Si en 2022 el gran protagonista de las elecciones presidenciales colombianas fue el malestar social, ya fuera por la desigualdad o por la clase política, este año ha tomado protagonismo el temor a que el crimen termine torciendo la mano de la democracia. Ya ocurrió en junio del año pasado, cuando un sicario asesinó al precandidato opositor Miguel Uribe Urbay. Ahora, los dos políticos más poderosos, el padrino de la derecha y expresidente Álvaro Uribe, como el de la izquierda, el presidente Gustavo Petro, dicen que sus candidatos corren ese mismo riesgo.
El jefe de Estado afirma en redes sociales que la CIA tiene en sus manos “datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”, y su némesis afirma que se enteró, por “interlocutores del ELN”, que dos cabecillas de la guerrilla “son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”. Lo denuncian públicamente el mismo día, este viernes, por el mismo medio, X, y lo hacen antes de que los candidatos se pronuncien. Cepeda, de hecho, publicó un video en el que dice que no tiene información clara sobre lo que denuncia el mandatario, y pide a las autoridades investigar. La campaña de Valencia reaccionó horas después de Uribe, hablando de “la información revelada en las últimas horas sobre un presunto plan para atentar contra la vida de nuestra candidata”.
Las alertas no aparecen en el vacío. Las amenazas se han repetido. El último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), dice que cuatro candidatos y precandidatos presidenciales recibieron amenazas de muerte en los meses previos a las elecciones legislativas de marzo. Uno de ellos, el exministro Mauricio Lizcano, recibió una corona fúnebre con su nombre en su sede de campaña de Manizales. “Elevamos los datos a las autoridades correspondientes, pero no podemos seguimiento a los autores de las amenazas”, dice Diego Rubiano, coordinador del observatorio político de la MOE.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, a cargo de la Comisión de Seguimiento Electoral, dijo esta semana que las campañas de los punteros “no tienen menos de 30 hombres en temas de seguridad”. También anunció que agentes de la fuerza pública vigilarán que las sedes de campaña no terminen vandalizadas, como ya ha ocurrido. Aunque aseguró que no hay zonas del país vedadas para que los candidatos hagan campaña, en Colombia es común ver a los presidenciables rodeados de escoltas, dando discursos detrás de vidrios de seguridad, y caminando con agentes cargando escudos en su espalda.
Para Luis Trejos, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Norte, algo no cuaja con las denuncias de este viernes de Petro y Uribe. “Algo llama la atención en las dos: Uribe dice que se entera de esto por gente cercana al ELN, Petro que quien tiene la información es la CIA. Hay una desinstitucionalización: no van a la Fiscalía, van primero a las redes sociales”, dice el experto. Además, citan fuentes a las que no les suelen creer: Uribe es enemigo acérrimo de la guerrilla y Petro ha dicho que la CIA tenía un complot para enlodar a su Gobierno. “Uno esperaría que le digan a la Fiscalía si tienen pruebas, que tal testigo está dispuesta a declarar. Como lo hacen así, en redes sociales, creo que esto apela más al juego de las emociones en campaña, al de mostrarle al público que mi candidato es la verdadera víctima”, añade. Que las denuncias sean reales no significa que no tengan una motivación emocional y electoral.
Hay dos públicos a quienes decirles esto. El primero son los electores colombianos. El domingo pasado, los dos candidatos fuertes de la derecha, Paloma Valencia y el ultra Abelardo de la Espriella, denunciaron amenazas en su contra en redes sociales, lo que reforzó su discurso de que hay una crisis de seguridad y apelan al voto de oposición. De hecho, aunque dos ministros se pronunciaron en solidaridad con los candidatos y anunciaron medidas de protección, el presidente Petro no dijo nada. Su primer pronunciamiento sobre amenazas fue este viernes, cuando dijo que su candidato también estaría amenazado. En ese caso, su público también es el gobierno de Estados Unidos, que este martes dijo estar en alerta por la seguridad de los candidatos en general. Tanto Valencia como De La Espriella agradecieron el apoyo de la Casa Blanca.
Además del miedo a un magnicidio, en la campaña se ha instalado el temor a que los grupos armados constriñan a los votantes. No sería algo nuevo. El caso más conocido en la historia reciente fue el de las elecciones de 2002, cuando los paramilitares influyeron en las elecciones legislativas, de acuerdo a sentencias judiciales, y a la presidencia, de acuerdo a jefes paramilitares que afirman haber forzado votos en favor de Uribe.
“Otros grupos armados siempre han hecho esto, pero a nivel más local: en el Caquetá las FARC aniquilaron a una familia política, los Turbay; el ELN interviene de una u otra forma en Arauca; en las últimas elecciones locales, el exparamilitar Hernán Giraldo llamó a votar por un candidato a la Asamblea”, dice Trejos. Son noticias que usualmente tienen poco eco nacional, pero el magnicidio a Uribe Turbay produjo el temor de que la violencia política toque también a los líderes nacionales.
Justamente, Álvaro Uribe alega que el ELN está apoyando al candidato de la izquierda. “Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, afirma. El tema es particularmente sensible para un candidato que fue negociador del Gobierno en los fracasados diálogos de paz con esa guerrilla. Además, la estrategia de negociación fracasó y tras las elecciones legislativas de marzo, el partido uribista Centro Democrático ha denunciado que en 126 municipios catalogados por la MOE como de riesgo extremo en elecciones, el partido de Petro tuvo resultados especialmente positivos.
“Nosotros no tenemos ningún reporte en ese sentido, no podemos corraborarlo o desmentirlo”, dice Diego Rubiano de la MOE, sobre un posible apoyo de los grupos armados a Cepeda. “Cuando nosotros alertamos de que hay un riesgo no obligatoriamente se materializa ese riesgo, nosotros no podemos hablar de que sí hubo un constreñimiento”, añade.
