Blog

Rusia disparó 71 misiles de distintos tipos y más de 450 drones. El objetivo fueron las instalaciones energéticas de varias provincias del país y la de la capital. El estruendo de lo primeros drones se escuchó en la capital pasada la medianoche. La incertidumbre sobre la duración de la tregua anunciada por Trump se despejó entonces. Esta vez el Kremlin sí cumplió su palabra, pero sólo durante cuatro días.

Washington había prometido una semana de alto el fuego, pero el Kremlin solo accedió a detener su ofensiva energética hasta el pasado domingo. La reanudación de los bombardeos se produce en plena ola de frío, cuando los termómetros marcan temperaturas de 20 grados bajo cero y las máximas no pasan de 12 bajo cero.

Los heridos ascienden a nueve personas. Horas antes del ataque, el presidente ucraniano vincula las «medidas de desescalada» de esta corta tregua con los «posibles resultados» de la nueva ronda en Abu Dabi. A pesar del revés, no ha habido señales de que las conversaciones se cancelen.

El jefe de Estado de Ucrania cambió de tono en su primer mensaje del día. «Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia», denunció Volodímir Zelenski. «Una vez más, se produjo un ataque dirigido específicamente contra instalaciones energéticas», subrayó.

La mayor compañía eléctrica ucraniana, DTEK, informó a primera hora de que sus centrales térmicas habían sido objeto del bombardeo. Con último golpe, la empresa energética acumula hasta nueve grandes ataques desde octubre de 2025.

El ataque ruso no sólo afectó a la capital de Ucrania. La ciudad de Járkov, también vivió una noche extremadamente complicada. El alcalde de la segunda ciudad más grande del país, Igor Terejov, afirmó que más de 800 inmuebles perdieron el suministro de calor. «El objetivo es claro: causarle la máxima destrucción y dejar la ciudad sin calefacción en caso de fuertes heladas», manifestó.

Por otra parte, las autoridades locales de Odesa destacan que más de 50.000 hogares se quedaron sin electricidad en el sur de la región, y en la provincia de Vínnitsia unas 50 localidades enfrentan apagones.

Próxima ronda de negociaciones

A pesar del nuevo ataque, Ucrania permanece en la mesa de negociaciones. La nueva cita está prevista para esta misma semana. Zelenski manifestó días atrás que el diálogo en Abu Dabi se llevaría a cabo el 4 o el 5 de febrero. Según varios medios de comunicación, el enviado especial de Trump para Rusia, Steve Witkoff, estará presente. Zelenski, por su parte, anunció que se prevé una reunión separada entre las delegaciones de EE.UU. y la enviada por Ucrania. Según el líder ucraniano, el trabajo del equipo negociador se ajustará «en consecuencia» tras el último bombardeo.

Los temas principales son los mismos que en la anterior reunión: el estatus del Donbás, la tregua energética y el control de la central de Zaporiyia. La mayor planta de energía nuclear de Europa, situada en pleno frente de guerra, está bajo control ruso desde 2022.

En las últimas horas se han filtrado, además, algunos detalles sobre la respuesta a una violación rusa del eventual alto el fuego. Según fuentes del rotativo ‘Financial Times’, en el caso de que las hostilidades se mantuviesen por más de 24 horas habría una respuesta militar por parte de los aliados de la ‘coalición de los dispuestos’. Si el ataque continúa, después de 72 horas se lanzaría una repuesta occidental coordinada que sí incluiría fuerzas de EE.UU.

La visita era de especial sensibilidad para Petro, que ha tratado de estabilizar su relación con Trump en el comienzo del año, a pocos meses de las elecciones en las que tratará de mantenerse como presidente de Colombia, previstas para el próximo 31 de mayo.

La delegación colombiana pidió a la Casa Blanca que la visita estuviera alejada de los focos, contra la preferencia habitual de Trump. El recuerdo de encuentros explosivos delante de las cámaras, en directo, como el que ocurrió hace poco más de un año en el mismo escenario con Volodímir Zelenski, llevó a los colombianos a preferir una visita discreta. Trump es impredecible y Petro también lo es, un cóctel para el desastre en un momento de relaciones turbulentas entre ambos países.

Entrada discreta

La visita no pudo ser más discreta. Trump no recibió en público a Petro en el lugar habitual por el que entran las visitas de jefes de Estado y de Gobierno a la Casa Blanca, el pórtico norte. Mucho menos en el pórtico sur, que solo se usa para las grandes ocasiones (por ejemplo, cuando Trump recibió al Rey Felipe VI y la Reina Letizia en su primer mandato).

Petro entró por el edificio Eisenhower, en el lado oeste de la Casa Blanca, sin la presencia de la guardia de honor ni protocolo ceremonial. Sin el habitual saludo con las cámaras en el que Trump da la bienvenida a sus invitados.

Después, la Presidencia de Colombia compartió imágenes de Trump y Petro en la Casa Blanca, con un saludo afable y un paseo por la columnata que lleva al Despacho Oval, donde ambos mantuvieron una reunión.

Trump ha calificado al presidente de Colombia de «líder del narcotráfico», le ha atizado con sanciones y no ha dejado de lanzarle ataques verbales. En especial, en los últimos meses del año pasado, durante la campaña de ataques militares a narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, en los que Trump hizo sonar los tambores de guerra contra Venezuela y, también, contra Colombia.

