias en Minnesota da señales de incomodidad con lo ocurrido. Donald Trump, que decretó el despliegue masivo de agentes federales en este estado demócrata, ha tomado una posición tibia, contra lo que en él es habitual.

El presidente de EE.UU. se negó a decir si los agentes que dispararon a Pretti actuaron de forma adecuada o no. «Estamos mirando, estamos revisando todo y llegaremos a una determinación», declaró en una entrevista con ‘The Wall Street Journal’.

Trump moduló su posición frente a la de su Administración. En especial, los altos cargos en Washington y Mineápolis del Departamento de Seguridad Nacional y sus agentes federales, que han defendido –contra las evidencias de los vídeos– que los agentes actuaron en defensa propia, que Pretti iba a «masacrar» agentes y que las «verdaderas víctimas» son estos últimos. Una narrativa que es como echar sal en la herida que sufre Mineápolis y buena parte del país.

Según informaciones de ‘Fox News’, un medio muy cercano a la Administración Trump, hay «frustración» en altos cargos de la política migratoria por una comunicación «catastrófica» en la crisis de la muerte de Pretti, por los intentos de retratar lo ocurrido como algo muy diferente a lo que se ve en los vídeos.

«No me gusta el tiroteo, no me gusta», admite ahora Trump. Pero se escuda en el relato de su Administración: que Pretti iba armado. «No me gusta cuando alguien va a una protesta (no era una protesta, era un operativo de detención de un inmigrante) cargado con un arma poderosa y cargada». La postura de Trump refleja que la situación en Mineápolis se ha convertido en un asunto políticamente sensible para sus intereses, y donde podría no estar ganando la partida.

«Todo el mundo ha visto los vídeos», insisten los manifestantes en Minnesota. Y la imagen de una ciudad tomada por agentes federales, en la que se suceden las muertes de ciudadanos en circunstancias preocupantes, por mucho que sea un territorio demócrata y con el objetivo de deportar a inmigrantes indocumentados, puede jugar en contra del presidente.

La detención y deportación de inmigrantes indocumentados criminales, «lo peor de los peores», como ha clamado la Administración Trump, es un objetivo popular. Pero en Mineápolis hay caos, detenciones indiscriminadas, actuaciones abusivas, violencia y muerte.

Baja tasa de aprobación

Ocurre en un momento en el que las cosas no le van bien a Trump en las encuestas. La aprobación de la gestión del presidente está en uno de los puntos más bajos de su segundo mandato y la política migratoria, que debería ser uno de sus fuertes, no ayuda.

Según el acumulador de sondeos de Silver Bulletin, solo el 42% de los estadounidense le da el aprobado, su nivel más bajo en el segundo mandato, diez puntos por debajo de cuando regresó a la Casa Blanca. Ocurre pese a uno de los grandes logros del multimillonario: el cierre de la frontera, el fin a la entrada masiva de indocumentados.

Según una encuesta de ‘The New York Times’ y Siena University, la mitad de los estadounidenses ven con buenos ojos su gestión de la frontera, pero el 63% -incluido el 20% de los republicanos- le suspende sobre las actuaciones de los agentes federales migratorios como ICE. Y la muerte de Pretti todavía no había ocurrido cuando se elaboró la encuesta.

Trump mantiene que la culpa de la muerte «trágica» de dos ciudadanos estadounidenses es de los demócratas, de su falta de cooperación con las autoridades federales y de que hayan animado a «agitadores izquierdistas». La mayoría de los republicanos se adhieren a esa postura. O están callados, como ha ocurrido con los congresistas de más peso: el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y el líder de la mayoría en el senado, John Thune.

Discrepancia entre los republicanos

Esto, sin embargo, no es suficiente para algunos republicanos. Pese al control total que Trump tiene del partido, asoman grietas surgidas de los estallidos de Mineápolis. Por ejemplo, la del senador Bill Cassidy, que se juega su escaño por Luisiana el próximo otoño y que tendrá que competir en primarias contra un candidato al que Trump apoya.

Cassidy ha calificado la muerte de Pretti «increíblemente perturbadora» y ha exigido, contra la posición de la Administración Trump, «una investigación federal y estatal conjunta», ya que las autoridades federales han apartado a las estatales de las investigaciones de las muertes de Pretti y Good, lo que ha provocado críticas sobre su parcialidad.

