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El Gobierno de Venezuela ha informado de la muerte de cinco presos durante un motín registrado el lunes en la cárcel Yare III, ubicada en un pueblo de los Valles del Tuy, en las afueras de Caracas. La confirmación por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios ocurre un día después de los hechos, tras un fin de semana en el que los familiares y defensores de derechos humanos denunciaran situaciones irregulares en la prisión.

En un comunicado aseguraron que el establecimiento de “máxima seguridad” está destinado al resguardo de “líderes negativos y miembros de bandas criminales”. En este recinto también están varios presos políticos que aún esperan beneficiarse de las medidas de amnistía. De acuerdo con la información oficial, los muertos fueron identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez. No se especifica cómo murieron.

Los familiares de detenidos que se mantienen en vigilias frente a las cárceles desde el mes de enero han exigido una fe de vida por el resto de los detenidos. Las mujeres han golpeado el portón para exigir información y han protestado en la entrada del penal sin éxito. “Los están matando”, decían algunas de las pancartas que llevaban. Al final de la tarde del martes, algunas de ellas comenzaron a recibir llamadas de los detenidos en las que aseguraban que estaban bien.

El domingo fueron suspendidas las visitas y se desplegó un cerco de seguridad en los alrededores por el enfrentamiento entre presos comunes, por el traslado de un grupo de detenidos a este recinto. Allegados a los detenidos señalaron que la revuelta también dejó heridos por armas de fuego.

Antes del comunicado del ministerio, la Fiscalía había anunciado la apertura de una investigación sobre los hechos registrados en Yare III —sin informar de las muertes—. Las pesquisas fueron encargadas a una comisión de funcionarios de la dirección de Derechos Humanos. Algunas fuentes aseguran que la tensión se produjo por el traslado de un grupo de detenidos a esta área.

La grave situación que viven los presos en Venezuela ha quedado expuesta a partir de las revelaciones de perseguidos políticos que han sido excarcelados mediante la amnistía y que suman más de 650 desde enero pasado. El malestar por las condiciones de reclusión y los malos tratos de parte de los custodios viene en aumento. La semana pasada, el Ministerio Público, en el que recientemente se ha designado a Larry Devoe, hizo una visita al Centro Penitenciario Rodeo I para verificar las condiciones a raíz de una protesta que hicieron los presos extranjeros. Según la institución, constataron que “los protocolos aplicados en el penal cumplieron con las normas de derechos humanos”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, sin embargo, denunció esta semana que en menos de 24 horas murieron dos personas privadas de libertad en el módulo 4 del Rodeo por paros respiratorios y falta de atención médica. “Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de un patrón sistemático de abandono”, señala la ONG en un comunicado. “El Rodeo IV se suma así a un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control”.

El Gobierno mantiene el control total sobre las prisiones del país, bajo lo que llama el régimen penitenciario. Hasta 2023, algunos recintos como las cárceles de Tocorón —centro de operaciones de la banda Tren de Aragua— y Tocuyito estaban bajo el dominio de los líderes de los grupos criminales, cuando el Gobierno desplegó una toma militar de las prisiones, aunque no detuvo a ninguno de sus cabecillas.

En las últimas semanas, defensores de derechos humanos han exigido que el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, sea destituido, además de un indulto general para todos los presos políticos que aún quedan: entre 400 y 600, según distintas organizaciones. Designado por Nicolás Maduro en 2024, García Zerpa —que viene de ser diputado de la Asamblea Nacional— no ha entrado entre las prioridades de cambio de gabinete de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Su salida fue una de las exigencias que hizo un grupo durante una reunión con la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, la semana pasada, así como la exigencia de la entrada de organismos internacionales como la Cruz Roja y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que están en Caracas. “Yo estuve en Yare III y doy fe de que es un campo de torturas y tratos crueles. Ninguno de los presos teníamos acceso siquiera a un cortaúñas. Exigimos una investigación internacional”, dijo por teléfono el abogado Eduardo Torres, ex preso político, desde los alrededores de la prisión.

Una trama de un presunto fraude por más de 2.000 millones de pesos (unos 115 millones de dólares) en México ha dado un giro de 180 grados. Nazareth Rodríguez, socia y fundadora de la empresa Metaxchange Capital, investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México por presunta estafa financiera piramidal, ha reaparecido en redes sociales este martes para rechazar cualquier acusación y señalar que, por el contrario, ella y su equipo son víctimas de un supuesto esquema de extorsión. La empresaria fue detenida el pasado viernes en el barrio exclusivo de Polanco y ha afirmado que se defenderá en esa grabación, en la que aparece en una oficina, y que ha sido difundida cuatro días después de su detención.