Son dos figuras antagónicas en lo ideológico -Trump, un millonario y estrella de la televisión convertido en populista de derechas; Petro, un exguerrillero izquierdista antiestadounidense- que han puesto en el alambre la relación entre dos países que han cooperado con fuerza. En especial, para acabar con la lacra del narcotráfico, aunque sin apenas resultados.

Poco después de llegar a la Casa Blanca, quedó claro que la relación entre ambos sería tormentosa. Petro aseguró que no recibiría vuelos de inmigrantes indocumentados deportados y Trump le sacudió en redes y le impuso aranceles disparados. El colombiano tuvo que dar marcha atrás.

La relación se ha deteriorado hasta hace unas semanas. Tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, quizá Petro puso sus barbas a remojar. Mantuvo una conversación telefónica con Trump que fue positiva y, de forma sorprendente, el presidente estadounidense le invitó a visitar la Casa Blanca.

El narcotráfico fue uno de los grandes asuntos del encuentro, entre las constantes acusaciones de Trump y la defensa de Petro de sus esfuerzos en este sentido. Antes de dirigirse a la Casa Blanca, desde la Embajada de Colombia, Petro habló del problema de la droga.

«Nosotros lo hemos sufrido de manera directa y real, no se trata de un discurso. He dedicado quince años de mi vida a debates que algunos de ustedes presenciaron y documentaron», dijo en declaraciones junto a su hija, Andrea Petro; su nieta Mailé, nacida el año pasado en Canadá; y Maira Maira González, esposa de Andrés Petro, uno de sus hijos, con asilo en Canadá desde 2021 por amenazas.

Petro defendió que su lucha contra la droga ha supuesto el exilio de sus hijos. “El 35% del Senado de la República terminó en la cárcel a raíz de mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo. El poder político se entregó a la codicia, y nosotros estamos trabajando para rescatarlo, porque una Colombia en paz es una Colombia donde prevalece la belleza y no la codicia”, aseguró.

Pero la realidad, que no escapa a la Administración Trump, es que la producción y la exportación de cocaína en Colombia ha crecido. Según los números de la ONU, sobrepasó las 3.000 toneladas en 2024, un incremento del 12,6% frente al año anterior. En 2023, el país sudamericano tenía 253.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, un récord, y el 67% del total en el mundo.

El nuevo lote difundido forma parte de la aplicación de la llamada «Epstein Files Transparency Act» y añade más de tres millones de documentos al conjunto ya disponible. Entre ellos figuran alrededor de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, además de abundante documentación financiera y correspondencia que permiten reconstruir con mayor detalle la red de contactos del financiero estadounidense. Epstein falleció en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su entorno continuó bajo investigación tras su muerte, incluido el proceso que culminó con la condena de su colaboradora más cercana, Ghislaine Maxwell.

Dentro de ese material aparecen tres transferencias a Mandelson de 25.000 dólares cada una, fechadas entre 2003 y 2004, enviadas desde cuentas de Epstein en JP Morgan. La primera operación se dirige a una cuenta de Barclays vinculada a Reinaldo Avila da Silva, entonces pareja del político y hoy su marido, donde ambos nombres figuran asociados a la cuenta, mientras que las otras dos, efectuadas con pocos días de diferencia, se consignan a cuentas de HSBC.

Consultado por ‘Sky News’, el exministro afirmó que ni él ni su marido «tienen registro o recuerdo de haber recibido pagos (de Epstein) en 2003 o 2004 o de saber si la documentación es auténtica». En la carta de renuncia remitida a la dirección del Partido Laborista escribió: «Las acusaciones, que creo falsas, de que me realizó pagos económicos hace 20 años y de los que no conservo ningún registro ni recuerdo, necesitan ser investigadas por mí mismo», y añadió que no desea «causar más vergüenza al Partido Laborista», motivo por el que ha optado por darse de baja.

La publicación reabre una controversia que se arrastra desde hace meses. En septiembre pasado, el Gobierno de Keir Starmer lo destituyó como embajador en Washington tras salir a la luz unos correos electrónicos en los que enviaba mensajes de apoyo a Epstein después de la condena que este recibió en 2008 por prostitución de menores. Downing Street sostuvo entonces que la naturaleza de la relación era «materialmente diferente» de lo que se conocía cuando fue designado para el cargo.

Los nuevos archivos incorporan también intercambios de correos de 2009 en los que Avila da Silva solicita ayuda económica a Epstein para sufragar un curso de osteopatía, con el detalle de la matrícula y otros gastos, y recibe horas después la respuesta de Epstein: «Te haré la transferencia del préstamo de inmediato». Al día siguiente, según los documentos, confirma que el dinero había llegado a su cuenta.

Otros mensajes muestran conversaciones entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein sobre un posible esquema societario para la adquisición de un apartamento valorado en dos millones de libras en Río de Janeiro, mediante empresas registradas en Brasil y Panamá. El grupo Tax Policy Associates afirmó que la estructura parecía «un esquema de evasión fiscal altamente artificial». Mandelson declaró que no recuerda esa propuesta, que nunca ha poseído propiedades en Brasil y que no mantiene vínculos con sociedades en Panamá.

Asimismo, la correspondencia de finales de 2009 incluye mensajes en los que el entonces responsable de la empresa comenta con Epstein la posibilidad de modificar el diseño de un impuesto extraordinario sobre las primas de los banqueros tras la crisis financiera. En uno de ellos le escribe que «estoy intentando modificarlo con ahínco. El Tesoro se mantiene firme, pero me estoy ocupando del asunto». Posteriormente sostuvo que sus conversaciones reflejaban la posición general del sector financiero y no la petición de un individuo concreto.