En un estado tan republicano como Oklahoma, su gobernador, Kevin Stitt, admitió ante la CNN que «a los estadounidenses no les gusta lo que están viendo», y que esas muertes «provocan una preocupación profunda sobre las tácticas y la rendición de cuentas de las autoridades federales». También agregó que Trump «está siendo mal asesorado» en esto.

Otros republicanos que ya se han encarado antes con Trump y que ya no contarán con su favor, también han criticado la situación. La exdiputada Marjorie Taylor Greene defendió en redes sociales que es legal protestar y grabar vídeos -lo que hizo Pretti- y pidió a sus más de cinco millones de seguidores que pensaran cuál sería su reacción si la víctima fuera un seguidor de Trump y quien dispara un agente federal de Joe Biden.

Incluso algún congresista muy leal a Trump, como James Comer, reconoció que se están perdiendo «vidas inocentes» y que pareció favorecer la opción de que los agentes de ICE se vayan de Mineápolis.

Ese es también el grito de guerra en las calles de Mineápolis, donde las protestas se multiplican desde la muerte de Pretti este sábado: ‘ICE out’, ‘fuera ICE’. Y es una opción que ya apoyan de forma abierta algunos republicanos de Minnesota. «Está causando más daño que beneficio», tildó el diputado estatal Nolan West sobre el despliegue de agentes federales. «Tiene que acabar».

La revuelta republicana contra ICE ha afectado a una figura de peso en Minnesota: Chris Madel, uno de los principales candidatos del partido en la elección a gobernador de este año. Este lunes anunció que abandonaba su campaña porque no podía apoyar el «castigo a los ciudadanos de su estado» por parte de su partido.

«Hay ciudadanos estadounidenses, en especial los de color, que viven con miedo. Tienen que llevar su pasaporte para demostrar su ciudadanía», dijo ante una situación que este periódico ha comprobado una y otra vez en Mineápolis, donde los hispanos ya no salen de casa sin un documento que debería ser solo para viajar al extranjero. «Eso está mal».

—Lo más urgente: está habiendo manifestaciones en Venezuela, es algo realmente insólito desde hace mucho tiempo, no estamos acostumbrados a que haya protestas en contra del régimen. ¿Cómo lo ve y qué está sucediendo en este momento en Venezuela?

—Lo que está ocurriendo es algo maravilloso que a mí no me sorprende porque yo conozco y confío en el pueblo de Venezuela, que no ha dejado de luchar un solo día, a pesar de la más brutal represión de estos últimos meses, sobre todo a partir del 28 de julio de nuestra victoria increíble. Y esto que está ocurriendo en estas últimas semanas en enero demuestra cómo la sociedad venezolana, además, entiende claramente el momento. Estamos frente a una situación en la cual el régimen claramente se está desmontando y se está viendo forzado a reducir sus capacidades represivas. Mucho menos de lo que obviamente aspiramos y tendría que ocurrir en un proceso de transición, porque con transición no puede haber represión. Pero ya esto está enviando unas señales muy poderosas que han envalentonado a los estudiantes, a los familiares de los presos políticos, a varios líderes políticos que han estado escondidos y que ya han salido a las calles. Se trancó el viernes la principal autopista de Caracas con estudiantes exigiendo la liberación de los presos, en Zulia, en Mérida. Es realmente algo, como te digo, extraordinario que demuestra que la sociedad venezolana no va a detenerse hasta que logremos la libertad.

—Se pierde el miedo, ¿y cuál es el factor esencial para perder el miedo justo ahora?

—Bueno, esto no hubiera ocurrido sin el 3 de enero, evidentemente, sin el hecho de que Maduro está siendo juzgado por la justicia de los Estados Unidos, donde además se ha obligado a lo que queda de este régimen criminal, que aún está usurpando el poder en Venezuela, a excarcelar presos políticos. Fíjate que no digo liberar, porque no son libres, sino excarcelar. Es decir, todo esto está enviando señales de que la sociedad venezolana procesa, obviamente con inteligencia, con precaución, porque la estructura represiva sigue en pie. Es decir, en lo que va de enero han sido más de 35 detenciones nuevas, 14 de los cuales siguen aún detenidos. Entonces, sí, ha habido más de 150 liberaciones, se está precisando exactamente el número, porque hay informaciones que a veces no están totalmente confirmadas. Pero todavía hay más de 750 presos políticos en nuestro país.

