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Un hombre que se identifica como Andrés denunció en la mañana de este lunes en Caracol Radio que el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, fallecido en abril de 2024 y quien fue durante décadas la máxima autoridad de la Iglesia católica en Colombia, abusó sexualmente de él en reiteradas ocasiones a partir de 1983, cuando Andrés tenía 15 años. El testimonio fue dado a conocer pocas horas después de que EL PAÍS publicara un informe con ocho casos de presuntos abusos cometidos por 13 sacerdotes y religiosos colombianos, que este diario entregó al Vaticano para que los investigue. El caso de esta víctima forma parte de ese dosier, frente al cual este medio ha consultado a la Arquidiócesis desde la semana pasada. No ha respondido hasta el momento de publicar esta nota.

Según el relato de Andrés a Julio Sánchez Cristo, director del programa 6AM W, todo comenzó en 1983, cuando tenía 14 años y su madre lo echó de la casa en Bogotá, ciudad a la que la familia había llegado hacía menos de un año desde Bucaramanga. Sin conocer la ciudad y sin recursos, buscó refugio en la Catedral Primada. Allí lo atendió un clérigo identificado en el dosier de EL PAÍS con las iniciales J.A.B.N., quien lo alojó en la casa cural de la localidad de Fontibón. Esa misma noche comenzaron los abusos. “A cambio de comida, protección y dormida, empezó con los abusos”, relató Andrés en los micrófonos. “Primero me ofreció cerveza, me masturbaba. Con el hambre que yo sentía, con cualquier licor me embriagaba muy fácil”.

Fue ese mismo clérigo quien, según la víctima, lo presentó al cardenal Rubiano Sáenz a la llegada al parqueadero del Seminario Mayor de Bogotá, en la carrera 7 con calle 93, al norte de la ciudad. “Se sentó conmigo en las sillas de atrás, quería besarme los pies, me besó las manos, me masturbó y me practicó sexo oral”, narró. Andrés dice que intentó resistirse a una penetración y que reaccionó con violencia cuando llegó el otro clérigo. Tenía 15 años. “No pude escaparme porque irme era volver a vivir en las calles de una ciudad que no conocía”, dice, señalando que lo amenazaron con ello. Los encuentros con Rubiano, afirma, se repitieron al menos dos veces al mes entre mayo y diciembre de 1983, en la casa cural de la catedral de Fontibón, al occidente de la capital colombiana.

La situación se prolongó, según su testimonio, hasta 1989 o 1990. Durante ese tiempo, dice, fue utilizado también para gestionar los llamados “controles médicos” a otros jóvenes que los clérigos captaban en colegios parroquiales. “Nos exhibían como carne porque éramos como sus trofeos”, afirmó. Cuando dejó de ser, según sus palabras, “el niño bonito”, pasó a cumplir esa función administrativa. Las consecuencias sobre su vida fueron devastadoras: afirma que cayó en el consumo de alcohol y cocaína, y no se retiró de ese entorno hasta 1999.

Andrés explica que, en el año 2000 y aprovechando la apertura de la Puerta Santa del Jubileo, viajó al Vaticano con un pasaje pagado por uno de sus victimarios, a quien, a cambio del billete de avión, le entregó a una caja con las fotos, videos y documentos que había acumulado y que servían como pruebas en su contra. Sin embargo, dejó una denuncia escrita en la Poste Vaticane, dirigida a Joaquín Navarro-Valls, uno de los colaboradores cercanos de Juan Pablo II y quien hablaba español. Dejó como dirección de contacto la de su tía en Bogotá. Nunca recibió respuesta, narra.

Veinte años después, en 2021, retomó las denuncias de manera formal, pues la arquidiócesis había abierto un despacho para enfrentar estos casos: la Oficina de Buen Trato. La víctima cuenta que se reunió con el cardenal Luis José Rueda Aparicio, actual arzobispo de Bogotá. Andrés detalla que el prelado le tomó la mano, le pidió que escribiera todo de su puño y letra, y le prometió ayuda jurídica, psicológica y económica. “Me vio muy mal, porque yo no hablaba de esto hacía mucho tiempo y casi me desmayo contándole estas cosas”, relató. Aparte de algunas terapias psicológicas, cuenta, la promesa quedó en nada. “Absolutamente nada, nada, nada. El silencio total”.