Más allá de quién gana el intercambio de acusaciones, el que pierde es el oficialismo. Cuando la seguridad se instala como eje central de una campaña, el gobierno de turno queda en el banquillo: es el responsable de garantizarla y el que debe explicar por qué no lo ha logrado. Que Uribe y Petro estén disputando este terreno el mismo día, por el mismo medio, revela que la agenda ya se movió a esa cancha de la seguridad. Una cancha en la que la derecha juega de local, más cuando el Gobierno es el encargado de velar por la seguridad.
La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años, ha generado consternación. Tras ser encontrada al interior de un edificio, muestran el vídeo de su llegada al sitio del que ya no saldría. ¿Qué pasó exactamente?
Edith Guadalupe había sido reportada como desaparecida
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¿Cuándo fue la desaparición de la joven Edith Guadalupe Valdés?
La joven desapareció desde el miércoles 15 de abril de 2026, mientras se trasladaba a un edificio en el que presuntamente le iban a ofrecer una oportunidad de trabajo.
Los propios familiares fueron los que poco a poco recabaron pistas y reconstruyendo la ruta seguida por Edith para poder llegar al destino que tenía en la alcaldía Benito Juárez.
Horas después del trágico desenlace, ya filtraron el vídeo en el que se ve a Edith Guadalupe arribando a las instalaciones del lugar en el que posteriormente le quitarían la vida.
Edificio en el que fue hallada Edith Guadalupe Valdés
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Redes sociales
¿Cómo fueron los últimos momentos con vida de Edith Guadalupe según el vídeo filtrado?
Según un vídeo que ya circula en redes sociales, Edith Guadalupe presuntamente se trasladó en un mototaxi de aplicación para poder llegar al edificio ubicado en Avenida Revolución #829. Posteriormente, la joven desciende del transporte para que segundos más tarde ingresara el lugar.
La familia de la joven destacó el apoyo brindado por el sistema de videovigilancia C5, cuyas cámaras confirmaron que Edith ingresó al inmueble, pero nunca salió.
Fue durante la madrugada del 17 de abril cuando elementos de la Fiscalía ingresaron al inmueble. Sin embargo, no fue sino hasta después de las 09:00 horas que confirmaron a la familia el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sótano, el cual se encontraba dentro de una bolsa.
Minutos más tarde, se corroboró que se trataba de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.
¿Qué dijo la familia de Edith Guadalupe Valdés sobre su muerte?
Aunque no hay más detalles revelados, muchos internautas especularon sobre la aparición en redes de numerosos trabajos falsos, mismos que han surgido con el fin de engañar a las personas.
Aunque esta hipótesis no ha sido confirmada, aseguran que pudo tratarse de una situación similar. Según la tía de la víctima, en ese lugar se citaba a mujeres bajo la promesa de oportunidades laborales, lo que presuntamente habría sido el motivo por el cual Edith acudió.
Se presta para que vengan las chavitas a entrevistas de trabajo. Aquí citaron a mi sobrina para una entrevista de trabajo y hoy nos entregan muerta. No se vale.
Tía de Edith Guadalupe, para NMás
Se espera que en próximas horas se sepan más detalles de este lamentable suceso.
El nombre de Daniel Corral, atleta olímpico y ex participante de Exatlón México, explotó en redes sociales durante las últimas horas y no fue por una competencia ni un regreso al reality de TV Azteca, sino por un mensaje que provocó miedo, confusión y hasta enojo entre sus seguidores.
El texto, aunque buscaba mostrar apoyo y solidaridad, fue interpretado de forma equivocada por cientos de usuarios, quienes reaccionaron con susto al leer las primeras líneas del mensaje. Lo que inició como una despedida terminó convirtiéndose en una confusión viral que puso a los fans de Daniel Corral en alerta.
Daniel Corral, atleta olímpico y ex participante de Exatlón México.
¿Murió Daniel Corral de Exatlón México o fue una confusión en redes sociales?
No, Daniel Corral no murió. El atleta olímpico se encuentra con vida, pero atravesando un momento personal muy difícil que fue comunicado por el reality, provocando uno de los sustos más comentados entre los fans de Exatlón México.
El mensaje que causó la controversia fue publicado por la cuenta oficial del programa Exatlón México, donde se leía:
“¡Descanse en paz! Daniel Corral, exparticipante de Exatlón México, se viste de luto tras dolorosa muerte”.
Exatlón México
Publicación de Exatlón México.
La redacción llevó a muchos usuarios a pensar que el fallecido era el propio deportista, cuando en realidad el texto hacía referencia a la muerte de su perrito, una pérdida profundamente significativa para Corral.
“La importancia de usar comas”
“Es aquí cuando te das cuenta de lo importante que es leer bien”
Cabe destacar que la publicación ya no se encuentra activa en la plataforma X, donde Exatlón México había compartido el mensaje de apoyo y palabras de consuelo dirigidas a Daniel Corral.
Hasta el momento, Daniel Corral no se ha pronunciado públicamente sobre el malentendido en redes sociales que surgió por los rumores de su supuesta muerte.
Daniel Corral enfrenta dura pérdida: murió su perrito y así se despidió el ex de Exatlón México
Más allá del malentendido viral, la realidad detrás de la publicación es profundamente emotiva.Daniel Corralatraviesa un duelo auténtico tras la muerte de su perrito, una pérdida que compartió abiertamente con sus seguidores.
De acuerdo con lo que el propio gimnasta publicó en sus redes sociales, su perro llamado “Oreo”, también conocido cariñosamente como “Negrito”, falleció a los 15 años. Para despedirse, Corral compartió un video lleno de recuerdos: fotos, clips y momentos entrañables desde que el perrito era apenas un cachorro.
El video estuvo acompañado por una narración en la que se puede escuchar la voz del atleta visiblemente quebrada, mostrando el dolor real que vive tras perder a su compañero de cuatro patas.