—Yo intenté hacerle al presidente Trump una pregunta sobre esto en su rueda de prensa de balance de final de primer año sobre el tema de los presos políticos. Preguntarle si es consciente de que se ha liberado a una treintena o cuanto sea, pero que hay muchísimos más. Y él dijo que tiene garantías de que se liberarán. ¿Cree que es consciente la Administración estadounidense del ritmo al que se va?

—Perfectamente. No tengo ninguna duda que al nivel del Departamento de Estado se está haciendo un seguimiento preciso de cumplimientos e incumplimientos de las instrucciones que ha recibido Delcy Rodríguez.

— Ha habido una línea clara por parte del presidente Trump a la hora de hablar de Delcy Rodríguez, que está cooperando mucho, que está haciendo todo lo que se le exige. ¿Cuál es la línea en este momento del régimen y qué está haciendo en este momento según su análisis?

—Bueno, en primer lugar, nadie tiene la menor duda dentro y fuera de Venezuela qué representan estas figuras que hoy en día están aferradas al poder en Venezuela. Pero además, basta con ver sus actos incluso después del 3 de enero, cuando la señora Rodríguez se presenta en la Asamblea Nacional. ¿Quiénes estaban en primera fila? ¿A quién corrió a abrazar cuando se baja de la tribuna? Al embajador de Irán, al embajador de Rusia y al embajador de China. Yo creo que ahí está clarísimo en términos cuáles son las lealtades genuinas. Esta es una persona que es comunista y que tiene profundos vínculos con estos regímenes, que en este momento está siendo forzada a llevar adelante una cantidad de acciones que sería lo último que ella hubiese querido hacer. Y esto evidentemente no engaña a nadie y mucho menos a los venezolanos. Por eso están desesperados, tratando de explicarle a la gente que ellos siguen siendo antiimperialistas, aunque cumplen las instrucciones del presidente Trump. Tienen un problema claramente de explicación interna, pero no engañan a nadie.

—¿Qué supone que el primero al que se envía desde Washington sea el director de la CIA, y recibirle de la forma en la que fue recibido en Caracas?

—Bueno, yo no quiero especular porque no sé las conclusiones de esta reunión, pero imagínate lo que pueden estar pensando los militares venezolanos, los cuerpos de seguridad, los policías y las propias estructuras del régimen, que no han hecho sino escuchar como esas mismas personas han culpado a 30 millones de venezolanos de ser miembros de la CIA. Ninguno nos salvamos. Y ellos de rodillas cumpliendo órdenes. Como te digo, hay algunos personajes que hoy en día en Venezuela tienen graves problemas de comunicación, de coherencia, de explicación y que además esto ha generado, obviamente, una profundización de la desconfianza, de las traiciones, de las delaciones que hay entre los distintos grupos de mafias que conforman el régimen chavista.

—¿Cuánto tiempo le queda a Delcy?

—Lo menos posible esperamos, por el bien de Venezuela y por el bien de los Estados Unidos. Entendemos que esto fue una fase que el Gobierno de los Estados Unidos consideró que era conveniente a los efectos de hacer más ordenada o regulada por ellos mismos el proceso, pero claramente en este momento tú tienes la amenaza real y la fuerza de un Gobierno democrático y firme como el Gobierno de los Estados Unidos, que por cierto es el único Gobierno y el único país en el mundo que ha arriesgado a ciudadanos de su país en función de la liberación de Venezuela, lo cual es algo que los venezolanos recordaremos siempre. Tiene sectores del chavismo colaborando, pero aquí falta el elemento, a mi modo de ver crucial, que es la gente y la legitimidad, y hacia eso debe evolucionar este proceso.

—La legitimidad la dan las urnas el 28 de julio de 2024 ¿Qué sucede ahora? ¿Es válido ese resultado? ¿Se respeta ese resultado o pensamos más en las siguientes elecciones?

—Es absolutamente legítimo. Es más, yo creo que no estaríamos aquí. La fuerza y la legitimidad que tiene todo este proceso de aplicación de la ley, de todos estos meses de lucha después del 28 de julio, que le ha dado además ese nivel de respaldo a la decisión del presidente Trump. No solamente en los Estados Unidos y en Venezuela. Si tú ves país por país en las Américas, la operación de presentar a Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos tiene un apoyo popular monumental y eso emerge entre otras cosas de la gran legitimidad de que ha sido el pueblo de Venezuela que ha arriesgado todo, son cientos de miles de vidas que se han sacrificado por la democracia y la libertad.

