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Son días donde el país está empapelado de promesas. No hay esquina que no esté atiborrada de afiches que garantizan la esperanza de una vida más digna y próspera, pero sobre todo segura. En el Rímac, un distrito señorial de Lima venido a menos —bautizado con el mismo nombre del río que baña a la capital—, un aspirante a la presidencia se publicita con un ojo biónico para cazar delincuentes. Otro candidato a diputado, que se hace llamar El Patriota, se promociona con una fotografía digna de una vieja película de Rambo: grito furioso, ropa de comando y rostro pintado para camuflarse en el follaje de la selva.

El Perú escogerá su nuevo rumbo este domingo 12 de abril en una primera vuelta electoral. El candidato que resulte ganador será el noveno presidente en 10 años, luego de un largo periodo de inestabilidad política. Las encuestas anticipan que ninguno de los 35 aspirantes alcanzará el 50% necesario más un voto necesario para ganar en el primer turno. La segunda vuelta está prevista para el 7 de junio.

Debido a la escalada de extorsiones y sicariato, la seguridad ha copado el debate. La precariedad de la salud pública, el atraso educativo y la debacle cultural prácticamente no han existido en las campañas. Las propuestas se han centrado en acabar con la criminalidad, con recetas radicales y violentas, como construir una megacárcel como el Cecot de El Salvador.

Una mayoría de analistas políticos subraya el desánimo y la apatía con la que los peruanos acudirán a las urnas. Se sienten desencantados, dicen, por aquella clase política que ha debilitado a la investidura presidencial y que ha hecho poco por revertir el temor generalizado de salir a la calle. El historiador José Carlos Agüero tiene otra lectura. Considera que la ciudadanía expresará emociones muy intensas. “En Lima hay una emoción de repudio. Quizá no sea una emoción muy constructiva, pero en principio ya es algo. En las provincias del interior del país hay una fuerza de revancha y restitución muy poderosa porque sienten que la vacancia hacia Pedro Castillo fue un castigo contra ellos, por lo que él representaba. Ese no voto no es pesimista, sino reivindicativo”.

El expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde hace tres años y medio por un fallido intento de autogolpe, es una variable en la contienda electoral. Cuatro candidatos han asegurado que lo indultarán de ser gobierno. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien cuenta con el aval del propio Castillo —instó a votar por él en una audiencia judicial—; y Ronald Atencio (Venceremos), cuyos seguidores lo catalogan como el candidato de la “verdadera izquierda”. Pero también dos aspirantes a la presidencia que lo han dicho a escasos metros de la meta, como una promesa de último minuto: Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Cívico Obras).

En la carrera hacia Palacio arrancaron 36 candidatos, pero 35 continúan en competencia —el candidato Napoleón Becerra falleció el mes pasado—. La fragmentación ha logrado que una decena de candidatos tenga posibilidades de ser el próximo presidente del Perú a pesar de que ninguno alcanza el 20% de las preferencias. En esta semana, un diario local exhortó a que un grupo de candidatos catalogados de centro uniera fuerzas. Pero el endose de votos, a menos de 48 horas, parece improbable.

“Los actores no son lo que deseamos, son lo que son. No están diseñados para generar proyectos comunes ni alianzas. Son egoístas y autoritarios. Su ánimo es la competencia. Se van a canibalizar entre ellos”, dice Agüero, aunque reconoce que, a diferencia de otras elecciones, existe un “puñado de gente razonable y decente” que lo anima a pensar que hay un futuro. Ubica en ese grupo a Alfonso López Chau (Ahora Nación), Jorge Nieto (Buen Gobierno), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Más de 2.5 millones de peruanos votarán por primera vez. Un bolsón de votos que los candidatos han peleado con codicia, principalmente en Instagram y TikTok. César Acuña (Alianza para el Progreso) contó con el apoyo —se cuestiona cuánto les habría pagado— de influencers que repetían una y otra vez que el Chato “estaba en la cima”. La estrategia no se ha traducido en votos, y Acuña figura muy rezagado en los sondeos. Su agrupación política es una de las más influyentes en el Congreso y su poder peligra en el siguiente quinquenio.