Entre los documentos figura además una fotografía de Mandelson en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro está pixelado. El exministro declaró que no puede identificar ni el lugar ni las circunstancias en que fue tomada.

La reacción política ha sido inmediata. Dirigentes de partidos de la oposición han pedido una investigación formal sobre si, durante su etapa como ministro, Mandelson o su entorno recibieron fondos de Epstein, y algunos parlamentarios han planteado que se revise su estatus en la Cámara de los Lores.

De momento el diálogo es indirecto, aunque todo apunta a una posible reunión cara a cara entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado de Trump, Steve Witkoff, esta misma semana en Ankara. El portal Axios, con fuentes directas en la Casa Blanca, desveló que podría organizarse el viernes. Antes del encuentro con los iraníes, Witkoff viajará a Israel para hablar con Benjamín Netanyahu, quien es partidario de una operación a gran escala para derrocar al régimen, y el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, según dos altos cargos israelíes. Zamir ya estuvo hace unos días en Washington para evaluar las diferentes opciones militares contra los ayatolás.

Con su habitual estrategia del palo y la zanahoria, Trump admitió el domingo los contactos con la república islámica y dijo que confiaba en alcanzar un acuerdo para evitar una acción militar. 24 horas después, el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, detalló que «países de la región están actuando como mediadores en el intercambio de mensajes (…) Se han abordado varios puntos y estamos examinando y cerrando los detalles de cada etapa del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días».

El nivel de confianza entre las partes está en el mínimo tras lo ocurrido en junio, cuando Israel atacó por sorpresa cuando Estados Unidos e Irán estaban en medio de la negociación para un nuevo acuerdo nuclear. Los estadounidenses se sumaron a la operación, que duró 12 días, con el bombardeo de las principales plantas atómicas del país.

El reloj corre en contra de un régimen islámico que acude a la mesa negociadora con la fuerte presión de las protestas internas, que se han saldado con miles de muertos por la represión, y la amenaza de un ataque a gran escala. A esto hay que sumar el efecto de las sanciones internacionales que han asfixiado a la economía local hasta hundir el rial a sus mínimos históricos respecto al dólar.

Macro nuclear

«El presidente Pezeshkian ha ordenado la apertura de conversaciones con Estados Unidos», informó la agencia Fars, citando una fuente gubernamental no identificada. «Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones sobre el expediente nuclear», añadió la agencia sin especificar una fecha concreta. Los medios oficiales destacaron que se trata de retomar el proceso nuclear, en suspenso desde el verano. Tras los ataques estadounidenses de junio, Teherán asegura que su trabajo de enriquecimiento se ha detenido, pero guarda un stock importante uranio enriquecido a un alto nivel y Washington podría exigir que lo envíe al extranjero.

El Kremlin indicó que Rusia ofrece sus servicios para procesar o almacenar este uranio enriquecido iraní, en palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Los iraníes insisten en que su programa nuclear es exclusivamente para la generación de electricidad y otros usos civiles y se muestran dispuestos a pausar el enriquecimiento y enviar el stock al extranjero a cambio del levantamiento de las sanciones. Occidente teme que ese uranio se pueda utilizar para armar las cabezas de los misiles del arsenal iraní.

Desde Estados Unidos insisten en que ahora la negociación debe ser más amplia que el acuerdo atómico, quieren dar un paso más allá. El equipo de Trump, en coordinación con Israel, exige a los iraníes que detengan su programa balístico, la gran amenaza para el Estado judío y las bases estadounidenses en la región, y el apoyo a sus grupos afines en la región, como Hamás, en Gaza, Hizbolá, en Líbano, o los hutíes, en Yemen. Teherán siempre se ha negado a mezclar estos dos aspectos con el contencioso nuclear. La flexibilidad iraní con el tema atómico es diferente a la posición firme que mantiene sobre misiles y grupos aliados.

La escalada dialéctica de los últimos días llevó a Teherán a poner sobre la mesa el Estrecho de Ormuz, vía por la que pasa el 20% del petróleo mundial. Los iraníes apelaron al estrecho como arma de disuasión, dijeron que en caso de ataque el paso «no sería seguro» para los barcos y anunciaron maniobras militares con munición real. Tras la posibilidad de retomar el diálogo, Irán canceló las maniobras en este lugar donde un pequeño problema tendría repercusiones a nivel global.

Pero, cuando todo apuntaba al inicio del cruce de personas en ambas direcciones, Israel sorprendió al anunciar que el movimiento se retrasaba al menos 24 horas para dedicar la primera jornada a una “fase piloto para probar y evaluar el funcionamiento del paso”.

Los medios israelíes, citando fuentes egipcias, aseguraron que agentes de seguridad palestinos cruzaron la puerta egipcia del paso y se dirigieron hacia la puerta palestina para unirse a una misión de la Unión Europea que supervisará las entradas y salidas. Las mismas fuentes indicaron que varias ambulancias también cruzaron por la puerta egipcia.

Israel se reserva el control de todos los movimientos y adelanta que el paso se abrirá solo para personas, no se utilizará para la tan necesaria entrada de ayuda humanitaria. A falta de conocer los datos concretos, de las declaraciones de los dirigentes israelíes se desprende que se espera que más personas puedan salir que entrar, aunque el número de salidas diarias también será limitado.