—Es llamativo, países hermanos como España y Venezuela, con la cantidad de exilio que hay, que ha tenido que huir de Venezuela y están en España. Me sorprendió en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos escuchar a la embajadora de España decir que esto era una vulneración del derecho internacional e ir más por la senda de la condena de las acciones de Estados Unidos en la extracción de Maduro. Parece ser que España no se ha sumado a ese grupo de países que han querido ver en esto un paso como lo describe usted hacia la democracia. ¿Qué mensaje tiene para el Gobierno español?

—¿Te sorprendió? A mí no me sorprendió. Y lo digo con muchísimo dolor, porque si hay un país con el cual los venezolanos, lógicamente, una nación con la que nos identificamos, porque nos une historia, cultura, religión, lenguaje, el idioma, es decir, los vínculos históricos, la propia gente… ¿Cuántos venezolanos somos descendientes de españoles? Y cuántos venezolanos están hoy viviendo en España. Y España ha sido históricamente, en las últimas décadas, el principal interlocutor entre la Unión Europea y América Latina frente a este horror de lo que ocurre en Venezuela, donde se han violado todos los derechos y todos los criterios internacionales de lo que es la democracia, los derechos humanos, la soberanía. Y España ha optado… Voy a corregir, no España, el Gobierno español ha optado por mantener una posición, a mi juicio, claramente de segunda o tercera línea, en algunos casos incluso complaciente con algunos actores, incluyendo la propia Delcy Rodríguez, sancionada por Europa y visitando España. Entonces, ha habido otros países, otros gobiernos, que han ocupado estos espacios y que han hecho que la Unión Europea mantenga posiciones muy firmes, a los cuales les estaremos siempre profundamente agradecidos, pero al final la historia será implacable. Porque todo, todo se va a saber, la verdad emergerá.

—Hay, me consta por conversaciones que he tenido aquí en Washington, que desde España, el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que todos conocemos su papel, su amistad, según él la define, con Delcy Rodríguez, propone a figuras como el exgeneral Miguel Rodríguez Torres como parte de un futuro. Hemos publicado en ABC algunas informaciones como posible solución de un chavismo sin Maduro. ¿Qué supone este tipo de opciones en tu opinión?

—Eso supone que la gente no importa. Eso parte de la base de que los ciudadanos no tienen nada que decir y que se pueden marginar y que el país se lo va a calar, ¿no? O sea, que la gente simplemente, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos sufrido, después de las mil batallas que hemos dado, que hemos ganado, las caídas, las pérdidas, entonces simplemente vamos a aceptar que quede una estructura criminal vinculada al régimen que en primer lugar trajo toda esta tragedia al país. Eso no existe. Los venezolanos no vamos a dejar de luchar. Mira todo lo que hemos hecho y nos dijeron que era imposible: unir al país, hacer primarias, derrotar a Maduro en las urnas, soportar la represión, lograr el apoyo internacional, con esto increíble que ha hecho el presidente Trump. Y ahora vamos a simplemente, cuando más fuerza tenemos, cuando el régimen está en su momento de declive y colapso final, resignarnos. Eso no va a pasar. Y al final, te lo repito, lo único, lo único que soporta al régimen y a Delcy Rodríguez es la represión. Y como no puede haber una transición con represión, y ya empieza a desmontarse la represión, cuando ya no exista el miedo en Venezuela, al régimen no le queda nada sino aceptar su partida.

—¿Hay riesgo de destrucción de pruebas, documentos sobre tortura, sobre fraude electoral en este momento?

—Absolutamente, y no tengo la menor duda de que deben estar muy preocupados tratando de esconder pruebas. Lo que pasa es que han hecho tanto daño y se creyeron intocables, que incluso dejaron de cuidarse. Y la cantidad de información que hay, los testimonios de las víctimas, de los defensores de derechos humanos, de sus familiares, es absolutamente apabullante. Es una cosa que es imposible de transmitir en poco tiempo. Entonces ya no hay excusas. Todo el mundo sabe lo que han hecho. Son terroristas en términos de que aplican terrorismo de Estado hacia la gente y narcoterrorismo hacia afuera, y todas las organizaciones de derechos humanos lo han sustentado con pruebas. Ya no hay excusa. El que se relacione, invierta o coopere con este régimen lo está haciendo con el cártel, con el crimen organizado.