“Las redes estuvieron sobresaturadas. No hubo eslóganes contundentes, jingles que marquen la diferencia. La competencia fue por atención, mas no por credibilidad. Hubo candidatos que priorizaron generar alcance con influencers bajo cualquier formato. O peor, uniéndose a trends, aunque hiciesen el ridículo”, describe Milagros Muñoz, especialista en comunicación política. “Una campaña es un ecosistema con diversos componentes. Capitalizar las redes sociales para consolidar un compromiso real urge”, remarca. Hace poco, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que Facebook continúa siendo la red más usada por los peruanos para informarse sobre las elecciones: 45% frente a un 27% de TikTok y 16% de YouTube. Tal vez algunos equivocaron la mira.

En un país como Perú, donde la gastronomía es una cuestión de Estado y el primer peldaño de una identidad en construcción, la comida tiene reservado un lugar en las elecciones generales. Debido a la prohibición de revelar encuestas en la última semana, la prensa le ha asignado un platillo a cada candidato para comentar cómo marcha en las encuestas. Fernando Llanos, un periodista con 2,4 millones de seguidores en TikTok, ha revelado que los cuatro primeros lugares le pertenecen por ahora a “makis con taper”, “ceviche de pez payaso”, “pollo colorado añejo” y “chancho a la olla”. Para más señas, Keiko Fujimori, una política de origen nikkei que fue denunciada por entregar dádivas en tapers; Carlos Álvarez, un humorista que se apoya en sus imitaciones para conectar con la gente; Ricardo Belmont, exalcalde de Lima, con 80 años a cuestas; y Rafael López Aliaga, autoproclamado Porky, como el cerdito de los dibujos animados.

Perú decidirá a su noveno presidente en una década. El tablero está tan pegado que el flash electoral del domingo podría ser un bumerán para quienes canten victoria antes de tiempo. Como en las últimas elecciones, los malos perdedores podrían recurrir al fantasma del fraude. La desesperada promesa de último minuto de Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), un candidato cuya intención de voto es mínima, acaso ilustra el nivel de las propuestas: “Volverá el 3×10”, gritó frente a un auditorio afiebrado. En buen cristiano: tres cervezas volverán a costar diez soles (menos de tres dólares).

El 2027 ha comenzado. Con más de un año de antelación sobre las elecciones de medio sexenio, la clase política ha empezado a enfilar sus baterías hacia la contienda en la que se renovarán miles de cargos públicos. Una primera muestra se dio en la madrugada del pasado jueves, al calor del debate con el que llegaba a su fin el proceso de reforma político-electoral. Los diputados del oficialismo y de la oposición protagonizaron una primera escaramuza de lo que se viene. El intercambio de acusaciones por corrupción y de presuntos vínculos con el narcotráfico marcaron el tono de una batalla preliminar de 15 horas, en la que ambos bandos resultaron heridos.

“Para ustedes será, sin ninguna duda, la tumba en las elecciones del 27. Van a volver a perder”, advirtió el diputado de Morena Leonel Godoy ante las provocaciones de una oposición que prolongó deliberadamente la discusión y aprobación del llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. “La 4T va a caer, va a caer, va a caer”, corearon panistas y priistas en otro momento de la sesión.

En una jornada plagada de descalificaciones, denuncias e insultos, fueron recurrentes frases como la del morenista Gabino Morales: “Nos vemos en el 2027, en el 2030, en el 33 y en el 36. Volverá a ganar el pueblo de México”. Y respuestas como la del panista Israel Damián Retes: “Saben muy bien que van a perder en 2027, por eso su nerviosismo, por eso su aferre a sus privilegios, al huachicol electoral, al dinero robado de los mexicanos, a esos fueros para poder cometer delitos”.

Como dijo la diputada de Movimiento Ciudadano Elizabeth Núñez Sánchez, “el 2027 está cerca”. Pese a que, en los hechos, falta un año para el inicio de las campañas.

El final del proceso de reforma electoral, que concluyó con cambios mínimos a la Constitución que en realidad no modifican las reglas de la contienda política, anticipó el inicio del proceso electoral en el que se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, casi 2.000 ayuntamientos en 31 Estados y 30 Congresos estatales. Y, con ello, se abrieron varias agendas. En primer lugar, la formación de coaliciones, un terreno en el que el oficialismo ha anunciado ya su intención de volver a conformar la alianza Morena-Verde-PT para competir juntos por la mayoría de los cargos federales y locales. La oposición, en cambio, se perfila para competir por separado, con el PAN, el PRI y MC disputándose el voto anti-4T. Al elenco habrá que sumar los nuevos partidos políticos que podrían entrar en escena en junio: dos ligados al oficialismo -Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de Paz- y dos abiertamente opositores, Somos México y México Tiene Vida.