En su alegato, Rodríguez apunta que ya contrademandó a la actriz mexicana Sandra Echeverría, quien fue una de las primeras en denunciar a su firma. “Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, ha reprochado Rodríguez, leyendo un guion en un video publicado en las redes sociales de la empresa. “No cometimos delito alguno”, zanjó.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que aprehendió a Rodríguez el 17 de abril durante un cateo realizado por la Policía de Investigación (PDI) en un inmueble de la colonia Polanco. La dependencia añadió que, según su investigación, la empresa -que ofrecía a sus clientes rendimientos de hasta 15%- habría ocasionado una afectación de 150 millones de pesos, por al menos 120 denuncias de afectados. “En una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos que generaron confianza; posteriormente, las retribuciones se suspendieron sin que se devolviera el capital (…) Análisis financieros han permitido establecer que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino de dinero aportado por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal”, añadió. EL PAÍS ha solicitado a la Fiscalía más información sobre el caso y sobre si Rodríguez ha sido liberada, sin obtener una respuesta hasta el momento de publicación.

La empresaria ha agregado que la compañía informará un calendario de pagos a sus clientes, mientras ahondó en la descripción de un esquema de “crimen organizado”, conformado por exasociados y excolaboradores que, según su versión, habría desfalcado a la empresa hace tres años, causándole un daño patrimonial de hasta 1.500 millones de pesos. “A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación” añadió, sosteniendo que teme por su seguridad. “Toda esta farsa y tema mediático son distracciones que nos han obligado a dar marcha atrás en los pagos y hacer una fuerte reestructuración. Mientras más nos demanden, menos podemos avanzar”. Aunque se solicitó más información a la firma, hasta el momento no se han obtenido respuesta.

A través de sus redes sociales, Metaxchange se proponía como una solución a los ahorradores contra la inflación y ofrecía tutorías sobre la desaceleración económica o las implicaciones para México sobre el TMEC. Esta imagen de solidez ha sido reforzada con el patrocinio de eventos deportivos y cursos de capacitación de sus empleados. Su alcance llegó a las puertas de la actriz y cantante Sandra Echeverría. La intérprete denunció la situación en marzo, al alegar que ella, junto con al menos otras 1.000 personas, había depositado unos 2.000 millones de pesos en Metaxchange en busca de rendimientos, pero que la empresa llevaba al menos 18 meses sin pagar retribuciones. Rodríguez refutó esta versión y sostuvo que cuenta con documentos notariados que demuestran que se realizaron pagos correspondientes a rendimientos y devolución de capital.

Tras el arresto de Rodríguez, la actriz agradeció públicamente a todo el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México por el apoyo a la investigación. El ministerio público de la capital había dicho que realizó el rastreo de cuentas bancarias, análisis de documentos constitutivos, periciales informáticas y recopilación de testimonios, lo que les permitió vincular distintos casos bajo un mismo patrón de operación. Con esos datos de prueba, el 2 de marzo, la autoridad obtuvo la vinculación a proceso con medidas cautelares de Mariana “N” y de Patrick “N”, a quienes les impuso prisión preventiva.

Metaxchange Capital es una sociedad anónima de capital variable y, por ende, no requiere supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, a la que obtuvo acceso el diario, la compañía se creó en octubre de 2012, en Ciudad de México, con una aportación de 50.000 pesos y dos socias fundadoras, entre las que figura Rodríguez Jiménez.

El documento acredita a la empresa para realizar asesorías financieras, valuaciones, consultorías sobre préstamos hipotecarios, prendarios y de arrendamiento, así como sobre la compra y venta de bienes raíces y administración de inmuebles. Entre las funciones de la compañía se incluyen los estudios económicos, la evaluación social de proyectos y estudios de evolución económica, así como estudios de mercado, mercadeo, apoyo legal, gestión y cabildeo.

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte de su padre y que tiene en el banquillo de los acusados al equipo que lo asistió en sus últimos días: cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo. La hija del ídolo argentino rechazó los señalamientos en su contra por parte del principal acusado, Leopoldo Luque, que la responsabiliza por no haber convocado a un médico clínico para liderar el tratamiento de su padre, y aseguró que fue manipulada por los profesionales de la salud.