Los medios de Israel apuntaron que las autoridades egipcias seguirán controlando el paso en su lado de la frontera y los nombres de quienes soliciten regresar a Gaza deberán ser aprobados primero por El Cairo y después por Israel, con 24 horas de antelación. El personal de seguridad israelí no estará presente en el propio paso, pero operará un punto de control dentro de Gaza, donde los que entren serán sometidos a exhaustivos controles. Los gazatíes que quieran salir necesitarán una autorización para viajar al extranjero que expedirá la Autoridad Palestina, previa coordinación con los israelíes.

Más de 20.000 enfermos y heridos esperan su turno para poder salir y recibir tratamiento en hospitales extranjeros. Desde Unicef destacaron la importancia de la apertura porque “las evacuaciones médicas son cruciales. He conocido a muchos niños heridos, amputados por explosiones durante la guerra, que han perdido un brazo o una pierna. Algunos han sido atendidos aquí, pero el sistema sanitario no es suficiente para absorber todas las enormes necesidades de rehabilitación”, declaró su portavoz, Jonathan Crickx, al canal Al Yasira.

La reapertura parcial llega tras meses de presión por parte de la ONU y de organizaciones humanitarias internacionales, que reclaman desde hace tiempo el desbloqueo del acceso a un territorio devastado por casi dos años de bombardeos.

Nuevo Gobierno de tecnócratas

Además de los miles de gazatíes que esperan entrar para reunirse con sus familias, el nuevo Gobierno de tecnócratas formado por la Junta de Paz creada por Trump también espera la luz verde del Ejército. Hamás, que ha anunciado su disposición a entregar el control administrativo de la Franja a este órgano, señaló que esta reapertura “es un derecho conquistado por nuestro pueblo palestino”, según declaraciones de su portavo, Hazem Qasim. “Pedimos a los mediadores que sigan vigilando el comportamiento de la ocupación en el paso para que no nos enfrentemos a una reformulación del asedio por otras vías”, solicitó Qasim.

La prueba en el paso fronterizo llegó después de un sábado sangriento en el que Israel bombardeó el norte, centro y sur de la Franja y mató al menos a 31 personas, entre ellas varias mujeres y niños. Uno de los lugares atacados fue el campo de desplazados de Al Mawasi, en la denominada “zona segura” de Gaza por los militares hebreos. El Ejército aseguró que fue un ataque en respuesta por la irrupción de varios terroristas desde un túnel en Rafah.

Nickolay Mladenov, director general de la Junta de la Paz para Gaza, instó a las partes a “ejercer moderación y respetar el alto el fuego”. El diplomático búlgaro escribió en sus redes sociales que “estoy profundamente preocupado por lo ocurrido desde el viernes: combatientes armados de Hamás saliendo de un túnel en Rafah y ataques israelíes que, de forma trágica, también causaron la muerte de civiles”.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de 20 puntos de Donald Trump en octubre, Israel ha matado a más de 500 palestinos. El cruce de Rafah debía haberse abierto durante la primera fase, pero los israelíes lo aplazaron como represalia por el retraso de Hamás en la entrega de los cuerpos de todos los rehenes. Benjamin Netanyahu reescribe las normas del pacto y ahora presiona a Trump para que establezca un ultimátum para el desarme de Hamás.

Cerrado desde mayo de 2024, salvo una breve reapertura a comienzos de 2025, Rafah debería reabrirse por completo en el marco del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra iniciada tras el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, en Gaza, la espera continúa. «Cada día que pasa empeora mi estado y mi vida se me escapa», lamentaba para AFP Mohammed Shamiya, un enfermo renal de 33 años que aguarda autorización para salir del enclave y recibir tratamiento en el extranjero.

ICE, ICE, ICE… se escucha en una ciudad por lo general tranquila, somnolienta. Pero ahora sacudida por este despliegue masivo de agentes federales decretado por Trump, entre alegaciones de redadas indiscriminadas, detenciones de gente con papeles e incluso de ciudadanos, episodios de uso excesivo de fuerza y, también, acoso y resistencia a la labor de los agentes, en ocasiones de forma violenta. Y, por supuesto, la muerte de dos vecinos, ambos estadounidenses, ambos por disparos de agentes federales, en dos tragedias a todas luces innecesarias.

Los demócratas, que controlan Mineápolis y Minnesota, han combatido este despliegue, por ahora sin éxito. Una jueza federal decidió este sábado contra su exigencia de suspender las operaciones de los agentes federales. Y otro juez ordenó la liberación antes del martes del niño de cinco años Liam Conejo Ramos, cuya imagen se ha convertido en el símbolo de la crueldad de las redadas.

Mineápolis no ha sido la primera ciudad donde ha actuado el ICE. Antes vinieron Los Ángeles, Chicago o Nueva Orleans. Pero el despliegue en la principal ciudad de Minnesota puede haber sido una muestra de qué cara puede tener la mano dura de Trump: el desembarco de un pequeño ejército doméstico, fortalecido con inversiones multimillonarias y reclutamientos masivos, con tácticas agresivas y cuestionables y en confrontación con las autoridades locales.

«Mineápolis es un ensayo de lo que va a ocurrir en otros lugares de EE.UU.», advierte Madison, una entre varios cientos de manifestantes delante del edificio federal Whipple, un centro de operaciones cercano al aeropuerto. «Esto es la materialización de la deriva autoritaria de Trump, pero nosotros también estamos mostrando cómo hacerle frente».

Trump prometió en campaña la mayor deportación de inmigrantes indocumentados de la historia. Fue una promesa popular entre sus votantes, tras varios años bajo Joe Biden con la frontera desbordada, con cruces ilegales récord por parte de inmigrantes.