Precampañas adelantadas

En otro plano se colocan los procesos internos de partidos y coaliciones, con los que se definirán miles de candidaturas y que ya han sido anunciados por Morena, el Partido Verde, el PRI y el PAN. Esto augura un escenario de precampañas adelantadas, como ocurrió en 2023-2024 tanto en Morena (con el juego de las “corcholatas”), como en el Frente Amplio Opositor.

Morena anunció el pasado 7 de marzo las fechas y reglas de un proceso interno de elección de los “coordinadores de defensa de la transformación” en Estados, municipios y distritos electorales. Mediante encuestas, y a partir del 22 de junio, comenzarán a elegir a quienes terminarán siendo candidatos a gobernador, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales. El Partido Verde destapó ya 17 perfiles para sus prospectos por las candidaturas del oficialismo en los Estados que renuevan gubernatura: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

El PRI también dio a conocer algunos perfiles para buscar esas gubernaturas, así como un elenco de operadores territoriales para tratar de recuperar entidades que ha perdido frente a Morena en los últimos años. Y el PAN anunció el 21 de marzo una estrategia de reclutamiento de ciudadanos interesados en ser candidatos en 2027, mediante una aplicación en la que cualquier persona puede registrar sus datos para competir por una gubernatura, una diputación o una alcaldía.

Con ello, los partidos han obligado a las autoridades electorales a anticipar decisiones que den cauce legal a los procesos en los que se definirán las candidaturas. En estricto sentido, la ley marca el inicio de las precampañas en noviembre, pero los partidos ya dieron los primeros pasos y, en esa lógica, el Instituto Nacional Electoral ha iniciado contactos con las dirigencias partidistas para gestionar las contiendas internas. En México, existe la figura de “actos anticipados de campaña”, que puede dar pie a sanciones administrativas que pueden ir desde multas económicas hasta la pérdida del registro de un candidato, y de eso quieren librarse todos los partidos.

De hecho, el pronunciamiento del Consejo Nacional de Morena del 7 de marzo, donde dio a conocer el cronograma de selección de los “coordinadores de la defensa de la transformación”, fue denunciado como acto anticipado de campaña ante el Tribunal Electoral, que en esta semana decidió dar vía libre para que ese proceso continúe. En una resolución impulsada por tres magistrados de la Sala Superior -Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes-, el Tribunal decidió que no había infracción alguna en materia electoral.

En el INE, el consejero Arturo Castillo puso el tema sobre la mesa en la sesión de Consejo General del pasado 26 de marzo, cuando advirtió de que los partidos podrían incurrir en una violación de los tiempos y las leyes electorales y sugirió que la autoridad electoral emita lineamientos para regular los inminentes procesos internos. “Sabemos por los medios de comunicación que los partidos políticos Morena, PRI, PAN, MC y Verde han realizado asambleas, eventos y declaraciones públicas en los que anuncian la adopción de medidas, la generación de propuestas o el inminente inicio de procedimientos internos, presumiblemente como preparativos para los Procesos Electorales Federales y Locales 2026-2027. Como vimos también en las elecciones de 2024, prepararse para un proceso electoral próximo no es por sí mismo ilegal; sin embargo, adelantar los tiempos para estos preparativos sí representa un riesgo de afectar la equidad en la contienda electoral y, por ende, la legitimidad de sus resultados”, advirtió Castillo.

La semana pasada, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo ya una primera reunión con los representantes de los partidos para comenzar a definir los lineamientos sugeridos por el consejero Castillo. Mientras tanto, los partidos políticos ya están enfrascados en la lucha electoral, con tonos como los que se escucharon el pasado jueves en el Palacio Legislativo de San Lázaro. “La democracia no los necesita, están chiquititos; efectivamente en el 2027 van a desaparecer, la transformación va a seguir les pese y cueste lo que cueste, porque México ya habló”, dijo el morenista Ricardo Crespo. “En 2027 perderán todo lo que ustedes mismos han destruido y no supieron cuidar de México”, respondió el panista Agustín Rodríguez.

