Por fin aparece en el horizonte la posibilidad de tener un debate de candidatos a la Presidencia. Es bueno para la democracia, conviene tenerlo, pero, según lo que han dicho los candidatos, será difícil hacerlo realidad porque se habla de tantas condiciones y hay tanta desconfianza que llevarlo a buen puerto es un reto mayor para las campañas, para los medios de comunicación y para la democracia. Los votantes tienen derecho a ver el debate de ideas y argumentos. Superar los muchos escollos es el primer paso.
La propuesta del debate viene ahora del candidato Iván Cepeda, después de que varios aspirantes insistieran en el reto para que se vieran las caras de manera directa. El aspirante del Pacto Histórico se había negado a participar en los encuentros que se han generado en varios escenarios y ahora reta a los dos candidatos que él califica de “la extrema derecha” para que debatan sobre “propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y equidad social”. La condición es que sus compromisarios definirán temas, moderadores y escenario porque el candidato dice: “No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política espectáculo”.
El primer obstáculo es frecuente en los debates: ¿Quiénes van a participar? El candidato Cepeda propone debatir con dos candidatos. ¿Y los demás? De inmediato Sergio Fajardo dijo que estaba listo y preguntó si “ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe?” Claudia López, por su parte, también dijo que está lista para debatir y propuso que RTVC organice el debate. ¿Quién decide y bajo qué parámetros cuáles candidatos van a un debate?
Siempre ha sido difícil para los medios, gremios, universidades y distintas entidades que organizan debates presidenciales decidir a quienes invitan porque en el tarjetón en cada elección hay aspirantes sin posibilidades reales y es sabido que mientras más personas participen en un debate menos útil es. Una de las fórmulas usadas para depurar las invitaciones es revisar las encuestas. Se pone un mínimo de intención de voto que algunos ubican en el 3 o el 5 por ciento y se invita a quienes estén por encima de ese umbral. Eso no significa que no se presenten dificultades. Es bien recordado un debate de 1994 cuando enfrentaban ideas Andrés Pastrana y Ernesto Samper en un encuentro promovido por los noticieros QAP y CM& cuando apareció sin previo aviso en el set el entonces candidato Antonio Navarro Wolff para reclamar su espacio.
Quienes van abajo en las encuestas se sienten excluidos y en sentido estricto debería invitarse a todos por razones democráticas, pero en la práctica cuando hay tantos candidatos hay imposibilidad real de debatir y conocer a fondo lo que proponen los aspirantes, con lo cual poco se aporta al ejercicio democrático. A veces lo formal torpedea lo que importa y lo real. En este caso definir los invitados no es el único obstáculo porque Iván Cepeda plantea poner condiciones de moderación y escenario. Como lo propone Claudia López, sería interesante que los medios públicos cumplieran la tarea, pero RTVC se ha convertido en un espacio de propaganda oficial y poco pluralismo, lo que puede generar desconfianza a la oposición. Por otra parte, algunos medios privados, que han cruzado líneas editoriales para hacer oposición, pueden generar desconfianza al candidato oficial. Tal vez se requiera un gran acuerdo de medios públicos y privados para pactar un encuentro que sirva a todos.
El otro asunto es de estrategia política. Hay un candidato oficial de izquierda y varios de derecha y de centro. Eso significa que un debate se puede convertir en un todos contra Cepeda. Eso puede ser un inmenso problema para el candidato del Gobierno o una oportunidad de lucirse. También es una posibilidad para los distintos candidatos de mostrar sus matices y diferencias, aunque es claro que para todos los demás el primer contendor es el senador petrista.
Están además los temas que suelen ser abiertos porque una persona que aspire a la presidencia debe responder por todos los asuntos que interesan a los ciudadanos y no puede haber vetos previos. En particular los candidatos deben responder por aquello que genera interés en las campañas: Iván Cepeda tendrá que dar la cara por los errores del Gobierno Petro porque es el candidato oficial y plantea continuismo. Paloma Valencia debe responder por los pecados de Álvaro Uribe, su mentor y jefe político y por los de su partido. Abelardo de la Espriella no ha dado explicaciones satisfactorias sobre las graves denuncias de sus clientes. Cada uno tendrá que responder y además plantear propuestas que vayan más allá de las frases hechas de campaña. Aunque lleguen libreteados por sus asesores, como siempre pasa, los debates a veces logran medir el talante y el carácter de los aspirantes cuando enfrentan preguntas o situaciones inesperadas. Por eso sirven mucho para conocerlos y definir intención de voto.
Un escollo más: Cepeda pide que no haya insultos y sería deseable que así fuera. Sin embargo, la pregunta es: ¿Quién define lo que significa un insulto o lo que sería para un candidato un comentario agresivo o insultante? Siempre que se quiere moderar el lenguaje es fácil caer en la tentación de la censura y en un debate la libertad de expresión debería ser sagrada. La campaña está polarizada, es caliente y se hace en medio de la desconfianza que es el mayor problema que enfrenta hoy la democracia. Ojalá se encuentre el camino para que los candidatos, los que sean, tres, cinco o seis, se enfrenten y muestren al país por qué se creen con cualidades para llegar a la Casa de Nariño.