—¿Habrá una comisión de la verdad?

—Yo creo que vamos a necesitar múltiples instancias y procesos para que exista justicia, para que pueda haber cumplimiento y resarcir a las víctimas y para que podamos avanzar en un proceso donde se den garantías para que aquellas personas que genuinamente se arrepienten puedan enfrentar debidamente la Justicia. Y ese es el punto. Esto no se trata de revancha o de venganza, todo lo contrario. Es de aplicar la Justicia para que podamos superar esta etapa y pueda haber una Venezuela que surja con orgullo y con unión de todo un país. Y esto es muy importante: hay gente que habla de un país dividido. Fue un país dividido de manera intencional por el chavismo. Eso fue lo que se propusieron. Y hubo un momento donde el país realmente enfrentaba el riesgo de la confrontación, pero paradójicamente el hecho de que nos hayan separado a la familia, que hayan obligado a 9 millones de venezolanos a irse, que hayan generado esta miseria generalizada a punta del desfalco y el saqueo más grande de la historia de la humanidad, porque estamos hablando de unas cifras que no te caben los ceros en la cabeza, de todo lo que esta gente se ha robado…

Eso une al país y decir: «No más, no más socialismo, no más corrupción, no más crimen, queremos una sociedad en la que el Estado esté a su servicio». Esto es enorme porque en Venezuela sí ha habido un cambio cultural profundo para bien.

—Sorprendió este jueves el presidente Trump diciendo que han hablado, ¿están en contacto ustedes?.

—Hemos hablado.

—Y eso supone que el presidente Trump le está escuchando en esta fase transicional…

—Bueno, tú tienes tan buena información de la Casa Blanca que me imagino que tú debes tener esa respuesta. Yo sé que sí. Me gustaría… yo no quiero poner palabras ni interpretar lo que piensa el presidente Trump de ningún otro líder mundial. Yo soy superrespetuosa, y tú lo sabes, de estas reuniones. Nunca digo nada de las mismas porque creo que lo más importante es que exista confianza y respeto y es un proceso de construcción de confianza. Porque recuerda: yo hace más de 12 años que no salía de Venezuela. Entonces, la mayoría de las personas con las que estoy interactuando había tenido conversaciones telefónicas o por videoconferencias, pero nunca las había conocido personalmente. Y al final nada sustituye el contacto humano claro, directo.

—Mucho se dijo… Los que estamos desde hace tiempo en la Casa Blanca sabemos por dónde entra la gente, por dónde sale, pero me llamó la atención un esfuerzo concertado desde Venezuela por presentar su visita al presidente Trump casi como algo que se ocultó, cuando estaba en la agenda del día, cuando figuraba en una agenda en que además las visitas que no son oficiales de protocolo no suelen incluirse. Y la forma en la que luego desde la Casa Blanca se evaluó… Yo pocas veces he visto al presidente Trump llamando a alguien con quien se ha visto por su nombre de pila, y en eso dijo: «María», pasó de ser «la joven que ganó el Nobel» a ser «María».

—Lo de la joven me encanta.

—¿Cómo se sintió tratada?

—Muy bien, muy bien. Creo que fue una conversación que vamos a recordar por muchas razones. Yo obviamente llegué con muchas expectativas y consciente de la responsabilidad. Yo estaba allí hablando en nombre de un país que nos dio un mandato, a mí y al mundo. Y al fin y al cabo es la persona que más ha hecho por la libertad de Venezuela, y qué más puede hacer de toda la comunidad internacional. Y hacerle ver claramente cómo nuestros dos pueblos históricamente, los Estados Unidos y Venezuela, han compartido valores y se han apoyado mutuamente. Y además yo estoy convencida de que Venezuela va a ser con nosotros el principal aliado de Estados Unidos para siempre en la región, y esto se está logrando hoy. Entonces es un momento histórico y creo que fue un momento para mí que marca un hito indiscutiblemente en esta lucha.

—En cuanto al acto de llevar el premio Nobel enmarcado con un mensaje, yo creo que no se ha prestado suficiente atención a lo que va alrededor de la medalla, porque a mí me comentaron que incluso incluye referencias a lo que puede suceder de cara a futuro en Venezuela con el apoyo de Trump, ¿no?