Es una pregunta pertinente, aunque pueda parecer absurda, pues se presume que la condición sine qua non para el desarrollo democrático de una campaña electoral es que todos los participantes en ella se reconozcan legítimamente como adversarios. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, que se reconozcan como “interlocutores válidos”, en lugar de hacerlo como enemigos irreconciliables entre sí. No deberían tratarse entre ellos como una amenaza para la propia existencia y menos para la convivencia social. Pero esto último es lo que está sucediendo en la actual campaña por la Presidencia de la República en Colombia. Algo inaudito y hasta inverosímil, pues los tres aspirantes que puntean en las encuestas de opinión, Iván Cepeda, filósofo, Paloma Valencia, abogada, y Abelardo de la Espriella, también abogado, seguro leyeron con juicio en sus carreras el ensayo de Habermas ¿Es posible la legitimidad por vía de legalidad?, piedra angular de todo régimen democrático. Aunque dudo que Abelardo, sumergido en el derecho penal para la posterior defensa de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, haya tenido tiempo para leerlo. Pero le convendría hacerlo ahora, para que comprenda que es imposible disociar la política y la legalidad de la ética pública en su dimensión de principios y valores compartidos para la justicia y la convivencia social, sin caer en el absurdo de apelar a la imagen depredadora de un tigre y enarbolar un saludo militar supuestamente para “salvar a la Patria”. ¿Tendrá algún sentido civilizador, legal y democrático asociar la Patria con tigres y guerreros? ¿No será lo propio de la ley de la selva y del más fuerte, como lo está haciendo Trump en el actual caos internacional?

Deslegitimar y demonizar al contrario para ganar

Pero esta campaña, tal como está discurriendo, en lugar de serlo para la legitimación democrática se está convirtiendo en una pugna por la deslegitimación mutua entre estos tres candidatos y arrasar así con el más mínimo vestigio de democracia. Es decir, para invisibilizar e impedir vislumbrar el espíritu de la democracia, ya que su cuerpo está desaparecido junto a las más de 136.396 personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, según el portal de datos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UNDPD). Las tres candidaturas se encuentran atrapadas en el “modo guerra” de hacer política y parecen no comprender que el principio fundacional y existencial de la democracia es la práctica de la política como deliberación y controversia sin violencia, según manda el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Causa perplejidad, estupor y hasta miedo que quienes aspiran a la Presidencia y la jefatura del Estado sean incapaces de estar a la altura de ese artículo constitucional, sin cuyo cumplimiento irrestricto no puede existir reconciliación política y mucho menos una verdadera democracia. Ya lo había expresado con lucidez filosófica y contundencia política el maestro Norberto Bobbio: “La democracia solo comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Y no hay duda, por la pugnacidad que predomina entre ellos, que cada uno está empeñado en eliminar la legitimidad democrática del contrario. Lo hacen, obviamente desde el discurso, pero parecen olvidar que la violencia simbólica y retórica, cargada de animosidad contra quien es considerado enemigo, antecede a la violencia letal. Por eso están empecinados en la utilización de la memoria, buscando en el pasado las actuaciones y afinidades políticas de cada uno de ellos, incluso en las ejecutorias de sus padres y ancestros, para estigmatizarse y deslegitimarse mutuamente como aspirantes a la presidencia.

De la filiación a la afiliación política

Quizá ello tenga que ver precisamente con sus historias personales y familiares. En el caso de Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la “Operación Soberanía” y el bombardeó a Marquetalia, mito fundacional para el surgimiento de las Farc. Iván Cepeda, hijo del entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército nacional. Indirectamente también es el caso de Abelardo de la Espriella, pues su principal escudero y beligerante alfil, Enrique Gómez Martínez, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, promotor de la “Operación Soberanía” contra las que llamaba “Repúblicas Independientes”. Se presenta así en estas tres candidaturas una estrecha relación entre filiación y afiliación política, que se proyecta con intensidad emocional y confrontación política creciente entre ellos y, lo que es más censurable e inadmisible, con su actual utilización irresponsable y sectaria. A tal punto que el expresidente Álvaro Uribe sindica a Iván Cepeda de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo contra el senador Miguel Uribe Turbay. A su vez Cepeda relaciona a Uribe y su fulgurante carrera política con el surgimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. Y, para completar, desde la campaña de Abelardo, Enrique Gómez señala irónicamente: “Por más que miro, no veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso que el señor le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿o necesita la independencia del Tigre?”. Desde luego que Colombia no es un zoológico para necesitar otro presidente “cargado de tigre”, mucho menos que los ciudadanos vayan a las urnas con su fiereza o llenos de rencor y deseos de revancha como sucede en las redes sociales entre quienes, por carecer de argumentos, solo se cruzan insultos y descalificaciones llamando “mamerto” o “paraco” a quien piensa distinto o no apoya incondicionalmente a su candidato o candidata.