En su emotivo mensaje, Daniel Corral expresó: “Qué difícil es decirte estas palabras. Para mi ‘Oreo’, mi ‘Negrito’: por qué me siento tan triste, si sé que estás feliz en estos momentos. Estás en el cielo, jugando como siempre lo hacías aquí (…)”
El deportista también confesó lo difícil que fue dejarlo partir, dejando claro el profundo vínculo que existía entre ellos.
“Nos costó tanto dejarte ir, ¿y sabes por qué?… por lo mucho que te amamos y por lo mucho que nos amaste”
Daniel Corral
El mensaje completo de Daniel Corral conmovió a miles de seguidores, quienes no tardaron en mostrarle apoyo, solidaridad y palabras de aliento. En su dedicatoria, el ex participante de Exatlón México habló desde el corazón y sin filtros.
“Quiero pensar que me estás esperando para recibirme en el cielo, para jugar de nuevo. Abrazarte, sentir tu pelaje y decirte lo mucho que te amo, te extraño y lo agradecido y feliz que nos hiciste”.
Daniel Corral
Daniel Corral cerró su mensaje dejando claro que su perro no fue solo una mascota, sino parte esencial de su familia: “Te amamos tanto que la casa fue tuya. No pensé que sería tan difícil decirte adiós, eres y serás siempre nuestro bebé, nuestro consentido. Descansa en paz, mi querido hermano de cuatro patas, ya nos reencontraremos jóvenes para seguir jugando juntos. Te amo, mi ‘Negrito’”.
Buenos Aires 17 de abril (OPS). El Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecieron un cronograma de entregas de las vacunas de Calendario Nacional adquiridas por el país a través de los Fondos Rotatorios Regionales.
Las complejidades del contexto geopolítico actual han afectado la capacidad de transporte internacional, generando retrasos en los envíos programados, reconfiguración de rutas logísticas y un incremento significativo en los costos de flete.
Ante este escenario, el trabajo conjunto entre la cartera sanitaria nacional y la OPS ha permitido establecer acciones extraordinarias con los proveedores para agilizar los envíos y dar respuesta a las necesidades urgentes del país.
Con el objetivo de brindar certidumbre a las jurisdicciones y a la ciudadanía, ambos organismos informan que acordaron presentar un plan de entregas que se actualizará de manera periódica con las fechas estimadas y el avance de los envíos.
Por otro lado, se transparentarán los procesos de compra iniciados a través de los Fondos Rotatorios de la OPS, incluyendo instancias de intercambio técnico sobre tiempos, etapas e hitos operativos.
De cara a las entregas previstas para el resto del año en curso, el Ministerio de Salud de la Nación ratifica la decisión de sostener el abastecimiento del cronograma establecido con la OPS.
Asimismo, se continuará trabajando de manera coordinada para fortalecer la previsibilidad de entregas y reducir el riesgo de situaciones similares en el futuro.
El 16 de abril de 2026, un informe interno de Citi Research, el equipo de análisis e investigación financiera de de la firma financiera Citigroup, concluyó que combinar bitcoin (BTC) y oro dentro de un mismo portafolio mejora la eficiencia de los retornos sin incrementar el nivel de riesgo, en comparación con estructuras tradicionales como la cartera 60/40.
El análisis fue posteriormente recogido por medios como CNBC y otros informes del sector financiero, y se enmarca en la revisión de cómo los activos alternativos están modificando la construcción de carteras en un contexto de mayor volatilidad macroeconómica y cambios en la correlación entre mercados.
El documento señala que la creciente adopción de fondos cotizados (ETF) de bitcoin al contado ha contribuido a que el activo digital muestre un comportamiento más cercano al de instrumentos de riesgo tradicionales, reduciendo parcialmente su narrativa como cobertura independiente, tal como reportó CriptoNoticias. Este cambio obliga a replantear su rol dentro de la asignación de activos junto al oro.
Según el analista de Citi, Alex Saunders, una asignación del 5% al oro mejora de forma medible la eficiencia de una cartera. Sin embargo, dividir esa exposición entre oro y bitcoin genera resultados superiores en distintos escenarios de mercado, especialmente frente a modelos tradicionales de inversión.
¿Diversificación sin riesgo?
El estudio compara el desempeño reciente de ambos activos en un entorno de tensión fiscal y riesgos inflacionarios. En los últimos dos meses, bitcoin registró un avance cercano al 9%, mientras que el oro retrocedió alrededor de 4%, en un contexto marcado por incertidumbre geopolítica y presión sobre los mercados de bonos.
Además, el informe destaca que bitcoin ha mostrado un desempeño relativamente superior al del oro en periodos de debilidad o inestabilidad en los mercados de renta fija, sugiriendo una dinámica de descorrelación parcial entre ambos activos en determinados ciclos.
En conjunto, Citi plantea que la combinación de oro y bitcoin puede ofrecer una mejora en la diversificación sin alterar el perfil de riesgo global de la cartera, superando en eficiencia al portafolio tradicional 60/40 bajo distintos escenarios analizados desde 2020.
Miles de colombianos están hoy afectados por las fallas técnicas en la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que tramita el agendamiento de citas para obtener el pasaporte, entre otros servicios fundamentales. Detrás está una modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac) por la que la Cancillería autorizó un pago de 3.109 millones de pesos (unos 860.000 dólares) al contratista encargado, a pesar de sus continuos incumplimientos en esa labor. Así lo concluye el informe final de supervisión e interventoría del proyecto, que no se llevó a cabo y en el que se perdieron 15 meses.
La revelación más grave de este documento tiene que ver con ese desembolso, efectuado el 17 de diciembre de 2024. William Albarracín, el funcionario de la Cancillería que firma el reporte en calidad de supervisor, deja constancia de que el giro autorizado por su antecesora, la ingeniera Luz Adriana Rodríguez, se hizo con base en unos soportes que no cumplían con los mínimos de calidad, suficiencia e idoneidad. Además, la factura no registra el IVA.