—Mi balance de una reunión que al final, después de tantos años, y de tantos desengaños con personas en las que hemos confiado, uno desarrolla una habilidad para saber quién es quién, en quién puedes confiar y en quién no. Y yo con el corazón en la mano te digo: fue una reunión en la cual sentí una absoluta franca conversación, donde con toda la claridad le transmití lo que somos y sentimos los venezolanos y lo que vamos a hacer juntos y lo que representa para Estados Unidos. Y siento que ahí hay una gran identidad. Y me impresionó mucho la preocupación del presidente Trump por la situación de Venezuela, por la gente, por cómo se sienten, qué está viviendo nuestra gente, cómo han reaccionado ante estos eventos, cómo interpretan lo que está ocurriendo en este momento. O sea, genuino de preocupación. Por eso cuando yo salí lo dije: «Tenemos un gran aliado en el presidente Trump, yo no tengo ninguna duda».

—No es llegar allí y darle simplemente la medalla, sino que había un mensaje. ¿Cuál era la intención con eso?

—Bueno, además yo referí, y después lo hice en la declaración a la salida, un evento que a mí me impactó muchísimo, y es esas coincidencias de la historia que tú sabes que no son tales a veces. Y es que hace justo 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar la medalla con la cara de George Washington y con una mecha del pelo de Washington, ¿no? Y eso fue algo para Bolívar tremendamente valioso. Era un testimonio de la hermandad entre dos pueblos que luchan por la libertad contra la tiranía. Era un reconocimiento además a todo lo que Bolívar estaba haciendo en América. Y sentir que el pueblo de Bolívar, 200 años después, le presentaba, le retribuía y le agradecía este reconocimiento al presidente de los Estados Unidos, en la oficina del heredero de Washington, es realmente, como te digo, esas vueltas que nos da la historia que al final tiene un gran impacto. Yo creo que el presidente también eso le conmovió.

—Su equipo me dijo que le gustó tanto el gesto que él quiso posar justo al lado de la Declaración de Independencia, cuando se cumplen 250 años, en el Despacho Oval, ¿no?

—Bueno, para mí eso fue un honor inmenso. Te lo tengo que decir. Llegar al Despacho Oval, que es la segunda vez, ¿verdad?

—La inhabilitación a la que le sometió el régimen en las últimas primarias, tiene que ver con su petición a Estados Unidos y el apoyo a las sanciones. ¿Le ha dado el tiempo la razón en sus peticiones?

—A mí me inhabilita Maduro porque es un cobarde y sabía que yo le iba a dar pela, pero horrible, o sea, iba a perder de calle, no había ninguna posibilidad. Es un cobarde, son cobardes en el fondo. Pero además porque siempre me ha subestimado. Eso pasa con estos tiranos. Yo no sé si por el hecho también de ser mujer o qué es lo que se creen. Y pensaron que, bueno, que un golpe de esa magnitud, que fue muy duro, no voy a decir que no… Imagínate: tú logras ganar una primaria con el 92% de los votos, el apoyo, votaron más de tres millones de venezolanos, que además lo hicimos con las uñas. Nosotros, nuestra campaña, ¿tú sabes cuánto gastamos en publicidad? Cero. Espérate: ni un dólar. Ni una camisa, ni una franela, ni una gorra. Todo el mundo lo hacía con sus propios ahorros, con sus propios recursos. Fue una cosa preciosa. Y de repente este golpe a la voluntad ciudadana. Y yo decir: «Okay, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto?». Es decir: yo tengo un mandato que está por encima de mí. Y fíjate que es exactamente lo mismo que sentí, la misma conclusión, al analizar la situación del premio Nobel: que siempre hay que perseguir lo correcto, lo justo, lo que le conviene a Venezuela. Así que una vez más, en este momento, te tengo que decir que yo estoy convencida de que la fuerza de los venezolanos, que nos ha ido llevando a superar golpes durísimos como la inhabilitación, al final la convertimos en fuerza a favor. Porque yo le decía a la gente siempre: si nos ponen un obstáculo de este tamaño, nos obliga a crecer. Y si lo superamos, quedamos más grandes de donde estamos y mejor preparados para lo que viene. Siempre nos han subestimado y mira dónde estamos. Así que sí creo que el 3 de enero demuestra que aquellos que tenemos años diciendo que es una estructura criminal, que requería de la aplicación de la justicia internacional y de crear incentivos y una amenaza creíble para que el costo de permanencia fuera más alto que el costo de salida, era indispensable. Y esto lo probó. Hemos dado un paso más. Viene una nueva fase, pero una cosa sí te digo: Venezuela será libre y vamos a poder traer a nuestros hijos de vuelta a casa, que es el anhelo de todos los venezolanos de bien.