No más “mesías” electorales y “salvadores nacionales”

Causa vergüenza el fanatismo, sectarismo e ignorancia que inunda las redes sociales por estos días, estimuladas por bodegas de dichas campañas. Pero lo peor y más preocupante es esa falsa superioridad moral que cada candidato y campaña esgrime con la absoluta certeza de que posee en su mente y manos la salvación de Colombia. Que su partido y aliados son un dechado de virtudes y sabiduría. Que, si no los respaldamos en las urnas, todos estaremos condenados al infierno de la guerra y la exclusión social. Candidaturas incapaces de la más mínima autocrítica, mucho menos de reconocer sus errores y horrores pasados y sus limitaciones presentes, porque están convencidas de su misión salvífica y solo si cada uno proyecta ese carisma de líderes y lideresas providenciales, destinados a satisfacer nuestras necesidades y hacernos felices, podrá ganar las elecciones. En ese sentido, más que demagogos son taumaturgos de futuras catástrofes, cuando desde el gobierno incumplan sus promesas de pan, paz, seguridad, ríos de miel y reinos de reconciliación. Porque cuando ya estén en sus altos cargos en el Ejecutivo comprobarán amargamente que no son tan poderosos y sí bastante impotentes. Comprobarán que son rehenes de los poderes de facto e intereses legales o abiertamente ilegales que los encumbraron a esas posiciones, con los cuales hicieron alianzas, sellaron compromisos tras bambalinas y se convirtieron así en sus testaferros y mandaderos. Eso sí, unos testaferros bien remunerados y protegidos por una tramoya de instituciones y rituales de una Constitución que juraron cumplir, pero parece que ignoran, no pueden o son incapaces de honrarla. Si ahora como candidatos no cumplen el artículo 22 y hacen de la campaña política una coartada perfecta para combatirse entre sí, qué no harán cuando tengan en sus manos el poder de gobernar y hasta de hacer la guerra contra los que consideran sus “enemigos”.

¡Lean y cumplan la Constitución!

Por eso, especialmente a estas tres candidaturas les conviene, en medio de las descalificaciones y deslegitimaciones que mutuamente se lanzan y cruzan durante esta campaña, tener presente además del citado artículo 22, el 188 de la Carta, que reza: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional…y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. La pregunta obvia es ¿Cómo lo harán si en tanto candidatos y candidatas están empecinados en fragmentar y antagonizar a los colombianos, dividiéndonos absurdamente entre “ciudadanos de bien” contra “terroristas”; “paracos” contra “mamertos”; “oligarcas” contra “plebeyos” y hasta supuestos “patriotas demócratas” contra “peligrosos comunistas”? Una pregunta valida para todas las candidaturas, pero especialmente para estas tres por contar con el mayor apoyo en las encuestas. Es, en primer lugar, una pregunta vital y urgente para todos nosotros como ciudadanía, pues tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los principios, valores y metas de la Constitución de 1991, entre las que figuran la “paz política, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general” según su artículo 1 y especialmente el 95: “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla” y para ello “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. ¿Seremos capaces de hacerlo en las próximas elecciones? Y quien llegue a la Casa de Nariño ¿Será capaz de cumplir la Constitución, promover la reconciliación política nacional o continuará profundizando otros cuatro años la confrontación y degradación nacional en que estamos desde tiempos inmemoriales?