Nada más llegar a la Casa Blanca, Trump se puso manos a la obra. El primer requisito era fortalecer el brazo ejecutor de la política migratoria, la fuerza de seguridad encargada de detectar, detener y deportar inmigrantes indocumentados.

600.000 deportados

Con el apoyo de sus aliados republicanos, Trump ha llenado los bolsillos del ICE y del resto de agencias dedicadas al cumplimiento de la legislación migratoria. En la macroley de gasto aprobada en verano se incluyeron 170.000 millones de dólares (143.000 millones de euros) para ese objetivo. Tras el regreso del multimillonario neoyorquino al poder, el ICE ha visto triplicado su presupuesto operativo, además de fondos descomunales para el desarrollo de centros de detención. En total, 75.000 millones de dólares (63.000 millones de euros) solo para esta agencia.

Es conocido el gusto de Trump por los números redondos y simbólicos, que transmiten claridad en el mensaje. Por eso se puso como objetivo de política migratoria la deportación de un millón de indocumentados en un año. Es decir, unos 3.000 deportados por día. Se ha quedado muy lejos, en algo más de 600.000. Pero es un número muy importante si se tiene en cuenta que el presidente de EE.UU. ha logrado eliminar casi por completo las entradas ilegales en la frontera sur –uno de sus grandes logros–, donde es más sencillo ejecutar las deportaciones.

Para acercarse a ese objetivo, necesitaba multiplicar el número de efectivos: «boots on the ground», botas sobre el terreno. El cuerpo del ICE tenía unos 10.000 agentes hace un año. Ahora son más del doble, 22.000.

Para conseguirlo, se han tomado atajos. El periodo de entrenamiento en ICE era de cinco meses. Ahora dura ocho semanas, y no incluye clases de español, el idioma que hablan muchos de los objetivos de sus detenciones. Además, se han eliminado las limitaciones de edad. Antes se exigía que los candidatos fueran mayores de 21 años y menores de 40. También se han creado incentivos, como un bonus de entrada de 50.000 dólares (42.000 euros). Y se ha invertido en una campaña de publicidad multimillonaria por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE. Una campaña que ha sido polémica, por el contenido de algunos de los anuncios, que incluyen referencias de extrema derecha y supremacismo blanco.

La ley de la frontera

Por ejemplo, un anuncio en redes sociales del pasado agosto utilizaba la expresión ‘Which way, American man’ (‘¿Qué camino tomarás, hombre estadounidense?’), tomada del libro ‘Which way, Western man?’, una novela antisemita y racista de la década de 1970. En otro anuncio, se utilizaba la frase ‘We’ll have our home again’ (‘Recuperaremos nuestra casa’), un título de una canción de Pine Tree Riots, que es popular en círculos ultras.

Marla, una vecina de Mineápolis, levanta un cartel en una protesta cerca de donde murió Alex Pretti, el enfermero de 37 años al que dos agentes federales dispararon en medio de un altercado. ‘Incompetent Chaotic Executioners’ (Verdugos caóticos e incompetentes), se lee en el cartel, que utiliza las siglas del ICE para criticar la forma en la que los agentes federales han actuado en Mineápolis. «Su formación es cuestionable, no están preparados y operan fuera de la ley», critica.

Más allá de la formación apresurada de los nuevos agentes, el ICE opera con mano ancha desde el regreso de Trump. Su Gobierno ha relajado las regulaciones o las ignora. La Administración Trump eliminó la directiva de no realizar detenciones en lugares sensibles, como colegios, hospitales o iglesias. El DHS ha determinado que es legal entrar en los hogares de sospechosos sin órdenes judiciales, solo con órdenes administrativas, algo que está siendo combatido en tribunales. Y un juez federal reprendió esta semana a los responsables del ICE por violar casi cien órdenes judiciales en menos de un mes. «El ICE probablemente ha violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que algunas agencias federales en toda su existencia», aseguró el magistrado Patrick Schiltz. «El ICE no es la ley en sí misma», criticó.

El ICE no está solo en Mineápolis. También tiene la asistencia de la Patrulla Fronteriza. Ambos cuerpos han participado en estos despliegues masivos, en territorios demócratas, con mucha atención mediática, que buscan tanto detener a indocumentados como mandar un mensaje de miedo.

A la Patrulla Fronteriza pertenece Gregory Bovino, el comandante de las fuerzas federales en Mineápolis hasta que fue defenestrado tras la crisis creada por la muerte de Pretti y de otra vecina, Renee Nicole Good, entre críticas crecientes de republicanos por el caso creado en el despliegue y por la narrativa falsa de la Administración Trump para justificar las muertes de ciudadanos estadounidenses.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza se han desplazado muy lejos de su escenario habitual, de la frontera, porque allá ahora se les necesita menos. Están fuera de lugar, y no solo por el frío polar de Minnesota. No es lo mismo operar contra indocumentados en un pedregal de Nuevo México, con una laxitud operativa y una falta de supervisión más cercana al ‘salvaje Oeste’. Sin miles de cámaras grabándoles, sin la resistencia de vecinos en una ciudad progre, asistidos por los derechos y garantías que tienen los ciudadanos. Pero en la muerte de Pretti, al que disparó un miembro de la Patrulla Fronteriza, los agentes federales han mostrado que aquí –y quizá en otros lugares a partir de ahora– están dispuestos a traer la ley de la frontera.