—¿Cuál será su papel en esa Venezuela libre?

—Yo voy a ser una constructora de libertad con millones de venezolanos.

El primer burofax llegó el 15 de enero y está firmado por Miguel Rodríguez Torres, militar y exministro venezolano. Se refiere a una información publicada el 11 de enero, cuya portada recogía el titular «El candidato de Zapatero, investigado en EE.UU. por torturas y narcotráfico», acompañada de una fotografía suya, y en la que se señalaba que sectores del chavismo lo presentaban como una posible opción política desde Madrid, mientras que Washington lo consideraba inasumible.

El firmante sostiene que «dichas informaciones son totalmente falsas y lesionan gravemente mi honor, dignidad y reputación». Afirma no tener ninguna investigación abierta en Estados Unidos ni en ningún otro país, ni haber sido sancionado o imputado por delito alguno. Antes de la publicación, ABC contactó con su entorno para recabar su versión. No hubo respuesta.

En su escrito, niega ser candidato de José Luis Rodríguez Zapatero o de cualquier otro actor político, pero sí reconoce colaborar con el expresidente, algo que atribuye a gestiones para la liberación de presos políticos: «Mis conversaciones con el expresidente Zapatero se centran en la búsqueda de lograr la liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros».

Asimismo, desacredita el contenido de un anexo confidencial publicado por este diario, alegando su experiencia como militar y su conocimiento del funcionamiento de los servicios de Inteligencia estadounidenses, pero sin aportar documentación o prueba alguna que permita contrastar o verificar la falsedad que afirma. Ese informe obra en poder de la Inteligencia de Estados Unidos y ABC se limitó a reproducir su contenido.

En su propio relato, Rodríguez Torres reconoce haber sido acusado en el pasado por el propio régimen chavista de «conspiración y de ser un agente de la CIA y de la DEA», y haber pasado «casi cinco años de cárcel en celdas de aislamiento y sin derecho alguno a juicio», un contexto que ABC recogió como antecedente informativo relevante. El burofax del general Miguel Rodríguez Torres no desmiente hechos verificables publicados, sino que expresa una valoración interesada posterior.

Fuentes de la Administración estadounidense confirmaron al corresponsal de este diario ante la Casa Blanca que, en las negociaciones previas a la captura de Nicolás Maduro, emisarios del régimen vinculados al entorno de los hermanos Rodríguez y en contacto con Zapatero propusieron a Rodríguez Torres como posible candidato oficialista a la Presidencia de Venezuela en el futuro.

Esas mismas fuentes señalaron que esa opción fue descartada por Washington por los antecedentes que pesan sobre él en distintas jurisdicciones estadounidenses y por haber sido investigado por la Fiscalía, aunque no haya trascendido públicamente que ha sido imputado. A este diario le constan acciones de requerimiento de información de la Fiscalía a personas con las que el general aludido ha tenido colaboración en años recientes.

Segundo burofax

El segundo burofax, fechado el 19 de enero, procede del representante legal de Delcy Rodríguez, actuando en su nombre mediante poder notarial firmado, acreditado con su número de pasaporte y apostillado en Caracas, después de haber asumido como presidenta encargada de Venezuela. Se refiere a la información publicada el 12 de enero bajo el título «La DEA maneja un informe sobre los negocios millonarios de Delcy Rodríguez y su pareja».

El escrito sostiene que dicho titular constituye una información distinta y autónoma respecto al desarrollo de la noticia y que incurre en una inexactitud al vincular directamente a la dirigente venezolana con los negocios descritos en un supuesto informe de la DEA. Con base en esa interpretación, se solicita el ejercicio del derecho de rectificación para hacer constar que «Delcy Rodríguez jamás ha participado en ninguno de los negocios millonarios» mencionados.

Tercer burofax

El tercer burofax, también relativo a esa misma información, está firmado por Yussef Abou Nassif Samili, quien igualmente se acoge al derecho de rectificación regulado por la Ley Orgánica 2/1984. En su escrito afirma que la información fue publicada sin contraste previo con los protagonistas, que contiene afirmaciones falsas y que atenta gravemente contra su honor personal, familiar y profesional.