La declaración de Gianinna, de 36 años, se produjo durante la tercera audiencia del nuevo juicio que intenta desentrañar si la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, estuvo vinculada al abandono y la desatención de quienes debían cuidarlo durante su internación domiciliaria en un barrio privado de la localidad bonaerense de Tigre. Se trata del segundo proceso con el mismo propósito, después de que el año pasado se anulara el primero, cuando se descubrió que una de las juezas lo filmaba en secreto con la intención de protagonizar un documental. Para ese momento ya habían prestado declaración más de 40 testigos.

Giannina, la menor de las dos hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, tenía previsto declarar el jueves pasado, pero su testimonio fue postergado a causa de un pedido de declaración espontánea del neurocirujano Luque, considerado el médico de cabecera de Maradona. En aquella audiencia, Luque dijo que él “no estaba a cargo” del cuidado del paciente y apuntó contra Gianinna, al afirmar que ella se había comprometido a encontrar un médico clínico para su padre y que no lo hizo.

“Yo respondí que me iba a ocupar, no que tenía un médico o que yo soy médica. Simplemente dije que iba a investigar. Desde ningún punto de vista me voy a hacer cargo de esa situación. Yo confié, lamentablemente, ciegamente en estos seres, que lo único que hicieron fue dejar a mi hijo sin abuelo y a mí sin padre”, respondió este martes durante su declaración.

Previamente, los jueces rechazaron un pedido de los abogados de la acusada Agustina Cosachov, psiquiatra, que pretendían suspender la declaración de la hija del ídolo argentino alegando una posible responsabilidad penal en la muerte de su padre, por el supuesto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. “Nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una persona, nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una víctima”, planteó su abogado defensor, Fernando Burlando.

Durante su testimonio, Gianinna recordó un episodio sucedido casi un mes antes de la muerte de Maradona, el 30 de octubre de 2020, cuando fue a visitarlo por su cumpleaños y lo encontró desorientado y “con la mirada perdida”. Según relató, le preguntó si quería irse con ella, su padre respondió que sí, pero antes de que lograra llevárselo fue interceptada por el equipo médico y la policía. También se refirió a la decisión de no internarlo en una clínica luego de la operación que se le realizó poco antes de su muerte. Aseguró que a ella le parecía la mejor alternativa, pero que fue Luque quien le dijo que intentaran primero con una internación domiciliaria.

Tras la reproducción de un audio de Luque en el que proponía darle al astro cuidados medicinales en una casa, “equiparla en modo tal de forma que sea una internación domiciliaria seria, muy seria, con profesionales, con todos los equipos”, Gianinna dijo sentir “mucha bronca” y subrayó que en aquella vivienda, donde su padre falleció el 25 de noviembre de 2020, no había monitor, desfibrilador y “ni siquiera la ambulancia” que les habían prometido. “La manipulación fue absoluta y horrible, me siento una boluda”, expresó.

Maradona murió en plena pandemia de la covid-19, semanas después de haber sido sometido a una cirugía craneal por un hematoma subdural. La causa de su fallecimiento fue un paro cardíaco y un edema pulmonar, en un cuadro clínico que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia respiratoria y del corazón, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias. De acuerdo a la junta médica que analizó el caso, su fallecimiento podría haberse evitado si se lo trataba en una clínica.

Además de Luque y Cosachov, también son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. El proceso continuará con audiencias los martes y los jueves, durante al menos tres meses, y se espera que más de 120 personas sean citadas a dar testimonio.

No era la primera vez que se alojaba en un hotel cerca de las ruinas y pasaba el día planeando algo grande y tenebroso en las pirámides, algo que en su cabeza se pareciera a esos tiroteos en escuelas o iglesias tan habituales en Estados Unidos. El domingo pasado lo volvió a hacer. Llegó en autobús desde el norte de Ciudad de México, alquiló un cuarto en un hotel cercano y el lunes por la mañana entró al centro arqueológico de Teotihuacán, en el Estado de México. Para su gran día, eligió vestirse con un pantalón negro y una camisa de cuadros. En la mochila metió algunas hojas de papel donde había escrito a mano lo que estaba a punto de hacer con un viejo revólver y 42 cartuchos del calibre 38.