«Estuvimos en Afganistán con los canadienses en Kandahar, al sur del país. Durante mi tiempo allí, los combates en Kandahar fueron constantes y muy peligrosos. Los canadienses perdieron a mucha gente y nosotros también. Fue una experiencia extrema», recuerda durante una entrevista telefónica con este diario Knudsen, quien ahora es vicepresidente de la Asociación de Militares Veteranos en Dinamarca.

En sus palabras se mezcla la frustración con el enfado tras las últimas palabras de Donald Trump. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos sugirió en una entrevista en Fox News que las tropas de la Alianza Atlántica «se mantuvieron un poco lejos de las líneas del frente» en Afganistán.

«Trump está diciendo que no estuvimos en primera línea, que estuvimos en la retaguardia. Pero los que murieron sí que estaban en primera línea. Yo lo estuve y vi morir a mucha gente, a muchos compañeros perder sus piernas o sus brazos, sufrir estrés postraumático por lo que vieron y vivieron», asegura Knudsen. Como oficial, acudió a cada funeral de un compañero caído en combate.

Tras su misión, «casi como un soldado americano más» en 2012 también en Afganistán, Knudsen fue condecorado con una bandera estadounidense y una estrella de bronce que hasta hace poco enseñaba con orgullo. «Antes, con cualquier visita a casa enseñaba estos premios con orgullo. Ahora están en un cajón». Incluso su mujer, una estadounidense que lleva más de una década viviendo en Dinamarca, se muestra «avergonzada y apenada» por lo que está viendo en su país de origen.

¿Mereció la pena?

Después de «esta traición», los veteranos daneses que estuvieron destinados no solo en Afganistán, sino también en Irak o Kuwait, se preguntan si mereció la pena.

Dinamarca perdió a 44 de sus soldados, mujeres y hombres, en un sacrificio que para muchos fue el precio a pagar por comprometerse con su aliado, Estados Unidos, en la lucha contra el fanatismo islámico. En aquel momento, ambos ejércitos eran camaradas que arriesgaban sus vidas por una causa común.

Uno de estos militares que lleva días haciéndose esa pregunta, «¿mereció la pena?», es Lars Wolff. Entre 2003 y 2004 estuvo destinado primero en Irak y Kuwait y, un año más tarde, en Kabul. Este cabo recorría cada día las arenosas y peligrosas carreteras que rodeaban Hindu Kush, la gran cadena montañosa que domina el norte y el oeste de la capital afgana.

«Transportaba a gente de un lado a otro todos los días. Hicimos un buen trabajo, aunque la misión era extremadamente peligrosa. Los británicos perdían un soldado al mes. Nosotros, en comparación, parece que tuvimos más suerte, pero fue muy duro», cuenta con voz calmada, propia del que ha contado su historia en más de una ocasión.

Después de varias misiones en el extranjero, fue diagnosticado con las temidas siglas en inglés quien termina un trabajo, pero nunca vuelve del todo a casa: PTSD (post-traumatic stress, o estrés postraumático en castellano).

«Tras volver de esas misiones, ya nunca más fui el mismo. Sufro estrés postraumático y lo que estoy escuchando ahora en palabras de Trump me afecta mucho y, sobre todo, me enfada. Creo que hicimos un muy buen trabajo juntos, pero después de lo que ha dicho te preguntas si mereció la pena», explica Wolff.

Estas palabras fueron la puntilla para una sociedad, la danesa, y un grupo, los militares, que han dicho «basta» a las «faltas de respeto» de Donald Trump. «Las palabras valen igual que los hechos, y lo que está diciendo Donald Trump es irrespetuoso e irresponsable», sentencia Knudsen.

Manifestación en silencio

Este sábado, el grupo de veteranos convocó una manifestación en Copenhague con el lema: «Nos quedamos sin palabras». En silencio, se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos. «Dinamarca siempre ha apoyado a Estados Unidos, y nos hemos mantenido en los puntos conflictivos del mundo cuando nos han solicitado. Nos sentimos defraudados y ridiculizados por la Administración Trump, que ignora deliberadamente la lucha de Dinamarca junto a Estados Unidos», escribía el grupo de veteranos en su página web para anunciar la marcha.

El último gesto que enfureció a los veteranos se produjo esta misma semana, cuando la Embajada de Estados Unidos en la capital danesa retiró las banderas en honor a los soldados muertos en Afganistán de un área a las afueras del edificio. Un vídeo compartido por TV2, un medio danés, mostraba cómo un guardia de seguridad retiraba las banderas de las macetas que recordaban a los 44 caídos daneses.

La propia Asociación Danesa de Veteranos criticó duramente la medida, calificándola en un comunicado de «innecesaria e insensible». Su presidente, Carsten Rasmussen, afirmó comprender la indignación, pero instó a una respuesta tranquila: «Cuando ellos actúan con desdén, nosotros actuamos con desdén, y respondemos con calma, dignidad y consideración».

El asunto de Groenlandia

El enfado danés no sólo viene de las últimas bravuconadas de Trump sobre Afganistán. El tema groenlandés cada día escuece más. Bien lo sabe Gert Sloth Berthelsen, de madre danesa y padre groenlandés (primer groenlandés en sumarse al Ejército danés). Berthelsen, que siguió sus pasos, sirvió en el Ejército danés junto a las fuerzas estadounidenses en una misión de paz en Macedonia del Norte entre 1996 y 1997. Ahora preside el proyecto ‘Groenlandia’ de la asociación de veteranos y cada año organizan un viaje a la isla.

