Sean Teare, fiscal general del condado de Harris, confirmó este viernes que su oficina realiza una investigación paralela sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció el martes tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Aseguró que el hecho de que los involucrados sean oficiales federales no impide la actuación de las autoridades locales.
Durante una conferencia de prensa encabezada por la congresista demócrata Sylvia García, el fiscal explicó que su oficina enfrenta obstáculos para acceder a información del caso, incluido el acceso a la escena donde ocurrió el tiroteo.
“Desde el martes, cuando ocurrió este incidente, hemos estado llevando a cabo nuestra propia investigación. Investigamos cada tiroteo en el que participa un agente en el condado de Harris cuando involucra a una agencia que no es ICE”, afirmó.
Teare agregó que la Fiscalía acostumbra realizar investigaciones paralelas en coordinación con agencias federales, estatales y locales. Señaló que, en circunstancias normales, las distintas autoridades colaboran en este tipo de casos para determinar conjuntamente el curso de la investigación y, en la mayoría de las ocasiones, presentar el expediente ante un gran jurado.
Aseguró, sin embargo, que en esta ocasión su oficina no fue convocada al lugar de los hechos.
“No fuimos invitados a esta escena el martes. Mis investigadores y mi división de derechos civiles han estado allí prácticamente desde el momento en que se reveló la escena, buscando grabaciones de vigilancia, hablando con testigos, haciendo todo lo que podemos y hacemos en cada caso para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y justa, para que podamos ser transparentes con nuestra comunidad”, manifestó.
El gobierno del presidente Donald Trump informó previamente que el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional también investigan la muerte de Salgado. Pero sus familiares y organizaciones que los representan han insistido en la necesidad de una investigación independiente, porque consideran que las autoridades federales no deberían ser las únicas encargadas de esclarecer lo ocurrido.
El congresista demócrata Al Green, representante del Distrito 9 de Texas, respaldó la decisión de la Fiscalía de Harris de desarrollar una investigación propia y rechazó la idea de que las autoridades federales puedan impedir esa actuación.
“Quiero agradecerle por no permitir que los federales lo intimidaran y lo convencieran de que de alguna manera no tiene autoridad para investigar. Cualquier miembro de la alguacil puede investigar”, expresó.
Green afirmó que Salgado gozaba de las mismas garantías constitucionales que cualquier otra persona en Estados Unidos.
“El señor Salgado Araujo nos pertenece. Pertenece a la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa Constitución se aplica a él, al igual que se aplica a mí. No debería recibir menos atención de la Constitución que yo o cualquiera de ustedes”, declaró.
Durante la conferencia, la congresista Sylvia García criticó la actuación del agente de ICE que disparó contra el mexicano. Señaló que, si realmente consideró que el vehículo representaba una amenaza para su vida, debió intentar detenerlo disparando contra las llantas y no contra el conductor.
“Lo vimos suceder en Minneapolis. Lo vimos suceder en Chicago. Lo vemos en términos de presencia de ICE. Hemos aprendido algunas lecciones. Aparentemente, ICE no ha aprendido nada”, afirmó.
La legisladora añadió que “si realmente piensan que un auto va a lastimar a alguien, incluso un niño te diría que dispares a las llantas, no al conductor”.
Posible perfilamiento racial
García también dijo que las operaciones de ICE afectan de manera desproporcionada a personas hispanas y utilizó su propia apariencia física para ilustrar lo que considera un trato diferenciado.
“Ya sabe que soy güera. Puede que no me detengan, pero probablemente podrían detener a algunos de mis amigos”, dijo mientras señalaba a quienes la acompañaban en la conferencia, entre ellos el abogado Hugo Balderas.
Asimismo, aseguró que los agentes migratorios que intentaron inspeccionar la camioneta en la que viajaba Salgado junto con su hermano Víctor y los trabajadores José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja no contaban con una orden judicial firmada por un juez, sino únicamente con una orden administrativa emitida por un supervisor de ICE.
Temen deportación de testigos
Hugo Balderas, abogado de José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja, quienes permanecen detenidos en el Centro de Procesamiento de Montgomery y enfrentan procesos de deportación, pidió su liberación al considerar que ambos podrían aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.
El abogado advirtió que existe el riesgo de que sus clientes sean presionados para aceptar una salida voluntaria del país antes de que concluya la investigación.
“Creo que, dada la magnitud de este caso y las implicaciones que conlleva, mis clientes podrían ser presionados para firmar documentación que acredite su salida voluntaria”, afirmó. Añadió que una deportación anticipada sería perjudicial para las investigaciones y para preservar la evidencia.
Balderas también respaldó las críticas sobre la actuación de ICE y aseguró que las detenciones responden a prácticas discriminatorias. “Esto no es control migratorio. Esto es discriminación racial. Es muy importante que se les exija usar cámaras corporales. Es muy importante que se les exija quitarse las máscaras”, manifestó.
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