La semana pasada, diversos medios y opinadores contribuyeron a difundir la idea de que había sido aprobada una ley mediante la cual el gobierno de México se apropiaría del 30% de los recursos que administra el sistema de pensiones en el país. Esta versión, como otras que suelen difundir medios y opinadores adversos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es completamente falsa. Ni hay tal expropiación ni es cierto que el gobierno se apoderará de ese dinero que forma parte de los recursos destinados a financiar las pensiones de millones de trabajadores mexicanos. Veamos de dónde proviene tal “confusión”.

El origen de esta interpretación falsa y dolosa comienza con la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. En dicha ley se provee de un marco jurídico más claro para tratar de atraer recursos de inversión de largo plazo en proyectos de infraestructura productiva para el país. Entre otras cosas, la nueva ley permite la posibilidad de crear vehículos financieros especializados que pueden desarrollar proyectos de infraestructura mediante inversión mixta (pública y privada).

Esta nueva ley se combina con otra modificación aprobada en 2024 en la que se amplió el techo porcentual de 20 a 30% del monto de recursos que podrían destinarse a lo que se conoce como instrumentos estructurados. Dentro de estos instrumentos se encuentra precisamente la posibilidad de invertir en proyectos de infraestructura pública o privada. Este techo, cabe mencionar, se aplica exclusivamente a las Sociedades de Inversión (SIefores) que administran los recursos de los trabajadores más jóvenes. El techo establecido desciende hasta el 10 por ciento conforme nos movemos hacia las sociedades de inversión que administran los recursos de los trabajadores con mayor edad y que, por estar más cerca del retiro, suelen preferir poner sus recursos en inversiones más seguras y predecibles.

Lo anterior, de entrada, implica que el 30% no es un porcentaje fijo que se destinará a obras de infraestructura y ni siquiera lo limita a esto, sino que ese tipo de inversión es apenas un componente dentro de las muchas alternativas que se ubican en la categoría de instrumentos estructurados. Ese límite, como ya se mencionó, se estableció desde hace año y medio y, a la fecha, únicamente el 8% de todos los recursos de las Afores se destina a proyectos de infraestructura.

Al momento de aprobar la nueva Ley, un congresista mexicano (el senador Francisco Chíguil) expresó que la mayor certeza jurídica que brindaba la nueva ley podría dar lugar a que aumentara el monto de los recursos de las Afores que se destinan a proyectos de infraestructura. Esta afirmación, perfectamente válida y expresada en forma condicional, de ninguna manera implicaba que a partir de ahora las Afores deberían invertir el 30% de sus recursos en proyectos de infraestructura ni mucho menos. Cabe recordar que las Administradoras de Fondos del Retiro son empresas privadas que gestionan los recursos de los trabajadores y que toman sus decisiones bajo un marco regulatorio claro, pero que no les obliga a poner sus recursos en ningún tipo de instrumento específico.

Así, es completamente equivocado pensar que el gobierno mexicano podría instruirles a estas organizaciones en qué invertir y mucho menos obligarles a disponer de los recursos de los trabajadores para financiar proyectos de inversión que no sean rentables o atractivos desde el punto de vista económico-financiero. Por esta razón, las Afores cuentan con áreas especializadas en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones de inversión. Estas áreas se encargan de evaluar la rentabilidad de proyectos potenciales y, si alguno de estos no resulta suficientemente atractivo, las Afores simplemente deciden no invertir allí.

En un trabajo reciente, coescrito con el ex ministro de finanzas de Chile, Felipe Larraín, analizamos la contribución de los sistemas de pensiones al desarrollo económico de México. El resultado ha sido positivo precisamente porque los fondos de ahorro previsional permiten financiar la inversión, lo que impulsa el crecimiento y la mayor generación de empleo formal en el país. La nueva Ley aprobada va sin duda en el sentido correcto. Al combinarse con la reforma que permite mayores techos destinados a instrumentos estructurados, esto podría ayudar a financiar importantes y necesarias obras de infraestructura en el país. La clave, sin embargo, es que el país sea capaz de generar proyectos de inversión que sean suficientemente rentables para que sean atractivos para que las Afores se vean interesadas en financiarlos. No se trata, en lo absoluto, de expropiarle su dinero a nadie. Por el contrario, se trata de contribuir a generar las condiciones necesarias que permitan detonar la inversión en el país. Los trabajadores deben estar tranquilos: sus ahorros están protegidos y a buen resguardo.