El constante interés de Trump por el territorio danés, que desde el año pasado lleva repitiendo, ha trastocado la «tranquilidad de la isla, que ahora se ha convertido en el centro de los debates», cuenta Berthelsen. «Muchos de los veteranos con los que trabajamos han servido junto a estadounidenses y ahora no hay ningún respeto por su servicio ni su cargo», comenta durante una videollamada con ABC. «Estamos consternados por la conducta de EE.UU. y la falta de respeto que estamos presenciando. Groenlandia pertenece al pueblo groenlandés, no hay más».

Las relaciones entre ambos países han sido durante años muy buenas. Dinamarca ha sido un socio que ha estado en las guerras donde Estados Unidos ha pedido ayuda y, por su parte, Washington ha sido el gran aliado de defensa de Copenhague bajo el paraguas de la OTAN. Por eso, ahora los daneses no pueden creer que quizás en algún momento puedan necesitar defenderse de Estados Unidos.

Según concluye Knudsen, «si Trump llegara a invadir Groenlandia, sería el momento final de la alianza de la OTAN y de la admiración por el gran país que fue Estados Unidos».

En la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se reúnen los familiares de los presos políticos todos los días desde el 8 de enero, fecha de las excarcelaciones anunciadas por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, presidenta encargada y presidente de la Asamblea Nacional.

Hasta el día el día de hoy se han liberado condicionalmente solo unos 303 de los mil detenidos según la ONG del Foro Penal. La Plaza del Rectorado de la UCV se ha convertido en un centro de acopio de víveres, alimentos y productos de primera necesidad, ayuda, encuentro y de intercambio entre familiares de los que han sido liberados y los que faltan por excarcelar. «Somos una gran familia muy unida», dice a ABC Adriana Briceño.

Adriana Briceño es esposa del preso político Ángel Godoy, un ingeniero de 52 años, que estuvo nueve meses detenido en El Helicoide y luego tres meses y seis días en Yare. En total estuvo un año y seis días por trabajar en la página informativa digital Punto de Corte. Le imputaron los cargos de terrorismo, instigación al odio y a la insurrección armada. Fue excarcelado el 14 de enero.

«Cuando escuchamos la noticia de la amnistía, estábamos reunidos la familia. Fue realmente un éxtasis, porque en el caso de mi esposo, que está en libertad bajo medidas cautelares, esperamos que su caso sea revisado y pueda tener libertad plena en toda su expresión«, confía Adriana. Tanto ella como su familia estallaron de felicidad: «Estamos empezando a ver la luz al final del túnel».

La detención arbitraria e injusta de Ángel Godoy le cambió la vida a Adriana. Además de privarla de su marido, la despidieron después de trabajar 21 años en una empresa del Estado. «Gracias a la ayuda económica de mi familia y mis amigos, pudimos sobrevivir un año sin ingresos», reconoce.

Angeli de la Cruz, esposa de Carlos Azuaje, quien fue puesto en libertad el 17 de enero tras siete meses en El Helicoide y luego en Yare, también se muestra satisfecha: «Bueno, realmente estoy muy contenta y feliz gracias a Dios, que escuchó nuestras plegarias. Vamos a salir de esta situación, pero quedan todavía muchos presos políticos y personas mayores».

La familia de Angeli creció en la Plaza del Rectorado. «Hacemos familia con todos y les tomamos cariño y afecto. Me parece una gran noticia la ley de amnistía, la estábamos esperando justo cuanto hay cientos y cientos de presos políticos. No lo veo como un favor que nos hace el régimen, sino algo que tienen que hacer, es su obligación. Todavía falta más de la mitad; ni siquiera llegamos al 50% de excarcelaciones».

Diego Casanova es miembro de la ONG Comité por la libertad de Presos Políticos (Clipp). También es familiar de los detenidos por razones políticas. Su hermano, José Gregorio Pérez Maita, fue liberado hace un año en enero de 2025, pero debe presentarse al tribunal antiterrorista cada 30 días.

«En medio de esta lucha tan dura que vivimos, el anuncio de la ley de amnistía es un momento de alivio y de alegría. Sentimos que nuestra lucha y presión es tomada en cuenta, que le estamos torciendo el brazo al régimen, que tiene que ceder y mantener el compromiso de liberar a los presos políticos», añade Diego.

En su opinión, «tiene que darse un proceso de excarcelaciones masivas. Sentimos una felicidad cautelosa porque ellos (el régimen chavista) actúan desde la mentira, la crueldad y la arbitrariedad. Tenemos dudas de su sinceridad y hasta que no se concrete la ley de amnistía no podemos cantar victoria».

Para Diego Casanova, si los hermanos Rodríguez no han cumplido con sus promesas de excarcelar a los presos políticos el pasado 8 de enero, «es difícil creer que lo hagan ahora. Esto no es un perdón porque los presos políticos no han delinquido. Claro, es un hecho beneficioso pero debemos tener claro que lo hacen porque les han presionado».

Martha Cambero es la esposa de Nicmer Evans, un reportero que fue liberado en la ronda del 14 de enero junto a los 19 periodistas detenidos. Estuvo 51 días detenido entre El Helicoide y Yare.

En la Plaza del Rectorado, tanto Martha como Nicmer ayudan a organizar la ayuda solidaria con los familiares que hacen vigilia por la liberación de los presos políticos. «Estoy feliz, pero me tomo con recelo la noticia de la amnistía», señala Martha, quien desea ver en qué términos se redacta el texto de la ley.