El origen de este descalabro se remonta a 2024, cuando el Gobierno empezó a preocuparse por la inminente obsolescencia tecnológica del Sitac. En lugar de abrir una licitación pública, el equipo del entonces canciller Luis Gilberto Murillo optó por una contratación directa. Eligió a dedo a Aldesarrollo, una entidad pública que agrupa instituciones de educación superior, y cuyo extenso objeto social abarca desde estudios del espacio hasta instalación de energía nuclear.
El resultado del convenio interadministrativo (entre entidades del Estado) que se firmó el 15 de octubre de 2024, por 10.364 millones de pesos, no podía ser peor: la primera fase de actualización y mejoramiento del Sitac, que debía concluir el 31 de diciembre de 2024, se prorrogó dos veces, hasta el 31 de agosto de 2025, sin que al final Aldesarrollo hubiera cumplido sus obligaciones.
Desde el comienzo, el cronograma presentó retrasos e incumplimientos. En su informe final, Albarracín señaló que no se entendía cómo la empresa planteaba que estaba cumpliendo, cuando los avances en todo lo convenido eran prácticamente inexistentes. Nada funcionaba. Entre enero y marzo de 2025, el módulo para agendar citas de pasaportes y otros trámites fracasó en tres pruebas piloto con varios consulados. Y, en agosto, ensayos con usuarios revelaron problemas en el registro y la asignación de citas.
Aldesarrollo tampoco cumplió con su deber de entregar una infraestructura en la Nube que fuera escalable y segura. Hoy se habla de ataques cibernéticos.
Hasta el manejo del personal fue caótico. Siete meses después de firmado el contrato, Aldesarrollo cambió su equipo, lo cual generó reprocesos y retrasos. Además, no presentó el último pago de la seguridad social.
Sin noticias de las sanciones
En enero de este año, la Cancillería anunció un proceso sancionatorio contra la empresa. La Unidad Investigativa de Caracol Radio preguntó a la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y a su jefe de prensa sobre el estado de ese proceso y sobre la posibilidad de recuperar los 3.109 millones de pesos, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Aldesarrollo hace parte del grupo de tres empresas que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, pidió investigar hace más de un año ante los indicios de que se concertaron “para falsear el mercado y alterar las probabilidades del sistema competitivo en el marco de procesos de contratación pública”.
Esta Unidad Investigativa buscó varias veces al director de la compañía, Omar Enrique Flórez. En distintas ocasiones, su asistente, quien se identificó como Lis Rois, dijo que el ejecutivo no se encontraba en la oficina y que devolvería la llamada apenas pudiera. Hasta el momento de publicar esta historia eso no ha ocurrido.
Consultado sobre las razones por las cuales se firmó un contrato tan sensible con Aldesarrollo, además de prorrogarlo y autorizar el pago del 30% del total, el excanciller Murillo respondió por escrito que tomaron la mejor opción del mercado. “El pago obedece a un avance del 30% de la ejecución del contrato, previa verificación de la supervisión técnica, administrativa y financiera (…). La ejecución del 70% restante es responsabilidad de quienes me sucedieron”, dijo.
El hoy candidato presidencial aportó un dato revelador: en el estudio de mercado que la Cancillería hizo antes de entregar el contrato a dedo participó Red Summa, otra de las organizaciones denunciadas ante la Fiscalía por Idárraga.
En cuanto a la exministra Laura Sarabia, en cuya administración se autorizó la segunda prórroga, una asesora muy cercana recuerda que esto ocurrió apenas una semana después de su posesión, cuando buena parte de los funcionarios nombrados por Murillo seguían en el Ministerio y tomaban decisiones. El contrato con Aldesarrollo fue uno de los 21 avalados por su antecesor y que la actual embajadora en Londres envió a la Contraloría por presuntas irregularidades.
A pesar de la alerta que lanzó el secretario presidencial, este año Aldesarrollo ha amasado más de 347.000 millones de pesos en contratos con diferentes entidades del Estado. La Fiscalía conformó un equipo especializado, que se apoya en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para abordar lo que promete ser un macrocaso de corrupción. La Procuraduría investiga al director de Aldesarrollo por presuntas irregularidades en un proceso relacionado con el mejoramiento de vías en Santander, valorado en 1.700 millones de pesos, provenientes de regalías. No obstante, la empresa parece inmune a los cuestionamientos.
Mientras la nación enfoca su mirada en los violentos arrestos de los inmigrantes y los agresivos actos de intimidación contra los manifestantes por parte del gobierno, se ha prestado mucha menos atención a un tribunal administrativo poco conocido cuyas extremas decisiones han preparado el terreno para más deportaciones masivas: la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Esta junta funciona mayormente a espaldas del público, pero las opiniones que publica son de carácter obligatorio para los 600 jueces de inmigración del país y también para todos los funcionarios y oficiales de inmigración. Históricamente, la Junta de Apelaciones de Inmigración ha considerado todas las apelaciones que ha recibido y decide cientos de miles de casos por año.
Cuando evalúa las apelaciones que le llegan de todo el país, se supone que la junta debería resolver confusiones con respecto al derecho migratorio o inconsistencias para su “correcta interpretación y administración” y, así, publicar determinados casos para sentar precedentes.
Al igual que los tribunales de inmigración del país, esta junta es parte del Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés). En teoría, la junta está separada del aparato de control migratorio que opera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) para que pueda funcionar como un tribunal imparcial. Sin embargo, al igual que el personal del DHS, los jueces miembros de la junta responden a las personas que ocupan cargos políticos y que están alineadas con las prioridades de la administración.
Desde el regreso al poder del presidente Donald Trump, la junta ni siquiera guarda la apariencia de ser solo un intérprete imparcial de la ley. Por lo bajo, la fiscalía general ha ejercido una influencia sin precedentes sobre las opiniones de la junta, entre ellas, un número récord de decisiones que cambian las reglas para las personas inmigrantes que procuran obtener la libertad tras ser detenidas, recursos judiciales tras recibir una orden de deportación o la residencia permanente en el país. Miles de estos casos no están fácilmente a disposición del público.