El caso de alias Papá Pitufo, un poderoso empresario acusado de ser el mandamás del contrabando y la corrupción en Colombia, ha puesto contra las cuerdas al servicio de inteligencia de Gustavo Petro. A través de unos audios difundidos hace una semana en la televisión nacional, se conoció una conversación en la que Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), le decía a un abogado de Pitufo que “de pronto” podían “hablar algo dentro de la Fiscalía” para favorecer a su cliente. La DNI, que nació en 2011 como una solución a terribles escándalos del viejo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe, ha sido utilizada por la Administración de Gustavo Petro para alimentar sus conspiraciones. Los errores se acumulan y, uno tras otro, dejan en evidencia el tamaño de la crisis de inteligencia.

El propio Petro, que en otras ocasiones ha hablado de montajes para perjudicarlo, ha reconocido esta vez la gravedad de la situación. “No me cabe duda de que el señor Marín [Pitufo] infiltró los cuerpos de investigación del Gobierno”, concedió en X tras la revelación de los audios en Noticias Caracol. Según el mandatario, los agentes han jugado “a dos bandos”. Por un lado, decían que cumplirían su deseo de traer a Pitufo desde Portugal para que rinda cuentas ante la justicia colombiana y destape la corrupción de gobiernos anteriores. Por otro, de acuerdo con Petro, “pedían dinero por codicia en Europa” y “le prometían [a Pitufo] que no sería juzgado”. “Nunca lo trajeron”, lamentó.

El petrismo le soltó la mano a Lemus, el tercero de cuatro antiguos integrantes de la guerrilla del M-19 que han encabezado la DNI en este Gobierno. El presidente le pidió, unos días antes de la revelación de los audios, su renuncia como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a la que había llegado tras ser desplazado de la DNI en enero. El funcionario dijo en Blu Radio que la decisión se debía a que se sumaría a la campaña presidencial de Iván Cepeda, el candidato de Petro. El aspirante lo desmintió el lunes en declaraciones al mismo medio de comunicación: aseguró que el exdirector de la DNI ni siquiera le había contado de sus intenciones y que le respondería con “un tajante no”. Mientras tanto, la Procuraduría ha abierto una investigación contra Lemus y ha ordenado una inspección a la sede de la DNI.

La respuesta del petrismo contrasta con el otro gran escándalo de los últimos meses, también destapado por Noticias Caracol: la infiltración de la DNI por parte del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC que se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno. Petro se ha mantenido firme en desestimar como “un montaje” que el grupo armado haya recibido información de un general del Ejército y un funcionario de la DNI para evitar operativos de las Fuerzas Militares y llevar a cabo desplazamientos seguros en territorios en disputa. De forma desafiante, esta semana Petro ha designado al entrenador de educación física Wilmar Mejía, el polémico exdirectivo de inteligencia acusado de colaborar con el grupo armado, como el sucesor de Lemus en la UIAF.

“Es absurdo que alguien que presuntamente ayudó a vender la inteligencia del país ahora sería la cabeza de la inteligencia financiera”, respondió uno de sus críticos, el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. “¿Así pretenden combatir el lavado de activos y el narcotráfico?“, se sumó otro contradictor, el exministro Mauricio Cárdenas.

Varias entidades se han tomado en serio la denuncia periodística sobre las supuestas filtraciones del grupo armado. La Procuraduría suspendió en noviembre a los dos funcionarios implicados y definió sus acciones como “gravísimos hechos que han generado la mayor preocupación y zozobra en el país”. La Fiscalía, por su parte, avanzó en investigaciones que tenía prácticamente detenidas hasta entonces. Esta semana, además, le pidió al Gobierno que levante las órdenes de captura contra el líder de la disidencia del EMBF, Calarcá Córdoba, a quien señala de haber cometido varios crímenes en medio de las negociaciones de paz.

Petro no teme la pérdida de credibilidad en sus instituciones de inteligencia. Casi en simultáneo al escándalo de Pitufo, abrió un tercer frente con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. En una serie de mensajes en X, dijo que había accedido a “informes hechos desde inteligencia” que mostraban que su rival de ultraderecha se había reunido con los propietarios de Thomas Greg, una empresa que tiene varios contratos para la organización de las elecciones y que hasta hace unas semanas también manejaba la expedición de pasaportes. Según Petro, De la Espriella ofreció devolverles la fabricación de los documentos de viaje a cambio de “ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”. El candidato ultra negó los señalamientos, de los cuales no se han filtrado pruebas, y acusó al mandatario de perseguirlo con interceptaciones ilegales. La Procuraduría, una vez más, abrió una indagación.