Todo sucedió en pocos minutos, menos de media hora. A las 11.20, a las autoridades del Estado de México les llega el primer reporte. Tres minutos más tarde ya disponen de imágenes de Julio César Jasso Ramírez subido a la Pirámide de la Luna. Tiene el revólver en la mano y apunta a una decena de turistas a los que ha obligado a tumbarse en el suelo. “¡Levántate, perra! Corta ese puto plástico, tienes un puto minuto. Si no lo haces, te disparo”. Es Jasso dirigiéndose a una de las turistas del grupo que tiene amenazado. Alguien en el grupo está grabando desde su celular. Al principio, la cámara mira hacia arriba, se ve el cielo inocente y despejado del Estado de México. Cuando vuelve a hablar Jasso la cámara se va a negro mientras sigue grabando. Seguramente la han tapado para no ser descubiertos, y ahora todo sucede fuera de campo.

Se escucha de nuevo a Jasso con el llanto de un niño de fondo. “Tu deja de verme tanto. A la muerte no se mira directamente, cabrón”. Hay familias con hijos pequeños. La mayoría son extranjeros, estadounidenses, holandeses, brasileños, rusos. Les dice que acaba de matar a dos coreanos: “Los he sacrificado como a perros”. Algo que en realidad no ha sucedido y uno de los indicios de las autoridades para afirmar que Jasso, de 27 años, “estaba desconectado de la realidad” y “tenía rasgos de psicopatía”. En otro audio se escucha: “Vosotros que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabrones. No para que vengáis a sacar la puta fotito de mierda”.

Jasso tiene la cara tapada con un pasamontañas y se pasea tranquilo hacia la mochila, colocado a unos metros de los turistas. Carga la pistola y dispara al aire, luego dispara hacia abajo de la pirámide, donde más turistas atienden y graban la escena entre el horror y la estupefacción. Una turista canadiense murió durante el tiroteo. La bala le entró por la pierna y después le alcanzó el tórax. Las autoridades no han concretado en qué momento sucedió ese disparo. Solo que fueron 14 balas en total y que la mayoría de los 13 heridos sufren lesiones provocadas por caídas al huir desesperadamente de la cima de la pirámide.

Hasta en dos ocasiones cargó su Smith & Wesson de 1968, que según la versión oficial le costó 40.000 pesos, aunque no han podido verificar el origen de un arma antigua, casi una reliquia, que dispone de seis alvéolos, los huecos para las balas. Tampoco, de los 42 cartuchos de calibre 38 que llevaba en la mochila, un tipo de munición utilizada por la policía mexicana.

Han pasado siete minutos desde los primeros reportes. La Guardia Nacional, que tiene un destacamento desplegado en el centro arqueológico, se pone en marcha. A las 11.20, al mando de un sargento primero, 30 soldados ya están a los pies de la pirámide. En el audio grabado por una de las víctimas se escucha a Jasso: “Necesito a alguien. Tú, lárgate, y dile a estos cabrones que aquí tengo rehenes y si intentan subir, los voy a matar”. Desde uno de los coches de la Guardia Nacional, se escuchan órdenes desde un altavoz: “¡Tire el arma!”. Jasso no hace caso y dispara contra los agentes, que empiezan a subir por los costados de la pirámide. A la vez, otro policía local logra subir por la parte trasera. Cuando Jasso se da cuenta, trata de escapar trepando a la parte más alta de la pirámide, que mide 45 metros, sin dejar de disparar.

Los agentes responden con más balas y le hieren en una pierna. Lo tienen acorralado. Son las 11.45 y Jasso decide pegarse un tiro y acabar con su vida. El mismo final que Eric Harris y Dylan Klebold, los dos adolescentes que el 20 de abril de 1999 entraron armados con rifles de asalto en su Instituto de Columbine, Colorado, y asesinaron a 12 estudiantes y un profesor, hirieron a otros 24 compañeros y después se pegaron un tiro en la biblioteca del colegio. En la mochila de Jasso, había libros sobre este icónico y macabro episodio que ya es parte de la cultura pop. En las notas escritas a mano que también guardaba en la mochila había escrito que se guiaba por una “inspiración del más allá” y que “seguía órdenes de entidades sobrenaturales”. Según las autoridades, el perfil homicida de Jasso Ramírez es el de un psicópata conocido en la jerga de criminología anglosajona como copycat, un imitador que replica crímenes simbólicos.