Y en febrero de 2026, la junta anunció sus planes de incorporar una regulación mediante la cual se negaría a considerar la mayoría de las apelaciones. Además de los fuertes aumentos en el costo que supone presentar una apelación y los muchos despidos de jueces que el liderazgo del DOJ considera que no respaldaban sus prioridades, estos cambios restringen los derechos de las personas inmigrantes y reducen la imparcialidad judicial, lo cual socava el debido proceso y amenaza la libertad y hasta la vida de las personas inmigrantes.
La junta ha restringido el acceso de las personas inmigrantes
Los múltiples cambios implementados en el seno de la junta, desde el regreso al poder de Trump, han restringido la capacidad de las personas inmigrantes de apelar los dictámenes de los tribunales de inmigración. En febrero de 2025, la fiscal general redujo el tamaño de la junta de 28 a 15 miembros y, para ello, despidió o removió a todos los jueces nombrados por la administración Biden, a pesar de tener una enorme cantidad de apelaciones retrasadas.
La junta ahora está compuesta por 15 jueces que son miembros permanentes y cuatro jueces que son miembros temporales, de los cuales todos, menos dos, fueron nombrados por fiscales generales republicanos y todos, menos uno, fueron nombrados por fiscales generales de Trump. Durante el año que terminó en septiembre de 2025, el número de casos que consideró bajó más del 20 por ciento con respecto al año anterior, a pesar de que el número de apelaciones presentadas se duplicó.
Además, un cambio implementado por ley en julio de 2025 produjo un aumento astronómico en el costo de presentar apelaciones, que pasó de $110 por persona a $1,010 (y que luego subió a $1,030). Este cambio crea un sistema de pago donde solo los que pueden pagar el alto costo pueden apelar su caso ante la junta.
Aun así, ha habido otros cambios que plantean dudas sobre qué tan genuina es la revisión judicial que realiza la junta. Una regla publicada de la junta habría reducido el plazo que tienen las partes para presentar una apelación de 30 días, después de que un tribunal de inmigración dicta su decisión, a tan solo 10 días en la mayoría de los casos, lo cual difícilmente sea suficiente para contratar a un abogado y preparar los argumentos legales.
En lugar de seguir la actual práctica de considerar las evidencias, la transcripción de la audiencia del tribunal de inmigración, la opinión del juez de inmigración y los argumentos de la apelación, esta regla le habría permitido a la junta presuntamente desestimar casi todas las apelaciones sin revisar ninguno de los registros judiciales ni considerar nada más. (Un tribunal federal invalidó ciertas partes fundamentales de esta regla en marzo, pero el gobierno probablemente apele esta decisión).
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, se presentaron casi 100,000 apelaciones. Sería imposible que tan solo los 15 miembros de la junta puedan considerarlas realmente; en cambio, es probable que la junta siga emitiendo solo decisiones que restrinjan aún más los derechos de las personas inmigrantes.
Muchos de los rechazos superficiales de la junta (aunque no todos) podrán ser apelados ante un tribunal federal de apelación por un costo adicional de $600. Restringir la capacidad de la junta de realizar revisiones judiciales auténticas abrumaría a los tribunales federales.
Las personas inmigrantes con apelaciones pendientes quedarían vulnerables a la posibilidad de arresto, detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), a menos que la junta o un tribunal federal dicte una suspensión.
Nuevas opiniones que sientan precedentes menoscaban el debido proceso y otros derechos
Desde que Trump regresó a la presidencia, la junta ha dictado numerosas decisiones que socavan los derechos sustantivos y procesales de las personas inmigrantes. Todas, menos una de las 87 decisiones, restringen los derechos de las personas inmigrantes (la única excepción se trató de un caso en el que el DHS ni siquiera se presentó para la audiencia), y ninguna brindó a las personas inmigrantes ninguna directriz sobre qué precisarían para ganar en casos parecidos.
Algunas de las decisiones imponen restricciones procesales que menoscaban la capacidad de las personas inmigrantes de tener una audiencia justa ante un tribunal. Por ejemplo, la junta dictaminó en septiembre de 2025 que los jueces de inmigración pueden preterir —es decir, desestimar— las solicitudes de asilo sin dejar que el solicitante preste su declaración sobre los detalles de su caso, si no hay hechos en disputa y si la solicitud inicial aparentemente no establece su elegibilidad para obtener asilo.
Al mes siguiente, la junta les dio luz verde a los jueces de inmigración para que desestimen los casos de asilo sin audiencia cuando el DHS argumenta que la persona solicitante podría haber solicitado asilo en otro país.
Luego de estas dos opiniones, el DHS rápidamente incrementó sus solicitudes de preterición, que en septiembre de 2025 habían sido de menos de 1,000 y que en enero de 2026 llegaron a más de 20,000 y en febrero a más de 17,000. Desde entonces, ha trascendido que les ordenó a sus abogados que ya no presenten nuevas mociones de deportaciones a otros países, pero no queda claro si este cambio de política será permanente y si las mociones pendientes igualmente serán procesadas.
Por lo general, las personas solicitantes de asilo llegan a los Estados Unidos con muy pocos recursos y preparan sus solicitudes de asilo sin la ayuda de abogados, lo cual reduce significativamente su capacidad de presentar los argumentos legales suficientes en sus solicitudes iniciales. Ahora, muchos serán deportados a los países de los que se escaparon o a otros países con los que no tienen ningún vínculo, sin siquiera tener la oportunidad de que se evalúen sus casos.
Además, la junta rompió con décadas de interpretación legislativa cuando ratificó un memorando de políticas del DHS que, sin la suficiente argumentación, coloca incluso a personas inmigrantes que han vivido en el país durante años y no tienen ningún antecedente penal en un proceso de deportación expedito y las obliga a permanecer detenidas aun cuando tengan permiso de vivir y trabajar en el país o tengan una audiencia judicial pendiente.