Un deterioro acelerado

La DNI surgió en 2011 luego de la disolución del poderoso DAS, fuertemente golpeado por un escándalo de interceptaciones ilegales a magistrados, políticos opositores, periodistas y líderes sociales durante el Gobierno de Uribe. La nueva dirección asumió solamente las funciones de inteligencia, mientras que la protección de personas amenazadas, los controles migratorios y la investigación de delitos quedaron en manos de otros organismos. El objetivo era que la fragmentación evitara los abusos que había tenido el antiguo DAS.

Juan Carlos Buitrago, que ocupó varios cargos en la inteligencia de la Policía y en la DNI, comenta en una llamada telefónica que la nueva dirección había superado gran parte de los problemas de su antecesora en la última década. “No hay comparación. Logramos crear una agencia madura, muy en función de los intereses del Estado, y con profesionales muy bien seleccionados. Fuimos entrenados por la CIA [Estados Unidos], el MI6 [Reino Unido], el Mossad [Israel]”, explica. Considera que el declive comenzó en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) y se acentuó de manera acelerada en el de Petro. “Muchos de los jóvenes que formamos ya no están. Los quitaron o ellos se aburrieron y se fueron”, evalúa. “Desconocen protocolos de ingreso y selección, jerarquía de operaciones y ejecución de gastos reservados”.

El experto, que fue uno de los denunciantes de Pitufo y ahora dirige la consultora Strategos BIP, señala dos tipos de problemas. El primero de ellos es que, según él, las operaciones priorizan “los intereses personalísimos del presidente” y no las amenazas contra el Estado. Considera que el caso con las disidencias de las FARC muestra que la DNI está “en función de las directrices de la paz total”, para mantener a Calarcá en las mesas de negociaciones, y que el ofrecimiento de beneficios judiciales a Pitufo buscaba que no salpique a Petro en escándalos de corrupción. El segundo problema, explica, es la falta de habilidades para moverse en un mundo que está repleto de intrigas constantes. “No creo que Lemus sea un bandido, creo que actuó manipulado o por ingenuidad”, dice. “Hay otro grupo de personas en el Gobierno que sí tiene conexiones criminales y se aprovechan”, añade.

Uno de los casos más evidentes de estas torpezas fue la replicación de Petro de un informe sembrado de dudas y sin pruebas. El presidente denunció en febrero un plan para sembrar cocaína en uno de sus vehículos durante una visita a Estados Unidos y así sabotear la reunión con Donald Trump. Ordenó la salida de un general, Edwin Urrego, y un coronel, Óscar Moreno. Sin embargo, en los días siguientes, distintos integrantes de la Policía le aseguraron que había sido engañado en un esquema para sacar adelante una venganza interna. El Ministerio de Defensa emitió un nuevo informe exculpatorio de los acusados. Según explicó una fuente a este periódico, fue uno de los desencuentros que llevó al presidente a pedirle la renuncia a Lemus como director de la UIAF.

Elizabeth Dickinson, investigadora de International Crisis Group, coincide con Buitrago en que ha habido “un debilitamiento significativo” en este Gobierno, con “muchos cambios de personal”. “La confianza es la base sobre la cual se construye la inteligencia. La percepción es que la DNI ha perdido esa confianza, tanto en lo público como con los demás organismos de inteligencia”, apunta. Para ella, es clave entender a la entidad como una más en un ecosistema más amplio que incluye a organismos de inteligencia del Ejército, la Armada y la Policía. “Debería ser el punto de encuentro de todos esos órganos, y no lo es”, afirma.

Más allá de la gravedad de las actuaciones denunciadas, lo que más evidencia la crisis es la cantidad de escándalos que salen a la luz. Las actividades de la DNI, lejos del secretismo que debería caracterizarlas, están en el debate público. Marcan la agenda a pocas semanas de las elecciones, los funcionarios aparecen en medios de comunicación y nada hace pensar que Pitufo sea el último escándalo.