Martha está de acuerdo con el cierre de El Helicoide, el principal centro de tortura del país. Pero no está de acuerdo con convertirlo en un centro cultural, social, deportivo y comercial para la comunidad del gremio policial como propone la presidente interina.

En su opinión, la sociedad tiene la memoria muy corta y El Helicoide debe convertirse en un centro o en un museo para la humanidad para recordar el oprobio y la tortura de los miles de venezolanos que sufrieron la injusticia y nunca más se repita.

Moscú podrá contar con extensos análisis de ese colectivo apoyados por interrogatorios en la frontera, imágenes de las miles de cámaras repartidas por el espacio público y datos de todo tipo que se exigen a quienes llegan de fuera para poder permanecer legalmente.

Actualmente, las autoridades rusas ya disponen de mucha información de todos los inmigrantes. Para poder contar con una tarjeta de teléfono SIM con internet móvil, por ejemplo, se les requiere que den sus datos biométricos como huella dactilar, voz y escaneo facial, además de obligarlos a registrarse en la Seguridad Social y en el portal de servicios del Gobierno.

Dichas normas afectan a cualquier extranjero que esté en Rusia, incluso a los turistas. Las operadoras de telefonía han llegado a pedir al Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicación y Medios que simplifique el proceso de obtención de este dispositivo debido a que los visitantes de otros países no están dispuestos a perder una semana en trámites burocráticos durante sus vacaciones.

En Moscú hay repartidas cerca de 230.000 cámaras con un sistema de identificación facial que registra los movimientos de los ciudadanos. En San Petersburgo, la segunda ciudad del país, se lanzó un proyecto, ‘Ciudad segura’, que los clasifica según su color de piel. Las autoridades locales implementaron en agosto del año pasado dispositivos con inteligencia artificial incorporada que pueden reconocer hasta «seis tipos de razas». El Comité de Tecnologías de esta urbe defiende que con este análisis las fuerzas de orden «pueden detectar la concentración de ciertas nacionalidades».

Los extranjeros que viven de forma permanente en Moscú, además, tienen la obligación de pasar un test médico anual que deben pagar de su bolsillo. Las autoridades quieren asegurarse así de que los foráneos no tengan enfermedades infecciones ni sean drogodependientes.

A la mayoría de los extranjeros se les exige un registro temporal, una ‘registratsia’. Este trámite heredado de la época soviética debe cumplimentarse en los primeros siete días desde la llegada al país y, a diferencia de un empadronamiento, se cancela cuando el migrante pasa una noche en otro alojamiento porque en su nueva ubicación tiene que realizar un nuevo papeleo.

Al pasar la frontera también hay requisitos. Entre ellos figura un ocasional interrogatorio para aquellos ciudadanos de países «no amistosos» –básicamente, todos los de la UE, EE.UU., Canadá y Japón–. Durante este trámite se va más allá del motivo por el que se eligió viajar a Rusia y se pregunta por cuestiones como las relaciones de Moscú con otras naciones y, en especial, sobre la guerra de Ucrania.

Así, el Estado ruso puede tener de un extranjero un informe detallado con cuestiones personales, lugares donde ha estado o va a estar dentro y fuera del país, biometría, historial sanitario y el IMEI (código de 15 dígitos pregrabado) de su teléfono, entre otros. El perfil digital contará en total con 25 categorías de datos que estarán a disposición de 14 agencias y organizaciones estatales.

La medida llega menos de un mes después de la captura de Nicolás Maduro en la operación estadounidense del 3 de enero y encaja en la estrategia de Donald Trump para convertir el petróleo en herramienta de estabilización y presión. La Casa Blanca quiere permitir que empresas estadounidenses vuelvan a operar en Venezuela, pero sin entregar al régimen —o a lo que quede de él— la llave del negocio energético.

La licencia permite transacciones necesarias para exportar, transportar, refinar o comercializar petróleo venezolano, siempre que las compañías estén establecidas en Estados Unidos. Los contratos deberán regirse por la ley estadounidense y cualquier disputa se resolverá en tribunales del país. Trump busca que el crudo vuelva a circular, pero bajo jurisdicción norteamericana, como si el petróleo venezolano fuese ya una extensión del tablero estratégico de Washington.

El punto central es el dinero. Los pagos no podrán ir directamente a personas sancionadas ni a estructuras del chavismo, sino a cuentas controladas por el Tesoro. Es, en la práctica, una reapertura sin confianza, pues se permite el comercio, pero se bloquea el acceso libre a los ingresos. La Casa Blanca pretende así mantener control sobre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, heredera del poder tras la caída de Maduro.

El documento fija también límites geopolíticos claros. Prohíbe operaciones vinculadas con Rusia, Irán, China, Cuba o Corea del Norte, excluye pagos en oro o criptomonedas y veta transacciones con buques bloqueados. Si el petróleo se exporta a terceros países, las empresas deberán reportar cada operación con detalle, en un sistema de supervisión que convierte cada barril en un expediente.

Trump ya había adelantado esta línea en una reunión con los grandes ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde llegó a pedir inversiones de hasta 100.000 millones de dólares para relanzar la industria venezolana. Pero el entusiasmo fue limitado. El consejero delegado de ExxonMobil llegó a decir que Venezuela sigue siendo hoy «ininvertible», por la ausencia de seguridad jurídica y el historial de expropiaciones. Repsol, por su parte, sí expresó interés en ampliar operaciones en Venezuela.