Ahora, miles de inmigrantes más sin antecedentes penales están siendo detenidos, cuyos casos inundan los tribunales federales de distrito con peticiones de habeas corpus en contra de su detención indebida. Jueces de todas las banderas ideológicas han rechazado la interpretación de la junta sobre la ley más de 3,000 veces y siguen ordenando la liberación de inmigrantes por motivos constitucionales.
Si bien un tribunal en California certificó una acción de clase a nivel nacional y declaró la política como ilegal, esa orden fue suspendida mientras se apela el caso, y los Tribunales Federales de Apelación para el Quinto y Octavo Circuitos han avalado esta táctica de detención obligatoria de la administración.
Esto motivará a ICE a trasladar a sus detenidos rápidamente a estos circuitos antes de que tengan la oportunidad de presentar una petición de habeas corpus donde hayan sido arrestados o detenidos en primera instancia, e inundará aún más a los tribunales de distrito con peticiones de habeas corpus.
La fiscalía general está usando una herramienta procesal poco conocida para comprometer la imparcialidad de la junta
La junta siempre ha enfrentado cuestionamientos sobre su independencia porque se encuentra ubicada dentro de la rama ejecutiva. La fiscalía general tiene la autoridad concedida por ley de interpretar el derecho migratorio y qué regulaciones delegar a los tribunales de inmigración y a la junta.
Si bien esas regulaciones exigen que los jueces del DOJ sean imparciales y buscan evitar que sus supervisores dictaminen el resultado de cada caso, también permiten que la fiscalía general revise cada caso individual y emita opiniones que sientan precedentes.
Este proceso borra la línea entre el cumplimiento de la ley, que suele estar impulsado por las prioridades políticas del presidente, y el pronunciamiento de los dictámenes judiciales. En el sistema de justicia penal, esas funciones se mantienen separadas para que los jueces puedan funcionar como árbitros neutrales e independientes de la ley. Pero, en el mundo migratorio, la fiscalía general no solo es la entidad policial más alta de la nación, sino también juez.
Además, las decisiones de la fiscalía general suelen emitirse sin la presentación normal de los escritos, sin divulgación pública y sin otras medidas que incrementarían la confianza del público en que este es un proceso justo.
Como fiscal general, Pam Bondi utilizó su autoridad para restringir gravemente el acceso de las personas inmigrantes a los distintos recursos, en especial, el del asilo. En un caso, Bondi hizo que sea más difícil establecer la elegibilidad de asilo para los solicitantes de asilo que escapan de situaciones de violencia doméstica, principalmente mujeres y niños.
En otra decisión sobre una solicitante de asilo que escapaba de una situación de violencia pandillera, Bondi restringió la capacidad de las personas solicitantes de establecer que la pertenencia a una unidad familiar o a un grupo de parientes podía ser motivo de persecución.
Los dos casos van en contra de leyes migratorias de larga tradición que afirman que el asilo se puede establecer por motivos de persecución cometida por actores privados cuando un gobierno no puede o no quiere proteger del peligro a su población.
Antes de la primera administración Trump, la fiscalía general intervenía muy poco en estos casos. Durante la primera presidencia de Trump, los fiscales generales Jeff Sessions y William Barr intervinieron con mucha más frecuencia, y los fiscales generales de la administración Biden luego revocaron algunas de esas opiniones.
Este ping-pong de opiniones sugiere que los fiscales generales, que, por lo general, se reservaban el derecho de la revisión para aclarar determinadas interpretaciones legales, ahora lo ven como su oportunidad para implementar cambios en las políticas mediante un proceso relativamente rápido que no requiere el pedido ni la consideración de los comentarios del público.
Bondi y su predecesor interino también designaron la publicación de más de tres docenas de decisiones de la junta apenas unos días o unas semanas después de ser emitidas, lo cual suele ser demasiado tarde para que la persona inmigrante pueda apelarla ante un tribunal federal.
Por lo general, cuando la junta considera publicar una decisión, las partes tienen la oportunidad de presentar todos los escritos correspondientes, así como también escritos de amicus curiae, y pueden solicitar una audiencia con alegatos orales.
Designar la publicación de una opinión para que esta sienta precedente después de que se haya decidido esquiva todo ese proceso y crea un precedente vinculante sin notificarle al público o siquiera a la persona inmigrante afectada sobre esa posibilidad.
Detrás de las bambalinas tenemos a un presidente que ha ejercido un tremendo control sobre el DOJ, nunca visto desde las reformas implementadas tras el escándalo Watergate con el objetivo de colocar distancia entre la Casa Blanca y las fuerzas policiales y fiscalías federales. Ahora se ha vuelto casi imposible que los jueces del Departamento de Justicia mantengan siquiera la apariencia de independencia.
La junta tiene una lista de casos de emergencia en la sombra
Tal como la Corte Suprema ahora decide con frecuencia casos muy trascendentales a través de su lista de casos de emergencia en la sombra —llamada en inglés “shadow docket” o lista de casos en la sombra— sin la plena presentación de escritos, audiencias ni explicaciones de sus razones, la junta también emite decenas de miles de decisiones cada año que no se publican.
Estos miles de decisiones componen la “enorme mayoría” de los dictámenes de la junta, pero brindan escasas directrices. Pueden ser emitidas por un solo juez miembro de la junta, a menudo ofrecen muy pocos análisis o ninguno y suelen llegar a conclusiones que contradicen otras decisiones.
Si bien un litigio reciente obliga a la junta a difundir públicamente algunas de sus decisiones no publicadas, la página web utilizada con ese propósito no permite su búsqueda y las opiniones se publican con importantes demoras, lo cual dificulta la comprensión de la jurisprudencia de la junta por parte de la comunidad inmigrante.