Andrés también contactó a la Nunciatura Apostólica, a varios periodistas y a otros denunciantes. Entre los sacerdotes a los que señala de no haber dado trámite a sus denuncias está el italiano Paolo Rudelli, nuncio en Colombia entre 2023 y el pasado 30 de marzo, cuando el papa León XIV lo designó en el tercer cargo de más importancia en el Vaticano, el de sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Andrés también cuenta haber hablado con el colombiano Luis Manuel Alí Herrera, desde 2024 secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

Ante la Fiscalía colombiana interpuso una tutela para obtener respuesta y descubrió que ninguna de las instituciones eclesiásticas que prometieron trasladar su denuncia lo había hecho. “Perdí tres, cuatro años esperando y nunca hicieron nada”, dijo en la entrevista radial. En sus declaraciones más recientes señaló, además, que el primer clérigo que lo captó fue asesinado en 2001, lo que complica aún más cualquier proceso judicial.

“Eso sucedió y no fue solamente una vez. Y tengo entendido que tiene muchísimas denuncias que han sido tapadas porque nunca, nunca prosperaron”, dijo Andrés sobre Rubiano. Y añadió con amargura: “Cuando yo hice la denuncia en 2021, él estaba vivo. En cambio, en España denuncian a un sacerdote de 90 años y a ese sí lo llaman y a ese sí le piden explicaciones. Aquí el señor pasó de agache y se murió.”

El arzobispado de Bogotá no respondió a las preguntas de EL PAÍS sobre el caso de Andrés, que aparece en el informe entregado al Vaticano junto a otros siete testimonios contra clérigos colombianos y 16 más contra sacerdotes de otros países de América. Rubiano, quien fue arzobispo de Bogotá entre 1994 y 2010, cardenal desde 2001 y uno de los rostros más reconocibles del catolicismo colombiano durante tres décadas, murió sin haber sido confrontado públicamente por ninguna acusación de esta naturaleza.

Andrés tiene 57 años, lleva décadas sin trabajo estable a causa de secuelas que describe como “catastróficas” y hasta ahora no ha podido contarle nada a su familia. “Tengo la rabia, la vergüenza, la impotencia, la ira, el dolor, las pesadillas”, resumió. “Y las ganas de quitarse la vida”.

El Gobierno de Estados Unidos ha puesto un ultimátum para que Cuba libere al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al rapero cubano Maykel Osorbo, quienes permanecen desde hace cinco años en cárceles de la isla. En una reunión secreta el pasado 10 de abril en La Habana, como parte de las negociaciones que ambos gobiernos han confirmado pero de las que aún se conoce oficialmente muy poco, funcionarios del Departamento de Estado ofrecieron a las autoridades cubanas el plazo de dos semanas para la excarcelación de los artistas de alto perfil “como gesto de buena fe”, así como la liberación del resto de los más de mil presos políticos que el régimen mantiene entre rejas.

En el comunicado, al que tuvo acceso el medio estadounidense USA Today, un portavoz del Departamento de Estado insistió en que el presidente Donald Trump “mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos”, además de la generación del cambio que Trump recientemente llamó un “nuevo amanecer para Cuba”. Aunque hace unos meses la administración republicana hablaba de reformas económicas más que políticas en la isla, el discurso que llega desde Washington ha dado un giro en las últimas semanas, en que descartan una negociación sin que el gobierno de Miguel Díaz-Canel también ceda en el plano político. “El gobierno cubano dispone de una pequeña ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo”, sostuvo la fuente.

Ante la presión mediática, el Gobierno cubano se vio obligado a confirmar este lunes que el encuentro con una delegación de Estados Unidos. “Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción”, declaró a el diario oficialista Granma Alejandro García del Toro, el subdirector general a cargo de EE UU del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). “Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores”.