El firmante niega haber obtenido contratos relacionados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), rechaza haber gestionado contratos de importación de alimentos por valor de cientos de millones de dólares, niega vínculos con empresas en Hong Kong relacionadas con esos contratos y asegura no haber participado en negocios de importación de material sanitario ni mantener relación empresarial con las personas citadas en la información. Asimismo, afirma no estar siendo investigado por la DEA ni por ninguna otra autoridad judicial en ningún país.

En su burofax exige que la rectificación se publique íntegramente, en iguales condiciones de relevancia, maquetación y tipografía que la información original, y deja constancia expresa de que se reserva el ejercicio de acciones judiciales futuras.

ABC recuerda que el derecho de rectificación protege a los ciudadanos frente a informaciones inexactas o erróneas, pero no obliga a los medios a asumir como hechos contrastados simples negaciones de los aludidos, ni a presentar como rectificación lo que constituye una réplica interesada. Las informaciones publicadas por este diario se basan en fuentes contrastadas, documentación verificada y trabajos de investigación previos, propios y ajenos, y fueron elaboradas siguiendo los estándares profesionales y legales exigibles.

La concentración temporal, la identidad de los remitentes y el rango institucional de algunos de ellos permiten constatar un patrón claro: una respuesta coordinada del entorno del poder venezolano ante una cobertura periodística que ha puesto el foco en sus estructuras, relaciones y flujos económicos.

Informaciones en ABC y otros medios

Además de las noticias aparecidas en ABC, la agencia de noticias estadounidense AP publicó esta misma semana que documentos internos y testimonios de actuales y antiguos funcionarios estadounidenses muestran que Delcy Rodríguez llevaba años en el radar de la DEA, mucho antes de asumir la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Maduro. De acuerdo con esos registros, la agencia antidroga acumuló desde al menos 2018 un dosier de Inteligencia que en 2022 llevó a clasificarla como «objetivo prioritario», una categoría reservada a figuras consideradas con impacto significativo en el narcotráfico. Los documentos citados por la agencia recogen sospechas que van desde tráfico de drogas y contrabando de oro hasta presunto blanqueo de capitales, así como vínculos con el entorno de Alex Saab, detenido en 2020 por blanqueo de dinero. AP subrayó que el Gobierno de Estados Unidos nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de delito alguno y que no figura entre los altos cargos venezolanos formalmente imputados junto a Maduro. Sin embargo, su nombre aparece en cerca de una decena de investigaciones de la DEA, varias aún abiertas, repartidas en distintas oficinas, desde América Latina hasta Estados Unidos. Antiguos agentes consultados por AP explican que ese interés sostenido refleja su peso dentro del régimen, aunque matizan que la condición de «objetivo prioritario» no implica necesariamente una acusación penal ni una imputación inminente.

El reportaje destaca la paradoja política que afronta Washington: mientras el presidente Donald Trump ha presentado a Rodríguez como una interlocutora válida para estabilizar Venezuela tras la caída de Maduro, la existencia de estos expedientes ofrece a Estados Unidos una poderosa herramienta de presión. Analistas citados por AP y la dirigente opositora María Corina Machado coinciden en que su perfil es bien conocido por las autoridades estadounidenses y que su permanencia en el poder la expone a un riesgo constante. En ese contexto, la DEA y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios, pero los documentos revelan, según la agencia, hasta qué punto la relación entre Washington y la nueva cúpula venezolana se apoya en una combinación de pragmatismo político y presión judicial latente.

En agosto de 2021, el medio de investigación ‘Armando.info’ publicó un reportaje en el que describía el ascenso de un clan empresarial vinculado, según esa investigación, al entorno familiar y de poder de Delcy Rodríguez. Además, sostenía que Abou Nassif, a quien se asocia como su pareja, y sus hermanos habían construido desde 2017 una red de empresas alimentada por contratos públicos ligados a los CLAP por al menos 413 millones de dólares, expandiéndose después a otros negocios como bodegones, tarjetas de pago y la venta de insumos médicos. Dicho texto, que forma parte de la información recogida por ABC, añadía que parte de esas operaciones se apoyaron en sociedades registradas en Hong Kong y en esquemas de intermediación y favoritismo en la asignación de convenios estatales.