Combinado con la escasez de opiniones publicadas que brinden algún tipo de directriz sobre cómo determinar la mejor defensa contra un caso de deportación, todo esto deja a las personas inmigrantes y a sus representantes a oscuras. Esta larga falta de transparencia no es compatible con el estado de derecho.
En lugar de ser un tribunal imparcial, la Junta de Apelaciones de Inmigración se ha convertido en una fachada judicial detrás de la cual ocurre una fingida revisión de casos y se ofrecen muy pocas directrices para las personas inmigrantes y sus representantes.
Varios fiscales generales y la junta han menoscabado los principios de la justicia y el debido proceso y han aumentado el riesgo de que las personas inmigrantes terminen detenidas y deportadas sin tener la oportunidad de disputar el caso.
Aparte de la Corte Suprema de los EE. UU., la junta es el único tribunal que brinda una interpretación uniforme sobre el derecho migratorio. Debería funcionar como los otros tribunales: la persona inmigrante que presenta una apelación debe tener un tiempo razonable para conseguirse un abogado y preparar sus argumentos de apelación, el costo del caso debería reducirse drásticamente y exonerarse para aquellas personas que no pueden pagarlo, y la junta debería brindar una revisión individualizada de los alegatos y las evidencias de cada caso.
Y todas las decisiones deberían estar disponibles al público y permitir su búsqueda en la página web, con la correspondiente eliminación de la información personal de las personas inmigrantes, cuando sea necesario.
Mientras tanto, el Congreso debería quitar a los tribunales de inmigración y a la junta del dominio de la rama ejecutiva y establecerlos como tribunales hechos y derechos según lo prevé el Artículo I o el Artículo III, en los que los jueces pueden llevar a cabo revisiones judiciales verdaderamente imparciales. Estos jueces de inmigración deben ser independientes de la interferencia del poder ejecutivo para que las personas inmigrantes puedan tener una audiencia justa ante un tribunal.
(*) Margy O’Herrones investigadora fellow sénior, Libertad y Seguridad Nacional, del Brennan Center for Justice. Neema Jyothiprakash, coautora de este informe, lo escribió en su carácter de abogada investigadora fellow Brooks Burdette en el Brennan Center for Justice.
Mauricio Mancera provocó preocupación al revelar que es víctima de amenazas, esto luego de que dio a conocer que estuvo a punto de pisar la cárcel, ¿qué pasó y qué dijo el conductor de Sale el sol? Te contamos todos los detalles.
En entrevista con Yordi Rosado, el conductor Mauricio Mancera relató que fue de misionero a Mozambique, donde vivió un momento complicado relacionado con su situación migratoria, el cual lo puso cerca de enfrentar consecuencias legales. Según explicó, todo ocurrió sin que él se diera cuenta, tras realizar un viaje fuera del país y regresar en condiciones poco convencionales.
“Casi me deportan de Mozambique porque mi visa era de una entrada y yo en dos semanas que tuve de vacaciones me fui a Tanzania y Malaui. Cuando regreso a Mozambique, regresé cruzando en una canoa, con dos personas remando y yo sacando el agua de la canoa, me sellan en una mesa como de plástico de playa”, dijo Mancera.
Tiempo después, al revisar sus documentos, la situación salió a la luz cuando “la organización danesa me pide mis papeles y me dicen: ‘Mauricio, estás aquí de ilegal’. Y yo: ‘¿Cómo?’. ‘Tu visa era de una entrada y ya tienes dos… esto es cárcel’”, relató, señalando que en ese momento tampoco contaba con apoyo cercano de autoridades mexicanas, lo que complicó aún más el panorama.
Amenazas contra Mauricio Mancera: el conductor expone la situación.
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Instagram: @maumancera
¿Mauricio Mancera es amenazado de muerte?
Mauricio Mancera usó sus redes sociales para denunciar que es víctima de amenazas de muerte, por lo que pidió apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) para salvaguardar su integridad física.
El conductor mostró que el mensaje le llegó por correo electrónico de un supuesto usuario identificado como Jesús Díaz el jueves 16 de abril, donde le decían:
“Mauricio Almadita Mancer: Es necesario que sepas de nuestro emporio la innecesidad de tu ciclo vital, eres ya a corta edad un fósil y debes adquirir entierro en piedra, ya suicidarte, no nos sirves. El Jefe. Bang. JDT”.
Correo electrónico para Mauricio Mancera.
Ante esto, Mauricio Mancera escribió: “Buenas tardes, SSCCDMX, estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor”, sin que hasta el momento diera más detalles de los mensajes ni de quién podría estarlos mandando.
Al momento, no ha dado actualización sobre esta terrible situación. No obstante, sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo por esta terrible situación.
Denuncia de amenazas: Mauricio Mancera revela lo que está viviendo.
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Instagram: @maumancera
¿Quién es Mauricio Mancera?
Mauricio Mancera es un presentador de televisión mexicano nacido el 5 de octubre de 1983 en la Ciudad de México. Durante su infancia y juventud residió en Veracruz, donde vivió desde los cinco hasta los 22 años. En ese estado cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón, institución en la que obtuvo su título profesional en 2006, dando inicio formal a su camino en los medios de comunicación.
Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a la radio universitaria, donde fue locutor de los programas Sal, chile y limón y S.A. de U.C.C. dentro del Sistema de Radio Circuito Universitario. En Veracruz participó en el proyecto Azteca te busca, una iniciativa de TV Azteca para descubrir nuevos conductores, en la que llegó a la etapa final. Tras la suspensión del proyecto, viajó a Europa y posteriormente regresó a México al retomarse el casting. En esos años también colaboró en el lanzamiento del periódico Imagen de Veracruz en la sección cultural y se convirtió en conductor principal del programa Momento Rojo, transmitido por TV Azteca Veracruz en 2004.
A partir de 2007, Mancera se integró a distintos espacios de televisión nacional como:
Chiflando y aplaudiendo
Un gran día
Venga la alegría, programa al que regresó tras realizar trabajo voluntario en el extranjero en un proyecto humanitario.