Del Toro insistió en que ninguna de las partes “estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses”. “Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional”, dijo. También dejó saber que había sido una prioridad de la parte cubana hablar sobre la eliminación del cerco energético hacia la isla, algo que catalogó como “un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba”. El funcionario no mencionó, sin embargo, el tema de los presos políticos, que ha estado entre las principales exigencia de la ciudadanía en este nuevo capítulo entre Cuba y EEUU.

Osorbo y Alcántara, dos de los presos políticos más reconocidos de la isla, que encabezaron la simbólica huelga de hambre en la sede del Movimiento San Isidro en 2020, fueron detenidos un año después tras llevar tiempo en la mira del régimen. El primero fue sacado por la policía política cubana de su casa en La Habana Vieja, sin ropa y descalzo, cuando estaba almorzando. El segundo fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando salía de su casa para sumarse a las manifestaciones que tuvieron lugar en toda Cuba ese día, dejando un saldo de miles de ciudadanos convertidos en presos políticos hasta hoy. Osorbo fue condenado a nueve años de privación de libertad. Otero a cinco, por lo que su condena estaría llegando formalmente a su fin en tres meses.

A inicios del mes de abril, La Habana anunció el indulto de 2.010 presos, uno de los mayores que ha hecho en el marco de negociaciones con los Estados Unidos. Un mes antes, el Gobierno cubano había informado de la excarcelación de 52 reclusos. No obstante, en ninguno de los dos momentos ha reconocido que se trate de un pacto en medio de los diálogos con Washington, sino que lo reconoce como “una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”, y como parte de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. Entre los excarcelados, las organizaciones independientes de derechos humanos han detectado muy pocas liberaciones de presos de conciencia.

La reunión de mediados de abril entre las autoridades de Cuba y Estados Unidos en La Habana es la primera donde una delegación estadounidense viaja a la isla, desde el contexto del restablecimiento de relaciones diplomáticas con el ex presidente demócrata Barack Obama hace diez años. El medio Axios informó que en el encuentro —en el que participó el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo— los funcionarios estadounidenses hicieron saber una vez más a las autoridades castristas que “la economía cubana está en caída libre y que las élites gobernantes de la isla tienen una pequeña ventana de oportunidad para implementar reformas clave respaldadas por Estados Unidos antes de que las circunstancias empeoren irreversiblemente”, según dijo un funcionario al citado medio.

Entre otras cosas, en la reunión se abordó la propuesta de parte de Estados Unidos de colaborar con la conectividad a internet mediante la instalación de servicios satelitales Starlink, y sobre la posibilidad de ir desmantelando el embargo económico hacia la isla que lleva más de seis décadas. En ese caso, sería preciso indemnizar a las personas y empresas estadounidenses cuyos bienes y propiedades fueron confiscados tras el triunfo de la Revolución de 1959. También se habló de la necesidad de garantizar “mayores libertades políticas, que eventualmente incluirían elecciones libres y justas”, según Axios.

“El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, si es posible, pero no permitirá que la isla se convierta en una grave amenaza para la seguridad nacional si los líderes cubanos no están dispuestos o no son capaces de actuar”, dijo el funcionario.

Aunque hasta ahora una nebulosa rodea las conversaciones diplomáticas de ambos gobiernos —que se desmienten o se contradicen constantemente con retóricas de soberanía, del lado cubano, o de constantes amenazas, del lado estadounidense—, lo cierto es que hay un reconocimiento oficial de las negociaciones que se llevan a cabo tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, cuando Trump comenzó a insinuar que Cuba sería su próximo destino. Desde entonces, han habido momentos de silencio o de ataques más o menos directos. USA Today informó el 15 de abril que el Pentágono preparaba de manera discreta una intervención militar, en caso de que Trump diera la orden de intervenir el país a 90 millas de Florida.

Luego Trump fue preguntado en el Air Force One por los periodistas sobre si tenía entre manos la idea de un ataque militar a Cuba. “Bueno, depende de cuál sea su definición de acción militar”, respondió, acostumbrado a decir sin ser preciso, o dejar ventanas abiertas a las dudas. Todos estos meses, se había limitado a decir una y otra vez que Cuba era “una nación fallida”, ahora con la soga al cuello sin la ayuda de combustible que llegaba del exterior, con el cerco que decretó el pasado 29 de enero.