En 2014 participó en la obra teatral Vaselina, donde interpretó a Ricky Rockero, y ese mismo año condujo El Hormiguero MX en Azteca 7. Más adelante debutó en Comedy Central Latinoamérica con Bloopers y, en 2018, se incorporó a Televisa como conductor de Hoy y Miembros al Aire, etapas que concluyeron entre 2019 y 2021. Recientemente participó como conductor de Enamorándonos en Imagen TV.
El 17 de abril de 2026, el ecosistema de Solana anunció la integración que permite utilizar XRP dentro de su entorno de aplicaciones descentralizadas, mediante wXRP, una versión envuelta (wrapped) del activo con paridad 1:1 con el token nativo de XRP Ledger.
De este modo, los holders de XRP pueden desplegar su capital en el ecosistema DeFi de Solana sin necesidad de vender el activo original, accediendo a funciones como préstamos, trading y provisión de liquidez a través de aplicaciones nativas de la red.
El anuncio se produce en un contexto en el que el mercado de activos digitales registró un repunte general durante la jornada, influido por una moderación de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, tal como reportó CriptoNoticias.
En paralelo, wXRP refuerza su posicionamiento dentro del ecosistema de Solana tras haber sido lanzado técnicamente en diciembre de 2025, aunque con una adopción inicial limitada.
Vale destacar que, hasta ahora, no se han divulgado cifras sobre liquidez inicial, TVL o volúmenes asociados a wXRP en Solana. Tampoco hay detalles públicos sobre límites de uso o condiciones específicas de mercado más allá de las plataformas ya habilitadas, por lo que la información disponible se centra únicamente en la operatividad de la integración.
El papel de wXRP en Solana
wXRP es un token envuelto que mantiene paridad total con XRP nativo, respaldado por reservas equivalentes del activo original. La custodia y emisión del token está a cargo de Hex Trust, una plataforma institucional regulada especializada en la custodia de activos digitales.
La interoperabilidad entre redes se habilita mediante LayerZero, un protocolo de mensajería cross-chain que permite el movimiento de valor entre redes bajo un estándar de comunicación unificado. De este modo, XRP no se transfiere de forma nativa a Solana, sino que se representa como un activo envuelto que puede utilizarse dentro de su ecosistema.
La llegada de wXRP habilita su uso en distintas aplicaciones descentralizadas de Solana, ampliando la utilidad del activo más allá de su red original. Entre las plataformas compatibles se incluyen Phantom, Jupiter Exchange, Meteora y Titan Exchange, donde puede utilizarse en operaciones de trading, provisión de liquidez y otros servicios financieros descentralizados.
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James Rodríguez, es un futbolista colombiano que juega como centrocampista en el São Paulo Futebol Clube de la Serie A de Brasil.
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Pablo Repetto, técnico de Nacional. Foto: Jáiver Nieto. EL TIEMPO
La fe, esperanza y la ilusión en Independiente Santa Fe duró lo que un título. Arrancó 2026 levantando la Superliga ante Junior, con doblete de superioridad y promesa de año histórico. Con Pablo Repetto al mando y con expectativas más altas que nunca, el plan era pelear todo. Pero el sueño se rompió rápido y consigo las ilusiones tanto de la hinchada como del equipo en general
Mucho que desear: no son los mejores momentos para santa vez y el equipo lo sabe
De acuero a lo que dijo el medio FUTBOLRED en Liga BetPlay el arranque fue gris y un poco desafortunado para el equipo león: tres empates seguidos y una constante que hoy pesa. En 16 partidos, apenas 4 victorias y 8 igualdades, la cifra más alta de empates en años recientes para el club. El equipo es 13 en la tabla. Para meterse a play-offs debe ganarle a Cúcuta sí o sí, Pasto e Internacional Bogotá, y rezar por otros resultados. La eliminación está más cerca que la clasificación y eso Repetto lo sabe.
Santa Fe vs. Peñarol Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
Los referentes hablan y la tensión sube: ¿Qué pasa en el equipo león?
La tensión en el grupo capitalino es cada vez más evidente y a la hora de entrar a la cancha sí que se nota. Hugo Rodallega, tras el 1-1 con Alianza Valledupar el 14 de marzo, mostró su frustración: “Cualquier delantero que no tenga opciones de gol se va a sentir frustrado… quizá el funcionamiento no está siendo el adecuado”. Después de caer con Corinthians, Daniel Torres advirtió: “No había tenido una temporada en la que nos metieran tantos goles… nos cuesta mantener el cero”. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo fue directo: “Siempre peleábamos la malla menos vencida. Éramos muy sólidos defendiendo. Este semestre nos ha costado”
Millonarios vs. Santa Fe. Foto:MAURICIO MORENO / EL TIEMPO
El quiebre no es nuevo y las tensiones cada vez son mayores
Sin lugar a dudas el equipo capitalino no está de acuerdo con varias cosas de su líder. Sebastián Heredia, de ‘La FM Más Fútbol’, reveló que hace más de dos meses el plantel fue a la dirigencia para quejarse del trabajo de cargas físicas. A Repetto no le gustó el reclamo, ni al grupo le gustó su reacción. Se habló, se arregló y el preparador físico cambió métodos. Pero la relación quedó tocada porque “hay un técnico que no se deja hablar”. ¿Se irá Repetto de Santa Fe?
Millonarios vs. Santa Fe Foto:Mauricio Moreno / EL TIEMPO
Con ese panorama no tan bueno, los rumores crecen y el ambiente aún más obsesionante cada día, pues versiones periodísticas señalan que el presidente Eduardo Méndez ya analiza la continuidad de Repetto y revisa hojas de vida para un posible reemplazo si se confirma el fracaso en Liga y Libertadores. ¿Esta noticia será llamativa para la hinchada capitalina? Según el medio FUTBOLRED consultó al dirigente este jueves en la noche, pero Méndez guardó silencio sobre la crisis y el futuro del DT
